Winyber Jimenez Navarrete
Expediente 492/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 492/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/06/2016
Partes del expediente
- Winyber Jimenez Navarrete
- Primera Sala Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de junio de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio suscrito por el secretario de acuerdos de la Primera Sala Familiar de Toluca, a través del cual acusa de recibo del oficio por el que se le remitió el toca 81/2015, dos legajos de copias certificadas y un sobre con un disco compacto DVD, el cual fue remitido en apoyo a su informe con justificación. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido del Secretario Nicolás de Luna González, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 492/2016-II, promovido por Winyber Jiménez Navarrete, contra actos de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de octubre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y remitido al día siguiente por razón de turno al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, registrado con el número 1704/2015 de su índice, Winyber Jiménez Navarrete solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto a continuación indicados: AUTORIDAD RESPONSABLE: "CON EL CARÁCTER DE ORDENADORA. CC. MAGISTRADOS DE LA PRIMERA SALA FAMILIAR REGIONAL DE TOLUCA." ACTO RECLAMADO: "De la autoridad ordenadora la sentencia de fecha treinta de septiembre del año dos mil quince, dictada en el toca 81/2015 forado con motivo del recurso de apelación interpuesto por VANIA GÓMEZ MÁRQUEZ en contra de la sentencia interlocutoria de fecha once de diciembre del año dos mil catorce, emitida por el Juez Sexto Familiar de Toluca, del Distrito Judicial de Toluca, en el incidente de liquidación de pensiones, promovido por VANIA GÓMEZ MÁRQUEZ, derivado del expediente 1098/2013, relativo al procedimiento especial de divorcio por mutuo consentimiento, promovido por WINYBER JIMÉNEZ NAVARRETE y VANIA GÓMEZ MÁRQUEZ, resolución que revocó la sentencia interlocutoria de once de diciembre de dos mil catorce, y determinó condenar al quejoso, al pago del cuarenta y cinco por ciento por concepto de pensión alimenticia pactada a favor de los menores EMILIANO, LUIS FERNANDO y JUAN PABLO de apellidos JIMÉNEZ GÓMEZ, que recibí en concepto de seguro de separación individualizado, correspondiente a las aportaciones que realizó el Consejo de la Judicatura Federal en el lapso a que hizo referencia en la parte considerativa." SEGUNDO. La parte quejosa señaló como derecho fundamental transgredido el contenido en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. En auto de catorce de marzo de dos mil dieciséis se admitió a trámite, se requirió el informe justificado, se dio vista al representante social de la adscripción y, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 21 a 23). CUARTO. En proveído de doce de abril de dos mil dieciséis el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, ordenó remitir el juicio de amparo indirecto 1704/2015 a este órgano jurisdiccional derivado de una consulta de conocimiento previo realizada ante el Consejo de la Judicatura Federal (foja 119). QUINTO. Mediante auto de quince de abril de dos mil dieciséis este órgano jurisdiccional tuvo por recibido el juicio de amparo indirecto 1704/2015, el que fue registrado con el número 492/2016, y toda vez que ya obraban los informes respectivos así como las constancias de emplazamiento a las partes señaló fecha para la audiencia constitucional la cual previo diferimiento inició en términos del acta precedente y culmina con el dictado del presente fallo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que la demanda se promovió contra una autoridad ubicada dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado de Distrito (Toluca, Estado de México). SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia es: La resolución emitida el treinta de septiembre de dos mil quince en el toca 81/2015, por la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, incluyendo la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No representa un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aislada y jurisprudencia que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con el registro 212775, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Presidente de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; lo que se corrobora con las constancias que tal autoridad envió, consistentes en copias certificadas del toca de apelación 81/2015, expediente 1098/2013, incidente de liquidación de pensión alimenticia derivado del expediente 1098/2013, así como un disco que contiene la audiencia de doce de noviembre de dos mil trece; documentales a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. A lo anterior le es aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, del registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Y la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, del registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. Ahora bien, la tercera interesada invoca la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;." Del artículo transcrito se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución; asimismo, la causa de improcedencia citada tiene como finalidad proteger la estabilidad y seguridad jurídica, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional, pues no pueden ser objeto de otro