William Antonio León Guzmán
Expediente 1488/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 39 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1488/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 11/11/2020
Partes del expediente
- Merany Janahi Gómez Torres
- William Antonio León Guzmán
- William Antonio León Guzmán y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de la representante especial de la parte quejosa; en atención a su contenido, dígasele que mediante auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese. EN TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS, A LAS NUEVE HORAS DEL DÍA DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, LA (EL) SUSCRITA(O) ACTUARIA(O), HAGO CONSTAR QUE LA ANTERIOR DETERMINACIÓN FUE NOTIFICADA POR LISTA. DOY FE.
- Principal
************************Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración las constancias que obran en autos y las manifestaciones de la parte quejosa. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez qué cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, el Juez responsable, deberá realizar lo siguiente: Dictar las medidas adicionales que resulten conducentes y eficaces para hacer efectivas plenamente sus determinaciones y lograr la convivencia decretada del menor, con su progenitor actuando de oficio, como se lo exige el ordenamiento legal, constitucional y convencional correspondiente, entre las cuales puede decretar apercibimientos y sobre todo hacerlos efectivos de darse algún incumplimiento; es decir, estar sensible, presto y expedito para decretar esos apercibimientos en el momento necesario para que cese, ipso facto, cualquier situación irregular que esté ocurriendo en perjuicio de los intereses del menor de edad. Por lo que una vez que se hayan hecho efectivas las medidas de apremio impuestas por el juez responsable o, en su caso, se demuestre que se están llevando las convivencias decretadas del menor con su progenitor, se tendrá por cumplido el fallo. En el entendido que el Juez responsable deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el cumplimiento del ejercicio del derecho de convivencia entre el menor y su progenitor, el cual incluso puede desarrollarse de forma supervisada, pero solo en el caso previsto por la ley (que exista algún peligro para los infantes); además, de imponer el arresto a la progenitora, deberá dictar las medidas necesarias para la protección física y psicológica del infante". Ahora, mediante auto de seis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 180 a 183), causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con domicilio en esta ciudad. Posteriormente, mediante proveído de dieciocho de julio del año en curso (foja 300), se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, en relación a las constancias remitidas por la responsable, en las que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, respecto al cumplimiento de las ejecutorias, el normativo 196 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley". De lo anterior se desprende que, a fin de determinar si en este caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, se estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias y autos se advierte lo siguiente: En acuerdo de nueve de mayo de dos mil diecinueve, la juez responsable ordenó girar oficio a la Dirección General de la Policía Especializada para que por su conducto, se hiciera efectiva a la parte actora la medida de apremio consistente en el arresto por dos horas, debido a que no justificó r su inasistencia a la diligencia que estaba señalada para las doce horas con treinta minutos del siete de mayo del actual,. A través del proveído de catorce de mayo de dos mil diecinueve (fojas 212-213), se tuvo por recibida la comunicación del Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, y anexos, de los cuales se observó, entre otras cosas, que en acuerdo de ocho de mayo del año en curso, se fijaron las nueve horas con treinta minutos del trece de mayo de este año a efecto de que la parte actora y demandada comparecieran ante el juzgado responsable a efecto de establecer las condiciones en que deberán llevarse a cabo las convivencias del menor con su progenitor, con el apercibimiento a la madre del citado menor que, en caso de no comparecer a dicha diligencia, se procedería a modificar la guarda y custodia del referido menor. Luego, la autoridad responsable en diverso acuerdo de nueve de mayo siguiente, determinó que, al no haber justificado la madre del menor su inasistencia a la diligencia que estaba señalada para las doce horas con treinta minutos del siete de mayo del actual, y a petición de la mandataria judicial del demandado, ordenó girar oficio a la Dirección General de la Policía Especializada para que por su conducto, se hiciera efectiva a la parte actora la medida de apremio consistente en el arresto por dos horas. En esa diligencia de trece de mayo del actual, ante la comparecencia de la parte actora y demandada, se modificó el régimen de convivencia