Wilmer Javier Alvarado Velázquez

Expediente 583/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
583/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
01/08/2017

Partes del expediente

  • Wilmer Javier Alvarado Velázquez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE UNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la ley de la materia, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de catorce de julio pasado (fojas 8 a 11), que desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. Se llega a esa conclusión, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, del referido acuerdo, habida cuenta que se trata de un asunto en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA V.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE CATORCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por Wilmer Javier Alvarado Velázquez, contra actos de la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales contenidos en el artículo 1, 14, 16, 17, 20, 103 y 107 Constitucionales; con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 583/2017-V-Z. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio... Ahora bien, la parte quejosa señala como actos reclamado: El auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente..., por medio del cual la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, determinó que el incidente de reconocimiento de inocencia, se seguiría bajo los lineamientos del sistema mixto o tradicional conforme a los artículos 614 al 618 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y no así en los establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre esa base, respecto del acto reclamado por el quejoso, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) De la interpretación de dichos preceptos se tiene que, entre otros requisitos, la procedencia del juicio de amparo requiere de la emisión de algún acto de autoridad o bien que incurra en una omisión que trastoque los derechos fundamentales y las prerrogativas constitucionales del gobernado, lo que implica necesariamente, que el proceder del órgano de gobierno para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de agraviar jurídicamente a los gobernados, lo que de no actualizarse en el caso concreto es evidente que acarreará la improcedencia del juicio de amparo. En vinculación con lo anterior, resulta imprescindible traer a contexto el artículo 5º, fracción I, de la Ley de amparo, que dice: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. [.] La porción normativa que precede, contempla con mayor claridad la figura del quejoso en el juicio de amparo, estimando por tal a quien resiente en su esfera jurídica un acto lesivo. Bajo esa perspectiva, el acto reclamado consistente en: El auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente RI 6/2017, por medio del cual la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, determinó que el incidente de reconocimiento de inocencia, se seguiría bajo los lineamientos del sistema mixto o tradicional conforme a los artículos 614 al 618 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y no así en los establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. No es un acto que hasta ese momento irrogue perjuicio alguno en la esfera jurídica del quejoso y por ende, no es susceptible de violar derechos fundamentales, siendo en todo caso la resolución den definitiva del incidente de reconocimiento de inocencia promovido por el quejoso, que adopte la Sala responsable, la que materializaría perjuicios a la parte impetrante, y por tanto, la que puede ser susceptible de atacar a través del juicio biinstancial. En esa línea de pensamiento, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo respecto del acto señalado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción primera, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte impetrante el que señala en su escrito de demanda, y como autorizadas en términos amplios del artículo 12, del citado ordenamiento legal, a Rosalía Ortíz López y Verónica Teresa Islas Peña, en virtud que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial; y por autorizadas en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las demás personas que refiere, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario supervise que se incorporen al expediente electrónico, todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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