William Armando Uribe Canul

Expediente 142/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
142/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
28/03/2019

Partes del expediente

  • William Armando Uribe Canul

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA V. Vistos los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintiocho de febrero del año en curso del año en curso; con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo vigente, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la actual Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos el alegato ministerial número 94/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y en atención a lo que manifiesta en el mismo, no ha lugar hacer pronunciamiento alguno acerca de él, toda vez que de autos se advierte que mediante proveído de veintiocho de febrero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, como lo solicita la Fiscal Federal adscrito, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, entréguesele, en el momento procesal oportuno, copia simple de las constancias que alude en su alegato ministerial de cuenta NOTIFÍQUESE Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia médica del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA V. ...este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. No es obstáculo para concluir lo anterior, lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 219/2006-SS, de la que emanaron las jurisprudencias cuyos rubros se transcriben a continuación: ... A partir su publicación, y durante algún tiempo, las jurisprudencias invocadas rigieron la forma de resolver los juicios de amparo en que se reclamaran omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, que infringieran el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ello, porque la suprema instancia resolvió que, respecto de dichas omisiones y dilaciones, no cesaban los efectos ni se consuman irreparablemente las violaciones cometidas cuando la autoridad dejaba de ser omisa y actuaba, porque éstas afectaban también a los actos subsecuentes al estar concatenados dentro de una secuela procedimental. Por ello, resolvió que las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no eran actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, era ineludible que ya no se desarrollaría con prontitud. De igual manera, la suprema instancia estableció que el efecto de las ejecutorias de amparo, en los casos mencionados, no debía limitarse a las omisiones o dilaciones en que hubiera incurrido la autoridad responsable, sino que debía otorgarse el amparo para que procediera, con prontitud, a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implicaba que debía realizar los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin y, en su oportunidad, emitir también con prontitud la resolución definitiva correspondiente, pues sólo así podría cumplir y respetar lo que el derecho fundamental en cuestión exige. Sin embargo, el criterio sustentado en la primera de las jurisprudencias mencionadas (2a./J. 45/2007), fue abandonado expresamente por la propia Segunda Sala del más alto tribunal del País, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil trece, al resolver el recurso de inconformidad 282/20013. En la ejecutoria correspondiente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una nueva reflexión sobre el tema del amparo contra dilaciones y omisiones en procedimientos laborales, determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de trabajo, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Lo anterior, puede corroborarse con el contenido de la tesis 2a. CV/2013 (10a.), que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también afecta a lo establecido en la diversa 2a./J. 44/2007, aunque no se haya abandonado expresamente lo que en ella se precisó, en atención a que la esencia de lo resuelto en el recurso de inconformidad 282/20013 de que se habla, radica en que los efectos de la sentencia de amparo deben concretarse a los actos reclamados y a la etapa del procedimiento laboral correspondiente, lo que imposibilita que la autoridad de amparo se ocupe de los actos futuros o de las nuevas violaciones que puedan cometerse. Además, lo que rige a las jurisprudencias, como tesis, es lo establecido en la ejecutoria de la que emanan y, en el caso, tanto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 44/2007 como la 2a./J. 45/2007, surgieron de la mima contradicción de tesis, a saber: 219/2006-SS, por lo que es posible concluir que la nueva reflexión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe interpretarse o entenderse de forma integral a la referida contradicción de criterios y no únicamente a una de las tesis que de ahí se elaboraron. En lo conducente, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 31/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO ES CONFUSA O INCOMPLETA LA TESIS REDACTADA, DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA. En el caso que del análisis de una tesis y de la ejecutoria respectiva se advierta que aquélla resulta confusa o no refleja lo que en la ejecutoria se sostiene, para efectos de la contradicción debe atenderse a ésta y no a la tesis redactada, puesto que el criterio que sustenta el órgano jurisdiccional se encuentra en las consideraciones de la propia resolución. En consecuencia, por seguridad jurídica debe corregirse la tesis y darse a conocer el verdadero criterio del juzgador que no fue reflejado con fidelidad". De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." En base a ello, no obsta a quien le pueda recaer el carácter de tercero interesado, y que haya sido emplazado en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito.

  4. Principal

    MESA V. ...este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. No es obstáculo para concluir lo anterior, lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 219/2006-SS, de la que emanaron las jurisprudencias cuyos rubros se transcriben a continuación: ... A partir su publicación, y durante algún tiempo, las jurisprudencias invocadas rigieron la forma de resolver los juicios de amparo en que se reclamaran omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, que infringieran el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ello, porque la suprema instancia resolvió que, respecto de dichas omisiones y dilaciones, no cesaban los efectos ni se consuman irreparablemente las violaciones cometidas cuando la autoridad dejaba de ser omisa y actuaba, porque éstas afectaban también a los actos subsecuentes al estar concatenados dentro de una secuela procedimental. Por ello, resolvió que las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no eran actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, era ineludible que ya no se desarrollaría con prontitud. De igual manera, la suprema instancia estableció que el efecto de las ejecutorias de amparo, en los casos mencionados, no debía limitarse a las omisiones o dilaciones en que hubiera incurrido la autoridad responsable, sino que debía otorgarse el amparo para que procediera, con prontitud, a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implicaba que debía realizar los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin y, en su oportunidad, emitir también con prontitud la resolución definitiva correspondiente, pues sólo así podría cumplir y respetar lo que el derecho fundamental en cuestión exige. Sin embargo, el criterio sustentado en la primera de las jurisprudencias mencionadas (2a./J. 45/2007), fue abandonado expresamente por la propia Segunda Sala del más alto tribunal del País, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil trece, al resolver el recurso de inconformidad 282/20013. En la ejecutoria correspondiente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una nueva reflexión sobre el tema del amparo contra dilaciones y omisiones en procedimientos laborales, determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de trabajo, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Lo anterior, puede corroborarse con el contenido de la tesis 2a. CV/2013 (10a.), que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también afecta a lo establecido en la diversa 2a./J. 44/2007, aunque no se haya abandonado expresamente lo que en ella se precisó, en atención a que la esencia de lo resuelto en el recurso de inconformidad 282/20013 de que se habla, radica en que los efectos de la sentencia de amparo deben concretarse a los actos reclamados y a la etapa del procedimiento laboral correspondiente, lo que imposibilita que la autoridad de amparo se ocupe de los actos futuros o de las nuevas violaciones que puedan cometerse. Además, lo que rige a las jurisprudencias, como tesis, es lo establecido en la ejecutoria de la que emanan y, en el caso, tanto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 44/2007 como la 2a./J. 45/2007, surgieron de la mima contradicción de tesis, a saber: 219/2006-SS, por lo que es posible concluir que la nueva reflexión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe interpretarse o entenderse de forma integral a la referida contradicción de criterios y no únicamente a una de las tesis que de ahí se elaboraron. En lo conducente, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 31/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO ES CONFUSA O INCOMPLETA LA TESIS REDACTADA, DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA. En el caso que del análisis de una tesis y de la ejecutoria respectiva se advierta que aquélla resulta confusa o no refleja lo que en la ejecutoria se sostiene, para efectos de la contradicción debe atenderse a ésta y no a la tesis redactada, puesto que el criterio que sustenta el órgano jurisdiccional se encuentra en las consideraciones de la propia resolución. En consecuencia, por seguridad jurídica debe corregirse la tesis y darse a conocer el verdadero criterio del juzgador que no fue reflejado con fidelidad". De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." En base a ello, no obsta a quien le pueda recaer el carácter de tercero interesado, y que haya sido emplazado en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito.

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