Wualfred Seegler Rojas

Expediente 938/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 1 actuación registrada, la última del 4 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
938/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
04/08/2021

Partes del expediente

  • Wualfred Seegler Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, en favor de ***, contra actos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 938/2021. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Incompetencia. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que este juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer de la demanda en trato, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por las razones que enseguida se expondrán. Tiene aplicación en la especie la jurisprudencia que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo" La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución es de mayor importancia, dado que la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes, en razón de que no solamente es declarativa, sino también constitutiva, habida cuenta que define cuál juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución; así, de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un juzgador tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio. Ésta se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y se encuentra relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Tales criterios se encuentran en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también por acuerdos generales, el número de tribunales colegiados, unitarios de circuito y juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Se debe tener presente, además, el contenido del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará a los informes de las autoridades señaladas como responsables; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Las formas del orden jurídico a que se refiere el artículo 107, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran previstas en el artículo 37 de la Ley de amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" Ahora, del análisis del precepto invocado, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que son: a) La primera se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, se tiene que la primera parte del artículo en mención hace referencia a los actos que traen aparejada una ejecución material. Un criterio que interpreta el citado precepto es el realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo" La anterior tesis interpreta que el motivo para establecer como competente al juez de Distrito en donde materialmente se realice, trate de realizarse o se haya ejecutado el acto reclamado, es porque redunda en beneficio de una impartición pronta y expedita de la justicia, dado que si conoce del presente asunto el juez que radica en el lugar donde tendrá ejecución o haya tenido ejecución el acto reclamado, contará con más facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas, sino especialmente en lo relativo al cumplimiento de los fallos que se dicten en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar este juzgado. Es por ello que es juez competente para conocer de un asunto, aquél que ejerza jurisdicción en el ámbito espacial donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que resulta evidente que es ahí, donde se encuentran los elementos necesarios para establecer la litis entre las autoridades y el promovente, y en aras de respetar los derechos de defensa de éste y otorgarle las mayores facilidades para llevarla al cabo. Establecido lo anterior, conviene señalar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclamó, como autoridades responsables y actos destacados, los siguientes: "I.- Autoridades responsables: Subsecretaría de Sistema Penitenciario (CDMX) (Ordenadora). Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México (ejecutora) Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México (ejecutora) Comisionado del Órgano Desconcentrado Administrativo de Readaptación Social de la Ciudad de México. (Ordenadora) Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. (ejecutora) Jefa de Gobierno. (Ordenadora) g) Director del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria número uno (CEVASEP 1) (Ejecutora) h) Director del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaría número dos (CEVASEP 2) (Ejecutora) i) Director del Centro de Reinserción Social Varonil de Santa Martha Acatitla (Diamante) CDMX. (Ejecutora) "II Actos reclamados lo son los siguientes: a) La orden de traslado a cualquier otro centro de reclusión y su ejecución fuera del marco regulador (Ley Nacional de Ejecución Penal) acto que afecta indirectamente la libertad personal del quejoso toda vez que no participa la autoridad judicial Rectora. b) Ruptura de los lazos afectivos por el alejamiento del centro de reclusión cercano al domicilio familiar. (derivado del traslado) c) Peligro de afectación a la salud y por ende a la vida. (derivado del traslado)" (Transcripción literal) En el caso, de la demanda de amparo y de las manifestaciones realizadas por la parte promovente, bajo protesta de decir verdad, se advierte que el quejoso Wualfred Seegler Rojas, actualmente está interno en la penitenciaría de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, que a la fecha no se ha ejecutado la orden de traslado, que únicamente se tiene el temor fundado de que se realice y no se tiene noticia cierta de a cuál Distrito Judicial se le trasladará. Con base en las premisas anteriores se desprende que al existir dicha manifestación de la citada promovente, de que los actos reclamados se ejecutarán en aquella entidad federativa, porque ahí es donde actualmente está interno quejoso, se surte la hipótesis de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo; por ende, el tribunal que tiene jurisdicción territorial para conocer del presente juicio, es el Juez de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia y tesis siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará" "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO QUE AÚN NO SE MATERIALIZA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE RECLUIDO EL QUEJOSO. El artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo dispone que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, por lo que si se trata de una orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro que aún no se materializa, se actualiza la hipótesis referida, pues en caso de demostrarse su existencia, tendría ejecución material en el lugar donde se encuentre interno el quejoso, ya que si bien es verdad que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", indicó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, porque