Wilmer Eduardo Alcerro Pineda
Expediente 1857/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1857/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/11/2022
Partes del expediente
- Wilmer Eduardo Alcerro Pineda
Actuaciones
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en el juicio, e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho; en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el canon 196, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a cuatro de octubre de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado acusa recibo e informa que remitió escrito de agravios a diverso órgano colegiado para que decida si acepta o no el conocimiento del recurso de queja correspondiente. Téngase por recibido el comunicado 5570/2022, que signa el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual transcribe el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el recurso de queja 303/2022, por el que acusa recibo del medio de impugnación interpuesto por la tercero interesada Fraccionadora Puerta Del Bosque, sociedad anónima de capital variable, en contra de los acuerdos de dieciocho y diecinueve de agosto de dos mil veintidós, del índice de este Juzgado, en el que entre se determinó remitir el escrito de agravios y sus respectivos anexos al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en razón a que dicho órgano jurisdiccional tuvo previo conocimiento al caso, para que decida si acepta o no el conocimiento para la substanciación del recurso de que se trata, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Ejecutoria de colegiado. Téngase por recibido el comunicado 462/2022 que remite la secretaria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Tercer Circuito, al cual se adjuntó el testimonio de la resolución pronunciada en sesión ordinaria virtual de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en el toca de queja 130/2022, del cual se advierte que dicho tribunal declaró fundado el recurso de queja interpuesto en contra del proveído que desechó la demanda el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Al efecto, determinó revocar el citado auto de desechamiento. Acúsese el recibo y háganse las anotaciones correspondientes. Decisión sobre la instancia constitucional. En ese orden, vista de nueva cuenta la demanda y siguiendo los lineamientos establecidos por la superioridad en la ejecutoria de cuenta, se procede a analizar la procedencia de la demanda de amparo. 1. Prevención. El artículo 114 de la ley de la materia dispone que se mande aclarar la demanda de amparo si contiene alguna de las deficiencias, omisiones o irregularidades que precisa. Del análisis de la demanda de garantías y anexos, se advierte que tiene ser prevenida; por ello, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o su desechamiento, se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, con las copias necesarias del escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del mismo cuerpo legal, aclare su demanda en los siguientes términos: a. Autoridad señalada como unidad burocrática. La parte promovente designa como autoridad responsable a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, pero dicha denominación hace referencia a la unidad burocrática, es decir, un órgano del Estado, sin que indique a qué funcionario en particular señala con el carácter de responsable. Relacionado con lo expuesto, conviene tener en cuenta que el Estado para satisfacer los intereses colectivos se organiza en una forma especial que se le denomina administración pública, la cual está integrada por múltiples órganos que se caracterizan por ser esferas especiales de competencia y por requerir personas que ejerzan esa competencia y exterioricen su voluntad; sin embargo, no es posible ni debido confundir el órgano con su titular, pues mientras el primero representa una unidad abstracta, una esfera de competencia, el titular representa una persona concreta que puede ir variando sin que se afecte la continuidad del órgano y que tiene, además de la voluntad que ejerce dentro de la competencia del órgano, una voluntad dirigida a satisfacer intereses personales. Así que en las unidades del Estado existen un sinnúmero de servidores públicos; por ejemplo, en una dependencia gubernamental puede haber un director, subdirector, jefe de área, gerente, etcétera; en un órgano jurisdiccional un juez, secretario de acuerdos, secretario ejecutor, actuario, notificador, entre otros. Por ello, para que este juzgador se encuentre en posibilidad de acordar lo conducente sobre la admisión de la demanda, en la medida que el artículo 108, fracción III, de la ley que regula este proceso, dispone que es obligación de la parte quejosa expresar quiénes son las autoridades responsables, lo que implica el deber de indicar la denominación correcta u oficial de éstas, cualquiera que sea su naturaleza formal, al que se le atribuya el acto que se reclame. Por lo anterior, se le requiere para que precise a qué servidor público de las referidas dependencias es quien tiene el carácter de autoridad para efectos de este amparo, en el entendido que no se solicita el nombre de la persona física o el particular que ejerce la función, sino la denominación del cargo, como se dijo a guisa de ejemplo: director, subdirector, jefe de departamento, juez, etcétera. Téngase en cuenta que de ser más de una autoridad, deberá presentar sendas copias del escrito inicial de demanda y del escrito aclaratorio, para poder solicitar los informes de ley. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVENCIÓN AL QUEJOSO CUANDO SU DENOMINACIÓN ES INCORRECTA. El artículo 116 de la Ley de Amparo señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto, entre otros, el que se prevé en la fracción III, esto es, la designación de la autoridad o autoridades responsables, por lo que es claro que desde el escrito inicial se deben precisar los nombres de éstas, a fin de que se esté en condiciones de emplazarlas y solicitarles su informe respectivo, y si no se hace, al advertir el Juez que alguna de ellas fue mal señalada, debe prevenir al promovente de amparo en términos del artículo 146 del propio ordenamiento jurídico, a efecto de que la señale correctamente, pues de estimar que hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominada la autoridad, se dé vista al promovente de garantías por el término de tres días para que manifieste lo que a su representación convenga, y que en caso de no cumplir se tenga por no señalada a la autoridad, es claro que se estaría contraviniendo el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita." "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo" No pasan inadvertidos los criterios de las siguientes tesis: "AUTORIDADES RESPONSABLES. