Willians Antonio Muñoz Trejo

Expediente 806/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
806/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Willians Antonio Muñoz Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el oficio signado criptográficamente por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 18385/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, por el que se remitió el juicio de amparo indirecto 806/2021, promovido por ********************por conducto de su apoderado legal ********************, e informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, registrándola bajo el número 521/2021, de su estadística. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta, y téngase a la autoridad acusando de recibo. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción J), de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en el que este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente juicio de amparo no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el citado artículo del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Visto; el ocurso signado por ***, en su carácter de apoderado legal de Coppel Sociedad Anónima de Capital Variable, parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención efectuada en auto de diecisiete del actual, por el que se requirió para que aclarara los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables que indicó en su escrito de demanda. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el ocurso de cuenta, y en atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención formulada a la parte quejosa en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. I. Incompetencia. Del análisis integral a la demanda de amparo y al ocurso que se provee, se advierte que por lo que hace al acto reclamado en esta vía constitucional, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 34, primer párrafo, y 47, acápite inicial, del mismo ordenamiento legal. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [...]" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo.[...]" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. [...]" De los artículos antes transcritos se advierte lo siguiente: a) Que el juicio de amparo directo procede, entre otros actos, contra las resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose como tales, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; y, b) Que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del amparo directo, en contra de ese tipo de resoluciones, siempre y cuando se agoten previamente, los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas resoluciones puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado queda comprendida dentro de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en la fracción I, del artículo 170, de la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado se trata precisamente del acuerdo de once de agosto mil veintiuno, dictado dentro del expediente 298/2021 del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, con residencia en esta ciudad, por la que ordenó no dar lugar al trámite de la demanda presentada por Coppel Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, Gilberto Alvarado Palacios; en otras palabras, por el que se desechó el ejercicio del derecho correspondiente; lo cual constituye una resolución que, si bien no resuelve el fondo del asunto -por tratarse de un desechamiento-, lo cierto es que pone fin al juicio de mérito. Sirve al propósito, aplicada a contrario, la jurisprudencia PC.XVI.A. J/32 (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 85, Abril de 2021, Tomo II, página 1558, que establece: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [APLICACIÓN SISTEMÁTICA Y ANALÓGICA DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 37/2014 (10a.), 2a./J. 48/2016 (10a.) Y P./J. 7/2019 (10a.), E INAPLICABILIDAD DE LA DIVERSA 2a./J. 55/2002]. En la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascienda al sentido del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Con apoyo en esas directrices, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) la Segunda Sala sostuvo que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; además, en ese criterio también precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, ya que en ese caso el juicio de amparo será procedente. En esa línea de pensamiento, en la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), el Pleno del Máximo Tribunal determinó que el auto o resolución que niega la admisión de la denuncia del juicio a terceros carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, postura que, dijo, es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar, dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza. Con base en lo anterior, contra el desechamiento parcial de la demanda no procede el juicio de amparo indirecto, por contravenir el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a una impartición de justicia pronta, pues si bien es cierto que la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del promovente, no se ocupará de lo desechado, también lo es que la tramitación del juicio continuará respecto de los elementos que integraron la litis y concluirá con una sentencia definitiva impugnable en amparo directo en el que puede cuestionarse esa actuación como violación procesal que, de prosperar, dará lugar a la reposición del procedimiento, subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio ordinario. De ahí que resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/2002, al sustentarse en la afectación exorbitante que, afirmó la Segunda Sala, causa el desechamiento parcial de la demanda; concepción que resulta incompatible con el texto legal vigente." Asimismo, resulta aplica aplicable la diversa jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, que establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, se declara LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo promovida por Coppel Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, ***; contra la determinación de once de agosto mil veintiuno, dictada dentro del expediente 298/2021 del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, con residencia en esta ciudad; por lo que se ordena la remisión de la demanda que nos ocupa y anexos relativos al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, a fin de que tenga a bien acordar lo que en derecho corresponda, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. III. Medidas de protección que deberán implementar los actuarios judiciales Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por Coppel Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, Gilberto Alvarado Palacios, personalidad que se le tiene por reconocida en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, contra los actos y autoridades que indica. I.- Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 806/2021-VII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. Prevención. A efecto de proveer lo que en derecho corresponda, el artículo 114 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir a la parte promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. Sirve al caso, la tesis identificada con la clave VI.1o.C.18 K, del rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Si la resolución dictada por un Juez Federal previene al quejoso para que ajuste su demanda a los términos del artículo 116 de la Ley de Amparo, y lo requiere para que exhiba las copias necesarias para emplazar a las partes conforme al artículo 120 de la ley de la materia, es claro que contiene una prevención oscura e imprecisa, porque el artículo 146 del citado cuerpo de leyes, le obliga tácitamente a precisar con claridad cuáles son las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el quejoso esté en aptitud de subsanarlas en tiempo pues, de no hacerlo así, dicha autoridad federal viola en perjuicio del quejoso las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, lo que motiva ordenar su reposición. " En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, aclare su demanda en los siguientes términos: ÚNICO. Aclare los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables que indica, en el capítulo correspondiente de su escrito de demanda. Lo anterior es así, toda vez que del análisis al escrito en cuestión se observa que la parte promovente señala lo siguiente: "[...] 