Willian Adan Blanco Palma
Expediente 351/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 17/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Willian Adan Blanco Palma
- Todas las Partes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 351/2017-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción; asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se declaró sin materia. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Se tiene a la vista para dictar sentencia interlocutoria el incidente por violación a la suspensión definitiva, derivado del juicio de amparo indirecto 351/2017-III; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por medio de escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el quejoso a través de su autorizado, denunció la violación a la suspensión de plano concedida por este órgano jurisdiccional el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Mediante acuerdo de esa misma fecha, se admitió la denuncia planteada, se fijó la fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos, y seguidos los trámites correspondientes en el incidente, se celebró el veintidós de marzo de este año dicha audiencia al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracciones VII y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 158, 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de una denuncia de violación a la suspensión de plano concedida por este juzgado federal. SEGUNDO. En principio, es necesario precisar la naturaleza, efecto y alcances del incidente propuesto. Aplicada al ámbito del juicio de amparo, la suspensión de plano es la determinación judicial por la que se ordena el cese inmediato de cualquier acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, es decir, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes o cualquiera otra acción inusitada y trascendental; por tanto, tal determinación tiene como objeto salvaguardar los derechos fundamentales de mayor valía en el ordenamiento jurídico, de los abusos o negligencia en que pudiera incurrir la autoridad responsable. En cuanto a la naturaleza de la suspensión oficiosa, debe decirse que, contrario a la medida cautelar que opera a solicitud de parte, que es una providencia de carácter meramente instrumental para preservar la materia del juicio de garantías, la suspensión de plano es de una mayor importancia, puesto que no se limita a suspender la validez del acto (que se ejecuta en función de las atribuciones de una autoridad), sino que ordena su terminación inmediata, cuyo contenido reviste la forma de un mandato judicial. Por tanto, el objeto primordial de esta medida de seguridad, es evitar la vulneración irreparable de los derechos inherentes a la persona, al hacer de la tutela constitucional una protección efectiva ante los excesos de la autoridad. Así, el fin del incidente de referencia es procurar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los justiciables, cuyo cumplimiento debió darse desde que se ordenó la suspensión de plano; y en caso de ser violada por las autoridades, se deberán restituir las cosas al estado que tenían al momento en que se decretó, en la medida de lo posible. Esta figura jurídica está prevista en el artículo 107 fracción XVII, de la Constitución Nacional y 158 de la Ley de Amparo, en los términos siguientes: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las siguientes: (...) XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente". "Artículo 158. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones relativas al Título Quinto de esta Ley. En caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento". La correcta intelección de los preceptos citados permite distinguir que el legislador otorgó gran importancia a la medida de seguridad en estudio, previendo incluso, una sanción penal para las autoridades que no acaten el acuerdo suspensorio del acto reclamado debiendo hacerlo. Ahora, su substanciación es la siguiente: se plantea ante la propia autoridad que conoció del juicio, y la medida de seguridad otorgada, tramitándose como un verdadero incidente, en términos del artículo 208 de la Ley de Amparo relacionado con el diverso 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la ley de la materia. Por otra parte, debe precisarse que los requisitos para que se declare procedente la violación a la suspensión de plano son los siguientes: a) La existencia del acuerdo o resolución que la decretó. b) Que a la fecha en que se planteó la denuncia, las autoridades responsables hubieran tenido conocimiento del acuerdo que concedió la suspensión, ya sea a través de la notificación correspondiente, o por cualquier otro medio; lo que obedece a que, es desde ese momento en que surge su obligación de acatarla, aun cuando tal suspensión surte efectos desde su emisión, y no de su notificación a la autoridad. c) Que después de que conocieron la medida de seguridad, las autoridades responsables hubieran realizado alguna conducta que contravenga la medida u omitido efectuar una a la que se les haya constreñido; lo que implica un nexo causal directo entre el acto reclamado y el que se estima violatorio de la suspensión. TERCERO. Establecidas las anteriores premisas, se tiene que por escrito recibido el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido ese mismo día a este Juzgado de Distrito, Humberto Hugo Velázquez Marmolejo, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, solicitó a favor de William Adán Blanco Palma, la suspensión provisional y de plano respecto de las autoridades y por los actos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS 1.- Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración del Estado de Morelos, con domicilio Av. Vicente Guerrero 107, Lomas de Cortés, 62240, Cuernavaca, Morelos. Tel. 777 315 7464. EJECUTORAS. 1. C. Encargado de Guardia de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración del Estado de Morelos, el primero con el mismo domicilio que el anterior. III. ACTO RECLAMADO La orden de presentación en términos del artículo 3 de la Ley de Migración, que tiene detenido fuera de procedimiento judicial a WILLIAM ADAN BLANCO PALMA, condicionada al pago de una multa por vía bancaria, que por razón del día y la hora no es posible cumplir, siendo excesiva la condición impuesta al no ser posible el día de hoy su cumplimiento, por lo que deviene una indebida detención sin fundar adecuadamente, la medida urgente y el peligro para sustraerse de la acción de la justicia y sus consecuencias que se intentan llevar a cabo por mecanismos antijurídicos, mismos que emanan de actos subsecuentes e ilegales de las autoridades señaladas como responsables." Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo y decretó la suspensión de plano para que cesara de inmediato la incomunicación, tortura y demás actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Nacional, ejecutados contra William Adán Blanco Palma, que adujo su representante, estaba padeciendo. En esos términos, la suspensión de plano decretada en este expediente, impuso a las autoridades responsables la obligación de cesar cualquier acto de incomunicación, tortura y sucedáneos, fueran de acción o de omisión, bajo su más estricta responsabilidad. Determinación que fue notificada a las autoridades responsables el mismo día. CUARTO. Mediante escrito recibido en este juzgado el veintisiete de febrero pasado, el autorizado del quejoso denunció la violación a la suspensión de plano, argumentando esencialmente que: ".el día de hoy a de las 15:30 hasta las 16:15, me constituí en las oficinas de las autoridades responsables, ubicadas Av. Vicente Guerrero 107, Lomas de Cortes de esta ciudad; pero a pesar de haber personal trabajando y estar abiertas las oficinas nadie salió, y no me fue permitió el acceso en consecuencia, hasta siendo las 16:10 aproximadamente llegó quien dijo ser el Subdelegado de Asuntos Migratorios, y me indicó que el no podía hacer nada, y no podía permitirme el acceso, que el asunto estaba en manos del jurídico, que tenían 24 horas para rendir informe, además trató de intimidarme pues me manifestó que esto solo iba a perjudicar al trámite administrativo del quejoso, situación que no veo por que tenga afectarle, pues como se ha dicho, solo le resta el pago de los derechos bancarios en los formatos anexos a la demanda inicial. En consecuencia, no se ha cumplido con la medida suspensional, pues al negárseme el acceso para verlo y permitirme hablar con él, se le MANTIENE INCOMUNICADO, además de que sigue privado de su libertad, aun cuando para efectos administrativos la Ley de Migración, señale que se trate de una presentación, además como se dijo solo le falta un pago bancario, que no nos hemos negado a realizarlo (incluso en efectivo), pero por razones administrativas, no imputables al quejoso no se ha podido cumplir." Admitido el incidente planteado, con copias del escrito correspondiente, se corrió traslado a las partes y se solicitó a las responsables rindieran informe en relación al incumplimiento denunciado. SEXTO. El Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Delegación Federal en Morelos del Instituto Nacional de Migración, al rendir su informe, en lo medular, expuso: "[.] Es de mencionar que materialmente resulta imposible concluir algo que nunca inició es decir, en ningún momento el hoy quejoso fue víctima de incomunicación ni de los actos que refiere el artículo 22 Constitucional, por lo que ociosamente el autorizado legal de la parte quejosa promovió el incidente de incumplimiento que nos ocupa toda vez que, sabe y le consta, el trato en pleno respetos los derechos humanos de que fue sujeto el extranjero Willian Adán blanco Palma durante su alojamiento en estas instalaciones. Lo anteriormente manifestado se acredita de lo siguiente: bitácora de llamadas que realizó dicho extranjero los días veinticuatro y veinticinco del mes y año en curso, registradas de su puño y letra con firma; libro de registro para acceso a estas instalaciones correspondiente al día veinticinco de los corrientes donde se advierte que recibió visitas por parte de cuatro personas, entre ellas el promovente del incidente que se atiende; comparecencia de fecha veinticuatro de febrero del presente año, donde el extranjero entre otras cosas manifiesta que '.en todo momento me han tratado bien, con respeto, se me han hecho saber mis derechos.', formato de Derechos y Obligaciones comunicados al quejoso donde obra su nombre y firma de recibido y/o enterado; tres formatos de entrega de alimentos durante el tiempo que permaneció en este sitio; formato de entrega de kit de aseo personal, todos estos formatos debidamente firmados de recibido por el quejoso y; disco compacto que contiene diversas videograbaciones de las cámaras de circuito cerrado con que cuenta esta Delegación Federal. En lo que respecta a la comunicación vía telefónica, se informa que aun cuando en la bitácora de llamadas únicamente