WILMER ANTONIO DAVILLA TELLEZ y Otros.

Expediente 1133/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1133/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
06/12/2022

Partes del expediente

  • WILMER ANTONIO DAVILLA TELLEZ y Otros.
  • 1.- COMISION NACIONAL DE MIGRACIÓN, con domicilio en Avenida Homero 1832 Los Morales Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11510, Ciudad de México
  • Wilmer Antonio Davilla Tellez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Téngase a la SUBDIRECTORA DE JUICIOS DE AMPARO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, con sede en la Ciudad de México, en suplencia del SUBCOMISIONADO JURÍDICO y del TITULAR DE ASUNTOS JURÍDICOS, informando lo relativo a la suspensión de plano concedida a los quejosos *****, en proveído de doce de noviembre del año en curso; luego, tomando en consideración que en auto de dieciocho posterior, se tuvo al JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, con sede en esta ciudad, comunicando que se avocó al conocimiento de la demanda que dio origen al presente expedientillo; previa copia certificada que se deje en autos, remítasele el informe de cuenta.

  2. Principal

    Téngase a la SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, comunicando que respecto a la competencia declinada por este órgano jurisdiccional el doce de noviembre del año en curso, se avocó al conocimiento del asunto. En esas condiciones, previa copia certificada que se deje en autos, remítanse a la autoridad oficiante, las razones actuariales practicadas por los funcionarios notificadores de la adscripción; así como, el informe relativo a la suspensión de plano. En esas condiciones, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO, al tenor de lo establecido por el artículo 214 de la expresada ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario.

  3. Principal

    Téngase a la JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, con sede en esta ciudad, informando lo relativo a la suspensión de plano concedida a los quejosos ****. Por tanto, una vez se tenga conocimiento a qué órgano jurisdiccional en Materia Administrativa en el Estado, le corresponde conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente expedientillo, remítase copia certificada del informe y diligencia actuarial de cuenta.

