Wilmer Eduardo Orantes Moratalla
Expediente 783/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 783/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Wilmer Eduardo Orantes Moratalla
- Delegado o Responsable y personal a su mando de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial asentada el diez de mayo del año en curso, se desprende que Wilmer Eduardo Orantes Moratalla manifestó que no es su deseo ratificar la demanda de amparo promovida a su favor. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida a su favor por David Antonio Martínez Cervantes, Hugo Daniel Cuéllar Gómez y José Antonio Guerrero Cobos, y quedan sin efecto las providencias dictadas a favor de tal impetrante. Tómese nota en la estadística; hágase las anotaciones correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho por licencia del Titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Antonio Guerrero Cobos, Hugo Daniel Cuéllar Gómez y David Antonio Martínez Cervantes, a favor de Wilmer Eduardo Orantes Moratalla, de nacionalidad guatemalteca, contra actos del Delegado o Responsable y personal a su mando de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 783/2022-4, que por razón de turno le corresponde, y fórmese expediente. Ahora bien, de la demanda se advierte que el quejoso se encuentra en el albergue migratorio del Puente Internacional Reynosa Hidalgo en esta localidad, y como actos reclamados la privación ilegal de la libertad y retención. Por lo que en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que el Delegado o Responsable y personal a su mando de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, con sede en esta ciudad, de no existir causa legal diversa que lo impida, no ejecute en agravio del quejoso, la privación ilegal de la libertad y retención; asimismo, instruya la inmediata libertad de Wilmer Eduardo Orantes Moratalla, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, en términos de la suspensión de plano concedida en el diverso juicio de amparo 754/2022-1, del índice de este órgano de control constitucional. Apoya lo citado, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 3551, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Materias Común y Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2016412, del rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." Si la privación de libertad del quejoso no obedeció a la comisión de flagrante delito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de la Materia, se decreta la suspensión de plano en favor de Wilmer Eduardo Orantes Moratalla, para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad. Y en caso de existir flagrancia o urgencia respecto de su detención, el efecto de la suspensión decretada será para que la misma no exceda de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que el justiciable fue puesto a su disposición, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerlo a disposición de las autoridades competentes; en la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, la autoridad responsable deberá informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrá hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 899-926-5163, de lo contrario, se le requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíese copia simple de la demanda a la misma. En ese tenor, mediante oficio que se gire a la autoridad responsable, por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J. 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 170578, del título: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." Se comisiona a uno los Actuarios adscritos para que se constituya en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, con el propósito de que verifique si en dicho lugar permanece Wilmer Eduardo Orantes Moratalla; asimismo, le notifique personalmente el presente proveído y certifique el estado físico en que se encuentra, debiendo levantar acta de ello. Asimismo, lo requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado, en el caso de no estar ahí, se presente al local de este órgano de control constitucional y manifieste si ratifica o no la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias decretadas. En el caso de que el quejoso hubiese sido puesto a disposición de una autoridad distinta a la señalada como responsable, el Actuario deberá acudir al diverso sitio en que se encuentre, para hacerle saber la suspensión concedida en su favor; asimismo, deberá requerirlo para que manifieste si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición en su caso, se encuentren; asimismo, de ser ese supuesto, procédase a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Se instruye a uno de los Actuarios Judiciales adscritos, para que a fin de realizar la notificación respectiva, y en caso que el quejoso no entienda el idioma español, se auxilie de algún intérprete a efecto de que aquél entienda y comprenda lo que se le está haciendo de su conocimiento. En cuanto a lo principal, se reserva fijar hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y pedir informe justificado a las autoridades responsables, hasta que la demanda de mérito sea ratificada. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Como lo solicitan los promoventes, se tienen como correos electrónicos para oír y recibir notificaciones, los citados en la demanda de amparo. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a la autoridad señalada como responsable, mediante el oficio que se gire, deberán verificar si la denominación con que fue señalada es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberán recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista al quejoso y no dejarlo en estado de indefensión. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado a firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, éste puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese sin demora a la autoridad señalada como responsable para su inmediato cumplimiento, y personalmente al directo quejoso. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Luz Soledad Zamudio Rangel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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