WILLIAMS ROBERTO RIVERA ALTAMIRANO y Otros.
Expediente 2176/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2176/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 09/05/2019
Partes del expediente
- WILLIAMS ROBERTO RIVERA ALTAMIRANO y Otros.
- Marlene Livier Arana Valencia
- MARLENE LIVIER ARANA VALENCIA y Otros.
- Williams Roberto Rivera Altamirano
- RECAUDADOR DE RENTAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT y Otros.
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo signados por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 157 a 160), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio constitucional, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. En relación con lo anterior, por auto de quince de abril del año en curso (foja 161), se dio vista al quejoso con el referido comunicado y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al agraviado el veinticuatro de abril del presente año (foja 165), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del veintiséis al treinta de abril del año actual, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 83 a 110), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, respecto de la cantidad de ***, por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO; así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", todos derivados de la escritura pública número *********, tomo centésimo nonagésimo quinto, libro tercero del Protocolo a cargo del Notario Público número Uno, residente en esta ciudad, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. Cantidad anterior que es derivada del pago declarado inconstitucional que figura en las impresiones del formato de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. En ese contexto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establecen los últimos párrafos de las fracciones I y XVIII del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), es aplicable, porque está referida a la inscripción documento público o privado, así como de préstamo hipotecario, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada ley de ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley; es decir, para que vigilara que fueran desincorporados de la esfera jurídica del promovente, en el presente y en el futuro, tales numerales legales; y, B) Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, con motivo de la inscripción de instrumento público número, así como por inscripción de préstamo hipotecario; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexo el veinticinco de enero de dos mil diecinueve (fojas 133 y 134) la delegada de la autoridad responsable informó a este juzgado federal la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, del cual se advertía que el veintitrés de enero del año en cita había devuelto a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica (SPEI), por la cantidad de *******; sin embargo, en auto de catorce de marzo de la presente anualidad (fojas 139 a 143) se determinó que dicha suma era incorrecta, toda vez que a la cantidad de *************, debía de encontrarse actualizada, en virtud que de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual indica que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. Por tanto, se determinó que si el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el tres de octubre de dos mil dieciocho y veintitrés de enero de dos mil diecinueve, se efectúo la devolución indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretendía devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; el periodo de actualización comprendía del mes de octubre de dos mil dieciocho a enero de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debía obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre entre el índice para el mes de diciembre de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); por lo que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue 100.917; y para el mes de diciembre 103.02. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0208 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el monto de **********, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago es la cantidad de $16,553.53 (dieciséis mil quinientos cincuenta y tres pesos 53/100 moneda nacional); por tanto, se desprendió que la cantidad que correspondía al concepto de actualización es de $114.58 (ciento catorce pesos 58/100 moneda nacional). Por tanto, se concluyó que la cantidad de **********, tenía un faltante de $114.58 (ciento catorce pesos 58/100 moneda nacional), por lo que se requirió nuevamente a la autoridad responsable para que acatara la ejecutoria de mérito. Posteriormente, mediante auto de quince de abril de este año (foja 161), se tuvo a la delegada del recaudador responsable informando que el quejoso Williams Roberto Rivera Altamirano, no se había presentado a efectuar el cobro del cheque número 1202 de la institución bancaria Santander puesto a su disposición con motivo de la actualización de la cantidad condenada en la sentencia amparadora, no obstante que se encontraba debidamente notificado para ello, como lo acreditó con las documentales que adjuntó. Por tanto, se DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sin que sea óbice a lo anterior, que del análisis de las constancias de autos, no se aprecia que el promovente del amparo haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hiciera entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector respecto de la actualización de la cantidad condenada; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que el peticionario de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo signados por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 157 a 160), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio constitucional, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. En relación con lo anterior, por auto de quince de abril del año en curso (foja 161), se dio vista al quejoso con el referido comunicado y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al agraviado el veinticuatro de abril del presente año (foja 165), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del veintiséis al treinta de abril del año actual, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 83 a 110), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, respecto de la cantidad de ***, por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO; así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", todos derivados de la escritura pública número *********, tomo centésimo nonagésimo quinto, libro tercero del Protocolo a cargo del Notario Público número Uno, residente en esta ciudad, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. Cantidad anterior que es derivada del pago declarado inconstitucional que figura en las impresiones del formato de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. En ese contexto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establecen los últimos párrafos de las fracciones I y XVIII del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), es aplicable, porque está referida a la inscripción documento público o privado, así como de préstamo hipotecario, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada ley de ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley; es decir, para que vigilara que fueran desincorporados de la esfera jurídica del promovente, en el presente y en el futuro, tales numerales legales; y, B) Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, con motivo de la inscripción de instrumento público número, así como por inscripción de préstamo hipotecario; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexo el veinticinco de enero de dos mil diecinueve (fojas 133 y 134) la delegada de la autoridad responsable informó a este juzgado federal la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, del cual se advertía que el veintitrés de enero del año en cita había devuelto a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica (SPEI), por la cantidad de *******; sin embargo, en auto de catorce de marzo de la presente anualidad (fojas 139 a 143) se determinó que dicha suma era incorrecta, toda vez que a la cantidad de *************, debía de encontrarse actualizada, en virtud que de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual indica que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. Por tanto, se determinó que si el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el tres de octubre de dos mil dieciocho y veintitrés de enero de dos mil diecinueve, se efectúo la devolución indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretendía devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; el periodo de actualización comprendía del mes de octubre de dos mil dieciocho a enero de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debía obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre entre el índice para el mes de diciembre de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); por lo que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue 100.917; y para el mes de diciembre 103.02. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0208 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el monto de **********, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago es la cantidad de $16,553.53 (dieciséis mil quinientos cincuenta y tres pesos 53/100 moneda nacional); por tanto, se desprendió que la cantidad que correspondía al concepto de actualización es de $114.58 (ciento catorce pesos 58/100 moneda nacional). Por tanto, se concluyó que la cantidad de **********, tenía un faltante de $114.58 (ciento catorce pesos 58/100 moneda nacional), por lo que se requirió nuevamente a la autoridad responsable para que acatara la ejecutoria de mérito. Posteriormente, mediante auto de quince de abril de este año (foja 161), se tuvo a la delegada del recaudador responsable informando que el quejoso Williams Roberto Rivera Altamirano, no se había presentado a efectuar el cobro del cheque número 1202 de la institución bancaria Santander puesto a su disposición con motivo de la actualización de la cantidad condenada en la sentencia amparadora, no obstante que se encontraba debidamente notificado para ello, como lo acreditó con las documentales que adjuntó. Por tanto, se DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sin que sea óbice a lo anterior, que del análisis de las constancias de autos, no se aprecia que el promovente del amparo haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hiciera entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector respecto de la actualización de la cantidad condenada; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que el peticionario de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIEICINUEVE. Se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que el quejoso Williams Roberto Rivera Altamirano no se ha presentado a recibir el cheque que se encuentra a su disposición en las instalaciones de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, no obstante de encontrarse debidamente notificado para tal efecto, como lo acredita con el anexo que acompaña, así como con la copia del título ejecutivo en cita. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, dese vista a la parte quejosa con el comunicado de cuenta y anexo, asimismo, requiérasele para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la secretaría antedicha a fin de que le hagan entrega del cheque de referencia emitido en cumplimiento a la sentencia dictada en autos; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "**."
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que notificó al quejoso ************, que se encuentra a su disposición el cheque 1202 con motivo de la sentencia de amparo y, para corroborar su dicho, aduce adjuntar copia de dicha notificación así como del documento ejecutivo en comento; sin embargo, omitió anexar copia certificada del referido cheque. Por tanto, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente; en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable ejecutora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, deberá restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, dé cumplimiento total al fallo protector concedido en autos y acredite haber realizado dicha entrega del título nominativo que menciona o en su caso, las constancias con las que compruebe que notificó lo anterior a la parte quejosa, ajustándose estrictamente a los efectos de la sentencia concesoria. En la inteligencia que continúa subsistente el apercibimiento de multa decretado en auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 72 a 73):
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