  4. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a trece de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se provee: PRIMERO. Advirtiéndose de la razón actuarial practicada el día de hoy, por la Actuaria de la adscripción, en la que asentó que se constituyó en las instalaciones de la estación migratoria ubicada en calle Cuba, número 101, de la colonia Josefa Zozaya, en Guadalupe, Nuevo León, a fin de localizar a los directamente agraviados WILMER ANTONIO DAVILLA TÉLLEZ y ARIEL ANTONIO MARENCO MIRANDA, sin éxito alguno, pues una vez constituida en dicho lugar, la Agente Federal de Migración con quien entendió la diligencia, le manifestó que en la base de datos de la institución migratoria no tenía registro alguno de los buscados; no obstante la fedataria de la adscripción recorrió las celdas donde se encuentran los detenidos, nombrando en voz alta a los directamente agraviados, sin que nadie respondiera a su llamado. SEGUNDO. En virtud de lo anterior, se requiere al promovente para que, DE INMEDIATO, informe si conoce el lugar donde posiblemente se encuentran los agraviados WILMER ANTONIO DAVILLA TÉLLEZ y ARIEL ANTONIO MARENCO MIRANDA; debiendo proporcionar cualquier información relacionada con ellos que sirva para su localización; apercibido que de no cumplir con lo anterior, en su caso, de no expresar el impedimento legal o material que para ello tengan, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización (en la inteligencia que, la unidad de medida y actualización a que se refiere el artículo 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos moneda nacional) conforme a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós), en términos de los artículos Segundo y Quinto Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en conformidad con lo establecido en los artículos 237 fracción l y 259 de la Ley de Amparo y 297 fracción ll del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.1o.P.150 P (10ª), Décima Época, Materias Común, Penal, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Libro 62, Tomo IV, página 2446, Enero de 2019, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019008, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR UN TERCERO EN FAVOR DE UN EXTRANJERO QUE RECLAMA ATAQUES A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, INCOMUNICACIÓN, DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN, COMETIDOS POR AUTORIDADES MIGRATORIAS. SI FUE DEPORTADO ANTES DE QUE MANIFESTARA SI LA RATIFICABA O NO, PROCEDE DICTAR DIVERSAS MEDIDAS PARA LOCALIZARLO, A FIN DE EFECTUAR ESE REQUERIMIENTO (INTERPRETACIÓN PRO PERSONAE DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LA MATERIA). Lo dispuesto en el precepto mencionado corresponde a las acciones legislativas cuando se reclamen actos que, por su naturaleza, imposibilitan materialmente a los agraviados acudir personalmente a solicitar el amparo, lo que justifica que se imponga al órgano jurisdiccional correspondiente, el deber de dictar las medidas necesarias para lograr su comparecencia para recabar la manifestación de si ratifican o no esa petición a su nombre con el fin de lograr dicho cometido. Entonces, si el extranjero es deportado o expulsado del país cuando están en curso las diligencias para recabar su manifestación de si ratifica o no la demanda de amparo promovida por un tercero en su nombre, en la que reclama ataques a su libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, cometidos por autoridades migratorias, lo que procede es dictar diversas medidas para localizarlo, a fin de efectuar ese requerimiento, las cuales deben ser acordes con la información allegada -como por ejemplo, requerir a las autoridades responsables para que informen el lugar o país a donde fue enviado para que, mediante carta rogatoria o instrumentos establecidos en la vía diplomática, se efectúen la búsqueda y requerimiento indicados-, ya que dicho artículo no limita expresamente o condiciona que esas acciones sólo se realicen si el agraviado se encuentra dentro del país, y tampoco si los actos reclamados referidos pueden considerarse consumados irreparablemente -que tampoco lo son-, pues ello corresponde a un estudio posterior, superada la contingencia señalada. Constata esta postura, la disposición que autoriza que la ratificación pueda realizarse mediante un representante legal, lo que es indicativo de que es innecesaria la comparecencia del quejoso para ese acto. También apoya la decisión, el Informe No. 50/16. Caso 12.834. Informe de Fondo. Trabajadores Indocumentados Vs. Estados Unidos de América, párrafos 105, 106, 107, 108 y 114 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -al cual se acude como soft law- en el que se estableció que, en los casos en que un Estado sustraiga a una persona de su país mediante una deportación, expulsión o cualquier medida análoga, las autoridades jurisdiccionales deberán adoptar medidas para garantizar el acceso a la justicia respecto de los diversos procedimientos instados cuando se encontraba en ese lugar. Esta interpretación es la que debe imperar en aplicación del principio pro personae, porque con ella se privilegia o se maximiza el derecho humano de acceso a la jurisdicción, con lo que se promueve su observancia y respeto. Y, con ello, se garantiza al quejoso que puede continuar con la petición de amparo, considerando que estuvo en nuestro país -en una estación migratoria- y que, al menos hasta este momento -y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto-, se cuenta con información, bajo protesta de decir verdad, de la demanda de amparo, que había solicitado la condición de refugiado buscando asilo en este país por la crisis humanitaria que se vive en el suyo -lo que se constató con los documentos agregados a dicha demanda, en la que también se reclamó la omisión de ese trámite-. A su vez, inversamente se establece una interpretación estricta o literal del artículo 15 referido, que se traduce en que la determinación de tener por no presentada la demanda en los casos señalados esté acotada a los supuestos expresamente previstos en dicho dispositivo. Por tanto, no se autoriza a tenerla por no presentada conforme al párrafo tercero del artículo 15 invocado, pues esta porción normativa se refiere a un supuesto diverso, específicamente, regula la hipótesis de que las acciones dictadas por el Juez de Distrito hubiesen resultado eficaces para que compareciera el extranjero y que se recabó su manifestación en el sentido de que no ratificaba dicho documento". Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma SARA VERÓNICA SILLER MORQUECHO, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en funciones de Jueza de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43 párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40 fracción V del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, así como de los artículos transitorios de que se trata; autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de octubre de dos mil veintidós; asistida de KAREN COMPEAN TORRES, Secretaria con quien actúa y da fe.

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