Willians Arturo Dahmlow Ramos

Expediente 564/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
564/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
24/08/2018

Partes del expediente

  • Willians Arturo Dahmlow Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    LA SUPERIORIDAD DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO... ARCHIVESE EL PRESENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO...

  2. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer Willians Arturo Dahmlow Ramos, en contra del proveído de dieciocho de mayo del año en curso (fojas 23 y 24), en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En atención a lo anterior, ríndase el informe materia de la queja; y, con copia simple del escrito de expresión de agravios y demás constancias relativas, fórmese el cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente principal. Asimismo, con el original y copia del mencionado escrito de agravios, remítase este expediente, así como el informe materia de la queja antes aludido, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad. Además, se instruye a la Secretaria para que bajo su más estricta responsabilidad, envíe debidamente integrado, foliado, rubricado y entresellado el expediente principal del juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación Supletoria a la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Genaro Hernández Pérez y Cesar Alejandro Saenz Ordóñez y en términos restringidos de dicho numeral a las demás personas que menciona; toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Vista la comparecencia de cuenta mediante la cual la parte quejosa ratificó el escrito recibido el dieciséis de mayo del año en curso en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distritos de Amparo y Juicios Federales, residentes en esta ciudad, mediante el cual pretendió dar cumplimiento al requerimiento de siete de mayo del año en curso (fojas 16 y 17); así como el escrito recibido en esa oficialía en la misma fecha, por medio del cual dio cumplimiento a tal prevención (fojas 18 y 19). En tal virtud, tomando en consideración que en el primero de los escritos la parte quejosa pretendió dar cumplimiento a la prevención realizada en autos; sin embargo, en el segundo de sus escritos pide que únicamente se tome en consideración dicho ocurso y no el primero de los citados; por lo tanto, como lo solicita, al respecto se provee: ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda y escrito aclaratorio (fojas 2 a la 6, 18 y 19), se advierte que la parte quejosa se duele esencialmente de los actos que atribuye al Fiscal del Ministerio Público Investigador Mesa de Tramite ocho de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, residente en esta ciudad, consistentes en la omisión del ministerio público para integrar debidamente, dejar de actuar y retardar la integración de la carpeta de investigación 158-101-1301-2017. Precisado lo anterior, se estima que respecto a dicho acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual es del siguiente tenor: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Del citado precepto legal, se advierte que tratándose de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo, salvo que se trate de algún caso de excepción que el propio artículo señala. Al respecto, los artículos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Bajo ese tenor, si tomamos en consideración que el dispositivo 109 antes transcrito establece que en los procedimientos previstos en dicho código la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar las omisiones o negligencia del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones, es posible concluir que desde la fase de investigación inicial, por formar parte del procedimiento previsto en la citada legislación, la víctima u ofendido cuenta con ese derecho de impugnación respecto de las actuaciones del Ministerio Público. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Por tanto, se colige que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido deben agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Apoya las anteriores consideraciones la tesis XVIII.1o.P.A.2 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III , página 2141, con registro electrónico 2014279, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado." En tal virtud, si en la especie el quejoso reclama la omisión del ministerio público para integrar debidamente, dejar de actuar y retardar la integración de la carpeta de investigación 158-101-1301-2017 (actos que se traducen en una omisión por parte de la autoridad administrativa), resulta inconcuso que sí cuenta con un medio de impugnación que debe agotar, previo a la promoción del juicio de amparo; a saber, el previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En las relatadas condiciones, de acuerdo a lo establecido por el transcrito artículo 61, fracción XVIII de la ley de la materia, el juicio de amparo es improcedente cuando las disposiciones que sirvieron de fundamento para emitir los actos reclamados, contemplan algún recurso, juicio o medio de defensa legal por medio del cual puede ser confirmado, revocado o nulificado; así, se considera que, la parte quejosa no agotó el recurso ordinario que contempla la ley de donde emana el acto reclamado y, por tanto, no colmó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En consecuencia, al no haber agotado ese medio de defensa ordinario, la parte quejosa transgrede el principio de definitividad que rige al juicio de amparo; pues dichos actos pueden ser confirmados, revocados o nulificados mediante el medio de defensa ordinario invocado, sin que se advierta ningún caso de excepción a ese principio; lo que genera la causa de improcedencia correlativa. En tal virtud, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala (foja 18); asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Genaro Hernández Pérez, y en términos restringidos de dicho numeral a las diversas persona que menciona, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Finalmente, de conformidad con los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que en cualquier momento del juicio, incluso cuando el expediente se encuentre en archivo, podrán por sí o por representante legítimo, manifestar expresamente su oposición a que aparezcan sus datos personales cuando se presente solicitud de acceso a la información de las resoluciones públicas, pruebas y constancias que obren en el expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Ricardo Alberto Fernández Prieto, Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Humberto Zavala Calderón, Secretario con quien actúa y da fe. El secretario certifica y da fe que conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, la promoción y/o certificación de cuenta y los documentos que se integraron al expediente físico se integraron asimismo al expediente electrónico correspondiente. ALDO REYES.

