Williams Hernández Castillo
Expediente 448/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 448/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Williams Hernández Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO Vista la certificación de cuenta se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de doce de julio de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, la suscrita resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. Ahora, se hace del conocimiento de las partes que la suscrita Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuenta con las facultades para pronunciarse sobre el acatamiento de la ejecutoria protectora, por su carácter urgente, derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 1891 del Tomo II, Teo Eleacer Martínez Herrera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.d5 21/01/23 09:28:00 2 de 6 Mayo de 2021, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE", pues es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, consagrado en el artículo 17 Constitucional. Visto lo anterior, a fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de once de junio de dos mil veintiuno, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Williams Hernandez Castillo, para los efectos siguientes: "Inmediatamente dicte el laudo que en derecho corresponda en el procedimiento laboral 145/2013 de su índice". El treinta de junio de la presente anualidad, causó ejecutoria la sentencia de mérito; en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de cinco días. Ahora bien, del examen a las documentales remitidas por la responsable, se observa que acató tales efectos, pues realizó lo siguiente: ? Mediante oficio TCyA/AMP/3116/2021, la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada del laudo de seis de julio de dos mil veintiuno, dictado en los autos de la controversia laboral de origen. Por tanto, se dio vista y corrió traslado a las partes, con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que sus intereses convinieren, sin que hayan hecho lo propio. En las relatadas condiciones, la suscrita estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede esta ciudad, el seis de julio del año en curso, dictó el laudo respectivo en el juicio laboral 145/2013; lo cual, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Por lo que, al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO Vistos; agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada del laudo de seis de los actuales, dictado en el expediente laboral 145/2013 de su índice. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgador efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente
- Principal
En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con veinticinco minutos del once de junio de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 448/2021-8, promovido por Williams Hernández Castillo. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las ofrecidas por la parte del Tribunal responsable al rendir su informe justificado, que consisten en la copia certificada del acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno dictado en el expediente laboral 145/2013. [Fojas 17 a 19]. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 448/2021-8, promovido por Williams Hernández Castillo contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diez de mayo de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el once siguiente, Williams Hernández Castillo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "La negativa de la autoridad responsable la H. Tribunal de dictar el laudo definitivo, en el Expediente Laboral 145/2013, dentro del término legal que señala el artículo 885 de la federal del trabajo en vigor." (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El doce de mayo de dos mil veintiuno, se radicó la demanda y admitió a trámite con el expediente 448/2021-8; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; no se ordenó tramitar incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificado conforme al acta que precede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de dictar el laudo del juicio laboral 145/2013, de su índice. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, aun cuando lo haya negado el Tribunal responsable al rendir su informe justificado, ya que, de la copia certificada del auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno del expediente laboral 145/2013 remitida por el presidente de dicho órgano jurisdiccional, se advierte que, a la fecha de este fallo no se había emitido el laudo correspondiente dentro del citado expediente laboral. Al respecto, resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible Semanario Judicial de la Federación. Volumen 97-102, Primera Parte, página 11, séptima época, materia civil, registro 232729, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. Si la autoridad ejecutora responsable, niega los actos que se le reclaman y consta en autos el oficio de que el Juez de la causa, autoridad ordenadora señalada como responsable en el amparo, lo envió a la ejecutora y mediante él le ordena lleve a cabo aquellos autos, así como la diligencia actuarial de la que se advierte que sí fueron realizados, la circunstancia de que no se haya cumplimentado el acuerdo judicial en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de referencia, en modo alguno significa la inexistencia de los actos que se le atribuyen, si los mismos son una consecuencia legal inmediata de los que previene el mandamiento judicial cuestionado y el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones. Por lo tanto, cabe estimar que si con dichas constancias queda demostrada la existencia cierta y necesaria de los actos reclamados, queda también desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado y que, por tales motivos, no es correcto sobreseer en el juicio de garantías." En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Previo al estudio del fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el Magistrado Presidente del tribunal responsable manifestó que debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio con fundamento en los consecutivos 61, 62 y 63 de la ley de la materia; no obstante, no expresó argumento alguno que justificara que causal se actualiza y la razones que soportan tal afirmación. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 142/2006, definió criterio en el sentido de que, si bien el estudio de las causas de improcedencia es oficioso, cuando una de las partes invoca alguna sin exponer razones para sustentar su afirmación, el juzgador de amparo no está obligado, por regla general, a analizarlo, salvo que se trate de una cuestión de obvia y objetiva constatación, lo que no ocurre en la especie, por tanto, no se impone su análisis. El aludido criterio fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, de octubre de 2006, página 365, de rubro "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN". QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. La parte quejosa reclama, en esencia, el retraso en el dictado del laudo del expediente laboral 145/2013 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, dado que mediante auto de dieciséis de enero de dos mil veinte certificó e hizo constar que no quedaban pruebas pendientes por desahogar. Sobre el particular, concretamente aduce que la responsable viola en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no desarrolla el juicio dentro de los términos y plazos establecidos en la ley. Este juzgador considera que, suplido en su deficiencia, es fundado el aludido concepto de violación. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Se llega a esta conclusión, pues del precepto constitucional en comento, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento, como el dictado de la resolución a través de la cual se dirima la controversia. Esto es, los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda, hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, hasta su ejecución. De igual forma, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. Al respecto, el artículo 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, instituye, entre otras cosas, que el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje será inmediato, debiéndose tomar medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez. Por su parte, el ordinal 108 del aludido ordenamiento jurídico, establece que el procedimiento para resolver las controversias que se someten al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se reducirá a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito; a la contestación, que se hará en igual forma; y a una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes; y se pronunciará resolución; salvo cuando, a juicio dicho órgano jurisdiccional, se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo, y, una vez desahogadas, dictará laudo. Ahora, de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 480/2020-9 del índice de esta órgano judicial, lo cual se invoca como hecho notorio dado tal contenido guarda relación directa con la materia de este sumario ya que la controversia en cita se generó con base en dicho juicio laboral, se desprenden que mediante proveído dieciséis de enero de dos mil veinte se certificó e hizo constar que no quedaban pruebas pendientes por desahogar dentro del juicio laboral 145/2013 del índice del Tribunal responsable. Por lo que desde ese momento se generó la obligación del órgano colegiado responsable de dictar el laudo correspondiente, no obstante continuó con actuaciones no previstas en el marco normativo que rige el procedimiento, pues en auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno [Fojas 17 a 19] declaró cerrada la instrucción. Además, a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -diez de mayo de dos mil veintiuno -, el tribunal en cuestión no ha dictado laudo en el juicio natural, incumpliendo con ello lo dispuesto en los artículos 106 y 108 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, que instituyen que el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será inmediato y que éste deberá tomar las medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez, concretándose a una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas, alegatos de las partes y pronunciará resolución. Lo que trae como consecuencia la transgresión al derecho fundamental de la parte quejosa a que se le imparte justicia pronta y expedita. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, estableció que, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, el cual se tomó como parámetro dado que es el periodo máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De esa contradicción se emitió la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario judicial de la Federación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Este juzgador no pasa inadvertida la actual contingencia sanitaria; empero, es un hecho notorio que la suspensión de las actividades no esenciales fue decretada a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte, lo que se corrobora con los acuerdos generales citados al inicio de este fallo; empero, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la responsable tuvo el tiempo suficiente para dictar laudo en el juicio natural. Por lo anterior, conforme al ordinal 108 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, la autoridad responsable ya debió dictar laudo, sin que lo haya hecho, contraviniendo dicha disposición normativa, en razón de que la misma establece que en la audiencia en que las partes deben formular sus alegatos, se dictará resolución. Sin que en el caso resulten aplicables supletoriamente los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 52/2005 para que ello sea procedente, tratándose de procedimientos burocráticos locales, es menester que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien, que su reglamentación sea deficiente. Por tanto, si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso se dictará el laudo respectivo, es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer. Además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del tribunal, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia. Si bien en dicho criterio se analizaron legislaciones de otras entidades federativas, éstas prevén el mismo procedimiento que contempla la ley burocrática del Estado de Tabasco, que se reduce a la presentación de la demanda, a su contestación y a una sola audiencia de pruebas, alegatos y resolución, por lo cual ese criterio es de exacta aplicación al caso en estudio. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión 214/2019. Por las anteriores consideraciones lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal al solicitante. SEXTO. EFECTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco: Inmediatamente dicte el laudo que en derecho corresponda en el procedimiento laboral 145/2013 de su índice. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La justicia de la unión ampara y protege a Williams Hernández Castillo en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese el informe justificado, rendido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del proveído de veintiuno de mayo del presente año, emitido en el expediente laboral 145/2013, de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la constancia que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
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