obran dos realizadas por parte del quejoso, fue porque así lo decidió toda vez que recibió cantidad incontable de llamadas para las cuales se le proporcionaron las facilidades de atenderlas. Nunca se le limitaron llamadas salientes ni entrantes. [.] Finalmente, de lo hasta ahora manifestado pudo dar fe la actuaria de ese Juzgado al momento de constituirse en esta Delegación Federal quien al cuestionar al quejoso respecto del trato recibido, éste le manifestó que en todo momento se le había permitido la comunicación, no había sido torturado ni sujeto de malos tratos y que los alimentos se le estaban proporcionando a su gusto, esto por mencionar algunas cosas. Por ello, solicito que el informe rendido por la funcionaria judicial en comento, sea considerado para robustecer lo aquí señalado. En conclusión, el quejoso William Adán Blanco Palma en ningún momento fue sujeto de incomunicación, tortura, malos tratos y demás actos prohibidos por el artículo 22 de nuestra Ley Suprema, tal como pretendió hacerlo creer su autorizado legal tanto en la demanda de amparo como en el incidente promovido y del cual se desprende el presente informe." SÉPTIMO. La denuncia de violación a la suspensión de plano decretada en los presentes autos es infundada, por las razones que enseguida se exponen. Previo al fondo del asunto, es preciso señalar que de la denuncia formulada respecto de la violación a la suspensión de plano, se advierte que las acciones que el autorizado del quejoso les reprocha a las autoridades responsables son el no haberlo puesto en libertad e impedirle verlo. Como se vio en el segundo considerando de la presente resolución, para que se declare procedente la violación a la suspensión de plano, se requiere acreditar tres requisitos. Por lo que a continuación se procede a analizar si dicha circunstancia se actualiza o no. El precisado en el inciso a), sí se actualiza, dado que mediante auto de veinticinco de febrero de dos mil diecisiete, se concedió al aquí incidentista la suspensión de plano para el efecto de que cesaran de inmediato la incomunicación, tortura y demás actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Nacional, que adujo, han sido ejecutados en su contra. El requisito marcado en el inciso b), también se actualiza, dado que las autoridades responsables que pueden dar cumplimiento a la medida de seguridad (por tener a su disposición material al quejoso), fueron notificadas de la resolución que concedió la suspensión oficiosa por medio de los oficios 8933/2017 y 8934/2017, el veinticinco de febrero de este año. De ahí que a la fecha en que se planteó la denuncia, veintisiete de febrero siguiente, ya tenían conocimiento de la medida de seguridad concedida. Sin embargo, el requisito descrito en el inciso c) no se surte en la especie, pues la autoridad en ningún momento realizó algún acto u omitió uno al que estuviera constreñida, en contravención de la medida decretada. En efecto, no debe perderse de vista que para tener por justificada la denuncia formulada, es menester demostrar, de manera fehaciente, la ejecución u omisión del acto que se reputa violatorio de la suspensión; luego, corresponde a la parte quejosa acreditar su afirmación, con base en el principio general de derecho que consiste en que quien afirma debe probar su dicho. Se precisa que la materia del presente incidente consiste en determinar si existió o no una incomunicación contra el quejoso o alguna omisión que conlleve a tales resultados por parte de las autoridades señaladas como responsables o si se le impidió a su autorizado entrevistarse con él. Pues bien, como se adelantó, en el caso, no está acreditada la violación a la suspensión de plano concedida al quejoso, pues la medida se le concedió para el único efecto de que las autoridades responsables no lo incomunicaran y/o torturaran, lo que está acreditado que no sucedió con las pruebas que la misma remitió adjuntas a su informe respectivo, consistentes en: copia certificada de bitácora de llamadas realizadas; registro de acceso a sus instalaciones; acta de comparecencia; formato de derechos y obligaciones; formato de entrega de kit de aseo persona; y un disco compacto. Medios de prueba que abarcan del veinticuatro al veintiséis de febrero del presente año, esto es, el periodo durante el cual el quejoso se encontró dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Y es que de esas pruebas se desprende que, con posterioridad a que le fue notificado a la autoridad responsable la concesión de la suspensión de plano -veinticinco de febrero de dos mil diecisiete-, el quejoso tuvo la oportunidad de realizar las llamadas que consideró oportunas; que lo visitaron personas allegadas a él, entre las que se encuentra su autorizado; que se le ha proveído oportunamente de sus alimentos; y que cuenta con los productos necesarios para cuidar su aseo personal. Todo ello, aunado a que del acta de comparecencia del quejoso, se desprende que éste manifestó estar recibiendo un trato adecuado y acorde con sus derechos humanos. No es óbice para sostener lo anterior, el que el autorizado del quejoso alegue que el día domingo veintiséis de febrero de este año, se presentó en las instalaciones de la delegación del Instituto Nacional de Migración en Morelos, sin que se le permitiera entrevistarse con aquél y que eso se evidencia con los videos de seguridad de aquél día, pues de los mismos no se desprende fehacientemente que se le haya impedido sino tan sólo que