juicio de la misma naturaleza, al tratarse de una decisión tomada en aquel juicio que pudo haberse combatido a través de los recursos idóneos que prevé la propia Ley de Amparo. Ciertamente, entre los objetivos para establecer la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones emitidas en un diverso sumario constitucional o en su periodo de ejecución, está el de evitar que una cuestión concreta pueda ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produzca una cadena infinita de juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social, es decir, tanto la razón de la ley como el propósito perseguido de la causa citada, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se basa el juicio de amparo. A fin de demostrar que en el presente caso opera la causa de improcedencia antes referida, es menester traer a colación los antecedentes siguientes: El ahora quejoso Winyber Jiménez Navarrete, promovió juicio de amparo 264/2015 del índice de este órgano jurisdiccional contra actos de la Primera Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, resuelto el veinticinco de mayo de dos mil quince en el sentido de negar el amparo solicitado. Inconforme con la resolución anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión 157/2015, resuelto el diecisiete de septiembre de dos mil quince, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en los términos siguientes: "Así, no existe duda en relación con qué parte del ahorro debe operar el descuento, pues así lo estimó la Sala responsable e implícitamente lo avaló el juez federal, alno suscitarse discusión respecto a tal tema. Sin embargo, el problema surge a partir de qué fecha deben realizarse esos descuentos de las aportaciones realizadas por el patrón, en la medida que de constancias procesales se aprecia que si bien la sentencia de divorcio en donde se aprobó el convenio el doce de noviembre de dos mil trece, no debe perderse de vista que el ahorro que se forma con las aportaciones al seguro de separación individualizado que realiza el patrón, constituye un fondo común a que tienen derecho los acreedores alimentarios, cuando se efectúe el registro correspondiente, pues finalmente forma parte de las percepciones parcialmente extraordinarias que recibe como empleado del Poder Judicial Federal, y como el descuento por concepto de pensión alimenticia se convino en relación con todas las percepciones ordinarias y extraordinarias que obtuviera el obligado alimentario, entonces se ve afectada la cantidad recuperada con motivo del ahorro. (.) En consecuencia, fue incorrecto que en la sentencia reclamada se indicara que el pago del cuarenta y cinco por ciento respecto de la cantidad que recibió Jiménez Navarrete por la liquidación del seguro de separación individualizado correspondiente a las aportaciones realizadas por el Consejo de la Judicatura Federal debían ser tomadas en cuenta a partir del doce de noviembre de dos mil trece -fecha en la cual se emitió sentencia- hasta el treinta de junio en que surtió efectos la renuncia, cuando debe calcularse respecto de todo el monto que haya aportado la institución referida. Por tanto, aunque ese aspecto no haya sido objeto de cuestionamiento en amparo indirecto, al estar de por medio derechos de menores, en suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, debe revocarse la sentencia recurrida con fundamento en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, y en su lugar conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que: La autoridad responsable emita una resolución en la que deje insubsistente la reclamada; En su lugar emita otra, en donde deje intocado lo relativo a que el seguro de separación individualizado debe ser objeto de descuento de la pensión alimenticia en la parte de las aportaciones realizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, y parta de la base que el descuento del cuarenta y cinco por ciento debe ser respetado de todo el monto aportado por dicha institución." Por lo anterior, la Primera Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por el Tribunal de Alzada realizó lo siguiente: "II. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo recién referida, se deja sin efecto la sentencia que constituyó el acto reclamado, dictada por este Tribunal en fecha trece de febrero de dos mil quince, y se procede a dictar una nueva, con base a los lineamientos marcados en la ejecutoria federal. III. Bajo esos lineamientos, debe puntualizarse que atento a que en el caso concreto que nos ocupa, la controversia incidental de liquidación de pensiones, que dio origen a la sentencia recurrida, materia del recurso de apelación que nos ocupa, atañe a menores de edad, como son E, LF., y JP., todos de apellidos J.G., y que no resultó favorable a la parte actora, generando afectación a los infantes, por lo que, en aras de una tutela efectiva de sus derechos, que prevén los artículos 4 de la Constitución Federal, 3 de la Convención sobre los derechos del Niño, 5.8 y 5.16 del Código de Procedimientos Civiles, debe suplirse la deficiencia de la queja en su favor toda su amplitud, que abarca desde el planteamiento de la demanda incidental, y todo el procedimiento, hasta la segunda instancia, tanto más, cuanto que, entre otros, se esgrime, que se dejó de aplicar el artículo 5.16 del Código de Procedimientos Civiles. (.) Así queda claro, que el seguro de separación individualizado sí es susceptible de aplicarse al