William Hernández Rico
Expediente 874/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 874/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 06/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Magistrado de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, Con Adscripcion, Jurisdicción Y Competencia, En los Distritos Judiciales de Abasolo, Altamirano Y Allende, Con Residencia En Ometepec, Guerrero
- William Hernández Rico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Acapulco, Guerrero; seis de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos sin proveer sobre el telegrama de cuenta, remitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende y Altamirano, con residencia en Ometepec, Guerrero, en razón de que con fecha dos de febrero de la presente anualidad se dictó la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo, misma que causó ejecutoria el veintidós de dicho mes, girándose los oficios correspondientes. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos sin proveer sobre el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende y Altamirano, con residencia en Ometepec, Guerrero, en razón de que con fecha dos de febrero de la presente anualidad se dictó la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo, misma que causó ejecutoria el veintidós del propio mes. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda de amparo y de la sentencia correspondiente, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que carece de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, ya que de autos se advierte que el Magistrado de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio con sede en Ometepec, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende y Altamirano, remitió copia certificada de la carpeta judicial C-11/2016, así como también del toca penal SUP-03/2016, y dado que los mismos resultan innecesarios que continúe a disposición de este juzgado, por tanto, remítanse a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 874/2016. R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Por escrito presentado el dos de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Octavo, William Hernández Rico, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Ordenadora: Magistrado de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio con adscripción, jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende, con residencia en Ometepec, Guerrero. Ejecutora: Director del Centro de Reinserción Social de Ometepec, Guerrero. ACTO RECLAMADO "a) De la autoridad ordenadora, reclamo la resolución de fecha doce (12) de agosto del año en curso (2016), dictada en el Toca Penal Número SPU-03/2016, mediante el cual modifica el auto de vinculación a proceso de fecha treinta y uno (31) de mayo del dos mil dieciséis (2016), dictado por la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, deducido del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público, en la Carpeta Judicial C-12/2016, instruida al suscrito por el hecho de que la ley señala como delito de lesiones calificadas en agravio de las víctimas Bernardino Cruz Mendoza y Reyna Aryuri Sánchez Vázquez. b) De la autoridad ejecutora, reclamo la ejecución del acto reclamado". SEGUNDO.- Mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo con el número de expediente 874/2016; se solicitó a las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diversos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un auto de vinculación a proceso emitido dentro de un juicio del orden penal que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, la emisión del auto de vinculación a proceso dictado el doce de agosto de dos mil dieciséis, dentro del toca penal número SPU-03/2016, que modifica el auto de vinculación a proceso dictado en la carpeta judicial C12/2016, que se le instruye a William Hernández Rico por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones calificadas, cometido en agravio de Bernardino Cruz Mendoza y Reyna Aryuri Sánchez Vázquez y su ejecución TERCERO.- ES CIERTO el acto reclamado a las autoridades responsables Magistrado de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio con sede en Ometepec, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende y Altamirano y Director del Centro de Reinserción Social con residencia en Ometepec, Guerrero, pues al rendir sus respectivos informes con justificación, así lo reconocieron expresamente; manifestación que constituye una confesión de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; y que se corrobora con las copias certificadas derivadas de la carpeta judicial número C-11/2016 y su acumulada C-12/2016, y dos discos ópticos en formato DVD, que acompañó a su informe justificado el primero de los mencionados funcionarios, las cuales se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo en vigor, conforme a su precepto 2o., dado que las documentales son públicas por contener transcripciones certificadas realizadas por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, y respecto de diligencias a él encomendadas por disposición de la Ley; y las segundas, por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD) que fueron remitidos por la autoridad responsable como anexo o sustento de su informe justificado, por lo que adquieren la naturaleza jurídica de prueba documental pública, y deben tenerse por desahogadas sin necesidad de una audiencia especial. Es aplicable la jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el registro 2004362, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Además, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 830, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre de 2011, Quinta Época, Tomo II, con registro 1002815, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causas de improcedencia. Precisada la certeza de los citados actos reclamados, debe mencionarse que la procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que rige: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, del Apéndice 1917-1995, Octava Época, Tomo VI, materia común, con el registro 394770, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, las partes legitimadas en el presente juicio de garantías no alegan causas de improcedencia, ni oficiosamente se advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación, los cuales de ser procedente, serán suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. De los antecedentes del acto reclamado se advierte que mediante oficio número 1350 de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Distrito Judicial de Abasolo, William Hernández Rico, fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Abasolo, para llevar a cabo la audiencia inicial en la carpeta de investigación instruida en su contra por su probable participación en la comisión del delito de Tentativa de Homicidio, previsto y sancionado por el artículo 130 y 81 del Código Penal del Estado de Guerrero, cometido en agravio de Bernardino Cruz Mendoza y Reyna Aryuri Sánchez Vázquez. Por resolución de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, la Juez de Control