cuando llegó las oficinas estaban cerradas y que a los minutos fue atendido por personal de la institución, pero que él se retiró del lugar, es decir, no demuestra fehacientemente con tales pruebas que se le haya impedido entrevistarse con el quejoso. De todo lo anterior tenemos, pues, que el quejoso no demostró inequívocamente que las autoridades responsables lo torturaron o incomunicaron y, en particular, que le impidieron entrevistarse con su autorizado, como este último pretende hacerlo valer. Así las cosas, ya que la carga probatoria le corresponde al incidentista para demostrar la violación a la suspensión de plano concedida y ante la manifestación de la autoridad responsable en el sentido de que no ha violado tal medida, es evidente que no se demostró en este asunto, de manera fehaciente, que las autoridades responsables omitieron dar cumplimiento a la suspensión de plano que le fue concedida al quejoso. Por tanto, lo procedente es declarar como infundada la denuncia de violación al incidente de suspensión intentada por el autorizado del quejoso. Así, con fundamento en los artículos 158, 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara INFUNDADA la denuncia de violación a la suspensión de plano concedida por este órgano constitucional, promovida dentro de los autos del expediente de amparo en que se actúa. Notifíquese, y personalmente al quejoso. Así lo resolvió Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiséis de abril de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario Enrique Encarnación Martínez Sinco, quien autoriza y da fe.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 351/2017-III Se tiene a la vista para resolver el juicio de amparo indirecto 351/2017-III, promovido por Humberto Hugo Velázquez Marmolejo, en términos del artículo 15 de la Ley de amparo a favor de Willian Adan Blanco Palma, por derecho propio y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido el mismo día a este juzgado, Humberto Hugo Velázquez Marmolejo, en términos del artículo 15 de la Ley de la materia, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de Willian Adan Blanco Palma, contra las autoridades y actos siguientes: No. Autoridades Responsables Actos Reclamados 1 -Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Morelos. -Encargado de la Guardia de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Morelos. Orden de presentación en términos del artículo 3 de la Ley de Migración , que tiene detenido fuera de procedimiento judicial al quejoso, condicionada al pago de una multa por vía bancaria, que por razón del día y la hora no es posible cumplir. SEGUNDO. Por auto de ese mismo día, este órgano jurisdiccional ordenó registrar la demanda de amparo con el número de expediente 351/2017-III, la admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio la intervención legal correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Seguido el trámite del asunto, el tres de abril de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó en términos del acta que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO.COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 114 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en cuyo numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, los actos reclamados se atribuyen a autoridades residentes en el lugar del juicio. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme lo establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y de una lectura integral del escrito de demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en la detención de la que fue objeto el quejoso en las instalaciones de la delegación en Morelos del Instituto Nacional de Migración, en virtud de que el día veinticuatro de febrero de este año, fue puesto a disposición de esa autoridad por no contar con documento idóneo que acreditara su regular estancia en el país. Al respecto, cabe precisar que si bien el quejoso refiere en su demanda de amparo que la detención estaba condicionada al pago de una multa y, por dicha manifestación, podría presumirse que también la señala como acto reclamado en el presente asunto, lo cierto es que en el caso no es así, pues no la combate de forma destacada, sino que respecto de la misma tan solo refiere que por el día y hora en que acontecieron los hechos -durante un fin de semana-, no estaba en condiciones de pagarla, esto es, sostiene que la imposibilidad material que tiene para pagarla constituye una de las razones por las que se encuentra detenido dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. En atención a esa circunstancia, la imposición de la referida multa no será tomada como acto reclamado en el presente juicio, sin perjuicio que, de ser el caso, tales manifestaciones sean consideradas como conceptos de violación al resolver. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, pues independientemente de lo que manifestaron las autoridades responsables en sus informes con justificación, ello se desprende de las constancias que remitieron adjuntas a los mismos. Documentos que ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues al ser expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se reputan como públicos. