William Damián Ehuan Chuc

Expediente 1179/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1179/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2019

Partes del expediente

  • William Damián Ehuan Chuc

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la aludida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las once horas con cincuenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, con quien actúa legalmente, procede a celebrar la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo número 1179/2019-V, sin la comparecencia de las partes ni representante legítimo de las mismas. A continuación la secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda; auto admisorio de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve (fojas 7 a 9), constancias de notificación practicadas a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, e informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables. En atención a lo anterior, el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas la secretaría da cuenta con las documentales que adjuntó la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje a su informe justificado. El Juez acuerda: de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dichas probanzas, en virtud de su propia y especial naturaleza; con lo anterior se da por terminado el señalado periodo. Seguidamente, abierto el período de alegatos, la secretaría no da cuenta con promoción alguna por lo que se cierra el período de alegatos. Al no haber diligencias pendientes por desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente sentencia. Doy fe.Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 1179/2019-V, promovido por William Damián Ehuan Chuc, contra actos que reclama a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y Actuario adscrito a dicha Junta, que consideró violatorios del artículo 17 Constitucional; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta Entidad Federativa, el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, William Damián Ehuan Chuc, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje y al Actuario adscrito a dicha Junta, los cuales hizo consistir en la denegación de justicia al haber fijado una fecha lejana para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio reclamatorio laboral 794/2018, así como la falta de emplazamiento a la parte demandada en dicho juicio. Segundo. Mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo; se formó el expediente y se registró en el libro de gobierno, se ordenó dar a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, pedir a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, además se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual previo diferimiento se celebra conforme al acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el caso los actos que se reclaman son un acto omisivo atribuible a autoridades que residen dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción y un acto con ejecución dentro del mismo ámbito territorial. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la denegación de justicia al haber fijado una fecha lejana para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio reclamatorio laboral 794/2018, así como la falta de emplazamiento a la parte demandada en dicho juicio. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. respecto al acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento a la parte demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el referido juicio reclamatorio laboral 794/2018, el Actuario de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye, sin prueba en contrario aportada por la parte quejosa; por lo que sobre el particular, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicable y en la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Tomo XLIII, a foja 181, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y el quejoso no desvirtúa esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Se afirma lo anterior, toda vez que de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta responsable, con su informe justificado, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo aplicable, se advierte que el cinco de julio de dos mil diecinueve, el Actuario responsable emplazó a la parte demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto de su apoderada legal Karina del Socorro Puc Couoh, al juicio reclamatorio laboral 794/2018; esto es, dicho emplazamiento se llevó a cabo con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veintiocho de agosto del año que transcurre; por tanto, dicho acto al momento de promoverse el presente juicio resultaba inexistente. De ahí que debe prevalecer la negativa planteada por la autoridad responsable a la que se le imputa dicho acto omisivo y por ende, el sobreseimiento decretado en ese sentido. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, manifestó que es cierto el acto reclamado relativo a la denegación de justicia al haber fijado una fecha lejana para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio reclamatorio laboral 794/2018; por tanto, debe tenerse por existente el mismo. Quinto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo, deben analizarse las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, a criterio de quien esto resuelve, respecto al acto reclamado consistente en la denegación de justicia al haber fijado una fecha lejana para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio reclamatorio laboral 794/2018, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." (Lo subrayado es propio). También, es necesario señalar el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de la Materia, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido de las disposiciones legales transcritas, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señala el artículo 17 del cuerpo de leyes en cita; por su parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo, precisa que el término para la interposición de la demanda se contará, entre otro caso, a partir del día siguiente al en que se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior, se advierte que el término para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En caso contrario, el juicio de amparo interpuesto fuera de ese término será considerado extemporáneo y, por ende, el acto reclamado se entenderá consentido tácitamente actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable que han quedado previamente valoradas, se advierte que mediante acuerdo de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable fijó como fecha inicial para la celebración de la audiencia trifásica de conciliación, demanda y excepciones, el día dieciocho de junio de dos mil diecinueve, siendo que en audiencia de ese día se acordó diferirla, al no haberse emplazado a la parte demandada y se señaló como nueva fecha para su celebración el día cuatro de noviembre de dos mil diecinueve; misma audiencia en la que la parte actora, aquí quejosa quedó debidamente notificada del acuerdo en que se señaló la nueva fecha para la audiencia de ley que aquí se reclama, en virtud que compareció por conducto de su apoderada a la audiencia de esa fecha, a quien se le notificó personalmente de lo acordada (foja 24). De ahí, es evidente que a fue partir de esa fecha, dieciocho de junio de dos mil diecinueve, que la parte quejosa quedó formalmente notificada de la determinación reclamada y estuvo en aptitud de combatir dicho acto en juicio constitucional. Bajo esa óptica, debe señalarse que el término de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal para acudir a la presente instancia, empezó a transcurrir conforme a lo establecido en el artículo 747, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, del diecinueve de junio de dos mil diecinueve (día siguiente al en que surtió efectos la notificación personal practicada a la parte actora, aquí quejosa, del acto reclamado) y feneció el nueve de julio del presente año, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de junio, seis y siete de agosto del mismo año, por ser inhábiles por ley, sin que el impetrante hubiese promovido su demanda dentro de dicho término, pues su escrito inicial que dio origen a este juicio se presentó hasta el veintiocho de agosto del año que transcurre. En ese orden de ideas, es evidente que el promovente consintió tácitamente el acto reclamado que pretende combatir a través de esta vía constitucional, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo. Brinda apoyo a lo anterior, por similitud de razón, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Por consiguiente, si la demanda de amparo fue presentada hasta el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, según se observa del sello de recibido de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán; es evidente que el juicio de amparo resulta extemporáneo, y por ende, la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado que pretende combatir a través de esta vía constitucional, lo que se reitera, hace improcedente el presente juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón, la tesis visible en la página 202 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, enero de 1994, materia común, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Así como la diversa tesis de jurisprudencia, consultable en la página 235, Tomo XI-junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". En las relatadas consideraciones, en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por William Damián Ehuan Chuc, en contra de actos que reclama de las autoridades que han quedado relacionadas y por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables en los presentes autos, fueron puestos a la vista de las partes en auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, notificado el veintiséis del mismo mes y año, por tanto se encuentra transcurriendo el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija para su celebración las once horas con cincuenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguense a los presentes autos para que obren como corresponda los informes justificados rendidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán y el Actuario de dicha Junta; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

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