y Enjuiciamiento del Estado, con sede en Ometepec, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende, resolvió legal la detención del imputado, formuló imputación y le impuso medidas cautelares. En audiencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la Juez de Primera Instancia, dictó auto de vinculación a proceso al imputado William Hernández Rico, por el delito de lesiones calificadas. Previa interposición del recurso de apelación por el Agente del Ministerio Público y el peticionario de garantías, la Juez de Control y Enjuiciamiento del Estado, con sede en Ometepec, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende, remitió a la Sala Penal Unitaria del Sistema Acusatorio con sede en Ometepec, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende y Altamirano, la apelación correspondiente, la cual mediante resolución de doce de agosto de dos mil dieciséis, modificó el auto de vinculación a proceso de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, dictado por la Juez de primer grado, y dictó el auto de vinculación a proceso en contra de William Hernández Rico, por su probable participación en la comisión del hecho delictuoso de tentativa de homicidio en agravio de Bernardino Cruz Mendoza y Reyna Aryuri Sánchez Vázquez. Acto reclamado en el presente juicio de garantías. SEXTO. Estudio de la litis constitucional. La parte quejosa sostiene que el auto de vinculación a proceso transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque: a) La Sala Unitaria Penal indebidamente estimó desacertada la determinación del Juez de primer grado, ya que no observó las formalidades esenciales del procedimiento, pues no tomó en consideración que con ninguno de los datos de prueba introducidos por el fiscal se acredita el elemento de la tentativa punible, pues la intención del quejoso era ocasionar un detrimento en el patrimonio de los pasivos y no como lo estimó la responsable privarlos de la vida, por tanto, al no haberse acreditado el primer elemento de la tentativa punible, tampoco se acreditan el principio de ejecución y la causa ajena a la voluntad del agente activo que impidió la consumación del hecho delictivo. b) La Sala responsable subsanó las deficiencias del Ministerio Público al expresar sus agravios, pues el fiscal no acreditó los elementos de la tentativa punible, y el Magistrado de la Sala Unitaria Penal, los dio por acreditados, yendo más allá de la pretensión del representante social. c) La resolución combatida carece de fundamentación y motivación, pues la Sala Penal Unitaria, señaló artículos de manera general y no realizó una correcta motivación en cuanto a qué datos de prueba sirven para tener por acreditado el hecho delictivo y de qué forma vinculan al quejoso como partícipe de los hechos expuestos por la representación social; que la responsable omitió señalar el artículo 24 del Código Penal del Estado de Guerrero, que prevé la figura jurídica de la tentativa. Precisado lo anterior, resultan infundados los motivos de disenso expuestos por el peticionario del amparo, aun suplidos en su deficiencia, los cuales serán estudiados en orden diverso al en que fueron planteados, como lo autoriza el artículo 76 de la Ley de Amparo. En efecto, resulta infundado el concepto de violación sintetizado en el inciso c), en torno a que el auto de vinculación de doce de agosto de dos mil dieciséis, carece de fundamentación y motivación. En principio, debe señalarse que el nuevo sistema de justicia penal, se encuentra contemplado en el artículo 20 constitucional y retomado por el numeral 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que en esencia, se establece que este nuevo sistema será de tipo acusatorio, adversarial y oral, cuyos principios son: a) Publicidad: Todas las actuaciones serán públicas salvo las excepciones que se establezcan en este código para proteger la integridad física o psicológica de las personas que deban participar en la audiencia, o cuando se ponga en riesgo la revelación indebida de datos legalmente protegidos. b) Contradicción: Las partes podrán debatir los hechos y argumentos jurídicos, normativos y jurisprudenciales de la contraparte y controvertir cualquier medio de prueba, para lo cual podrán hacer comparecer, interrogar o, en su caso, contrainterrogar, a los testigos y peritos pertinentes. c) Continuidad: Las audiencias no se interrumpiran, salvo en casos excepcionales previstos en este código. d) Concentración: La presentación, recepción y desahogo de las pruebas, así como todos los actos del debate se desarrollarán, ante juez competente y las partes, en una audiencia continua, sucesiva y secuencial, salvo casos excepcionales previstos en este código. e) Inmediación: Los jueces tomarán conocimiento personal del material probatorio introducido en la audiencia, y escucharán directamente los argumentos de las partes, con la presencia ininterrumpida de los sujetos procesales que deban participar en ella, salvo los casos previstos en este código. Así, tratándose de la emisión de un auto de vinculación a proceso, este juzgado federal, considera que deben ser observados los principios de publicidad, contradicción e inmediación, ya que la imputación y la vinculación a proceso se llevan en audiencia pública, en las cuales las partes pueden debatir los hechos y exponer sus consideraciones jurídicas, y controvertir las de la contraparte. Asimismo, las audiencias deben ser presididas directamente por el juez, quien debe tomar conocimiento directo de las pruebas y argumentos jurídicos de los intervinientes, y con presencia de las partes; lo cual es exigible de acuerdo a la naturaleza del acto, sin que pueda decirse lo mismo de los principios de concentración y continuidad que son exigibles en torno a actos de naturaleza jurídica diversa como el desahogo de pruebas o la sentencia definitiva. Precisado lo anterior, es conveniente, a manera de preámbulo, acotar brevemente el esquema del sistema penal, para identificar la etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento de origen, así como los efectos de la vinculación a proceso reclamada. El juicio comprende las siguientes fases: Etapa preliminar o de investigación, que asume el Ministerio Público con los cuerpos de policía, con vigilancia judicial garantizada por el juez de control; aquí es cuando el Ministerio Público podrá optar por la aplicación de un criterio de oportunidad; siempre que no se haya formulado imputación; Etapa intermedia o de preparación de juicio oral, en la que el juez de control resuelve sobre la aplicación de justicia restaurativa, esto es, de las formas alternativas de terminación del proceso, como son la mediación, conciliación, arbitraje, entre otras, las cuales procederán hasta antes de decretarse el auto de apertura del juicio oral; además, deberá calificar, en su caso, la detención; celebrar si es solicitada la audiencia de formulación de imputación, así como la de vinculación a proceso y de solicitud de medidas cautelares; depurar y admitir pruebas ofrecidas por los intervinientes, resolver sobre excepciones procesales y sobre la apertura del juicio