William Martin Castillo Morales

Expediente 1146/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1146/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • William Martin Castillo Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, toda vez que en autos obran diversos documentos originales que anexó la parte quejosa junto su escrito de demanda; por tanto, prevéngasele para que acuda a este Juzgado de Distrito con identificación oficial, a fin de recoger el documento señalado, dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida, que de no recogerlo, será destruido junto con el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos así como la certificación de cuenta, de los que se desprende que la parte quejosa no cumplió con la prevención que se le hizo en acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en el sentido de que manifestara si era su deseo señalar como nueva autoridad responsable al Fiscal General del Estado de Campeche; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, esto es, continúese el presente juicio de amparo únicamente por las autoridades responsables y por los actos reclamados que señaló en su escrito de demanda de amparo. Ahora bien, precisado lo anterior, y visto nuevamente el informe justificado rendido por el Vice Fiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, por suplencia del Fiscal General, agregado en autos el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se advierte que dicha autoridad informó a este órgano jurisdiccional, que la Unidad de Atención y Determinación Temprana del Ministerio Público del Fuero Común de dicha Fiscalía Estatal en Yucatán, el cuatro de noviembre de dos mil veinte, dictó un acuerdo de incompetencia en autos del acta de investigación UNATD-G1/008655/2020, tal como se advierte del contenido del citado informe que en su parte conducente dice: ".El 23 de octubre del presente año, en la Unidad de Atención y Determinación, se recibió el informe sin número de oficio, del Policía Tercero José Enrique Dzib Tun, adscrito al Departamento de Investigación de Recuperación de Vehículos de la Policía Estatal de Investigación, mediante el cual puso a disposición el vehículo de la marca "****, en virtud de que cuenta con reporte de robo en la averiguación previa con número AC-3-2019-1297 en el Estado de Campeche. Derivado de lo anterior, en fecha 04 de noviembre del presente año, la Unidad de Atención y Determinación del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, dictó el acuerdo de determinación de incompetencia, en autos del acta de investigación UNATD-G1/008655/2020, mediante el cual determinó en su parte conducente: Girar oficio a esta autoridad para que por su conducto remita al Fiscal General del Estado de Campeche, el original del acta de investigación UNATDG1/ 008655/2020, a fin de que lo turne a la autoridad competente para su continuación, perfeccionamiento y demás fines legales que le corresponda, asimismo, se puso a disposición el vehículo de la marca****, en virtud de que cuenta con reporte de robo en la averiguación previa con número AC-3- 2019-1297 en el Estado de Campeche. En consecuencia, en fecha 04 de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio número FGE/DJ/COLAB/1554-2020, esta autoridad giró oficio al Doctor Juan Manuel Herrera Campos, Fiscal General de Campeche, en el cual se remitió el original del acuerdo del Fiscal de la Unidad de Atención y Determinación, así como el original del acta de investigación UNATD-G1/008655/2020 y se puso a su disposición el vehículo descrito en párrafos anteriores; toda vez que dicha autoridad se declaró incompetente por razón de jurisdicción, para seguir conociendo de los hechos contraídos, en virtud de que los autos y constancias que la integran se desprende la existencia de actos de carácter delictuosos cometidos en el Estado de Campeche." En ese orden de ideas, esta Juzgadora de oficio estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones. Los citados artículos indican lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" Ahora bien como se indicó, de las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa omitió señalar expresamente como nueva autoridad responsable, al Fiscal General del Estado de Campeche, a quien por oficio número FGE/DJ/COLAB/1554-2020, de cuatro de noviembre de dos mil veinte, el Fiscal General del Estado de Yucatán (autoridad responsable), le remitió el original del acta de investigación UNATD-G1/008655/2020 y puso a su disposición el vehículo de la marca ****, cuya retención el quejoso reclamó en este juicio de amparo, realizado el veintitrés de octubre de dos mil veinte, lo que originó que dicha autoridad no fuera llamada a este juicio de amparo. La participación del Fiscal General del Estado de Campeche es con motivo que del informe justificado rendido por el Fiscal General del Estado de Yucatán, se advirtió que por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veinte, le remitió a su homólogo el original del acta de investigación UNATD-G1/008655/2020, así como el vehículo antes señalado, pues se había declarado incompetente para conocer todo lo relacionado con el citado vehículo, con motivo del reporte de robo que existía en el Estado de Campeche, cuya retención el quejoso reclamó, pues indicó que el veintitrés de octubre del citado año, elementos policíacos le había quitado su coche, mientras se encontraba estacionado en la puerta de su fuente de trabajo. Por tanto, con base en lo anterior, esto es, al advertirse la participación de una nueva autoridad responsable, el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se le dio vista al quejoso para que manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo, sin que lo hubiera realizado hasta la presente fecha, por tanto, se le hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado. Por lo anterior, si el quejoso no señaló como nueva autoridad responsable al Fiscal General del Estado de Campeche, a quien se le remitió el vehículo de cuya retención se duele en este juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del citado acto reclamado, en virtud de que tal autoridad, esto es, el Fiscal General del Estado de Campeche a quien se le envió el vehículo, no fue llamada a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 108 fracción III de la Ley de Amparo, por tanto, es procedente sobreseer en el juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la invocada Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento trece, del Tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Finalmente no se omite indicar, que en relación al llamamiento de una autoridad responsable queda a cargo de la parte quejosa, pues el juez de Distrito cumple con la obligación de darle vista cuando advierta la participación de una autoridad no señalada como responsable, para que el agraviado la introduzca a la litis constitucional, y en consecuencia esta juzgadora pueda analizar la constitucionalidad del acto que se le reclama, sin embargo, como sucedió en la especie, si el titular de la acción constitucional fue omiso en