William Longoria Escobar

Expediente 2068/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2068/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
15/03/2016

Partes del expediente

  • William Longoria Escobar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ... se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes en relación con el manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir de dos mil trece, se decreta que este expediente, carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se negó el amparo y protección de la justicia federal el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración; por otra parte, toda vez que por auto de treinta de diciembre de dos mil quince, dictado en esta pieza de autos se ratificó la suspensión de plano otorgada al quejoso en el juicio de amparo 1851/2015, del que deriva este asunto, conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, es conservable la demanda y el acuerdo en el que se decretó la citada suspensión, por virtud del efecto definitivo que tiene tal medida cautelar...

  2. Principal

    Inconforme con el fallo constitucional, la parte tercero interesada interpuso recurso de revisión, al que mediante proveído de veintiocho de mayo de dos mil catorce, se le dio trámite (foja 199). Mediante oficio número 26339 de dieciséis de junio de dos mil quince, se remitieron los autos a la Superioridad, para la substanciación del recurso en mención (foja 373). Por diverso oficio 7745, la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, remitió el testimonio de la resolución dictada en el toca relativo al recurso de revisión número 276/2015 de su índice, así como los autos del juicio de amparo en que se actúa, del que se desprende que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. - - - SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a LEONCIO CASTILLO AVILÉS, en contra de los actos y las autoridades puntualizados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en la sentencia recurrida". Mediante acuerdo de ocho de septiembre pasado, se recibió el referido testimonio y se requirió a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo justificara haber dado cumplimiento al fallo protector (fojas 403 y 404). Por oficio 1720 la responsable anexó copia certificada de la resolución de veintidós de septiembre de dos mil quince, con la que informó y acreditó el cumplimiento dado a la ejecutoria (fojas 409 a 420); por acuerdo de treinta de septiembre último, quedaron los autos a la vista de la parte quejosa así como de la tercero interesada, por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con ello (foja 422), quienes fueron debidamente notificadas, sin que hubieren hecho manifestación alguna. Ahora, el amparo concedido a Leoncio Castillo Avilés, fue para el efecto de que la autoridad responsable: a) Dejara insubsistente la orden de aprehensión de doce de julio de dos mil trece, dictada en la causa penal 169/2013 de su índice, y en su lugar; b) Con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva determinación, la cual podría ser en el mismo sentido o en uno diverso si así lo decide, pero si decidiera lo primero debería fundar y motivar de manera suficiente y adecuada su resolución, siguiendo los lineamientos precisados en la presente ejecutoria, en cuanto a los vicios formales de fundamentación y motivación que se destacaron en este fallo en torno al cuerpo del delito y la probable responsabilidad, esto es: c) Debería precisar de manera detallada cuál o cuáles son las pruebas que acreditan el cuerpo del delito de abuso de confianza, en cada uno de sus elementos, los indicios que advierta de tales probanzas, el precepto legal por el cual se les deba conceder valor probatorio, a cada uno de los medios probatorios y los razonamientos lógico -jurídicos en que se apoye, para determinar que se actualiza el ilícito que se le reprocha al quejoso. Por otra parte, d) En el estudio de la probable responsabilidad penal, debería reseñar el caudal probatorio que estime acreditan la participación o intervención del quejoso en la comisión del delito que se le imputa, además de indicar el dispositivo legal que asigne valor probatorio a dichas pruebas, el grado de participación que desplegó y el razonamiento jurídico que lo lleve a concluir la probable responsabilidad del impetrante. De las constancias que obran agregadas en autos, se desprende que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, dejó insubsistente la orden de aprehensión que se combatió en el presente asunto, en los autos de la causa penal 169/2013-II de su índice, y en su lugar pronunció una nueva resolución, donde en acatamiento a lo ordenado en el fallo amparador, con plenitud de jurisdicción, precisó de manera detallada las pruebas que acreditaron el cuerpo del delito de abuso de confianza, en cada uno de sus elementos, los indicios que advirtió de tales probanzas, el precepto legal por el cual les concedió valor probatorio, a cada uno de los medios probatorios y los razonamientos lógico -jurídicos en que se apoye, para determinar que se actualizó el ilícito que se le reprocha al quejoso. Por otra parte, en el estudio de la probable responsabilidad penal, reseño el caudal probatorio que estimó acredito la participación o intervención del quejoso en la comisión del delito que se le imputa, además de que indicó el dispositivo legal que asigna valor probatorio a dichas pruebas, el grado de participación que desplegó, considerando que fue el autor material de los hechos, y el razonamiento jurídico que lo lleve a concluir la probable responsabilidad del impetrante. En esas condiciones, se colige que la autoridad responsable, con independencia del sentido de la nueva resolución emitida, pues se le concedió plenitud de jurisdicción, acató en sus términos la sentencia de amparo; por lo que procede declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos, ya que se restituyó al solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vulnerados, en términos del artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214 del mismo cuerpo normativo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Gírese oficio a la responsable que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto por una parte se sobreseyó el asunto, y por otra se concedió la protección federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración, y por cuanto ve al original del incidente de suspensión toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el auto y resolución interlocutoria donde se concedió la medida cautelar, para lo cual, como se indicó deberá permanecer por separado en el archivo de este órgano, y agregarle copia autógrafa del presente auto. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto y el original del incidente de suspensión, a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda como corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la parte tercero interesa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Odín Edgardo Bonastre Díaz, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LOS PERITOS, LAURA PATRICIA ALEJANDRA AGUILERA SÁNCHEZ Y JOSÉ DE JESÚS BENITO ORTIZ ALTAMIRANO, NO ACUDIERON A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, tres de febrero de dos mil dieciséis. Visto; agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, el informe justificado que rinde el Director General de Procedimientos Constitucionales en suplencia del Comisionado Nacional de Seguridad, con sede en México, Distrito Federal, en los autos del juicio de amparo indirecto número 696/2015, promovido por Gerardo Antonio Morelos Pérez, por propio derecho, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Nueva Ley de Amparo, dése vista a las partes, para que manifiesten lo que a su interés legal corresponda, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. De igual forma, como lo solicita la referida autoridad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, téngase como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones, el que indica para tales efectos. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que obran en autos los informes justificados rendidos por todas las autoridades señaladas responsables; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista al aquí quejoso Gerardo Antonio Morelos Pérez, con los informes justificados de mérito, para que manifieste lo que a su interés legal convenga y entréguensele copia de los mismos por conducto del Departamento Jurídico del citado centro de reclusión. Para lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado, en el entendido de que en la razón actuarial que para tal efecto se levante se deberá detallar que se hizo del conocimiento del citado quejoso el contenido de los informes justificados; así como que las copias relativas a los mismos, quedaron a su disposición en el Departamento Jurídico citado. En ese sentido, requiérase al Director Jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, para que con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo conforme a su artículo 2°, en el término de tres días contado a partir de aquél al en que se le notifique el presente proveído acredite ante este Juzgado qué personal del Departamento a su cargo entregó a Gerardo Antonio Morelos Pérez, las copias relativas a los informes justificados y los anexos que se le remite, debiendo recabar para tal efecto la firma del directo interesado, quien además deberá asentar de su puño y letra que recibe copia certificada del informe justificado y sus anexos, ello a efecto de que el suscrito tenga plena certeza de que el quejoso se impuso de su contenido. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta días del equivalente al valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo vigente, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que por auto de quince de enero de la presente anualidad se ordenó requerir a los peritos designados por el impetrante del amparo para que aceptaran el cargo conferido, sin que en autos obren las constancias de notificación correspondientes, razón por la cual, en obvio de mayores dilaciones, por conducto de cualesquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, notifíqueseles personalmente el referido proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a los peritos designados por la parte quejosa el auto de quince de enero último... Xalapa-Enríquez, Veracruz, quince de enero de dos mil dieciséis. Visto; téngase por recibido el oficio signado por el Director de los Servicios Periciales, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído siete de diciembre de dos mil quince, designa como peritos oficiales de este Juzgado en el presente controvertido, a Isaac Jahir Olmedo Hernández y Gustavo Tenorio González, quienes deberán ser notificados por conducto de cualesquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, en el domicilio ubicado en Circuito Primavera sin número, entre Boulevard Culturas Veracruzanas y Circuito Primavera Unidad Habitacional Nuevo Xalapa, en esta ciudad, a fin de que comparezcan ante el personal actuante de este juzgado, manifiesten si aceptan el cargo que se les confiere, y en ese caso, protesten su desempeño con apego a la ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Ahora, toda vez que a la fecha los peritos señalados en autos por la parte quejosa, no han comparecido ante este juzgado a aceptar el cargo conferido, requiéraseles en los domicilios indicados en el ocurso de mérito, para que dentro del término de tres días contado a partir de que les sean notificados del presente proveído, se presenten en el local que ocupa este órgano jurisdiccional, a fin de que acepten y protesten el cargo conferido, En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, resérvese proveer lo conducente a la solicitud que formula la autoridad oficiante en el oficio de cuenta relativa a la autorización de ingreso al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, hasta en tanto obre en autos la aceptación y protesta indicada en líneas precedentes. En otro aspecto, del estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que a la fecha la autoridad responsable denominada Comisionado Nacional de Seguridad con residencia en México, Distrito Federal, no ha rendido su correspondiente informe justificado, ni en autos existe constancia de que haya sido notificada del oficio 54567/2015 del índice de este órgano jurisdiccional, con el que se le notificó el proveído de siete de diciembre pasado y se le requirió el mismo. En consecuencia, requiérase a la citada responsable para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se le notifique el presente proveído, rinda su informe justificado, o en su caso, comunique la fecha en que recibió el oficio de referencia, apercibida que de no cumplir con lo ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se le impondrá una multa por el equivalente a CIEN DÍAS DE SALARIO MÍNIMO general vigente en el Distrito Federal, como multa mínima establecida por el legislador para sancionar el incumplimiento de las autoridades responsables al rendir su informe justificado o su envío incompleto, misma que podrá incrementarse dependiendo del actuar de la autoridad requerida. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no es jurídicamente posible celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy; por lo que, se difiere la misma y como nueva fecha se señalan las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis; para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente los peritos designados por el impetrante del amparo, así como a los indicados por la Dirección General de los Servicios Periciales.

  4. Principal

    ... el oficio signado por la Delegada de la autoridad responsable Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual pretende dar cumplimiento al fallo protector dictado en este juicio constitucional. Lo anterior es así, ya que de la copia certificada que allegó la responsable consistente en el Memorándum número SJ/122/2016 de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, dirigido a la Directora de Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, se advierte que en la parte que interesa dice: ".En consecuencia, desde este momento y en el eventual caso del otorgamiento y disfrute de los beneficios que concede esta Ley de Pensiones al C. KARLA ALEJANDRA VALENCIA GONZÁLEZ se deberá destacar los siguientes puntos.) Sin embargo, el presente juicio constitucional fue promovido por Karla Alejandra Valencia González Romero, por lo tanto, a fin de tener certeza jurídica del cumplimiento dado a la sentencia amparadora dictada en este asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase al Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que le sea notificado este acuerdo, remita copia debidamente certificada de la constancias relativas al cumplimiento dado al fallo de mérito...

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