oral; Etapa de juicio, donde se desahogan pruebas, se escuchan alegatos y se dicta sentencia definitiva; El auto de vinculación a proceso, surge dentro de la etapa indagatoria, la cual inicia con la denuncia o querella, se trata entre otras cosas, lo relativo al ejercicio y excepciones de la acción penal, los supuestos para abstenerse de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción, el principio y criterios de oportunidad, respetándose siempre la garantía de defensa del imputado. En el nuevo esquema de juicios orales, el objeto de la investigación es determinar si existe fundamento para iniciar un proceso penal, lo cual se pretende lograr a través de la obtención de elementos de prueba por parte del agente del Ministerio Público, que eventualmente le permitan sustentar, en su orden, la imputación y acusación; por tanto, lo que se integra es una carpeta de investigación en la que se registran los datos de prueba obtenidos por el Ministerio Público; para su recopilación, se configura una nueva concepción de la policía, en cuanto a que les corresponde a todos los cuerpos policíacos, ser auxiliares del fiscal en la investigación de los hechos delictuosos. Es de resaltar la trascendencia del auto de vinculación a proceso en el nuevo sistema penal, precisamente porque enclava al imputado a la investigación del hecho delictuoso durante un periodo formal, o bien, porque lo libera de esa sujeción, si es que en ese momento no existen suficientes datos de prueba que permitan la sujeción al procedimiento, pero sobre todo, porque el procedimiento se seguirá por los hechos acotados en tal determinación, como se advierte del último párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". Ahora bien, no debe caerse en el equívoco de equiparar el auto de formal prisión que describía el artículo 19 constitucional, con el auto de vinculación proceso que prevé el nuevo sistema acusatorio previsto en el artículo 316 del Código Adjetivo Nacional, y menos se puede ponderar este último a la luz las reglas y consideraciones legales que rigen aquél, pues son claras las diferencias entre dichas instituciones, ya que si bien ambas cumplen una función de garantía de seguridad jurídica, el auto de vinculación a proceso apertura una etapa procedimental de naturaleza diversa del auto de formal prisión, por lo cual, tanto la fundamentación como la motivación deben tener correspondencia con dicha naturaleza, particularmente por cuanto hace a la intensidad probatoria que amerita el dictado de un auto de vinculación a proceso. Para determinar lo anterior, debe ponderarse que el auto de vinculación, según se expuso con antelación, dentro de las fases del procedimiento oral y acusatorio se ubica en la etapa preliminar o de investigación, durante la cual el Ministerio Público, realiza acciones de investigación con los cuerpos de policía, con vigilancia judicial garantizada por el juez de control cuyo objeto es verificar si existen elementos para iniciar un proceso, de lo cual se sigue que el auto de vinculación no tiene seguro un proceso con pretensión punitiva, sino que ello está sujeto al resultado de la investigación. Lo hasta aquí expuesto, conduce a establecer que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material; en cuanto a la forma, constitucionalmente se establece que en dicho auto debe precisarse: el hecho que la ley señale como delito que se le reprocha al imputado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; en tanto que, por lo que atañe al fondo, dicha resolución debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; en relación con esto último, cabe aclarar que no obstante para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, suficientes, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. De análisis integral de los ordenamientos constitucionales y legales invocados, se advierte que los requisitos de forma y fondo para emitir el auto de vinculación a proceso, en el nuevo sistema de justicia penal oral y acusatorio, son: a) De forma 1. Que se realice la imputación, esto es, que exista un comunicado por el ministerio público en presencia del juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos delictuosos; con lo que se da cumplimiento a los principios acusatorio y de inmediación, que rigen el procedimiento; 2. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, y habiéndose asegurado que el procesado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso; situación que reviste de especial importancia debido a que por medio de ésta, se atiende al principio de contradicción. 3. Que se pronuncie dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado a petición del implicado o su defensa, en audiencia pública y atendiendo a los principios de inmediación y publicidad, el cual es un requisito de orden constitucional. 4. Que de la exposición del ministerio público se establezca el delito que se le imputa, el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. 5. Que se dicte únicamente por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación. En relación con los requisitos de forma, el primero de ellos se encuentra satisfecho, ya que luego de reproducir los discos en formato DVD, que remitió la responsable al momento de rendir su informe justificado, que fueron valorados en párrafos anteriores, los cuales contienen las audiencias celebradas el veinticinco y treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (DVD´s), relativos a las audiencias para de control de detención, formulación de imputación y medidas cautelares y para resolver sobre la vinculación a proceso, se desprende que, después de identificar a los sujetos procesales intervinientes, imputado, defensor y representación social, procedió a preguntar al imputado de forma individual y directa si conocía sus derechos constitucionales; posteriormente, y previa entrevista con su defensor público William Cuevas Villanueva, procedió a declarar de manera libre; con lo que se dio cumplimiento a la segunda de las exigencias formales; asimismo, dio pauta para que el Ministerio Público formulara imputación, en contra del hoy quejoso William Hernández Rico, por aparecer como probable responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, cometido en agravio de Bernardino Cruz Mendoza y Reyna Aryuri Sánchez Vázquez, hechos ilícitos previsto y sancionado por los artículos 132, en relación con el 147 fracciones I, IV y VI, 24, fracción I y 81 del Código Penal vigente en el Estado de México; para, finalmente, fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia en que se resolvería la situación jurídica del detenido. Por lo que al tercer aspecto formal, consistente en que el auto de plazo constitucional se pronuncie dentro del plazo de setenta y dos horas, o dentro de ese plazo duplicado y en audiencia pública, éste se encuentra satisfecho, ya que, una vez que el juez de control responsable preguntó al imputado en qué plazo quería que se resolviera su situación jurídica, esto es, dentro de las setenta y dos horas o de las ciento cuarenta y cuatro que marca la ley como plazo duplicado, el imputado solicitó la