atendiendo a su naturaleza jurídica, sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que, con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo, pues la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario; también lo es que si el quejoso señala como acto reclamado la orden de traslado no ejecutada a cualquier otro centro penitenciario, sin que se tenga certeza a cuál, es innegable que al no encontrarse materializada, es competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentre recluida la persona, pues allí es donde iniciará a perpetrarse tal acto" En suma, no se puede estar en el segundo supuesto contemplado en la norma en cita, el cual refiere que cuando un acto se haya comenzado a ejecutar en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el que haya prevenido; esto, porque como se advierte de la demanda de amparo, sólo se tiene el temor de que se efectúe el traslado del directo quejoso, sin que a la fecha cuente con mayores datos, como por ejemplo, a cuál Distrito Judicial se le trasladará. Bajo esa perspectiva, es de considerarse que este órgano jurisdiccional no puede conocer del juicio de amparo en que se actúa y, por consiguiente, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, relativa a que, es competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, surtiéndose por ende la competencia para conocer del presente juicio de garantías a favor del juzgado competente en la Ciudad de México, lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse el presente expediente al Juzgado de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para el efecto de que resuelva si acepta o no la competencia declinada en su favor e informe lo anterior a este juzgado federal, para proveer lo que en derecho corresponda. Solicítese el acuse de estilo respectivo, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito. IV. Suspensión de plano. Por otro lado, del contenido integral de la demanda de garantías, en específico, del capítulo de suspensión, se advierte que la promovente reclama la inminente orden dada para que el directo quejoso sea trasladado de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, en la que actualmente se encuentra recluido, a diverso centro de reclusión, sin mencionarle a cuál, así como su ejecución. Asimismo, únicamente se señalan como responsables a autoridades administrativas, teniendo tal carácter la Subsecretaría de Sistema Penitenciario (CDMX) (Ordenadora), el Comité Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México (ejecutora), el Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México (ejecutora), el Comisionado del Órgano Desconcentrado Administrativo de Readaptación Social de la Ciudad de México (Ordenadora), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (Ejecutora), la Jefa de Gobierno (Ordenadora), el Director del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria número uno (CEVASEP 1) (Ejecutora), el Director del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaría número dos (CEVASEP 2) (Ejecutora) y el Director del Centro de Reinserción Social Varonil de Santa Martha Acatitla (Diamante) CDMX (Ejecutora), sin que de la lectura de la demanda derive la intervención de la autoridad judicial rectora del proceso; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo se decreta la suspensión de plano para que, en caso de existir, no se lleve a cabo dicha orden. Apoya esta determinación, la jurisprudencia que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta" Comuníquese lo anterior a la penitenciaría de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, girándose el oficio respectivo, en razón que el quejoso se encuentra interno en dicho establecimiento penitenciario, a efecto de que proceda a cumplir la suspensión otorgada. En el entendido de que esta suspensión surtirá sus efectos inmediatamente y estará vigente únicamente mientras la autoridad competente para conocer el presente juicio, se pronuncie sobre su admisión o desechamiento, así como si ratifica o no la suspensión de plano de que se trata. V. Demanda sin firma electrónica. No pasa la consideración del suscrito juzgador que la demanda de amparo que se analiza, fue presentada vía electrónica sin firma de la parte promovente; sin embargo, al ser interpuesta con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo y al afectar indirectamente la libertad del quejoso, se atiende a lo establecido en el criterio siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. COMO AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, PARA TRAMITAR LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA EN SU CONTRA, PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE REQUIERE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO (ACTUALIZACIÓN DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 3o., 15 Y 109 DE LA LEY DE AMPARO). En las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Por otro lado, los artículos 3o., 15 y 109 de la Ley de Amparo disponen, en lo que interesa, la posibilidad de presentar la demanda de amparo electrónicamente mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica, toda vez que es el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; y, por último, que ésta no se requiere cuando se reclaman actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. En ese tenor, como la orden de traslado de un centro de reclusión a otro por autoridades administrativas afecta la libertad personal fuera de procedimiento, para tramitar la demanda de amparo promovida en su contra, presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no se requiere la firma electrónica del quejoso, en atención a que se actualiza la excepción prevista en los preceptos mencionados" Máxime, que dicho pronunciamiento en torno a si es necesario que la demanda contenga o no la firma electrónica de la promovente, sólo corresponde a la autoridad competente para conocer del juicio. V. Notifíquese por medio de lista. Notifíquese el presente auto por medio de lista, de conformidad con la jurisprudencia, aplicada por analogía, cuyo rubro indica: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE" Lo anterior también se apoya en el hecho de que el Tribunal que se considera competente, al momento de radicar y aceptar el conocimiento del asunto, notificará de manera personal dicho proveído, atento al criterio de la jurisprudencia de rubro: "RADICACIÓN DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO" VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VII. Firma del presente acuerdo. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese por medio de lista.

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