Wlfrano Denis Cortazar Valenzuela

Expediente 299/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
299/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
17/04/2017

Partes del expediente

  • Wlfrano Denis Cortazar Valenzuela
  • Secretario de Seguridad Publica del Estado de Tabasco

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibido y se agrega a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica el proveído de cinco de abril del presente año, del que se aprecia que dicho juzgado, de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Amparo, aceptó la competencia y se avocó al conocimiento para conocer de la demanda de amparo promovida... En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y se archiva el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. DESTRUIR el presente cuaderno de antecedentes ya que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un expediente auxiliar, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurrido seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Lo anterior, toda vez que en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que son considerados como expedientes auxiliares, entre otros, los cuadernos de antecedentes; y que respecto a las incompetencias y returnos, una vez que el órgano jurisdiccional comunique que aceptó la competencia se procederá a su destrucción, en términos de la fracción I del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto.

  2. Principal

    MESA VIII. SE NOTIFICA POR LISTA Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DEL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE QUE DICE: SE ORDENA REMITIR EL PRESENTE JUICIO AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO, CON LA FINALIDAD DE APROVECHAR EL CONOCIMIENTO PREVIO Y EVITAR RESOLUCIONES CONTRADICTORIAS... SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA LAS NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MI DIECISIETE...

  3. Principal

    se da vista a las partes con los informe justicados

  4. Principal

    Con fundamento en los artículos 2, 37, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo en vigor, se admite la demanda que promueve ***, contra actos de las autoridades responsables: 1. Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco. 2. Fiscal General del Estado de Tabasco. 3. Director General dela Policía de Investigación en el Estado de Tabasco. 4. Director de Investigación Policial en el Estado de Tabaco, 5. Secretario de Seguridad Publica en el Estado de Tabasco. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número ***. No se forma ni se tramita el incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado el quejoso. En aras de garantizar a las partes un principio de seguridad jurídica, derivado de la existencia de sendas diferencias entre los sistemas de enjuiciamiento mixto y acusatorio, en este caso, el incidente de suspensión se tramitará de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Amparo abrogada, tomando en consideración que aun cuando en el Estado de Tabasco ya se encuentra vigente el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, lo cierto es que existen asuntos del orden penal que se radicaron con el anterior sistema de justicia penal (mixto), y por lo tanto, éstos deben continuarse con las disposiciones legales aplicables en la época en que sucedieron los hechos, tal como lo dispone el artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: "ARTÍCULO TERCERO. Abrogación. El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos." Lo anterior, también armoniza con lo decretado en el artículo cuarto transitorio del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, el cual es del tenor siguiente: "ARTÍCULO CUARTO. El Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco publicado en el Periódico Oficial del Estado número 5683 de fecha 22 de febrero de 1997 se seguirá aplicando:" "I. En los Municipios del Estado en los que no haya entrado en vigor el presente Código conforme a los tiempos que se señalan en el Articulo Segundo Transitorio;" "II. En los Municipios del Estado, en los que habiendo entrado en vigor el presente Código, se trate de hechos delictivos y procedimientos penales, cometidos o iniciados con anterioridad a ese momento." Ahora bien, no pasa inadvertido para este juzgador federal que el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, fue derogado el artículo decimo transitorio de la Ley de Amparo vigente, el cual indicaba que tratándose del trámite y la resolución de un incidente de suspensión en materia penal, en los casos donde no hubiese entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, debían aplicarse las disposiciones previstas en la Ley de Amparo abrogada (no así en la vigente), pues la medida cautelar debe entenderse como una institución unitaria; empero, como se expuso en un principio, es innegable que existen asuntos de orden penal que aún se encuentran en suspenso o en trámite, los cuales fueron iniciados con la legislación penal aplicable en ese momento. Por tanto, aun cuando el municipio de Centro, Tabasco, se incorporó al sistema procesal penal acusatorio desde el seis de junio de dos mil dieciséis; no obstante ello, atendiendo a que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, quien conoce de los procedimientos penales relativos al sistema mixto, específicamente en la causa penal de la que deriva el acto reclamado, lo que genera la convicción que el acto tildado de inconstitucional no deriva de un procedimiento verificado bajo los esquemas del sistema procesal penal acusatorio a que se refiere las reformas aludidas, pues en dicho sistema son los Jueces de Control quienes tienen la facultad de dictar los autos de vinculación a proceso, de conformidad con el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, el incidente de suspensión se regirá conforme a la Ley de Amparo abrogada. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado. De conformidad con lo establecido en el numeral 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, notifíquese al Agente del Ministerio Público de la adscripción de los Juzgados responsables la presente demanda de amparo, para los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo vigente, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas del acto reclamado y sus antecedentes, así como de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes, apercibidas que en caso de omisión, se les impondrá una multa de cien días de Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, donde se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, se requiere a las partes que en caso que tengan conocimiento de alguna causa notoria de sobreseimiento, lo informen de inmediato; apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta días de Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, donde se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo dispuesto en los numerales 64, 238 y 251 de conformidad con los artículos 61, fracción XXI y 63 de la Ley de Amparo. Ahora, cabe señalar que de conformidad con el artículo 64, párrafo segundo, de la ley de la materia, se debe dar vista al quejoso con la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; empero, la referida vista es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como de los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de la facultades de revisión y de última instancia de que les dota el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, este órgano jurisdiccional no se encuentre en el supuesto de dar vista con alguna posible causa de improcedencia en los términos reseñados, pues -como se adelantó- la obligación de hacerlo corresponde específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados de Circuito. Se afirma lo anterior, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 426/2013, sostuvo que para que se actualice el supuesto normativo de que se trata se deben presentar ambas hipótesis, es decir, que la causa de improcedencia no sea alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior para que surja la obligación del juzgador de dar vista al quejoso con la actualización de la causal de improcedencia detectada de oficio; lo anterior, debido a que la palabra inferior a que se refiere la parte final de la segunda frase cuestionada, se puede interpretar que se refiere a jerarquía de órganos desde el punto de vista jurisdiccional; en ese sentido, en primera instancia no existe órgano inferior dado que en su categoría se encuentran los juzgadores que conocen de primera mano del juicio de amparo de que se trate, es decir, es con los que inicia el juicio, en este medida los Tribunales Colegiados tratándose del amparo indirecto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo, tendrán el carácter de superior, cuya característica principal es que por mandato legal conocerán y resolverán de algunos de los recursos de impugnación previstos en la ley en segunda instancia, para que en su caso se revoque, modifique o confirme la decisión revisada, siendo que al órgano inferior se le conoce como juez a quo, dado que su fallo controvertido ante el tribunal superior, cuya denominación de éste es de Ad Quem, pues será el tribunal de alzada que conocerá del recurso interpuesto. De lo expuesto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que la obligación prevista en el precepto 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está dirigida particularmente a la segunda instancia de las dos vías de tramitación del juicio de amparo a que alude el numeral 2, párrafo primero de la ley de la materia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J.51/2014 (10a.) sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 24, Décima Época, de rubro: Se hace constar que en el presente asunto no se señaló tercero; sin embargo, se reserva a acordar lo conducente, hasta en tanto las autoridades responsables rindan sus informes justificados. Se hace contar que la parte quejosa no ofreció prueba alguna. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, ubicado en ***. De igual forma, se le tiene como autorizado en términos del artículo 12, segundo párrafo, parte in fine de la Ley de Amparo a la persona que refiere en el escrito presentado el día de hoy, que se ordena agregar en autos para los efectos legales correspondientes. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que levante para tal efecto. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: 1. La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. 2. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. 3. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el exp1ediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

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