Wualfred Seegler Rojas
Expediente 720/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 720/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Wualfred Seegler Rojas
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 406462021 y anexos, signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, al que anexa el expediente original 1234/2021 de su índice, expediente 720/2021-VI del índice de este Juzgado. Ahora, del contenido del oficio de cuenta, se advierte que el referido Juzgado de Distrito remitió los autos de su expediente 1234/2021, y manifestó lo siguiente: Por lo que es evidente que las determinaciones relativas al traslado y cambio de dormitorio o área de los sentenciados, en tanto corresponden a un aspecto relativo a la modificación de las penas, son de la competencia exclusiva de las autoridades judiciales u, por materia en la que inciden, son de conocimiento de los juzgadores especializados en materia penal, al considerarse que constituyen una etapa más del procedimiento penal. Además se insiste en que corresponde conocer del presente asunto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, toda vez que consisten en acto emitido en la etapa de ejecución de la pena y la emisión y aplicación del artículo 52 de la Ley de Ejecución Penal. Por lo anterior, se concluye que los actos reclamados en el presente juicio de amparo son de naturaleza penal, porque ese tipo de actos se encuentran comprendidos en la ejecución de la pena y a, partir de la reforma constitucional en cita, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. En consecuencia, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, toda vez que los actos reclamados no encuadran dentro de la hipótesis que señala el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prescribe las atribuciones de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, devuélvase el expediente en que se actúa al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Rio, para que de considerarlo pertinente ordene su remisión al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Ahora, atendiendo a que el referido Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, comunica que los actos reclamados en el presente juicio de amparo son de naturaleza penal, porque ese tipo de actos se encuentran comprendidos en la ejecución de la pena y a, partir de la reforma constitucional en cita, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, mismo que ejerce jurisdicción en el territorio donde tiene ejecución el acto reclamado; en consecuencia se provee: El suscrito juzgador federal estima que en el particular, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, por razón de territorio, insiste que no es legalmente competente para seguir conociendo del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo; y además en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. Al respecto, de autos se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Presidente de México. 2.- Congreso de la Unión. 3.- Fiscal General del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz. 4.- Comité técnico de todos y cada uno de los Centros de reclusión del país (República Mexicana). 5.- Subsecretaria del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México 6.- Comisionado del Órgano desconcentrado Administrativa de Readaptación Social de la Ciudad de México. 7.- Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico y Determinación de Tratamiento de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 8.- Directores de todos y cada uno de los centro de reclusión del país (República Mexicana). 9.- Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ACTOS RECLAMADOS: La inconstitucionalidad del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal dado que violenta las siguientes prerrogativas. Derecho de audiencia, en la cual se puedan aportar pruebas, alegar y ser vencido en juicio. Seguridad Jurídica. Defensa adecuada consistente en que no hay quien asesore o impugne con carácter de profesional (licenciado en derecho) en absoluto al traslado. Incertidumbre, zozobra y tortura psicoemocional debido a que dicha normatividad (artículo 52 de la Ley de Ejecución de Penal) permite que las autoridades administrativas ejerzan un juicio a espaldas del reo (sesión administrativa discrecional) lo que se traduce como un tormento o tortura psicoemocional que en constante progreso y deteriora la integridad física pues el quejoso siempre está en riesgo de ser trasladado, de ahí la incertidumbre, zozobra y tortura psicoemocional en el entendido de que la normatividad de la multicitada legislación abre toda la posibilidad de que las autoridades administrativas obren inclusive de manera dolosa derivada de represalias con fines intimidatorios actualizando con ello todo lo prohibido por el artículo 22 del Pacto Federal y 15 de la Ley de Amparo. Violación a los derechos humanos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos (principios pro persona y principios pro reo) pues dicho numeral artículo 52 de la Ley de Ejecución de Penal, transgrede los principios de la universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, en el entendido que no respeta, nos protege, ni garantiza los derechos humanos consagrados en la Ley Suprema. La orden de traslado a cualquier otro centro de reclusión y ejecución fuera del procedimiento lo cual pone en riesgo la vida en riesgo ya que un traslado implica la posibilidad de contraer las nuevas cepas del SARS COV2 (covid 19) y con esto poniendo en riesgo la salud, la vida, la dignidad personal, y psicoemocional del quejoso y por tanto actualiza los actos prohibidos por el artículo 22 del Pacto Federal y 15 de la Ley de Amparo. Trasgresión a compurgar en un centro de reclusión cercano al domicilio familiar derivado de la orden de traslado de traslado