Willy Joel Hernández Collado
Expediente 696/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/10/2022
Partes del expediente
- Willy Joel Hernández Collado
Actuaciones
- Principal
Vista la constancia de notificación de cuenta, de la cual se advierte que el quejoso Willy Joel Hernández Collado, desahogó la vista efectuada en proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, ya que manifiesta que autoriza a los defensores públicos asignados en términos amplios conforme al artículo 12, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los defensores públicos Jesús Mendoza Medina y Marianna Lizbeth García; por tanto, se instruye a la actuaria de este juzgado a fin que notifique el presente proveído a los profesionistas en cita, en el domicilio ubicado en Plaza Mundo Divertido, Vía Rápida José Fimbres Moreno, locales 41 y 43, Fraccionamiento San José, de esta ciudad.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por lista a los defensores públicos el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente dice: En tal virtud, se reitera que el quejoso debió agotar el procedimiento a que aluden los diversos preceptos transcritos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues conforme a ellos las autoridades penitenciarias tienen el deber de atender todas aquellas cuestiones relativas al internamiento; pues, incluso, si el caso llega a ser considerado como urgente, el Juez de Ejecución Penal podría aplicar las medidas pertinentes para hacer cesar sus efectos, sin mayores requisitos que los que se establecen en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión. Cabe señalar que, en el caso no se surten las diversas excepciones al principio de definitividad previstas en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 invocado, porque no se está en el supuesto de que se aleguen sólo violaciones directas a la Constitución, ni que el acto carezca de fundamentación. En esa tesitura, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo planteada por el quejoso. Domicilio. Con motivo de que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se ordena a las actuarias de la adscripción, que todas las notificaciones que deban ser personales se efectuarán en el lugar en que se encuentra recluido, corriéndole traslado con copia autorizada del proveído que se le notifica. Defensoría Pública Estatal designa defensores públicos. Toda vez que de la demanda que nos ocupa, se desprende que el quejoso se encuentra interno, sin defensores que lo asisten en el presente asunto y tomando en consideración que el acto que reclama el antes mencionado a la autoridad responsable, se trata de un asunto del fuero común y esa competencia en todo caso le correspondería conocer a la Defensoría del Estado de Baja California; por tanto, en atención al oficio recibido vía correo electrónico oficial, remitido por el Coordinador Área Penal de la Defensoría Pública Estatal Zona Costa, con sede en esta ciudad, por el cual designa a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, defensores públicos adscritos a esa institución, como asesores jurídicos para el quejoso privado de la libertad que soliciten representación ante este Juzgado Federal, resulta procedente darles vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, en el domicilio ubicado en ***** representación legal de los intereses del quejoso, en el asunto que se actúa, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público.
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