realizar ese señalamiento a pesar de la vista que se le dio, precluyó su derecho para realizarlo posteriormente, ni este órgano de control de la constitucionalidad puede efectuarlo de oficio, con base en la suplencia de la queja, pues esa figura establecida en el artículo 79 de la Ley de Amparo, es en relación con los conceptos de violación o agravios, y no respecto al señalamiento de alguna autoridad responsable, pues se reitera, ese derecho únicamente compete ejercerlo al quejoso, quien está en aptitud de llamar o no, a alguna autoridad como responsable. Es aplicable la tesis número LXXXIII/91, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, visible en la página cuarenta y cinco, que señala lo siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO PUEDE OPERAR PARA SUBSANAR LA OMISION DE LA PARTE QUEJOSA DE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE TIENE EL CARACTER DE RESPONSABLE. El señalamiento de las autoridades responsables es una obligación que pesa sobre la parte quejosa y no en el juez de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, de manera que la falta del llamado a juicio de una autoridad deriva de la omisión de señalarla como responsable, no puede llevar a establecer que se infringen las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de garantías, ni puede operar la suplencia de la queja para subsanar la omisión, en tanto que la figura de referencia, prevista por el artículo 76 bis de la citada ley, se da en relación con los conceptos de violación o de los agravios hechos valer en el recurso correspondiente, lo que permite perfeccionarlos, aclararlos o completarlos". En consecuencia de lo expuesto, si el quejoso fue omiso en señalar como nueva autoridad responsable al Fiscal General del Estado de Campeche, a quien por oficio número FGE/DJ/COLAB/1554-2020, de cuatro de noviembre de dos mil veinte, su homólogo en el Estado de Yucatán, le remitió el acta de investigación UNATDG1/ 008655/2020 y puso a su disposición el vehículo de ****; esto con base en la incompetencia por razón de jurisdicción decretada por la Fiscalía General del Estado de Yucatán, para seguir conociendo de los hechos relativo a dicho automotor, se actualiza la causal de improcedencia invocada. Por consiguiente, esta juzgadora decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 108, fracción III, del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que no se celebró ni difirió la audiencia constitucional en la fecha que estaba señalada, cuestión extraordinaria que obedeció a la suspensión de funcionesjurisdiccionales que operó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la Circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el veinte de diciembre próximo pasado, de conformidad con las directrices indicadas en el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Ahora, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la Circular SECNO/1/2021, el Consejo de la Judicatura Federal determinó, para este Circuito Federal, la reanudación de labores conforme al esquema indicado en el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinándose el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en dicho numeral, SE REANUDAN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS PROCESALES EN ESTE JUICIO DE AMPARO. En ese tenor, a fin de reprogramar la fecha de la audiencia constitucional, es necesario destacar que según lo establecido en dichos acuerdos generales, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; lo cual reafirma la fracción I del referido artículo 2º del Acuerdo General 21/2020, al señalar que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En el entendido de que la reanudación de plazos y términos decretada, operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia. Haciéndose la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba paralizado por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión y posterior reanudación se decretaron en Circulares que se publicaron en la página del Consejo de la Judicatura Federal y obedecieron a un problema de salud -pandemia-cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes, pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos; por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internethttps://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Por tanto, se señala EL TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos los informes justificados rendidos por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General, por el Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General, por el Agente Investigador en Trámite número Uno del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General y por el Agente Investigador en Trámite número Dos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General, todos del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista con dichos documentos a las partes en este juicio y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional relativa.Ahora bien de la lectura del informe justificado rendido por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado con residencia en esta ciudad, se advierte la participación de una autoridad, quien no fue señalada como responsable en el escrito inicial de demanda, y guarda relación con los actos reclamados inicialmente; en efecto, la citada responsable al rendir su informe justificado, indicó que el cuatro de noviembre del año en curso, se declaró incompetente para conocer del asunto, y giró el oficio número FGE/DJ/COLAB/1554-2020 dirigido al Fiscal General del Estado de Campeche, por medio del cual remitió el original del acuerdo del Fiscal de la Unidad de Atención y Determinación Temprana, así como el original del acta de investigación UNATD-G1/008655/2020 y se puso a su disposición el vehículo de la marca Chevrolet, tipo cuatro puertas, modelo Aveo, tipo Sedan, de color gris, con placas de circulación DJL-66-98 del Estado de Campeche, en virtud de que en dicha entidad federativa tiene un reporte de robo el mencionado automotor, que dio origen a la averiguación previa número AC-3-2019-1297, en el Estado de Campeche.Atento a lo anterior, advirtiéndose la participación de una nueva autoridad que guardan relación con los actos inicialmente reclamados, siendo ésta, el Fiscal General del Estado de Campeche, misma que no está señalada como responsable, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de quince días contados a partir de su legal notificación, manifieste si amplía su demanda de amparo, en relación a la aludida autoridad, y en caso afirmativo, exhiba una copia más de su demanda de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, en el término concedido, se seguirá el trámite del presente expediente sin tener a dicha autoridad como responsable, y este órgano constitucional resolverá el asunto en los términos que fueron planteados en el escrito inicial de demanda. Al respecto tiene aplicación, la siguiente tesis jurisprudencial:INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a. /J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano