William Juárez Hernández

Expediente 2052/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2052/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
24/06/2019

Partes del expediente

  • William Juárez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de once de junio del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector, sin que ninguna haya desahogado dicho auto; por tanto, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado contra las partes en el citado acuerdo de once de junio de la presente anualidad; en consecuencia, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, por una parte, se sobreseyó en el presente asunto; y por otra parte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional, para los siguientes efectos: IX DECISIÓN En primer orden, resulta inexistente el acto que se atribuyó al Fiscal General del Estado, por lo que procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otro lado, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de la resolución impugnada para los siguientes efectos: La Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, deje sin efectos la resolución dictada el diez de julio del dos mil diecisiete en el expediente de determinación de responsabilidad administrativa 02/2017. Posteriormente, emita otra determinación en la que podrá reiterar lo que no será objeto de la protección constitucional otorgada. Enseguida, con plenitud de facultades, a fin de respetar el principio de legalidad consagrado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, deberá estudiar los planteamientos que expuso el quejoso al rendir su declaración [por escrito] durante el desahogo de la audiencia de ley del doce de junio del dos mil diecisiete y cuyo análisis omitió al dictar la resolución impugnada, los cuales se hicieron consistir en que no existe adecuación entre la conducta que se le atribuye y la descrita en las disposiciones legales que se consideraron transgredidas, pues no se advierte en qué protocolo, circular o acuerdo signado por el Fiscal General del Estado se indique cuáles son los pasos para solicitar un número único de carpeta y cuáles son los requisitos para su cancelación; y que la vía administrativa no era la adecuada para analizar los hechos del caso, ya que en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las partes debían acudir ante el juez de control para cuestionar la abstención de investigar algún hecho delictivo. La concesión del amparo se hace extensiva respecto del acto de ejecución que la parte quejosa atribuyó al Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado, dado que no se reclamó por vicios propios. . Inconforme con dicha determinación, el quejoso WILLIAM JUÁREZ HERNÁNDEZ, interpuso recurso de revisión el que por turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito quien, mediante testimonio de ejecutoria pronunciada el treinta de mayo del año en curso, dentro del amparo en revisión A.R-175/2018, resolvió: "PRIMERO. En lo que fue materia de este recurso, se confirma la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de amparo 2052/2017, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampra y Protege a William Juárez Hernández, en los términos precisados en la sentencia recurrida." Mediante proveído de seis de junio de dos mil dieciocho, se requirió el cumplimiento de ejecutoria correspondiente (fojas 383 a 385). Al respecto, por oficio recibido el diez de junio del año en curso, el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informó que se abstendría de ejecutar la resolución de diez de julio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente de determinación de responsabilidad administrativa 02/2017 por la Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado, no obstante que el quejoso causó baja de dicha institución el quince de junio de dos mil diecisiete, por renuncia; asimismo, informó que estaba a la espera de la nueva resolución que emitiera la ordenadora (foja 391). Luego, por oficio recibido el once del mes y año en curso, la Encargada del Despacho de la Dirección General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada el diez de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente de determinación de responsabilidad administrativa número 02/2017, donde se determinó lo siguiente: PRIMERO.- Se declara la competencia de la suscrita para resolver el definitiva respecto de los hechos a que este expediente se refiere. SEGUNDO.- Fue procedente la denuncia realizada por el Licenciado ALFREDO RENÉ MACIP GARCÍA, Supervisor de Agencias del Ministerio Público Foránea Sur Oriente, Tehuacán, en el tiempo de los hechos. TERCERO.