Wilmer Adolfo Godoy Reyes
Expediente 571/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Wilmer Adolfo Godoy Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto; la certificación que antecede de la que se advierte que en el presente juicio de amparo, no existen documentos exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, y que se dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide con la versión impresa, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1°, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, primero de julio de dos mil veintidós. Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha hayan presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Wilmer Adolfo Godoy Reyes, contra los actos reclamados al Representante Nacional del Instituto de Migración del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras y el Instituto Nacional de Migración del Estado de Zacatecas, consistentes en el aseguramiento, alojamiento, incomunicación y privación de la libertad fuera de procedimiento migratorio, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente la licenciada María Citlallic Vizcaya Zamudio, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la secretaria de juzgado, licenciada Verónica Araceli Loera Raudales, con quien actúa y da fe, hasta hoy treinta de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Visto; glósese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta con registro 8603, presentado por el quejoso Wilmer Adolfo Godoy Reyes, en el que manifiesta que a la fecha no se ha otorgado su libertad, no obstante de la suspensión de plano concedida en autos, y que por ello, solicita su libertad en términos de lo establecido en el artículo 102 de la Ley de Migración; la Juez acuerda: No obstante que este Juzgado no ha emitido acuerdo alguno, en el que haya fijado requisitos en términos del artículo 102 de la Ley de Migración, para que al quejoso le sea concedida medida cautelar en términos del citado numeral, atendiendo a la causa pedir, es necesario considerar los siguientes aspectos: En la demanda de amparo se refirió que el directo quejoso Wilmer Adolfo Godoy Reyes es de nacionalidad Guatemalteca, y que el quince de febrero del año en curso, fue detenido por personal del Instituto Nacional de Migración del Estado de Coahuila, y posteriormente trasladado a la Estación Migratoria del Estado de Zacatecas, manifestaciones que se hicieron bajo protesta de decir verdad y que posteriormente fueron ratificadas por el directo quejoso; asimismo, que el actuario judicial adscrito a este Juzgado sí localizó en la estación migratoria al nombrado quejoso, por lo que se considera que han permanecido alojado en la estación migratoria de esta ciudad desde la citada fecha. Aunado a lo anterior, cabe destacar que por su calidad de inmigrante forma parte de los grupos vulnerables, pues se encuentra en clara desventaja para defenderse en juicio, al no tener el mismo recursos que un connacional y desconocer el sistema legal mexicano. Asimismo, que desde la fecha de su alojamiento ha transcurrido un tiempo considerable, sin que las autoridades responsables a la fecha, hayan justificado el motivo de su detención. Ahora bien, los artículos 99, 100, 101 y 102 de la Ley de Migración, disponen: "Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero adulto que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno. En ningún caso, el Instituto presentará ni alojará a niñas, niños o adolescentes migrantes en estaciones migratorias ni en lugares habilitados para ello. La presentación de las personas adultas bajo cuyo cuidado estén niñas, niños o adolescentes migrantes deberá evitarse atendiendo al principio de unidad familiar y del interés superior de niñas, niños y adolescentes." "Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición." "Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio." "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." En el caso particular, tomando en cuenta los principios constitucionales que consagran el derecho fundamental a la libertad personal, en tanto no se haya cometido delito alguno, que merezca pena privativa de libertad, robustecido con el principio pro persona, previsto en el artículo 1 de la Constitución Federal, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia ley y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se considera que debe privilegiarse la solución conforme al derecho de la libertad personal de los quejosos, lo que no impide que la autoridad con competencia legal dicte las medidas que aseguren que los quejosos, no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, pues claramente así se establece en los numerales transcritos líneas arriba; por ende, procede otorgar la libertad de los quejosos. En consecuencia, se ordena que el quejoso sea puesto en libertad; y que las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación) a fin de asegurar que el solicitante del amparo no evada el cumplimiento de las leyes sobre migración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante ella cuantas veces le sea exigido; debiendo dicho quejoso establecer un domicilio dentro de esta ciudad de Zacatecas, en el cual deberá permanecer mientras dura su procedimiento y para la continuación de sus trámites migratorios, el que no podrá abandonar hasta que concluya su procedimiento; debiendo apercibirlo que de no hacerlo así la medida quedará sin efecto. Para lo cual, deberán tomarse en cuenta las manifestaciones contenidas en el escrito que se acuerda, relativas a su solicitud de refugio que hizo ante la propia autoridad responsable migratoria. Sin que se considere idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en la estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrantes le impide, en la mayoría de los casos, contar con recursos para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada. En mérito de lo expuesto, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, siguientes a la legal notificación de este acuerdo, informe el inmediato cumplimiento que deberá dar a la presente determinación, adjuntando al oficio respectivo copia del escrito que se acuerda, para los efectos legales conducentes; haciendo de su conocimiento que el incumplimiento a la misma, genera la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, en términos del artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo. De igual modo, que en caso de no cumplir con lo ordenado, se dará vista a las autoridades competentes para que investiguen la comisión del delito que prevé el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo y, por ende, le podrá ser impuesta una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, con independencia de los demás delitos en que pudieran incurrir. Las anteriores consideraciones tienen sustento en lo resuelto en la queja Administrativa 195/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, relativo al juicio de amparo 557/2022 del índice de este Juzgado. Sin que sobre mencionar que, en el caso concreto, aun cuando mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se fijaron, por parte del Juez de Amparo que inicialmente conoció del presente asunto, los efectos de la suspensión de plano concedida, ahora se atiende primordialmente a la citada ejecutoria y a la petición de libertad hecha por el directo quejoso, así como a las razones y fundamentos legales aquí señalados. En cuanto a su petición de que la autoridad responsable tenga, dentro del procedimiento administrativo, como abogados del quejoso a las personas que refiere, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones que refiere, y número de celular y correo electrónico que proporciona; toda vez que no corresponde a este juzgado emitir pronunciamiento al respecto, hágase ello del conocimiento de la autoridad responsable migratoria para los efectos legales conducentes. Por otra parte, glósese a los autos para que obre como corresponda, el diverso escrito de cuenta con registro 8602; atento a su contenido, téngase a la parte quejosa desahogando el requerimiento que fue hecho mediante auto de doce de abril del año en curso, y por señalando que es su deseo que las notificaciones personales le sean practicadas por vía electrónica, al usuario que ya fue proporcionado con anterioridad y que ahora reitera. En cuanto a los demás señalamientos de los datos relativos a las cédulas profesionales de María Avelina Luévano Reyes y Gustavo Héctor Bello Tamalatza, no se dicta mayor acuerdo, toda vez que mediante el citado proveído de doce de abril del actual, se les tuvo por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso.
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