duplicidad del plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas, para que tuviera verificativo la audiencia dentro del plazo constitucional. Respecto al cuarto de los requisitos mencionados, éste se encuentra inmerso en la propia audiencia de formulación de imputación de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, en la que en uso de la palabra y, de conformidad con el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público, en presencia del juez de control, comunicó al imputado que se le seguía una investigación en su contra, por su probable intervención en el hecho delictuoso de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, cometido en agravio de Bernardino Cruz Mendoza y Reyna Aryuri Sánchez Vázquez, ilícito previsto y sancionado por los artículos 132 en relación con el 147 fracciones I, IV y VI, 24, fracción I y 81 del Código Penal vigente en el Estado de Guerrero; relato en el que la representación social ponderó el lugar, tiempo y circunstancias de la ejecución del evento delictuoso. Por último, por cuanto hace al requisito traducido en que el auto de vinculación a proceso se dicte únicamente por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, éste se encuentra colmado, en tanto que el juez responsable, al resolver la situación jurídica del imputado y vincularlo a proceso, estimó su probable intervención en el hecho delictuoso de LESIONES CALIFICADAS, cometido en agravio de Bernardino Cruz Mendoza y Reyna Aryuri Sánchez Vázquez, previsto y sancionado en los artículos 138 fracción III, en relación con el 144 y 147 fracción II, lo que hizo de su conocimiento. b) De fondo. 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente existan datos de prueba idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito (hecho delictuoso); 2. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente exista la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y, 3. Que no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Ahora bien, en relación con los requisitos de fondo, consistentes en que existan datos de prueba idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes, que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, así como la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión y, que se establezcan las circunstancias como son lugar, tiempo y modalidad de ejecución, éstos se encuentran colmados, en términos de los argumentos expuestos por la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con jurisdicción y competencia de los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende y Altamirano, quien dictó auto de vinculación a William Hernández Rico, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de lesiones calificadas en agravio de Bernardino Cruz Mendoza y Reyna Aryuri Sánchez Vázquez, previsto y sancionado en los artículos 138 fracción III, en relación con el 144 y 147 fracción II, y no homicidio en grado de tentativa como lo peticionó el Agente del Ministerio Público, haciéndoles saber a las partes que dicha determinación es apelable en términos del artículo 467 fracción VII y 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, inconformes con el auto de vinculación a proceso emitido por Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con jurisdicción y competencia de los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende y Altamirano, el representante social y el indiciado William Hernández Rico, interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Penal Unitario responsable, el doce de agosto de dos mil dieciséis, en el sentido de modificar el auto de vinculación a proceso de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, y vincular a proceso a William Hernández Rico, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de Bernardino Cruz Mendoza y Reyna Aryuri Sánchez. Atento a lo antes precisado, este Juzgador, estima que, contrario a lo que aduce el peticionario del amparo, en el caso, se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento. Así las cosas, en contravención a lo que aduce el quejoso, el auto de vinculación a proceso dictado por el Tribunal Unitario Penal, que modificó el diverso de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, en que la Juez de primera instancia, se encuentra fundado y motivado, porque si bien no expresó literalmente los preceptos que prevén el delito de homicidio en grado de tentativa, lo cierto es que los razonamientos en que funda su determinación la responsable conducen a la norma aplicada. Se estima lo anterior, pues de la lectura del acto reclamado en esta vía, se advierte que la autoridad responsable estimó desacertada la determinación de la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con jurisdicción y competencia, en los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende y Altamirano, con residencia en Ometepec, Guerrero, y reclasificó el delito a tentativa de homicidio, porque: a).- De la declaración del inculpado se desprende que éste reconoció haber realizado disparos de arma de fuego en repetidas ocasiones en contra de los pasivos, aun cuando haya manifestado que su objetivo era robarles, pues en ningún momento les manifestó que se tratara de un robo. b) De las entrevistas de las víctimas no se advierte que hayan referido que el ahora indiciado les hubiere advertido que se trataba de un robo, sino que el día de los hechos y una vez que Reyna Aryuri Sánchez Vázquez lo vio empezó a gritar, por lo que el también agraviado Bernardino Cruz Mendoza alzó la vista y en ese momento el imputado accionó el arma de fuego en repetidas ocasiones. c) Las declaraciones antes referidas, se robustecieron con los datos de prueba consistentes en los certificados médicos practicados a las víctimas, en que se establecieron que las lesiones que presentaban fueron por arma de fuego. d) De dichos datos de prueba, también se desprenden indicios que acreditan la exteriorización de los actos tendentes a privar de la vida a las víctimas, al haber declarado que sin mediar palabra el activo se acercó al vehículo donde se encontraban los pasivos y accionó el arma de fuego en contra de éstos; que no logró privarlos de la vida en virtud de que Bernardino Cruz Mendoza (agraviado), repelió la agresión con una pistola que llevaba entre sus pertenencias, lo que constituyó la causa ajena a la voluntad del activo que impidió la consumación del hecho, lo que se corroboró con el dictamen de rodizonato de sodio que estableció a la víctima Bernardino Cruz Mendoza se le encontraron residuos de plomo y bario en sus manos. Atento lo anteriormente reseñado, como se apuntó, se considera que los razonamientos expuestos por la responsable en la resolución que se combate, conducen a la norma aplicada, con lo que se cumple con dicha formalidad, máxime que el ahora peticionario de garantías tuvo conocimiento que el representante social ejerció acción penal en su contra por el delito de tentativa de homicidio, previsto y sancionado por los artículos 132 en relación con el 147 fracciones I, IV y VI, 24, fracción I y 81 del Código Penal vigente en el Estado de Guerrero, delito por el que