- Se absuelve de responsabilidad administrativa al licenciado WILLIAM JUÁREZ HERNÁNDEZ, Agente del Ministerio Público en funciones de Titular de la Agencia Turno Par de Tecamachalco, en el tiempo de los hechos; respecto de los hechos materia de la quejosa a que se refiere este expediente, por los argumentos vertidos en los considerandos que anteceden. CUARTO: Comuníquese el sentido de la presente resolución al Oficial Mayor y al Encargado del Despacho del Centro del Información, a fin de que dejen sin efectos, el primero, la ejecución de la sanción administrativa impuesta por resolución de fecha 10 de julio de 2017, consistente en SUSPENSIÓN DE 10 DÍAS EN EL EJERCICIO DEL CARGO COMO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL GOCE DE LA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE, impuesta al licenciado WILLIAM JUÁREZ HERNÁNDEZ, Agente del Ministerio Público; y el segundo el registro de dicha sanción; toda vez que en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada referida en el cuerpo de la presente resolución, en esta nueva resolución se determinó absolver de responsabilidad administrativa al licenciado WILLIAM JUÁREZ HERNÁNDEZ, Agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Agencia Turno Par de Tecamachalco, en el tiempo de los hechos, respecto de la materia de la queja a que se refiere este expediente, debiendo informar por escrito el cumplimiento de lo ordenado, a este órgano de Control y Visitaduría. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se ha dado cumplimiento al fallo protector. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó por una parte sobreseer y por otra parte amparar. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". INCIDENTE Acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió la medida cautelar solicitada, en forma provisional y definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales" Finalmente, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de once de junio del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector, sin que ninguna haya desahogado dicho auto; por tanto, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado contra las partes en el citado acuerdo de once de junio de la presente anualidad; en consecuencia, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, por una parte, se sobreseyó en el presente asunto; y por otra parte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional, para los siguientes efectos: IX DECISIÓN En primer orden, resulta inexistente el acto que se atribuyó al Fiscal General del Estado, por lo que procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otro lado, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de la resolución impugnada para los siguientes efectos: La Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, deje sin efectos la resolución dictada el diez de julio del dos mil diecisiete en el expediente de determinación de responsabilidad administrativa 02/2017. Posteriormente, emita otra determinación en la que podrá reiterar lo que no será objeto de la protección constitucional otorgada. Enseguida, con plenitud de facultades, a fin de respetar el principio de legalidad consagrado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, deberá estudiar los planteamientos que expuso el quejoso al rendir su declaración [por escrito] durante el desahogo de la audiencia de ley del doce de junio del dos mil diecisiete y cuyo análisis omitió al dictar la resolución impugnada, los cuales se hicieron consistir en que no existe adecuación entre la conducta que se le atribuye y la descrita en las disposiciones legales que se consideraron transgredidas, pues no se advierte en qué protocolo, circular o acuerdo signado por el Fiscal General del Estado se indique cuáles son los pasos para solicitar un número único de carpeta y cuáles son los requisitos para su cancelación; y que la vía administrativa no era la adecuada para analizar los hechos del caso, ya que en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las partes debían acudir ante el juez de control para cuestionar la abstención de investigar algún hecho delictivo. La concesión del amparo se hace extensiva respecto del acto de ejecución que la parte quejosa atribuyó al Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado, dado que no se reclamó por vicios propios. . Inconforme con dicha determinación, el quejoso WILLIAM JUÁREZ HERNÁNDEZ, interpuso recurso de revisión el que por turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito quien, mediante testimonio de ejecutoria pronunciada el treinta de mayo del año en curso, dentro del amparo en revisión A.R-175/2018, resolvió: "PRIMERO. En lo que fue materia de este recurso, se confirma la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de amparo 2052/2017, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampra y Protege a William Juárez Hernández, en los términos precisados en la sentencia recurrida." Mediante proveído de seis de junio de dos mil dieciocho, se requirió el cumplimiento de ejecutoria correspondiente (fojas 383 a 385). Al respecto, por oficio recibido el diez de junio del año en curso, el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informó que se abstendría de ejecutar la resolución de diez de julio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente de determinación de responsabilidad administrativa 02/2017 por la Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado, no obstante que el quejoso causó baja de dicha institución el quince de junio de dos mil diecisiete, por renuncia; asimismo, informó que estaba a la espera de la nueva resolución que emitiera la ordenadora (foja 391). Luego, por oficio recibido el once del mes y año en curso, la Encargada del Despacho de la Dirección General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada el diez de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente de determinación de responsabilidad administrativa número 02/2017, donde se determinó lo siguiente: PRIMERO.