  4. Principal

    Vista la comparecencia de cuenta mediante la cual la parte quejosa ratificó el escrito recibido el dieciséis de mayo del año en curso en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distritos de Amparo y Juicios Federales, residentes en esta ciudad, mediante el cual pretendió dar cumplimiento al requerimiento de siete de mayo del año en curso (fojas 16 y 17); así como el escrito recibido en esa oficialía en la misma fecha, por medio del cual dio cumplimiento a tal prevención (fojas 18 y 19). En tal virtud, tomando en consideración que en el primero de los escritos la parte quejosa pretendió dar cumplimiento a la prevención realizada en autos; sin embargo, en el segundo de sus escritos pide que únicamente se tome en consideración dicho ocurso y no el primero de los citados; por lo tanto, como lo solicita, al respecto se provee: ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda y escrito aclaratorio (fojas 2 a la 6, 18 y 19), se advierte que la parte quejosa se duele esencialmente de los actos que atribuye al Fiscal del Ministerio Público Investigador Mesa de Tramite ocho de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, residente en esta ciudad, consistentes en la omisión del ministerio público para integrar debidamente, dejar de actuar y retardar la integración de la carpeta de investigación 158-101-1301-2017. Precisado lo anterior, se estima que respecto a dicho acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual es del siguiente tenor: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Del citado precepto legal, se advierte que tratándose de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo, salvo que se trate de algún caso de excepción que el propio artículo señala. Al respecto, los artículos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Bajo ese tenor, si tomamos en consideración que el dispositivo 109 antes transcrito establece que en los procedimientos previstos en dicho código la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar las omisiones o negligencia del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones, es posible concluir que desde la fase de investigación inicial, por formar parte del procedimiento previsto en la citada legislación, la víctima u ofendido cuenta con ese derecho de impugnación respecto de las actuaciones del Ministerio Público. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Por tanto, se colige que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido deben agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Apoya las anteriores consideraciones la tesis XVIII.1o.P.A.2 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III , página 2141, con registro electrónico 2014279, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado." En tal virtud, si en la especie el quejoso reclama la omisión del ministerio público para integrar debidamente, dejar de actuar y retardar la integración de la carpeta de investigación 158-101-1301-2017 (actos que se traducen en una omisión por parte de la autoridad administrativa), resulta inconcuso que sí cuenta con un medio de impugnación que debe agotar, previo a la promoción del juicio de amparo; a saber, el previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En las relatadas condiciones, de acuerdo a lo establecido por el transcrito artículo 61, fracción XVIII de la ley de la materia, el juicio de amparo es improcedente cuando las disposiciones que sirvieron de fundamento para emitir los actos reclamados, contemplan algún recurso, juicio o medio de defensa legal por medio del cual puede ser confirmado, revocado o nulificado; así, se considera que, la parte quejosa no agotó el recurso ordinario que contempla la ley de donde emana el acto reclamado y, por tanto, no colmó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En consecuencia, al no haber agotado ese medio de defensa ordinario, la parte quejosa transgrede el principio de definitividad que rige al juicio de amparo; pues dichos actos pueden ser confirmados, revocados o nulificados mediante el medio de defensa ordinario invocado, sin que se advierta ningún caso de excepción a ese principio; lo que genera la causa de improcedencia correlativa. En tal virtud, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala (foja 18); asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Genaro Hernández Pérez, y en términos restringidos de dicho numeral a las diversas persona que menciona, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Finalmente, de conformidad con los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que en cualquier momento del juicio, incluso cuando el expediente se encuentre en archivo, podrán por sí o por representante legítimo, manifestar expresamente su oposición a que aparezcan sus datos personales cuando se presente solicitud de acceso a la información de las resoluciones públicas, pruebas y constancias que obren en el expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Ricardo Alberto Fernández Prieto, Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Humberto Zavala Calderón, Secretario con quien actúa y da fe. El secretario certifica y da fe que conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, la promoción y/o certificación de cuenta y los documentos que se integraron al expediente físico se integraron asimismo al expediente electrónico correspondiente. ALDO REYES.

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