precisamente la Sala Unitaria Penal, modificó el auto de vinculación dictado por la Juez de primera instancia, de ahí lo infundado del motivo de disenso expuesto por el quejoso, pues las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. En ese tenor, devienen infundados los motivos de disenso sintetizados en los inciso a), en torno a que la autoridad responsable indebidamente estimó desacertada la determinación del Juez de primer grado, ya que no tomó en consideración que con ninguno de los datos de prueba introducidos por el fiscal se acreditó el hecho delictuoso que se imputa al ahora peticionario del amparo, inobservando las formalidades esenciales del procedimiento, atento a las siguientes consideraciones: Es importante señalar que en el nuevo sistema penal acusatorio, para emitir el auto de vinculación a proceso, únicamente es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, con base a los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación. En esa tesitura, de la lectura de la determinación reclamada, así como de las constancias que integran las actuaciones del toca penal SPU-03/2016, y de la carpeta judicial CJ-11/2016 y su acumulada CJ-12/2016, vinculadas con el presente juicio de amparo, se desprende que son aptas y suficientes para tener por legalmente demostrado el hecho que el Código Penal del Estado prevé como delito. El hecho delictuoso de homicidio en grado de tentativa, se encuentra previsto y sancionado en el artículo 132, en relación con el 147, fracciones I, IV y VII, 24, fracción I y 81, del Código Penal del Estado de Guerrero, que señala: "Artículo 132. Homicidio calificado A quien cometa el delito de homicidio calificado se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión". "Artículo 147. Circunstancias calificativas. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado o saña. I.- Existe premeditación: Cuando el agente intencionalmente, decide cometer el hecho tras detenida y cuidadosa reflexión y ponderación de los factores que concurran en su perpetración. (.) IV.- Existe alevosía: Cuando el agente realiza el hecho sorprendiendo intencionalmente a alguien de improviso o empleando acechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quería hacer. VII.- Existe saña: Cuando el sujeto activo procede con crueldad o fines depravados.". "Artículo 24. Tentativa Punible Únicamente es punible el delito cometido en grado de tentativa que haya puesto en peligro al bien jurídico tutelado: I.- Tentativa acabada. Existe tentativa acabada, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, y aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente, y (.)". Del análisis del precepto transcrito se advierte que la conducta típica del ilícito de homicidio se integra con: a) La existencia de una vida humana; y, b) La privación de la vida humana, provocada por un agente externo, atribuible a un comportamiento humano, esto es, que exista una relación de causalidad entre la conducta humana reprochada y el deceso vital producido. Asimismo, el precepto 81 del Código Penal del Estado de Guerrero, indica lo siguiente: "Artículo 81. Punibilidad de la tentativa. A quien resulte responsable de la comisión de un delito cometido en grado de tentativa se le aplicarán hasta las dos terceras partes de la pena correspondiente al delito doloso consumado que el sujeto activo quiso realizar. En la aplicación de las consecuencias jurídicas señaladas en este artículo, la autoridad judicial tomará en consideración, además de lo previsto en el artículo 74 de este código, el mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito y la magnitud del peligro al que fue expuesto el bien jurídico". Debiendo establecerse, que en términos del artículo 24 del Código Sustantivo, la naturaleza de la tentativa se constituye con hechos no ejecutados en su totalidad, pero ya empezados a realizar, esto es, la voluntad de realizar el hecho delictivo, el dar inicio inmediato a la realización del ilícito, así como la inconsumación del resultado por cuestiones ajenas a la voluntad del agente. En ese orden de ideas, con oposición a lo que indica el peticionario de amparo en los conceptos de violación y como bien lo determina el Magistrado del Tribunal Unitario Penal responsable, se acredita que se puso en peligro el bien jurídico tutelado relativo a la vida de los pasivos del hecho delictuoso Reyna Aryuri Sánchez Vázquez y Bernardino Cruz Mendoza, pues no obstante que se efectuaron en sus personas disparos con una arma de fuego (con la intención de privarlos de la vida), ello no se consumó debido a que Bernardino Cruz Mendoza repelió la agresión con una pistola que llevaba entre sus pertenencias, evitando de esa manera que el imputado lograra su propósito. En efecto, la autoridad responsable correctamente valoró los datos de prueba que obran en la carpeta administrativa de origen, con sustento en las cuales determinó que está demostrado el hecho delictuoso de tentativa de homicidio, pues de tales datos de prueba que obran en el sumario se acredita la conducta típica del ilícito, por lo que no es violatorio de sus derechos fundamentales de seguridad y certidumbre jurídica, porque el Magistrado Unitario Penal responsable, una vez que realizó el análisis de las constancias que integran la carpeta de investigación de origen y sin variar los hechos de la acusación, clasificó los hechos consignados, esto es, adecúo correctamente los hechos típicos al supuesto que prevé la ley, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia en la valoración de los datos de prueba, determinando que el hecho delictuoso que se acredita lo es el de tentativa de homicidio, con lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone que el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de imputación. Ahora bien, los componentes relativos a la existencia de una vida humana, así como la tentativa de suprimir la misma, esto es, la puesta en peligro de ese bien jurídico tutelado que no se consumó por causas ajenas a la voluntad del agente, como acertadamente lo consideró el Tribunal Unitario Penal, se demuestran con los datos de prueba que tomó en cuenta, a saber: La declaración del inculpado en audiencia de vinculación a proceso de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, en que declaró: ".metí la pistola y me fijé si no venía mucha gente, así que empecé a caminar vi que el salió y se metió a su carro y empecé a correr cuando se metió a su carro, y cuando llegué ahí que quise abrir la puerta de cerquita aunque esté polarizado vi que sacó una pistola que tenía fajada en el pantalón y al momento como que me espante, y al momento que vi que la sacó y se hizo a un lado, al momento me hice yo atrás hacia donde está la puerta de atrás donde está la puerta del pasajero y escuché el primer disparo que salió por la puerta la ventana de la puerta del chofer y al oír eso por inercia, no sé, del miedo que medio al escuchar el disparo, empuñé mis manos empezó a disparar mi pistola y corrí hacia adelante que no me di cuenta cuántos tiros salieron.". De lo anteriormente transcrito, se advierte que, como lo consideró la