Wilma Paulina López González
Expediente 598/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Juez de lo Familiar de Primera Instancia en Chetumal, Quintana Roo
- Wilma Paulina López González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el acuerdo dictado el siete de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 98 a 102), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, después de transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente auto, por haberse sobreseído. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
(Aviso y citatorio) Toda vez que la parte quejosa y tercero interesada no acudieron a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso y citatorio fijado y entregado el ocho de los corrientes en sus respectivos domicilios; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se les notifica el proveído de siete de septiembre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos, el oficio signado por la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de dos de septiembre del año en curso, remite lo siguiente: Copias certificadas del convenio de doce de agosto de dos mil dieciséis, celebrado dentro del juicio 414/2016, de su índice. Documental que se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza y, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°, se le otorga el valor probatorio correspondiente. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, la que establece que cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo y por consecuencia la afectación a la esfera jurídica del quejoso. Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, de las causas de improcedencia del juicio de amparo que contempla el artículo 61, de la Ley de Amparo, se encuentra la prevista en la fracción XXII, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de derechos fundamentales. Ahora bien, para que se actualice esta improcedencia, necesariamente deben reunirse los siguientes elementos: Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y b) Que con posterioridad a la emisión del acto, por cualquier causa, haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. Para entendimiento del sentido del fallo, se estima conveniente reseñar los antecedentes de los actos que se reclaman, para lo que se toma en consideración la constancia que en copia certificada allegó la Juez responsable en párrafos precedentes. Mediante escrito de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, José Cayetano González Nah también conocido como Cayetano González y Wilma Elena Flores Naal [abuelos], promovieron el juicio ordinario de custodia, ante el Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, mediante el cual solicitaron la medida provisional para que se quedara la menor Wilma Paulina López González [menor], bajo la custodia de sus abuelos (fojas 55 a 60). Posteriormente, en auto de veinticuatro de abril de dos mil dieciséis, dictado por la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, se admitió la demanda de custodia misma que quedó registrado bajo el número 414/2016, mediante el cual se ordenó realizar diversos estudios previo a dictar la custodia provisional, como son audiencia para escuchar a la menor, valoraciones psicológicas, estudios socioeconómicos de Moisés Jacob López Pérez [padre] y José Cayetano González Nah también conocido como Cayetano González y Wilma Elena Flores Naal [abuelos]. Finalmente, a través de oficio 3175/2016 de cinco de septiembre del año en curso, la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, remitió copia certificada del convenio de doce de agosto de dos mil dieciséis, celebrado dentro del expediente 414/2016, en audiencia pública con la autoridad responsable, entre José Cayetano González alias Cayetano González Nah y Wilma Elena Flores Naal [abuelos], con Moisés Jacob López Pérez [padre], mismo que en su primera clausula acordaron lo siguiente: "[.] PRIMERA.- Las partes JOSE CAYETANO GONZALEZ alias CAYETANO GONZALEZ NAH y WILMA ELENA FLORES NAAL parte actora y MOISES JACOB LOPEZ PEREZ parte demandada convienen en que la custodia definitiva de la menor WILMA PAULINA LOPEZ GONZALEZ quedara a cargo de la parte actora JOSE CAYETANO GONZALEZ alias CAYETANO GONZALEZ NAH y WILMA ELENA FLORES NAAL, hasta en tanto dicha menor decida ir a vivir con su papá, demandado MOISES JACOB LOPEZ PEREZ. [.]" En ese orden, de las constancias relacionadas debe convenirse que en la especie se actualiza la improcedencia referida, puesto que, el objeto del acto reclamado, era la falta de dictado de la medida provisional en autos del juicio familiar de custodia 414/2016, es decir, para que esta no sea entregada a Moisés Jacob López Pérez [padre]. Por tanto, al advertirse en autos que mediante convenio celebrado el doce de agosto de dos mil dieciséis, dentro del expediente 414/2016, en audiencia pública con la autoridad responsable, entre José Cayetano González alias Cayetano González Nah y Wilma Elena Flores Naal [abuelos], con Moisés Jacob López Pérez [padre], acordaron en su primera cláusula que la custodia definitiva de Wilma Paulina López González [menor], quedaría a cargo de sus abuelos hasta en tanto la menor decida ir a vivir con su papá, trae como consecuencia que la falta de dictado de la medida provisional en