- Se declara la competencia de la suscrita para resolver el definitiva respecto de los hechos a que este expediente se refiere. SEGUNDO.- Fue procedente la denuncia realizada por el Licenciado ALFREDO RENÉ MACIP GARCÍA, Supervisor de Agencias del Ministerio Público Foránea Sur Oriente, Tehuacán, en el tiempo de los hechos. TERCERO.- Se absuelve de responsabilidad administrativa al licenciado WILLIAM JUÁREZ HERNÁNDEZ, Agente del Ministerio Público en funciones de Titular de la Agencia Turno Par de Tecamachalco, en el tiempo de los hechos; respecto de los hechos materia de la quejosa a que se refiere este expediente, por los argumentos vertidos en los considerandos que anteceden. CUARTO: Comuníquese el sentido de la presente resolución al Oficial Mayor y al Encargado del Despacho del Centro del Información, a fin de que dejen sin efectos, el primero, la ejecución de la sanción administrativa impuesta por resolución de fecha 10 de julio de 2017, consistente en SUSPENSIÓN DE 10 DÍAS EN EL EJERCICIO DEL CARGO COMO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL GOCE DE LA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE, impuesta al licenciado WILLIAM JUÁREZ HERNÁNDEZ, Agente del Ministerio Público; y el segundo el registro de dicha sanción; toda vez que en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada referida en el cuerpo de la presente resolución, en esta nueva resolución se determinó absolver de responsabilidad administrativa al licenciado WILLIAM JUÁREZ HERNÁNDEZ, Agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Agencia Turno Par de Tecamachalco, en el tiempo de los hechos, respecto de la materia de la queja a que se refiere este expediente, debiendo informar por escrito el cumplimiento de lo ordenado, a este órgano de Control y Visitaduría. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se ha dado cumplimiento al fallo protector. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó por una parte sobreseer y por otra parte amparar. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". INCIDENTE Acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió la medida cautelar solicitada, en forma provisional y definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales" Finalmente, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual allegó testimonio de la ejecutoria pronunciada el treinta de mayo del año en curso dentro del amparo en revisión A.R-175/2018, relativo al recurso interpuesto contra la sentencia dictada en este asunto; asimismo devuelve los originales del juicio de amparo 2052/2017 con 1 Anexo, acúsese de recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que el citado medio de impugnación fue resuelto con los siguientes puntos: "PRIMERO. En lo que fue materia de este recurso, se confirma la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de amparo 2052/2017, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampra y Protege a William Juárez Hernández, en los términos precisados en la sentencia recurrida." Ahora bien, los efectos para los que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal solicitado quedaron debidamente precisados en la parte final de la resolución dictada en el presente juicio de amparo el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, por tanto, en términos de lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la: DIRECTORA GENERAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y VISITADURÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA; así como al: OFICIAL MAYOR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA Para que den cumplimiento a la sentencia dictada en el presente sumario, de la cual, ya se encuentran debidamente notificados según se aprecia de los acuses de recibo que obran en autos (fojas 172 y 174), con el APERCIBIMIENTO que de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tengan para tal efecto, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Asimismo, se hace de su conocimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se ordenara remitir el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, devuélvase a la Directora General Del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el original del expediente de determinación de responsabilidad administrativa 02/2017, solicitándose el acuse de recibo correspondiente.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio enviado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el que informa que por auto dictado el diez de abril del año en curso, se admitió a trámite el recurso de revisión, interpuesto por la parte quejosa, contra la resolución dictada en el presente asunto, radicándolo bajo el número R.A-175/2018, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

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