William Hernández Ferreira

Expediente 97/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
97/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • William Hernández Ferreira

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por **************, contra actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Comisionado al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Base Tamazunchale, San Luis Potosí, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 97/2021-I-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis integral correspondiente de la demanda, de la que se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Comisionado al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Base Tamazunchale, San Luis Potosí, y como acto reclamado el acuerdo de diez de febrero del año en curso, por el cual señala las diez horas con treinta minutos del veintiséis de febrero del propio año, en los autos de la carpeta de investigación **************, para el desahogo de la audiencia inicial, lo anterior no obstante que mediante escrito presentado el veinticinco de enero del año en curso, le solicitó reconsiderara señalar fecha y hora para dicha audiencia, hasta en tanto las condiciones de salud lo permitieran dada la situación que se vive en el país por la contingencia derivara de virus covid 19. Bien, los artículos 113, 61, fracción XXIII y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden disponen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejos os en los términos de esta Ley." De los preceptos transcritos, se colige que el juicio de amparo procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. En el caso, el promovente señala como acto reclamado el acuerdo de diez de febrero del año en curso, por el cual señala las diez horas con treinta minutos del veintiséis de febrero del propio año, en los autos de la carpeta de investigación **************, para el desahogo de la audiencia inicial; sin embargo, el acto que reclama por sí solo, una afectación a su esfera de derechos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es así, dado que la citación a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación al inculpado, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en contra en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrán o no ser vinculados a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que las partes no asistan, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado, aquí disconforme. En esa virtud, la determinación que en esta vía se impugna, no causa afectación, perjuicio o vulneración a la esfera jurídica del peticionario del amparo, pues como se dijo, no es un acto que afecte su libertad personal. Resulta de aplicación la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, tomo I, página 239, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Amén de lo anterior, la suscrita juzgadora también toma en consideración, que la determinación de diez de febrero del año en curso, emitida por el juez responsable en los autos de la carpeta de investigación **************, en la que señala fecha y hora, para el desahogo de la audiencia inicial, fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo 240/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el propio quejoso **************, ordenada en términos de lo resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito en el recurso de revisión **************, cuyo trámite se tiene como un hecho notorio conforme con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2. En ese sentido, conviene citar el contenido del artículo 61, fracción IX, de la ley de la materia, en el que se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; ." De la fracción descrita se advierte que el juicio de amparo, es improcedente en contra de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, dicha improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta y la determinación que se emite cumplimiento a dicha ejecutoria, se sujeta a los lineamientos fijados por el fallo protector, de ahí que la autoridad responsable carezca de libertad de jurisdicción, pues está debe emitirse conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 829, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." En efecto, en la sentencia dictada por la Superioridad en el indicado sumario constitucional, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso para el efecto de que se dejara insubsistente la determinación reclamada y en su lugar ordenó reponer el procedimiento con el objeto de llevar a cabo la celebración de la audiencia de formulación de la imputación, vinculación a proceso y determinación de la medida cautelar, exclusivamente en cuanto a lo relacionado con la calidad de licenciados en derecho con cédula profesional de quienes fungieron como defensores del imputado en la que incluso, oficiosamente, podrá cuestionarle así como al aparato judicial, sobre el particular, siendo imperativo que quede asentado en la videograbación correspondiente, el número de cédula, el número de registro de cada uno de los defensores ante el órgano jurisdiccional, y la forma de cercioramiento de que pertenece a las personas intervinientes en la audiencia, y una vez hecho lo anterior con plenitud de jurisdicción emitiera la resolución que en derecho correspondiera De lo anterior se colige, que el acto que aquí se reclama consistente en la determinación de diez de febrero del año en curso, emitida por el juez responsable en los autos de la carpeta de investigación **************, en la que señala fecha y hora, para el desahogo de la audiencia inicial, fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo 240/2019; de ahí que, en el caso se actualiza además la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en la que se dispone que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. En virtud de lo anterior, procede desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, con apoyo en el invocado numeral 113, de la propia ley de la materia en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a ************** y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las otras personas indicadas, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita, se le autoriza el acceso para la consulta del expediente electrónico con el usuario "**************", ello conforme a los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia que su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) es con el carácter de persona física, por lo que así deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. Ahora, dado que el quejoso pide la apertura del expediente electrónico y proporciona nombre de usuario, sin embargo no indica si únicamente desea consultar el expediente electrónico o también recibir notificaciones de manera electrónica como lo refiere el Acuerdo General 13/2020. En mérito de lo anterior, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2o, requiérase al promovente, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, especifique si desea que las notificaciones que se deriven del presente juico le sean notificadas vía electrónica, lo anterior de conformidad con los artículos 55, 58 y 60 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Se apercibe al promovente, para el caso de no cumplir en el plazo que para ese efecto se le concedió, las notificaciones personales derivadas del presente sumario se efectuarán en el domicilio que señaló para tal efecto. DATOS DE CONTACTO Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, como lo solicita, se le tiene por informando el correo electrónico y número telefónico a efecto de establecer comunicaciones no procesales; y, de conformidad con lo dispuesto por la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, así como grabadoras o lectores ópticos, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que la mismas tienen expedito