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que deben ser examinadas previo al fondo del asunto. En el caso, la autoridad responsable aduce que el acto reclamado quedó sin efectos, en la medida en que desde el veintiséis de febrero pasado se decretó la inmediata libertad del quejoso, por lo que se permitió su salida de las instalaciones en las que se encontraba detenido. Tal planteamiento es fundado, pues como lo sostiene la autoridad responsable, de autos se advierte que el quejoso ya no se encuentra detenido en las instalaciones de la delegación en Morelos del Instituto Nacional de Migración en tanto ya egresó de ellas, de modo que los efectos del acto reclamado han cesado. Así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa precisamente a la cesación de los efectos del acto reclamado. Dicha causal se actualiza cuando con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por virtud de una actuación posterior se destruyen todos los efectos y consecuencias del acto reclamado total e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelven al estado que tenían antes de él, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso o, habiéndola interrumpido, no deja ninguna huella. Atento a esas consideraciones, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando, por alguna causa, el acto reclamado se deroga o revoca y da lugar a una situación idéntica a la que existía con anterioridad a su comisión o cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye a la que motivó la promoción del amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho afectado. Tales razones justifican la improcedencia del amparo, porque resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que además no dejó ninguna huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el eventual otorgamiento de la protección de la justicia federal. Similares razonamientos sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a./J. 59/99, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sobre la base de esas consideraciones, si en el caso, el quejoso se duele de la detención de la que fue objeto en las instalaciones de la delegación Morelos del Instituto Nacional de Migración el veinticuatro de febrero, pero de autos se advierte que el veintiséis siguiente se decretó su libertad y, por ende, su salida de las mismas y que ello se llevó a cabo en esa misma fecha, entonces, está claro que han cesado los efectos del acto reclamado. Y se dice que de autos se demuestra que ha cesado la detención que aquél combate en este amparo, en tanto que en ellos obran documentos de los que fehacientemente se desprende que fue así, es decir, que evidencian que ya goza de su libertad. En efecto, dentro de las constancias que la autoridad responsable remitió adjuntas a su informe con justificación, se encuentran el acuerdo de libertad decretado a favor del quejoso y la notificación que del mismo se le hizo. Documentos que permiten concluir que desde el veintiséis de febrero pasado el quejoso quedó en libertad, permaneciendo tan sólo a disposición de la autoridad migratoria por cuanto hace al procedimiento administrativo migratorio que se le sigue. Literalmente, así se ordenó su libertad en el acuerdo de referencia: "[.] ACUERDA. PRIMERO.- En atención a la orden dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos mediante oficio número 8935/2017 dictado en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 351/2017-III se decreta la inmediata libertad del extranjero Willian Adan Blanco Palma, de nacionalidad venezolana, por lo que se permite la salida de las instalaciones habilitadas para su alojamiento, custodia y manutención en esta Delegación Federal del INM en Morelos. SEGUNDO.- Tal y como lo decretó el Juzgado Segundo de Distrito queda a disposición de esta autoridad para la continuación del procedimiento administrativo migratorio al que se encuentra sujeto. [.]" Cabe precisar que se sostiene que con ello han cesado todos los efectos del acto reclamado y, con ello se ha restituido al quejoso en el goce de su garantía violada, en la medida en que lo que subyace al acto reclamado es que aquél se duele de haber sido privado de su libertad, siendo precisamente la consecuencia directa del acuerdo en cita es que éste la recupere, es decir, se ha generado una situación idéntica a aquella que el promovente tenía antes de haber sido detenido. Resta decir que no es óbice para sostener lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable refiriera que acordaba la libertad del quejoso en virtud de la suspensión de plano decretada en el presente juicio, de lo que podría deducirse que en razón del sentido que está tomando el presente fallo, una vez que la citada suspensión quedara sin efectos se podría ordenar de nueva cuenta la detención del promovente, pues de autos se advierte que éste realizó el pago de las multas correspondientes, siendo que la omisión de hacerlo, cuales razones fueran, era lo que justificaba su detención. Razón fundamental, por la que se sostiene que han cesado los efectos del acto reclamado en este juicio y, por consiguiente, que lo procedente es sobreseer el mismo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de la materia. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. SEGUNDO. Dese cumplimiento al acuerdo general 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiséis de abril de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario Enrique Encarnación Martínez Sinco, quien autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de catorce de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DEL ESTADO DE MORELOS, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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