1. H. JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA LABORAL, le reclamo el acuerdo de fecha 11 (once) de agosto del 2021, en que la hoy responsable, de manera indebida e infundada acuerda y ordena "NO HA LUGAR A DAR TRAMITE A LA DEMANDA Y así como EL ARCHIVO DEL ASUNTO COMO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO, omitiendo su ADMISIÓN y TRÁMITE, del juicio ordinario laboral registrado bajo el número de expediente 289/2021, infringiendo las establecido por las artículos 1, 14, Y 17 y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los artículos artículo 1, 2, 3, 684, 684 B, 684 E, 684 F, 684 H, 684 1, 685, 692, 698, 720, 735, 776, 777, 778, 786, 795, 836 C, 836 D, 840, 841, 987, 987, y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo. 2. DIRECTOR Y CONCILIADORA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, la omisión de certificar el pago y las circunstancias, respecto al pago completo anticipado y en la fecha establecida directamente al solicitante, con respecto del convenio celebrados con fecha 12 (doce) de julio y 02 (dos) de agosto de agosto 2021 [...]" (SIC) Asimismo, se aprecia que en el diverso capítulo de antecedentes, la parte promovente refiere lo siguiente: "[...] TERCERO; Con fecha 12 (doce) de julio del 2021 (dos mil veintiuno), se celebró convenio ante el Centro de Conciliación Laboral del Estado, en que se pactó lo siguiente a lo que interesa lo siguiente [...] QUINTO; Por lo que con fecha 02 (dos) de agosto del 2021 (dos mil veintiuno), se llevó a cabo la tercera audiencia para efectos de dar cumplimiento: por lo que el conciliador del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, acuerda lo siguiente [...] "...VISTO lo anteriormente manifestado por las partes compareciente, este Centro de Conciliación Laboral, dicta el presente cuerdo, se tiene a los C. WILLlAMS ANTONIO MUÑOZ TREJO y LICENCIADO GILBERTO ALVARADO PALACIOS en su carácter de apoderado Legal de la empresa "COPPEL, S.A DE C. V." Presentados en esta audiencia de Tercera audiencia de Conciliación Prejudicial para dar cumplimiento al convenio de fecha 12 de julio del 2021 y en virtud que la parte empleadora manifiesta que del monto acordado para el finiquito por la cantidad de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 m.n.) ya le fueron pagadas prestaciones con anterioridad como lo es le PTU por el monto del $21,209.19 (VEINTE UN MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 19/100 M.N.) a la celebración del convenio de referencia al trabajador, viene a dar cumplimiento a lo restante de esa cantidad como lo es el monto de $16,709.82 (dieciséis mil setecientos nueve pesos 82/100 m.n.), asi mismo el solicitante no reconoce en su manifestación ya fuera hecha y no acepta la cantidad ante señalada, por lo anterior esta autoridad laboral, acuerdo: se le dejen a salvos los derechos del solicitante... SEXTO: Con fecha 4 (cuatro) de agosto del 2021 (dos mil veintiuno), fue presentado ante la oficia del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, demanda Ordinaria Laboral Individual, en el que se reclama como acción principal la nulidad de convenio celebrado con fecha 12 de julio del 2021 y 02 de agosto de 2021, celebrado ante el Centro de Conciliación Laboral [...]" En ese sentido, se observa que la parte promovente señala que el acto que le irroga perjuicio es el acuerdo de once de agosto de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente 289/2021, por el Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, con residencia en esta ciudad, por el que la autoridad en cita determinó que no ha lugar dar trámite a la demanda ordinaria laboral intentada por Coppel Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, Gilberto Alvarado Palacios, consistente en la acción de nulidad del convenio celebrado entre Willians Antonio Muñoz Trejo y Coppel Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, Gilberto Alvarado Palacios, ante la autoridad denominada Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, por otra parte, hace alusión a controvertir la omisión en que incurrió la autoridad conciliadora en cita de certificar el pago anticipado en cantidad de $21,209.19 (veintiún mil doscientos nueve pesos 19/100 moneda nacional), no obstante referir dentro de la redacción de su ocurso que mediante audiencia celebrada el dos de agosto de dos mil veintiuno, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, acordó dejar a salvo los derechos del solicitante. De ahí, que no se obtenga con claridad cuál es el acto que directamente le irroga perjuicio, pues por un lado, manifiesta que el mismo lo constituye la omisión de certificación del pago realizado a Willians Antonio Muñoz Trejo, fuera del procedimiento conciliatorio que señala, atribuido al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, aun cuando adujo que dicha autoridad dejó a salvo sus derechos, y por otro, hace alusión que el acto que le irroga perjuicio es el acuerdo de once de agosto de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente 289/2021, por el Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, con residencia en esta ciudad, mediante el cual no dio trámite a su demanda ordinaria laboral relativa a la acción de nulidad de convenio intentada, es decir, por el que se desechó el ejercicio del derecho correspondiente. En tal virtud, deberá aclarar cuál es el acto reclamado que directamente le generan un perjuicio, lo anterior, para estar en posibilidad de llevar a cabo una verdadera y real fijación de la litis; máxime que tampoco indica mayores antecedentes y/o exhibe documentales en apoyo a su dicho, de las cuales se pueda observar mayores elementos para tal efecto. III. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo del precepto 114, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta; en la inteligencia que al dar cumplimiento al presente proveído deberá observar lo establecido por el artículo 110, de la Ley de Amparo, y anexar seis copias de su escrito aclaratorio de demanda para emplazar a juicio a las partes, y en su caso, aperturar el incidente de suspensión. Así como la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, del Tomo XIII, Abril 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de Amparo". IV. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. V. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en: Calle Caprice, Número Seiscientos cuarenta y nueve, Fraccionamiento Malibú, en esta ciudad. Se tiene como autorizados en términos restringidos a que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Karla María García Cruz y José Luis González Diego, por así haberlo solicitado expresamente. Finalmente, se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." VI. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. VII. Medidas de protección que deberán implementar los actuarios judiciales Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.

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