autoridad responsable, no resulta creíble lo que aduce el peticionario del amparo en el sentido de que no existió la voluntad de privarles de la vida, sino únicamente de causa una afectación en su patrimonio, en tanto que no se aprecia que en momento alguno ni de ninguna forma les hubiere manifestado a las víctimas que se trataba de un robo, por ende, lo que aduce el peticionario del amparo, es insuficiente para considerar que su intención era cometer el ilícito de robo, habida cuenta que en la generalidad, es sabido que al disparar un arma de fuego existe la posibilidad de causar la muerte de la persona en contra de quien se accione y no únicamente lesionar su integridad física. Aunado a lo anterior, se estima que tal manifestación, se vio robustecida con la entrevista de la víctima Bernardino Cruz Mendoza, quien refirió que el día veintitrés de mayo de dos mil dieciséis aproximadamente a las quince horas, entró a la frutería que se ubica cerca de la tienda súper che, sobre Boulevard Juan N. de esta ciudad, conocida como "La Bodeguita", donde realizó unas compras y dejó su vehículo tipo jeta, color oro, y al salir de la frutería se subió a su vehículo, el cual estaba estacionado sobre la avenida Agustín Ramírez, de esta ciudad, justo enfrente a la negociación "La bodeguita II", acompañado de su esposa Reyna Aryuri Sánchez Vázquez, quien se encontraba en el asiento del copiloto y en ese momento se puso a hacer unas cuentas en la calculadora de su teléfono y segundos después escuchó un grito de su esposa y al alzar la cabeza se percató que William Hernández Rico, quien vestía una sudadera color negra, tenía cubierto el rostro, se encontraba parado a un costado de la puerta del conductor de su vehículo portando una pistola en la mano, la cual empezó a accionar en repetidas ocasiones en su contra y hacia el interior de su vehículo, logrando herirlo en el antebrazo, hechos que dieron origen a la denuncia que formuló en contra del indiciado por los hechos delictuosos de tentativa de homicidio. Dato de prueba que no se advierte contradictorio, ambiguo o inverosímil, ni que no sea apto para justificar sus afirmaciones, pues se advierte que dicho denunciante tiene la edad, capacidad e instrucción para juzgar el hecho criminoso, el cual conoció por sí mismo, ya que de manera clara expone cómo acontecieron los hechos sobre los que depone, lo cual hace sin dudas ni reticencias; sin que para ello se advierta que haya existido aleccionamiento, error, miedo o soborno. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia II.3º. J/65, publicada en la página 71, Tomo 72, Diciembre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con el epígrafe y texto que enseguida se relacionan: "OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACIÓN. La imputación del ofendido merece credibilidad en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario, de tal suerte que si su versión esta adminiculada con algún otro medio de convicción, debe concluirse que adquiere validez preponderante para sancionar al acusado." Además, como lo estimó el Tribunal Unitario Penal, tales manifestaciones se robustecieron con el dato de prueba consistente en los certificados médicos de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, practicados a las víctimas, donde quedó establecido que las lesiones que presentaron fueron producidas por proyectiles de arma de fuego, certificados que si bien, establecen que por cuanto hace Bernardino Cruz Mendoza las lesiones que le ocasionaron no pusieron en riesgo la vida de la víctima y son lesiones que tardan en sanar sesenta días, en relación a Reyra Aryuri Sánchez Vázquez concluyeron que sí ponen en peligro la vida de la pasivo, pues la misma presentó diversas heridas de proyectil de arma de fuego, la primera en la cara posterior del cuello, por debajo de las vértebras cervicales sin orificio de salida, y dos más, en la cara externa de la pierna izquierda. Dichos dictámenes merecen eficacia probatoria, por haber sido emitidos por peritos oficiales, de quienes se presume su conocimiento sobre la materia que dictaminó, pues en los mismos se expresan las heridas que producidas en el cuerpo de la víctima del hecho delictuoso y que pusieron en peligro la vida de la pasivo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 254, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 143 y 144, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, del siguiente rubro y contenido: "PERITOS, VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendidos, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros." Además, como lo consideró la autoridad responsable, tales datos de prueba permiten apreciar indicios que acreditan la exteriorización de los actos tendentes a privar de la vida a las víctimas, pues se insiste, como acertadamente lo estimó la Sala responsable, sin mediar palabra alguna en el sentido de que se trataba de un robo, el activo se acercó al vehículo de las víctimas y accionó en repetidas ocasiones el arma de fuego que portaba, como se advierte de la propia manifestación del inculpado, en el sentido de que al ver salir al pasivo Bernardino Cruz Mendoza, de la negociación denominada "La bodeguita II", subirse a su vehículo, el activo se acercó a ellos y al percatarse que la víctima sacó una pistola, se hizo hacia la parte de atrás del vehículo y al escuchar un disparo, "empuñó sus manos empezó a disparar mi pistola y corrí hacia adelante que no me di cuenta cuántos tiros salieron", robustecida por otros datos de prueba, permiten arribar a la conclusión que se demostró el hecho delictuoso de tentativa de homicidio que se le imputa, pues fue éste quien accionó el arma de fuego en contra de los pasivos, sin que en momento alguno se advierte que les exteriorizó que se trataba de un robo; además, si bien el resultado no se consumó, ello se debió a una causa ajena al activo, consistente en que la víctima Bernardino Cruz Mendoza repelió la agresión con una pistola que llevaba entre sus pertenencias para evitar que se les privara de la vida. En efecto, de una lógica concatenación de los anteriores datos de prueba, no solamente se establecen las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión de los hechos, sino también se acredita el contenido de los artículos 132, en relación con el 147 fracciones I, IV y VI, 24, fracción I y 81 del Código Penal vigente en el Estado de Guerrero. En efecto, los datos de prueba apuntados, hacen concluir, que el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, aproximadamente después de las tres de la tarde, cuando los pasivos salían de una negociación que se encuentra cerca del boulevard Álvarez de esta ciudad, con razón social "La Bodeguita II", se metió a su automóvil marca jetta, color oro, llegó el activo William Hernández Rico y accionó un arma de fuego sobre la integridad física de los dos pasivos, que Bernardino Cruz Mendoza repelió la agresión con una pistola que llevaba entre sus pertenencias, evitando que el imputado lograra su propósito; esto es, el activo del hecho delictuoso intentó privar de la vida a los pasivos, dado que les disparó