William Macias Vasquez

Expediente 702/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
702/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
17/11/2020

Partes del expediente

  • William Macias Vasquez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Estado de los autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, en contra del auto dictado el cuatro de noviembre de esta anualidad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha determinación. Ley de transparencia. En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Archivo. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, ni obran documentos originales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    MESA 5-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Radicación y formación del expediente. Con la demanda de amparo promovida por ******************, contra actos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 702/2020. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Análisis de la demanda y desechamiento. Ahora bien, es pertinente señalar que el escrito inicial de demanda y los documentos en los que se funde, deben ser analizados en su integridad, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS..." Así mismo, sirve de apoyo, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIII, página 716, que dice: "DEMANDA, ADMISIÓN DE LA..." Por tanto, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del dispositivo transcrito, se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia , emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE...". Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. Y, como acto reclamado el siguiente: "La negativa de acordar mi escrito que presenté ante la responsable, el día veintiuno de octubre de dos mil veinte, las cuales me son indispensables para presentarlas ante diversa autoridad dentro de un juicio del orden laboral". Ahora, es pertinente precisar que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su ocurso fue recibido ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, el veintiuno de octubre de dos mil veinte. Sentado lo anterior, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con el arábigo 23 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. En tanto que, el artículo 5 de la ley en la materia, establece lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Por su parte, el artículo 23 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establece: "Articulo 23. El administrado deberá promover lo que a sus derechos convenga ante las autoridades responsables a las que se refiere el ámbito de aplicación de la presente Ley, y la autoridad deberá respetar el derecho de petición a la que se constriñen los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, pero si no lo hicieren, operará de inmediato la negativa ficta". Y, el arábigo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, dispone: "Artículo 13. Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quién se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario." De lo anterior, se advierte que el plazo para dar contestación a la petición del quejoso, es de diez días; de lo que se deduce que el acto reclamado no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, ya que entre la fecha de recepción del escrito en el que ejerció el derecho de petición reconocido en el artículo 8° Constitucional (21/10/2020) y el día en que se presentó este juicio de amparo en el buzón judicial (30/10/2020), no ha transcurrido el plazo de diez días que prevé la legislación local (artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca), por lo que no es válido considerar que se ha vulnerado su derecho de petición, como así lo establece el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el artículo 8 del Pacto Federal al efecto establece: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del precepto fundamental transcrito se obtiene que toda persona tiene derecho a que se le brinde una respuesta escrita, fundada y motivada de las peticiones que se les formulan, repuesta que se deberá realizar en breve término. Si bien el referido precepto constitucional no establece un plazo determinado para que las autoridades emitan sus respectivas respuestas, sí refiere que éstas se deben emitir en breve término, por lo que, toda autoridad ante quien alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente en los plazos y términos que se fijen las leyes para emitirlo y, además, hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición; debiéndose entender por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado sin omisión de alguna cuestión, sin que existan consideraciones contrarias entre sí y respetando los principios de congruencia y, por lo segundo, que la respuesta debe emitirse en un lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, y ésta debe darse a conocer al peticionario. En ese sentido, al prever la legislación local un plazo de diez días, para dar contestación a las peticiones que de manera pacífica formulen los gobernados, resulta incuestionable que a la fecha de la presentación, es evidente que no ha transcurrido ese plazo, toda vez que entre las fechas en que la autoridad señalada como responsable recibió el escrito de petición y la de presentación de la demanda de amparo que se analiza, transcurrieron seis días, sin contar sábado y domingo (veinticuatro y veinticinco de octubre de dos mil veinte); por lo que es evidente, que la autoridad responsable no ha tenido el tiempo necesario para analizar el escrito de cuya omisión de acordar se duele la parte quejosa, y estar en aptitud de emitir el acuerdo o acuerdos correspondientes y ordenar su notificación. Por tanto, este Juzgado Federal considera que en la especie aún no ha transcurrido un plazo razonable para que la autoridad responsable analice la solicitud de la parte inconforme, dé contestación a la misma y notifique la respuesta, en razón de que el lapso entre la presentación del escrito a la responsable y la promoción de la demanda de amparo que se analiza (seis días), no puede considerarse suficiente para establecer que existe una transgresión al derecho de petición reconocido por el artículo 8° Constitucional. Ilustra lo anterior por el tema que aborda, la jurisprudencia , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Materia(s): Constitucional, página 7, con registro digital 2019190, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO...". En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción , 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con el arábigo 23 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; se desecha de plano la demanda promovida por *********************, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la Jurisprudencia, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO...". Domicilio, autorizados y acceso expediente electrónico. Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos; apoya lo anterior, con fundamento en el artículo 6 transitorio de la nueva Ley de Amparo, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1998, página 1067, con registro digital de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Asimismo, téngase a ************** por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del diverso 24 de la ley de la materia, por no encontrarse registrada cédula profesional alguna a su favor, en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho; sin perjuicio de que una vez que acredite tal carácter, si a sus intereses conviniere, se le tendrá por autorizado en los términos amplios que establece el numeral 12 de la ley de la materia. Es aplicable al respecto, la Tesis, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". Trámite de la FIREL o e.firma. Asimismo, se hace del conocimiento a la parte quejosa que puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), se le realicen las notificaciones vía electrónica y pueda presentar las promociones por ese mismo medio a efecto de agilizar el procedimiento. Correo electrónico. Se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona para establecer contacto en caso de ser necesario, sin que haya lugar a realizar las notificaciones por ese medio, toda vez que no se encuentra autorizado para su realización en la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Autorización de medios electrónicos y gratuidad de los servicios. Por otra parte, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que se considerara información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese por lista electrónica.

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