Winder Antonio Corro Morales
Expediente 850/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 850/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Winder Antonio Corro Morales
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Recepción de testimonio de ejecutoria. Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo con número de registro ya mencionado, suscrito por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite los autos relativos al juicio de amparo en que se actúa, así como copia certificada de la resolución dictada en sesión de siete de junio de dos mil veintitrés, dentro del amparo en revisión administrativo 585/2022, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables, en contra de la sentencia dictada el dos de mayo de dos mil veintidós, en este juicio de amparo, en el cual se resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de la presente ejecutoria, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de la sentencia recurrida." Acuse. Sin acusar de recibo por así haberlo solicitado el tribunal. Glósese el cuaderno de antecedentes con sus actuaciones al presente juicio, con excepción de las constancias que constituyen reproducción fiel de las que ya obran en este asunto, para evitar agregarlas innecesariamente, pues únicamente duplicarían las ya existentes, lo que dificultaría el manejo del expediente al tornarse muy voluminoso. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Requerimiento de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos que hayan realizado para ese efecto, en el entendido de que la ejecutoria de amparo fue concedida para los siguientes efectos: "[.] 1. La autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación contenida en ese precepto legal, de aportar una cuota del monto de su pensión por concepto de servicio médico, y no se le aplique en el presente ni en el futuro, mientras se encuentre vigente. 2. Se devuelva a la parte quejosa, de forma actualizada, en una sola exhibición, las cantidades que a la fecha le hayan sido descontadas por concepto de servicio médico con apoyo en la norma declarada inconstitucional, a partir de que se ostentó sabedora del acto de individualización en su perjuicio -tres de febrero de dos mil veintidós-, hasta el último descuento que se le haya efectuado, en su caso, a la fecha de esta determinación. [.]" Apercibimiento. Apercíbasele que de no dar cumplimiento a lo indicado, se les impondrá una multa que equivale a cien unidades de medida y actualización, conforme a los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. MI
- Principal
1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número que corresponda. 2. Se desecha demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ********************contra el acto atribuido a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otra autoridad. En efecto, del análisis integral del escrito de mérito se advierte como acto reclamado: La integración de una carpeta de investigación en contra de la parte quejosa; así como, la negativa de acceso a la misma. Ello es así, pues se advierte que la acción constitucional promovida es manifiesta e indudablemente improcedente; por ello, con fundamento en los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano, por las razones que a continuación se exponen. Los artículos 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo establecen que, una vez presentada la demanda, la o el operador jurídico de amparo está obligado a estudiarla para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse, de manera manifiesta e indudable, una causal de improcedencia. Asimismo, se prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de sus anexos, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia; siempre y cuando sea manifiesto e indudable. Ahora, se debe entender como manifiesto que no requiere de mayor demostración sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos. Por lo que respecta a indudable, significa que se tiene certeza y plena convicción. Entonces, el desechamiento de una demanda debe dictarse cuando la existencia de la causa de improcedencia sea evidente, clara y notoria, pues no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Empero, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causales previstas en el arábigo 61 de la propia Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Así, el precepto 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Federal establece que quien accione el juicio de amparo debe contar con un interés jurídicamente relevante sobre el acto reclamado. En ese sentido, la Ley de Amparo en el numeral 5, fracción I, indica que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio jurídicamente relevante con motivo de un acto de autoridad, es decir, una afectación directa o indirecta en un derecho que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. En ese orden de ideas, los preceptos en mención atribuyen consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación de la parte promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo; de ahí que, acorde con la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad que lo emite, la parte gobernada accionante en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Por lo que, los elementos constitutivos para demostrar el interés jurídico son: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente; significándose que los elementos constitutivos antes destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Sin embargo, de manera general el máximo órgano constitucional ha considerado que la falta de interés jurídico de la parte quejosa en un juicio de amparo es materia de análisis de fondo y que, por ende, no podría ser analizada en su integridad con el escrito de demanda. Es decir, la falta de interés no puede constituir una causa manifiesta e indudable de improcedencia para desechar de plano la demanda; porque ese interés se puede acreditar durante la tramitación del juicio de amparo y hasta la audiencia constitucional, ya que se analiza con los medios de convicción aportados por las partes; con las que, se demuestra o desvirtúa la existencia de tal figura y, en su caso, declarar procedente o improcedente el medio constitucional. No obstante, ese criterio general cuenta con ciertas excepciones: 1. Falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley; 2. Ausencia de agravio personal y directo, esto es, inexistencia de perjuicio, en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del amparo; 3. Falta de idoneidad de pruebas concretas; y, 4. Omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. Respecto a las dos hipótesis iniciales, es importante resaltar que son insuperables; a diferencia de los dos últimos. En efecto, tratándose de pruebas o medios de convicción, sí pueden ser superados o desvirtuados durante el trámite del juicio de amparo, lo cual se corrobora con los propios informes justificados de las autoridades responsables o el ofrecimiento de probanzas. De tal manera que las y los operadores jurídicos pueden determinar si es posible la actualización conceptual del interés jurídico con el planteamiento de la parte quejosa y, en caso de no demostrarse, pueden desechar la demanda, pero si existen posibilidades de que sí se actualice dicho interés, por ejemplo, mediante la aportación de pruebas suficientes, las y los jueces debe admitir la demanda. Consideraciones que si bien versan sobre el tema específico del interés legítimo, también resultan aplicables al interés jurídico. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido a las personas imputadas el derecho de poder acceder a la carpeta de investigación, esto con la finalidad de que puedan preparar de mejor forma su defensa. El derecho en mención tiene su sustento en los artículos 20, apartado B, fracciones VI y VII, de la Constitución Federal, 113, fracción VIII y el 117, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. También, ha subrayado la importancia toral que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial. Así, se ha destacado que el Ministerio Público tiene la facultad de guardar en secrecía los registros de la carpeta de investigación a toda persona, esto con la finalidad de que no se ponga en riesgo el éxito de las indagatorias. En ese sentido, con el fin de hacer funcional al sistema, se ha definido que la carpeta de investigación debe conservarse en reserva hasta tanto el Ministerio Público no ejecute un acto de molestia concreto en contra de una persona. Dichos actos de molestia pueden ser: a) la detención; b) la citación a comparecer en carácter de imputado; c) cualquier acto de molestia equivalente encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. En el caso de que se actualice alguno de los supuestos anteriores, se entenderá que la persona tendrá un derecho jurídicamente relevante para efectos de la promoción del juicio de amparo, pues podrá obtener registros de la carpeta de investigación. Esta circunstancia guarda relación con el principio de reserva, con el cual se busca que los registros de la investigación guarden secrecía al público en general, hasta tanto se llame a comparecer al probable responsable. Pues, cualquier persona pueda acceder a los registros de la investigación sin contar con un interés jurídicamente relevante, implicaría un riesgo patente al éxito de la investigación, pues se perdería el sigilo. Ello es asó, pues no es pertinente que, en este tipo de casos, se dirima la litis hasta el dictado de la sentencia, pues al remitir los informes y desahogar pruebas, cualquier persona podría conocer los elementos que conforman una carpeta de investigación (nombres de los imputados, víctimas, datos de pruebas, etc.), sin que tuviera relación con la misma. Caso concreto. La parte quejosa reclama en esta instancia la integración de una carpeta de investigación en su contra; así como, la negativa de acceso a la misma. Acto que, este juzgador ubica en la ausencia de agravio personal y directo. En efecto, la comparecencia del imputado en la carpeta de investigación no constituye un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el vigente artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo establece así. Aunado a que, no existe diverso artículo constitucional que se contraponga al representante social a recabar la entrevista del imputado o a notificarle la integración de la carpeta de investigación, ni se advierte disposición en ese sentido contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Contrariamente, el arábigo 218 del código en mención, contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del que se obtiene que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados hasta tanto el imputado sea detenido o citado a comparecer, lo que guarda congruencia con lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Por lo que, cuando la representación social, al tener conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señala como delito, está obligado a explorar todas las líneas de investigación posibles que le permitan allegarse de datos para su esclarecimiento, lo que no implica necesariamente, la citación del inculpado, ya que inclusive el artículo 129, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que el Ministerio Público podrá ordenar la comparecencia de la parte quejosa cuando lo considere relevante para efectos del esclarecimiento de los hechos, lo que no se traduce en una obligación. En ese sentido, la simple omisión o la negativa de la autoridad ministerial de darle acceso o intervención a la parte imputada a la carpeta de investigación no le afecta en sus derechos subjetivos públicos, cuenta habida que no existe disposición constitucional o legal alguna que establezca que necesariamente deba solicitarse su comparecencia para la integración de una carpeta de investigación, en la que se le imputen hechos o que se le cite para que se imponga de su contenido. Es decir, no puede existir un derecho subjetivo vulnerado; máxime que se desconoce si en el trámite de esa indagatoria realmente se afectará algún derecho, ya que, en todo caso, el perjuicio se materializará cuando el imputado sea citado a la audiencia inicial y el fiscal formule la imputación ante la persona juzgadora de Control, y será precisamente en ese momento procesal donde tendrá la oportunidad de intervenir, controvertir lo alegado por el citado fiscal y ofrecer las pruebas que estime necesarias. Por ende, tales actos no afectan los intereses jurídicos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Reiterándose que es insuperable y no puede desvirtuarse con los informes justificados o medio de prueba alguno aportado por la parte promovente del juicio de amparo, por lo que, se actualiza de manera indudable y manifiesta, la acción de amparo. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia PC.VII.P. J/2 P (11a.), de Plenos de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2025594, Undécima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II, página 2418, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTAN SÓLO EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO A DARLE INTERVENCIÓN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN AL IMPUTADO, LA FALTA DE AFECTACIÓN A ÉSTE CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a resoluciones contradictorias al analizar los acuerdos emitidos por los Jueces de Distrito en los cuales se desecharon de plano las demandas de amparo promovidas contra los actos reclamados consistentes en la omisión y/o negativa de darle acceso o intervención al imputado en la carpeta de investigación, al tenerse por actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico). Uno de los órganos contendientes determinó que dicha causal no era de actualización manifiesta e indudable, porque la falta de afectación al interés jurídico es una cuestión que debe ser materia de análisis en la sentencia; mientras que el diverso órgano contendiente consideró que, respecto a tales actos, la causa de improcedencia sí revestía tales características, por lo que debía desecharse de plano la demanda. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito determina que cuando se reclama la sola omisión y/o negativa del Ministerio Público de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación, tales actos no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, al no generar un perjuicio real y actual a sus derechos subjetivos, por lo que es dable desechar la demanda de amparo, ya que, en estos casos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Justificación: La comparecencia del imputado en la carpeta de investigación no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el vigente artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo establece así, ni existe algún otro precepto constitucional que constriña al representante social a recabar la entrevista del imputado o a notificarle la integración de la carpeta de investigación, ni se advierte disposición en ese sentido contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por el contrario, el artículo 218 de este último ordenamiento, contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del que se obtiene que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados hasta que el imputado sea detenido o citado a comparecer, lo que guarda congruencia con lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución General. Por consiguiente, la simple omisión y/o la negativa de la autoridad ministerial de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación no le afecta en sus derechos subjetivos públicos; máxime cuando se desconoce si en el trámite de esa indagatoria realmente se afectará algún derecho, ya que, en todo caso, el perjuicio se materializará cuando el imputado sea citado a la audiencia inicial y el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y será precisamente en ese momento procesal donde tendrá la oportunidad de intervenir, controvertir lo alegado por el citado fiscal y ofrecer las pruebas que estime necesarias. Por ende, tales actos (la omisión y/o negativa) no afectan el interés jurídico del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley, la cual es insuperable y no puede desvirtuarse con los informes justificados o medios de prueba aportados por el justiciable. De ahí que sea ajustado a derecho que en estos casos se deseche la demanda, por falta de interés jurídico, sin necesidad de dar trámite a un juicio que sería infructuoso e incluso en detrimento del principio de expeditez. Se reitera en la hipótesis en la que una persona concurre al amparo a reclamar la negativa y/u omisión de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero no ha sido detenido, llamado a comparecer o cualquier otro acto equivalente de autoridad que genere molestia, y únicamente pretende basar su acción en una referencia de temor o sospecha de ser investigado, habida cuenta que, en sus manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace patente que desconoce si es cierta o no la existencia de la carpeta de investigación. Entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo indirecto, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior, se justifica en el hecho de que la promoción del amparo se basa a partir de un interés simple, pues no existe en ese momento un derecho subjetivo a favor del quejoso. Bajo esas circunstancias, al revisar exhaustivamente el escrito de demanda, este juzgador no se encuentra justificada a través de un derecho subjetivo el acto reclamado, o bien, que se trate de una acción que carece de un interés jurídicamente relevante. Así, contra dicho acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que, tal acto reclamado no afecta el interés jurídico de la parte quejosa. Sustenta lo anterior Jurisprudencia 1a./J. 95/2022 (11a.), con registro digital 2025272, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, consultable Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. libro 17, septiembre de 2022, tomo III, página 2817 que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD." Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." Por tanto, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113 de ese cuerpo normativo, procede desechar la demanda de amparo. 3. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 4. Autorizado. En cuanto a la persona que menciona en su demanda, se autoriza en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autoriza solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 5. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. En este apartado se hace la precisión que la parte quejosa proporciona el correo electrónico que indica en su escrito inicial de demanda para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales. 6. Herramientas de comunicación. De igual forma, acorde a lo dispuesto en el citado numeral y Acuerdo General, se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 11. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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