a efecto de que ésta se lleve a cabo los días domingo de cada semana, en el horario comprendido de diez a dieciocho horas a partir del diecinueve de mayo de este año, lo cual debería realizarse en compañía del actuario de su adscripción para que levantara acta circunstanciada de lo acontecido. En razón actuarial de diecinueve de mayo de dos mil diecinueve, se asentó que no se llevó a cabo la convivencia del menor con su progenitor toda vez que, al constituirse en el domicilio de la parte demandada y al percatarse el menor de la presencia de su padre y del actuario, se abrazó de la abuelita y comenzó a llorar, por lo que, ante la negativa del menor de convivir con su progenitor, el fedatario judicial dio por terminada la diligencia. En atención a esa diligencia, en proveído de veinticuatro de mayo de esta anualidad, el juez de la causa, ante la negativa del menor de convivir con su progenitor y advirtiendo lo relatado por la psicóloga de su adscripción en el informe correspondiente, ordenó llevar a cabo un proyecto de integración entre el progenitor y su menor hijo, para lo cual dio vista a la referida psicóloga a efecto de que proporcionara un plan estratégico y así pueda tener verificativo el régimen de convivencia establecido entre las partes. Por proveído de tres de junio del año en curso, la autoridad responsable ordenó dar vista a las partes con el contenido del informe rendido por la psicóloga de su adscripción, para que dentro del término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera, apercibidos que de no hacerlo, se tendría por prelucido su derecho; aunado a ello, la citada juez dio cuenta con el oficio signado por el Director Jurídico de la Policía Especializada y anexo, de los cuales se desprende que se llevó a cabo el arresto de la actora ordenado en proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve (fojas 206-207). Mediante acuerdo de cuatro de junio de esta anualidad y en atención a lo señalado por la referida psicóloga, la responsable señaló las nueve horas del siete y catorce de junio del actual para que compareciera la actora a las sesiones propuestas y fijó las quince horas del siete y catorce de junio de este año, para que el demandado se presente a dichas sesiones, previniendo al demandado que de no acatar lo ordenado, se le impondría multa de cincuenta unidades de actualización y, a la actora, ante la contumacia con la que se había conducido, en caso de no comparecer, se procedería a modificar la guarda y custodia del menor. En la comparecencia llevada a cabo el trece de mayo de este año, se modificó el régimen de convivencia establecido en el juicio de origen, en los siguientes términos ". PRIMERA.- DETERMINAN ***** Y *****, QUE EL SEÑOR *****, PODRÁ CONVIVIR CON SU MENOR HIJO DE INICIALES *****. LOS DÍAS DOMINGOS DE CADA SEMANA, EN UN HORARIO DE DIEZ DE LA MAÑANA A DIECIOCHO HORAS. REGIMEN QUE EMPEZARÁ A SUSTIR SUS EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 19 DIECNUEVE DE MAYO DEL 2019 DOS MIL DIECINUEVE.". En diligencia de cuatro de julio de dos mil diecinueve, no se pudo llevar a cabo la convivencia ordenada debido a que el que el menor no quiso ir con su progenitor, por lo que la juez ordenó a la psicóloga un plan estratégico para trabajar con el menor y sus padres, a efecto de que dicha convivencia se efectuara, igualmente, la juez responsable determinó que las convivencias debían modificarse únicamente por el lugar en que se llevaría a cabo la entrega del referido menor, el cual correspondería a las instalaciones del aula lúdica perteneciente al Instituto de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, al ser un lugar neutral, en la inteligencia que el mismo empezaría a surtir efectos a partir del domingo siete de julio de esta anualidad, en el horario establecido de diez a dieciocho horas, siendo esa autoridad jurisdiccional por única ocasión quien monitoreara el resultado de la misma y determinara el comportamiento y adaptación entre el menor y su padre, con el fin de proteger el interés superior de aquél, con la asistencia además, de la psicóloga de la adscripción; asimismo apercibió al demandado que de no comparecer se le impondría multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, y respecto de la actora, se le apercibió que en caso de llegar a la diligencia, se procedería a modificar la guarda y custodia del menor. En la diligencia de siete de julio siguiente, se asentó que la convivencia no se pudo celebrar ante la inasistencia del demandado, no obstante de estar notificado para ello, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento decretado. En consecuencia, la referida juez determinó, por única ocasión, monitorear la convivencia que debía efectuarse el catorce de julio de esta anualidad, apercibiendo, de nueva cuenta al demandado que, de no comparecer a tal diligencia, se le impondría nuevamente multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, y a la actora en los mismos términos del acuerdo de cuatro de julio de este año. En diligencia de esa fecha, comparecieron