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE RECABAR LA INFORMACIÓN NECESARIA A FIN DE CONOCER SU DENOMINACIÓN, SI EL QUEJOSO DICE DESCONOCER EL NOMBRE CORRECTO, Y ÉSTE NO DERIVA DE LA LEGISLACIÓN QUE LAS REGULA. Tratándose del señalamiento de una autoridad responsable, no es posible fijar reglas inmutables sobre el grado de precisión necesario para identificarla, o los medios por los cuales puede lograrse la certeza de su denominación, pues esto dependerá del asunto en particular. Luego, si el quejoso se ostenta como extraño a un procedimiento de naturaleza penal tendente a privarlo de la libertad y, además, dice desconocer el nombre correcto de la autoridad de la que proviene ese mandato, y solicita al Juez de Distrito que requiera al titular de la Procuraduría Estatal para que informe el nombre exacto de las agencias del Ministerio Público a su cargo distribuidas en alguno de los Municipios del Estado; el juzgador debe proceder en los términos solicitados, y recabar la información necesaria a fin de conocer la denominación de aquéllas, ya que en este caso no existen datos que permitan identificar plenamente a las autoridades designadas como responsables, ni se advierte que la legislación que las regula establezca la denominación correcta de dichas agencias del Ministerio Público." "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo." "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Las tesis transcritas, en principio, son criterios aislados que no resultan obligatorios en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que regula lo relativo a la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los demás tribunales de la Federación. Además, a criterio de quien aquí resuelve, son inaplicables en razón de que el acto reprochado no deriva de un procedimiento de naturaleza penal y precisamente la intención de este juzgador es identificar a las autoridades a quienes se les pretende atribuirles los actos controvertidos, sin que se considere que se aplique de manera rigorista una prevención necesaria a efecto de fijar la litis, ya que las mismas tesis indican que el órgano de amparo no se substituya al quejoso en dicha deficiencia, salvo cuando exista un hecho notorio de la denominación. En efecto, se comparte el criterio de que si se advierte algún cambio de denominación de la autoridad, procedería hacer la corrección relativa. A guisa de ejemplo, en algunos casos los quejosos han señalado como responsable al Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco; sin embargo, al admitirse las demandas correspondientes se ha tenido con el carácter de autoridad responsable al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, en razón de que el artículo "QUINTO" transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, establece que hasta en tanto se adecue el marco jurídico estatal a las nuevas denominaciones y atribuciones de las dependencias de la Administración Pública Estatal, las facultades, derechos y obligaciones establecidos a cargo de las dependencias que cambian su denominación o naturaleza con motivo del decreto por el que se creó la norma de referencia, serán asumidos por las nuevas dependencias o su titular, lo que resulta un hecho notorio para este juzgador en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. En el caso, lo que se pretende clarificar es cuál de todas las autoridades de la unidad administrativa señalada es a la que le reviste el carácter de responsable. Asimismo, el señalamiento erróneo de las autoridades responsables no puede subsanarse por suplencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de epígrafe y contenido siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados" En todo caso, a fin de no tener un criterio rigorista que pueda vulnerar el principio de acceso a la justicia del promovente, enseguida se ajustará el apercibimiento que se considera armoniza con dicha máxima. b. Copias insuficientes. La parte promovente omitió exhibir copias suficientes de la demanda para correr traslado a las partes en el presente asunto, ya que únicamente allegó dos y son necesarias tres para distribuirlas de la siguiente manera: dos para las autoridades responsables y una más para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Consecuentemente, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del arábigo 114 de la ley de la materia, requiérasele parta que exhiba una copia más de la demanda de amparo. Este requerimiento se sustenta en la siguiente jurisprudencia: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional" c. No atribuye acto a autoridad responsable. La parte quejosa no precisó qué actos en particular reclama a la agente Alba Dennis Abril González Lee, adscrita a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, con número de agente 223. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 108, fracción IV, de la ley de la materia, la demanda de garantías tiene que contener específicamente la norma general, o acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Por lo anterior, deberá precisar qué actos le atribuye a dicha autoridad. 2. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad, dentro del lapso señalado, acorde con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, se proveerá: Punto a: únicamente se tendrá como autoridad responsable al titular de la unidad administrativa que indica. Punto b: se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Punto c: no se tendrá como autoridad responsable. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a nueve de septiembre de dos mil veintidós. Parte quejosa nombra nuevos autorizados sin revocar anteriores designaciones. Téngase por recibido el escrito de Diego Gutiérrez Martínez Parente, apoderado general de la persona moral quejosa HSBC México, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero HSBC, mediante el cual, designa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Diego Velázquez Lavín, toda vez que cuenta con cédula profesional de abogado registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Valentina Castillo Moreno y Carlos César Ocampo Vargas, al no contar con cédula profesional en los registros correspondientes, y por lo que ve a las demás personas que nombra para tal efecto por así manifestarlo expresamente. Notifíquese.
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