en repetidas ocasiones en su humanidad, causándoles lesiones que pusieron en peligro su vida, por lo que resulta acertada la consideración de la responsable en torno a que el resultado no se consumó por causas ajenas a la voluntad del agente, debido a que Bernardino Cruz Mendoza, repelió la agresión. Como consecuencia de los razonamientos precedentes, deviene que no se vulneran derechos fundamentales, porque contrario a lo invocado por el quejoso, del contenido individual y conjunto de los datos de investigación que la responsable ponderó para tener por acreditado el hecho de homicidio en grado de tentativa, se logró justificar su causalidad, dado que se acreditó que se puso en peligro la vida de los ofendidos Reyna Aryuri Sánchez Vázquez y Bernardino Cruz Mendoza, ya que como se dilucidó, se encuentra demostrado que las diversas lesiones que presentaron fueron debido a disparos de un arma de fuego. Luego, al establecerlo en esa forma la responsable, de ninguna manera vulnera en perjuicio del quejoso sus derechos fundamentales, pues se encuentra fundado y motivado, cuando aborda el estudio del hecho delictuoso, sin que se hubiese logrado demostrar -hasta este momento procesal- situación jurídica opuesta, razón por la cual es evidente que se acreditó la existencia de un hecho que la ley señala como delito, donde dos personas fueron lesionadas por el activo del hecho delictuoso. En consecuencia, resulta ajustada a derecho la determinación adoptada por la autoridad responsable, en el sentido de que en autos de la carpeta judicial de origen se encuentra acreditado el hecho delictuoso de tentativa de homicidio previsto y sancionado por los artículos 130 y 81 del Código Penal para el Estado de Guerrero. En el mismo tenor, se estima ajustada a las disposiciones constitucionales y legales la conclusión del Tribunal Unitario Penal, respecto de que existen datos de prueba que justifican la probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión del hecho delictuoso en análisis. En efecto, con los datos de prueba existentes en el sumario y como lo establece la autoridad responsable, se confirma la probabilidad de intervención del quejoso William Hernández Rico, en la ejecución del evento que se le atribuye como probable autor del hecho delictuoso, sin que en su favor opere excluyente de incriminación alguna, ni dato de prueba que demuestre que no actúo en los términos que se le imputan, pues de los mismos se advierte la probabilidad de que fue la persona que ejecutó el hecho considerado como delictuoso, pues hasta el momento jurídico procesal en que se resolvió su situación jurídica, ningún dato de prueba confirmaba lo contrario, y en cambio, tales datos constantes en la carpeta judicial conducen a establecer la probabilidad de que el imputado llevó a cabo los hechos atribuidos por la responsable. Lo anterior se establece, pues de los datos de prueba que obran en la carpeta administrativa C-11/2016 y su acumulada C-12/2016, esto es, de la declaración de William Hernández Rico, las entrevistas de los ofendidos Reyna Aryuri Sánchez Vázquez y Bernardino Cruz Mendoza, adminiculadas con los certificados de lesiones de las víctimas, así como el dictamen de balística y oficio de puesta a disposición SPM359/SPM/2016 de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, introducidos por el fiscal en la audiencia de vinculación a proceso de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, permiten a este Juzgador, concluir que, de manera correcta la autoridad responsable arribó a la convicción de la probabilidad de que William Hernández Rico, conociendo las circunstancias que rodeaban al hecho imputado, en el momento espacio temporal en que ocurrieron los sucesos (veintitrés de mayo de dos mil dieciséis), pues aproximadamente a las quince horas de esa fecha, cuando las víctimas entraron a la negociación conocida como "La Bodeguita II", ubicada sobre el boulevard Juan N, en donde Bernardino Cruz Morales realizó unas compras y al salir de dicho lugar, se subió a su vehículo, que estaba estacionado sobre la avenida Agustín Ramírez, que en ese momento la víctima Reyna Aryuri Sánchez Vázquez, gritó lo que lo hizo levantar la cabeza y se percató que William Hernández Rico se encontraba parado a un costado de la puerta portando una pistola en la mano derecho, la cual accionó en repetidas ocasiones en su contra; es decir, el indiciado probablemente infirió las heridas en la humanidad de las víctimas Reyna Aryuri Sánchez Vázquez y Bernardino Cruz Mendoza, puesto que las lesionó con proyectiles de arma de fuego, poniendo en peligro el bien jurídico tutelado, la vida de los pasivos. Finalmente, lo que manifiesta el quejoso, en torno a que la responsable subsanó las deficiencias del Ministerio Público al expresar sus agravios en el recurso de apelación, también deviene infundado. Se estima así, en tanto que como se advierte del escrito de expresión de agravios del Agente del Ministerio Público, se advierte que esencialmente manifestó: Que la determinación de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Estado, con sede en Ometepec, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende, no se encuentra ajustada a derecho, porque existen suficientes datos de prueba para el dictado de un auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa, y los mismos no fueron valorados por la Juez del conocimiento. Que en el caso, los principios de fondo que deben observarse para la emisión de un auto de vinculación a proceso son, que exista indicio de que se ha cometido un hecho que la ley califique como delito y que existan indicios de la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión, y que ello se estableció en la audiencia de vinculación, con los datos de prueba que introdujo la representación social. Que es incorrecta la determinación de la Juez de primera instancia, en relación a que con la declaración del imputado William Hernández Rico, en torno a que su intención era cometer un robo, no así privarlos de la vida, no se encuentra acreditado el elemento moral subjetivo, consistente en la intención de dirigir o cometer un delito (homicidio en grado de tentativa), porque tal declaración, no fue robustecida con dato de prueba alguno, que permitiera concluir que así fuera, en tanto que la Juez basa su consideración únicamente en lo manifestado por el indiciado. De lo antes reseñado en confrontación con lo resuelto por el Tribunal Penal Unitario, se advierte que contrario a lo afirmado por el quejoso, la responsable en ningún momento subsanó las deficiencias de los agravios del representante social, porque como ya se dejó establecido, al emitir el auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, la responsable correctamente adecúo los hechos típicos al supuesto que prevé la ley, determinando que el hecho delictuoso que se acredita es el de homicidio en grado de tentativa sobre la persona de Reyna Aryuri Sánchez Vázquez y Bernardino Cruz Mendoza, porque la conducta que desplegó William Hernández Rico, se ubica en el hecho delictivo; por ende, el auto de vinculación a proceso materia de este juicio