Wilma Luna Gómez
Expediente 1307/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1307/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Wilma Luna Gómez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo general citado. Por otra parte, por haberse desechado la demanda de amparo, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción I, del aludido acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Wilma Luna Gómez, contra actos del Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Playa del Carmen, Quintana Roo y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno con el número 1307/2016 y, en atención a su contenido, se provee: En principio debe puntualizarse que el estudio de las causas de improcedencia son de análisis preferente, de tal modo que, previo a la admisión de una demanda de amparo, es obligación del juzgador analizar si la demanda de amparo es procedente o, en su caso, si se actualiza alguna causal que la haga improcedente, pues así lo señala el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." A mayor abundamiento, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, esto es, se tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, pues su existencia es real y probada. En el caso sujeto a estudio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que la Comisión Federal de Electricidad, a quien se le atribuye los actos reclamados, en el caso concreto, no tiene el carácter de responsable para los efectos del presente juicio de amparo. Es pertinente señalar el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación sistemática de los preceptos invocados se desprende que en el juicio de amparo, la demanda o ampliación de ésta que se promueva debe enderezarse en contra de una autoridad, pero sólo será responsable del acto que viola derecho humanos aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por consiguiente, sólo tienen el carácter de autoridades responsables las que directamente tengan una vinculación con el acto que se les reclama, por lo que si no tienen esa relación es evidente que no pueden ostentarse como responsables y, por ende, el juicio será improcedente. Es importante destacar que, en el juicio de amparo, para que las autoridades, que se señalan como responsables asuman ese carácter, es necesario que tengan imperio, es decir, cuenten con facultades que la ley positiva les otorgue, para poder ordenar y ejecutar actos en el ámbito de sus atribuciones y, por esas funciones encomendadas, violen derechos humanos. De lo anterior, se colige que para que una autoridad tenga el carácter de responsable debe existir una relación de supra a subordinación. En efecto, en el caso concreto, la Comisión Federal de Electricidad, en cuanto se trata de las controversias derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica, son de naturaleza comercial y por lo tanto pueden impugnarse en la vía ordinaria mercantil, pues se estima que la aludida Comisión no tiene la calidad de autoridad responsable, pues su relación con la parte quejosa tiene la naturaleza de una relación de coordinación y no de supra subordinación, entonces, esa relación de igualdad en la que el Estado actúa como prestador del servicio y no como un ente jurídico investido de poder, demuestra que en la especie los actos atribuidos a los distintos funcionarios de la Comisión no corresponden a actos de imperio, sino que son consecuencia del contrato celebrado entre el prestador del servicio y el usuario. En estas condiciones, los actos reclamados por el promovente del amparo no constituyen actos de autoridad impugnables mediante el juicio constitucional, pues en éste se reclama a la Comisión Federal de Electricidad la suspensión del suministro de energía eléctrica. En ese tenor, teniendo como referencia lo anteriormente indicado, las autoridades dependientes de la Comisión Federal de Electricidad, en la especie no son autoridades para efectos del juicio de amparo tratándose de un reclamo derivado como el que por esta vía se reclama, pues estos actos son derivados de los derechos y obligaciones generados por el contrato de suministro de energía eléctrica. NOTIFÍQUESE.
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