autos del juicio familiar de custodia 414/2016, es decir, para que esta no sea entregada a Moisés Jacob López Pérez [padre], fueran sustituidos, por tanto, ya no podrían tener eficacia, pues aun cuando existan en la vida jurídica, ya no pueden regir sobre lo dictado en última instancia. Luego, si los quejosos se duelen de la falta de dictado de la medida provisional en autos del juicio familiar de custodia 414/2016, es decir, para que esta no sea entregada a Moisés Jacob López Pérez [padre], es inconcuso que con el convenio celebrado el doce de agosto del presente año, entre José Cayetano González alias Cayetano González Nah y Wilma Elena Flores Naal [abuelos], con Moisés Jacob López Pérez [padre], en el que establecieron en su primera cláusula que la custodia definitiva de Wilma Paulina López González [menor], se quedaría a cargo de los abuelos, dejó de existir el objeto del acto reclamado. Así las cosas, puede afirmarse válidamente que dejó de existir el objeto del acto reclamado, a pesar de la subsistencia de éste -falta de dictado de medida provisional en autos del juicio familiar de custodia 414/2016-, el cual, no puede surtir efecto legal alguno en virtud del otorgamiento de la custodia definitiva de Wilma Paulina López González [menor], a favor de Cayetano González alias Cayetano González Nah y Wilma Elena Flores Naal [abuelos], mediante convenio de doce de agosto de la presente anualidad, entre el padre y los abuelos. Así, podemos identificar como objeto del acto reclamado al derecho, situación o circunstancias sobre las cuales el acto tuvo plena eficacia estableciendo una situación jurídica, de tal manera que al modificarse ese derecho o circunstancias o bien, al dejar de existir, a pesar de la subsistencia del acto reclamado, éste ya no puede surtir efecto legal alguno; por su parte, la materia del acto reclamado se entiende como una cosa o circunstancia específica sobre el cual incide o lo afecta, de tal manera que si éste se destruye o deja de existir, el acto no podría seguir surtiendo sus efectos. En ese orden, de las constancias relacionadas debe convenirse que en la especie se actualiza la improcedencia referida, puesto que, como ya se dijo, el objeto del acto reclamado, era la falta de dictado de la medida provisional en autos del juicio familiar de custodia 414/2016, es decir, para que esta no sea entregada a Moisés Jacob López Pérez [padre]; empero, y al haberse otorgado la custodia definitiva de Wilma Paulina López González [menor], a favor de Cayetano González alias Cayetano González Nah y Wilma Elena Flores Naal [abuelos], mediante convenio de doce de agosto de la presente anualidad, celebrado entre el padre y los abuelos, dejó de existir el objeto del acto reclamado. En apoyo y por identidad de razón, se invoca la jurisprudencia número 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, de la novena época, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓNXVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Bajo tales circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley. Dado el sentido de esta determinación, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las nueve horas con cincuenta minutos del doce de septiembre de dos mil dieciséis. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual informa que José Cayetano González alias Cayetano González, Wilma Elena Flores Naal y Moises Jacob López Pérez, celebraron un convenio ante dicho órgano jurisdiccional, por medio del cual se puso fin al juicio 414/2016 de su índice. Por consiguiente, con fundamento en el numeral 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo para que, en el término de veinticuatro horas, remita a este órgano jurisdiccional copia certificadas de las constancias relativas al convenio celebrado entre José Cayetano González alias Cayetano González, Wilma Elena Flores Naal y Moises Jacob López Pérez, dentro del juicio 414/2016 de su índice, así como del acuerdo que recayó al mismo. Con el apercibimiento que de no cumplir lo ordenado o, no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por la cantidad de $3,652.00 (tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos, moneda nacional), equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, primer párrafo, en relación con el 116, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, túrnese los autos a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, a fin de que proceda emplazar a juicio al tercero interesado *****, en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo, a quien deberá hacerle de su conocimiento el contenido del presente proveído, corriéndole traslado con copia simple del mismo y de la demanda de amparo; igualmente, deberá hacerle saber el derecho que tiene para comparecer al presente juicio y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal se le realizaran en el domicilio donde se le emplace por ser el único que obre en autos y encontrarse en la demarcación territorial en la que este juzgado federal ejerce su jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I del ordenamiento legal en cita. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del doce de septiembre de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la misma.
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