de amparo, no es violatorio de los derechos fundamentales de seguridad y certidumbre jurídica del quejoso. En esa tesitura, con base en las precedentes consideraciones, se estima que el auto de vinculación a proceso en estudio satisface las exigencias constitucionales a que se refieren los artículos 16 y 19 de la Carta Magna, toda vez que de su análisis se desprende que el Juzgador responsable externo las razones, motivos y circunstancias que tuvo para concluir en el sentido en que lo hizo, las que conducen a las disposiciones aplicables al caso, así como los datos de prueba que tomó en cuenta y que fueron introducidos por el fiscal en la audiencia de vinculación a proceso, para arribar a la determinación que está acreditado el hecho delictuoso de homicidio en grado de tentativa en agravio de Reyna Aryuri Sánchez Vázquez y Bernardino Cruz Mendoza, así como la probabilidad de intervención del quejoso William Hernández Rico, en su comisión, atendiendo únicamente a los datos que establecen que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y la existencia de la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, del contenido siguiente: "HECHO QUE LA LEY SEÑALE COMO DELITO". EVOLUCIÓN DE ESTE CONCEPTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 16 Y 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado de Circuito en las jurisprudencias XVII.1o.P.A. J/25 (9a.) y XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), determinó lo que se ha entendido como "hecho que la ley señale como delito". En la primera, se estableció que el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del artículo 19 de la Constitución Federal, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Mientras que en una de las ejecutorias que le dieron origen se hizo alusión a que para el dictado del mencionado auto sólo debían acreditarse el elemento objetivo del tipo (núcleo) y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pero no los demás elementos ni la probable responsabilidad. Lo anterior, bajo el nuevo estándar en el sistema acusatorio oral penal, es decir, que la referencia al hecho ilícito es la relativa al núcleo del tipo. En otro de sus precedentes se puntualizó que para el dictado de dicho auto basta que se indiquen simplemente los hechos ilícitos, núcleos de los tipos penales, así como el lugar y tiempo de su comisión, esto es, dónde y cuándo ocurrieron para que se vean colmados los extremos contenidos en el referido artículo 19 constitucional, reproducidos en el numeral 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. Que en el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del propio artículo 19 constitucional, es innecesario analizar los elementos normativos y subjetivos, si es el caso que éstos los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo el hecho o hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión, como se apuntó con antelación, es decir, sólo deben analizarse los elementos objetivos (núcleo) relativos al hecho integrante del delito y respecto a los elementos subjetivos, su estudio debe ser en el grado de probable. Y que es innecesario que el Juez de garantía analice todos los elementos constitutivos del tipo del delito imputado, ni las calificativas; sin embargo, si lo hace, no irroga perjuicio al imputado-quejoso, pues el sobreabundar en los citados conceptos, favorece la defensa, ya que desde ese momento procesal, tiene la certeza de lo que, en un momento posterior, va a integrar el contenido de la acusación, la que conforme a los artículos 287 y 294 del código mencionado, tiene lugar hasta el cierre de la investigación. Por su parte, en la segunda jurisprudencia se estableció que, atento al citado artículo 280 del propio código, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual [acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto (núcleo), desde la lógica formal], esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de Garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. Ahora bien, actualmente la actividad jurisdiccional lleva a clarificar de nuevo el concepto de "hecho que la ley señale como delito". Así, tenemos que la tipicidad es la correspondencia entre el hecho ocurrido en la realidad y el hecho descrito en el tipo. Decimos que es un hecho típico cuando se adecua perfectamente al tipo penal. La tipicidad es la necesidad de que los delitos se especifiquen o determinen legislativamente, en tipos. Por otra parte, el tipo penal es la descripción legal de un hecho o conducta prohibida por la norma y a la cual se le asigna una pena. Se entiende como la abstracción formulada por el legislador, que reúne en un concepto los elementos esenciales de un hecho delictivo determinado. En otras palabras, el tipo está constituido por la descripción del hecho contrario a la norma que sanciona la ley penal. Se habla de hecho y no de "conducta", porque algunos de los elementos de los tipos penales no refieren directamente al obrar del agente, sino a circunstancias externas a él, y que no dependen de su voluntad. Es una característica específica del delito, porque para que éste se configure, debe haber tipicidad; si no la hay, no hay delito. Esto es por imperio del principio de legalidad, ya que si se trata de una conducta no tipificada, es lícita, y los individuos pueden actuar libremente en el campo de lo no prohibido. En conclusión, el requisito exigido por los artículos 16 y 19 constitucionales (hecho que la ley señale como delito) no debe identificarse con los elementos del tipo, sino esencialmente con el núcleo, pues aun cuando en ocasiones por constituirse éste por un verbo "subjetivo" se dificulte su comprensión, no deben exigirse mayores requisitos a la directriz constitucional, lo cual remitiría al sistema mixto que se está tratando de superar con la implementación del sistema procesal penal acusatorio y oral". Así como la jurisprudencia número XVII. 11º.P.A.J/10 (10ª), cuyo contenido es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).- Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente". Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación, aun cuando fueron suplidos en su queja deficiente, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal y dejar subsistente el acto reclamado al Magistrado de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio con adscripción, jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende con residencia en Ometepec, Guerrero. Lo cual se hace extensivo a los actos de ejecución que se atribuyen al Director del Centro de Reinserción Social de Ometepec, Estado de Guerrero, al no reclamarse por vicios propios. Es aplicable la tesis sostenida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357, Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROGETE a WILLIAM HERNÁNDEZ RICO, contra los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de la presente ejecutoria. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el dos de febrero de dos mil diecisiete, asistido por María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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