a cualquier otro centro de reclusión fuera del procedimiento. En ese sentido, a efecto de proveer lo que conforme a derecho corresponda, es pertinente señalar, en primer lugar, que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el sólo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, el concepto de competencia en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, que dispone que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia legal afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la Ley reglamentaria que regula esos aspectos en términos de los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en los dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de la Materia se procede a analizar si se tiene o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo a fin de no violentar las reglas fundamentales que norma al juicio de garantías. Sustenta lo anterior, por analogía de razón, la jurisprudencia de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA (Registro 218721, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 56, Agosto de 1992, página 36). Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: COMPETENCIA EN AMPARO OPORTUNIDAD PARA PLANTEARLA (Registro 278809, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación Tomo LXXXVIII, página 1820). Como se advierte, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar en primer término el referente a la competencia por territorio La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. De ese modo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el primero de los cuales dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. El precepto constitucional transcrito, establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Los procedimientos y formas del orden jurídico a que se refiere el artículo 107, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran previstos en el artículo 37 la Ley de Amparo, que establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95, que lleva de rubro y daros de localización los siguientes: COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. (Registro 200781, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo I, junio de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 107). En el caso concreto, el promovente reclama la orden de traslado a otro centro de reclusión diverso al en que se encuentra. De dicho acto reclamado -orden de traslado-, el quejoso deriva otros actos reclamados, tales como que de consumarse el mismo, se traduciría en un acto fuera de procedimiento que atentaría contra su vida, por el riesgo latente de adquirir el virus COVID-19; su dignidad personal y psicoemocional. Por lo tanto, es inconcuso que debe considerarse competente para conocer del juicio al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio donde se encuentra recluido el quejoso, por ser aquél en el que se pretende ejecutar la orden de traslado, sin tener conocimiento cierto del lugar al cual, según el promovente, se le pretende trasladar. De ahí que, en este caso, se reitera, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio es aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde se pretenda ejecutar el acto reclamado. Por lo tanto, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo es el que ejerce jurisdicción en el lugar del domicilio donde se encuentra recluido el quejoso, en concreto, el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, en turno. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48 de la Ley de Amparo; primero, fracción VIII, segundo, fracción VIII, punto 3, y cuarto, fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado el dieciséis de mayo de dos mil doce y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil doce, se reitera, el suscrito juzgador carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo; por lo que se ordena remitirla a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos; solicitándole el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta o rechaza la competencia planteada. Atendiendo a que se remite el original del juicio de amparo 720/2021-VI; por tanto, recábense las copias de las constancias que resulten necesarias de este expediente, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista a la parte quejosa, por oficio con firma electrónica a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México.
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTE SLA RESOLUCION QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio recibido vía interconexión signado electrónicamente por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México; mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 371/2021-VI con número de orden 571/2021 que se giró en este asunto, en razón de que remite las constancias de notificación realizada a Walfred Seegler Rojas del proveído nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Por otra parte, debido a que la notificación encomendada se encuentra ajustada a derecho, téngase al quejoso debidamente notificado del proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, para todos los efectos legales procedentes. En atención a que el promovente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o en la conurbada de Veracruz, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinte de agosto de dos mil diecinueve, por tanto, practíquense las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este juzgado, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, dese de baja la aludida comunicación oficial en el libro de gobierno relativo, sin que sea necesario el acuse de recibo, dado que el acuse del envío de la comunicación, es generado en el portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista electrónica a las partes.
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