descuento de la pensión alimenticia convenida por las partes, por lo tanto, la suma que recibió el señor WINYBER JIMÉNEZ NAVARRETE, por haber renunciado a su fuente laboral es objeto de descuento del cuarenta y cinco por ciento convenido como pensión alimenticia únicamente en la parte que aportó. Empero para efectos de su liquidación y cuantificación, solo debe comprender las aportaciones realizadas por el Consejo de la Judicatura con el rubro "35 CUOTA SEG SEP NOV", ya que de la aportación que realizó el servidor como ahorro, sólo se sustrajo la cantidad que resultó, una vez que se realizó el descuento en concepto de pensión alimenticia. Por tanto, el ahorro que se forma con las aportaciones al seguro de separación individualizado que realiza el patrón, constituido por un fondo común a que tienen derecho los acreedores alimentarios al momento de efectuarse el retiro parciales extraordinarias que recibe como empleado del Poder Judicial de la Federación, como el descuento por concepto de pensiones alimenticias que convino en relación al total de percepciones ordinarias y extraordinarias." Bajo esta óptica, debe estimarse, que el acto reclamado en el presente asunto (resolución de treinta de septiembre de dos mil quince en el toca 81/2015, por la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México), se emitió en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el recurso de revisión 157/2015, resuelto el diecisiete de septiembre de dos mil quince, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, derivado del juicio de amparo 264/2015 del índice de este órgano jurisdiccional, en la cual como se observó con antelación se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; de ahí que en el caso, respecto de la citada resolución reclamada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo; máxime que no se otorgó libertad de jurisdicción a la responsable al momento de dar cumplimiento. Se sustenta lo anterior en la Jurisprudencia VI.2o. J/348, visible en la página 37, número 86, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 1995, Octava Época, Materia Común, con número de registro 209207, que establece: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS RESUELTOS EN DIVERSO AMPARO. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento." De igual manera tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia I.6o.C. J/14, visible en la página 39, número 74 del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 1994, Octava Época, Materia Común, con número de registro 213323, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO QUE EN EL SE RECLAMA, FUE DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción II de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Ley Fundamental, es improcedente el juicio constitucional que se promueve contra una resolución dictada en estricto apego y cumplimiento de la ejecutoria que resuelve el juicio de garantías, cuando sus considerandos se ajustan a los lineamientos de la sentencia que otorga la protección y amparo de la justicia de la unión, porque las cuestiones planteadas en el nuevo juicio ya fueron objeto de controversia y decisión de uno anterior y atendiendo al principio de cosa juzgada debe evitarse que una misma cuestión sea resuelta en dos o más sentencias de amparo." Finalmente, es aplicable por las razones que la informan la Jurisprudencia X.1o. J/13, visible en la página 610, Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 1999, Novena Época, Materia Común, con número de registro 193428, que establece: "AMPARO IMPROCEDENTE. SI LA SENTENCIA COMBATIDA SE EMITIÓ EN CUMPLIMIENTO DE UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO. Si la sentencia combatida se emitió en cumplimiento de una ejecutoria pronunciada en un diverso juicio de amparo, en donde pudo haberse incurrido en un defecto en el cumplimiento de dicha ejecutoria, no es posible plantear vía nuevo amparo directo, como se pretende; porque evidentemente se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción II, del artículo 73 de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además los artículos 61, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Winyber Jiménez Navarrete, contra el acto y autoridad señalados en el primer resultando y en términos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el día de hoy doce de mayo de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron, ante la Secretaria María Isabel López Mondragón, quien da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa y el contenido del oficio SEADS/760/2016, de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción del Juez Breyman Labastida Martínez, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil dieciséis; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio del año dos mil diez, Novena Época, materia común, con número de registro 164217, cuyo rubro establece: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Finalmente, tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que el presente asunto se encuentra pendiente de resolver, fórmese el cuadernillo respectivo y, una vez que se dicte la sentencia correspondiente agréguese el mismo al cuaderno principal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
V)Téngase por cumplido el requerimiento formulado en proveído de quince de abril de dos mil dieciséis. Sin efectos apercibimiento. Notifíquese.
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