su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...la determinación de veintiséis de febrero del año en curso que dice:"Vista la demanda de amparo promovida por **************, contra actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Comisionado al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Base Tamazunchale, San Luis Potosí, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 97/2021-I-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis integral correspondiente de la demanda, de la que se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Comisionado al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Base Tamazunchale, San Luis Potosí, y como acto reclamado el acuerdo de diez de febrero del año en curso, por el cual señala las diez horas con treinta minutos del veintiséis de febrero del propio año, en los autos de la carpeta de investigación **************, para el desahogo de la audiencia inicial, lo anterior no obstante que mediante escrito presentado el veinticinco de enero del año en curso, le solicitó reconsiderara señalar fecha y hora para dicha audiencia, hasta en tanto las condiciones de salud lo permitieran dada la situación que se vive en el país por la contingencia derivara de virus covid 19. Bien, los artículos 113, 61, fracción XXIII y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden disponen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejos os en los términos de esta Ley." De los preceptos transcritos, se colige que el juicio de amparo procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. En el caso, el promovente señala como acto reclamado el acuerdo de diez de febrero del año en curso, por el cual señala las diez horas con treinta minutos del veintiséis de febrero del propio año, en los autos de la carpeta de investigación **************, para el desahogo de la audiencia inicial; sin embargo, el acto que reclama por sí solo, una afectación a su esfera de derechos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es así, dado que la citación a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación al inculpado, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en contra en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrán o no ser vinculados a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que las partes no asistan, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado, aquí disconforme. En esa virtud, la determinación que en esta vía se impugna, no causa afectación, perjuicio o vulneración a la esfera jurídica del peticionario del amparo, pues como se dijo, no es un acto que afecte su libertad personal. Resulta de aplicación la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, tomo I, página 239, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Amén de lo anterior, la suscrita juzgadora también toma en consideración, que la determinación de diez de febrero del año en curso, emitida por el juez responsable en los autos de la carpeta de investigación **************, en la que señala fecha y hora, para el desahogo de la audiencia inicial, fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo 240/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el propio quejoso **************, ordenada en términos de lo resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito en el recurso de revisión **************, cuyo trámite se tiene como un hecho notorio conforme con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2. En ese sentido, conviene citar el contenido del artículo 61, fracción IX, de la ley de la materia, en el que se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; ." De la fracción descrita se advierte que el juicio de amparo, es improcedente en contra de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, dicha improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta y la determinación que se emite cumplimiento a dicha ejecutoria, se sujeta a los lineamientos fijados por el fallo protector, de ahí que la autoridad responsable carezca de libertad de jurisdicción, pues está debe emitirse conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 829, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." En efecto, en la sentencia dictada por la Superioridad en el indicado sumario constitucional, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso para el efecto de que se dejara insubsistente la determinación reclamada y en su lugar ordenó reponer el procedimiento con el objeto de llevar a cabo la celebración de la audiencia de formulación de la imputación, vinculación a proceso y determinación de la medida cautelar, exclusivamente en cuanto a lo relacionado con la calidad de licenciados en derecho con cédula profesional de quienes fungieron como defensores del imputado en la que incluso, oficiosamente, podrá cuestionarle así como al aparato judicial, sobre el particular, siendo imperativo que quede asentado en la videograbación correspondiente, el número de cédula, el número de registro de cada uno de los defensores ante el órgano jurisdiccional, y la forma de cercioramiento de que pertenece a las personas intervinientes en la audiencia, y una vez hecho lo anterior con plenitud de jurisdicción emitiera la resolución que en derecho correspondiera De lo anterior se colige, que el acto que aquí se reclama consistente en la determinación de diez de febrero del año en curso, emitida por el juez responsable en los autos de la carpeta de investigación **************, en la que señala fecha y hora, para el desahogo de la audiencia inicial, fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo 240/2019; de ahí que, en el caso se actualiza además la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en la que se dispone que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. En virtud de lo anterior, procede desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, con apoyo en el invocado numeral 113, de la propia ley de la materia en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a ************** y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las otras personas indicadas, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita, se le autoriza el acceso para la consulta del expediente electrónico con el usuario "**************", ello conforme a los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia que su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) es con el carácter de persona física, por lo que así deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. Ahora, dado que el quejoso pide la apertura del expediente electrónico y proporciona nombre de usuario, sin embargo no indica si únicamente desea consultar el expediente electrónico o también recibir notificaciones de manera electrónica como lo refiere el Acuerdo General 13/2020. En mérito de lo anterior, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2o, requiérase al promovente, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, especifique si desea que las notificaciones que se deriven del presente juico le sean notificadas vía electrónica, lo anterior de conformidad con los artículos 55, 58 y 60 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Se apercibe al promovente, para el caso de no cumplir en el plazo que para ese efecto se le concedió, las notificaciones personales derivadas del presente sumario se efectuarán en el domicilio que señaló para tal efecto. DATOS DE CONTACTO Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, como lo solicita, se le tiene por informando el correo electrónico y número telefónico a efecto de establecer comunicaciones no procesales; y, de conformidad con lo dispuesto por la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, así como grabadoras o lectores ópticos, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que la mismas tienen expedito su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese."

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