el menor, sus progenitores, la psicóloga, la juez responsable y secretario adscrito, la cual se desarrolló, en primer término, con dificultades en virtud de que el menor se reusaba a convivir con su padre, luego, la citada juez exhortó a la progenitora a retirarse del lugar de forma voluntaria, a lo que no accedió; en consecuencia, procedió a llamar al vigilante adscrito a dicho edificio, a efecto de que acompañara a la madre del menor a la salida del recinto. Posteriormente, con la intervención de la psicóloga y de la juzgadora, se logró tranquilizar al menor, quien cooperó de forma voluntaria al desahogo de la diligencia, pues hubo adaptación del referido menor en la convivencia con su progenitor, en la realización de diversos juegos y disfrutando de la estancia con su padre, sin que en algún momento preguntara por su madre. De igual forma, el menor manifestó que sí quería salir con su papá, ir al cine y que le diría a su mamá para que su padre pudiera recogerlo con posterioridad para tal efecto. Derivado de ello, se le hizo del conocimiento a la progenitora que la convivencia del padre con el menor es libre y que sólo se modificó la entrega y recepción del citado menor, pero que, en caso de llevarse a cabo la convivencia fuera del aula lúdica, la psicóloga acompañaría al menor y al padre del mismo, motivo por el cual, se solicitó a la mamá su número telefónico para cualquier emergencia, el que fue proporcionado directamente a la psicóloga mencionada. Finalmente, en dicha diligencia se conminó a la parte actora y demandada para que siguieran dando cumplimiento al régimen de convivencia establecido en el sumario, apercibidos que en caso de no hacerlo así, se harán efectivos los apercibimientos decretados en el acuerdo de cuatro de julio del año en curso, firmando el acta correspondiente, quienes en ella intervinieron (fojas 296-298). De la narrativa expuesta, este ordenador jurídico estima que la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Lo anterior es así, pues se advierte que la juez responsable, en atención a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, aplicó las medidas de apremio que estimó pertinentes y emitió las determinaciones respectivas, como lo son un arresto, la designación de un perito en psicología, la asistencia de un fedatario, la modificación del lugar de entrega del menor, así como la imposición de una multa, a efecto de llevar a cabo la convivencia del padre con el menor, la cual, finalmente, tuvo verificativo el catorce de julio de dos mil diecinueve. Sin que se advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector o haberla omitido. No pasa inadvertido para ese juzgador que el quejoso, mediante escrito presentando en la oficialía de partes de este juzgado el veinticinco de julio de esta anualidad, manifestó que no está conforme con el cumplimiento toda vez que a partir del catorce de julio del año en curso, la madre del menor no ha dado cumplimiento al régimen de convivencia, y al efecto, solicita que se requiera a la autoridad responsable para que informe las actuaciones subsecuentes a esa fecha. En atención a su contenido, dígase al quejoso, que no le asiste razón, toda vez que como se explicó en párrafos precedentes, la juez responsable, ha sido diligente en aplicar las medidas de apremio conducentes y las determinaciones correspondientes para que se lleven a cabo las convivencias con su menor hijo, tomando en cuenta los efectos del fallo protector y los acontecimientos suscitados en las diligencias de diecinueve de mayo, cuatro, siete y catorce de julio, todos del dos mil diecinueve. Efectivamente, como se indicó, los efectos del fallo protector fueron en el sentido de que la juez de la causa dictara las medidas adicionales que resulten conducentes y eficaces para hacer efectivas plenamente sus determinaciones a fin de lograr la convivencia del quejoso con el menor, entre las cuales puede decretar apercibimientos y sobre todo hacerlos efectivos en caso de actualizarse algún incumplimiento; es decir, estar sensible, presto y expedito para decretar esos apercibimientos en el momento necesario para que cese, ipso facto, cualquier situación irregular que esté ocurriendo en perjuicio de los intereses del menor de edad. Lo cual, una vez que se hagan efectivas las medidas de apremio impuestas por el juez responsable o, en su caso, se demuestre que se están llevando las convivencias decretadas del menor con su progenitor, se tendría por cumplido el fallo. Luego, si de las actuaciones remitidas por la juez responsable se advierte que decretó las medidas de apremio que estimó pertinentes, así como las determinaciones respectivas, tales como, un arresto, la designación de un perito en psicología, la asistencia de un fedatario, la modificación del lugar de entrega del menor, así como la imposición de una multa, a efecto de que se llevara a cabo la convivencia del padre con el menor, es evidente que se ha cumplido con la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Lo anterior, sin que sea necesario requerir las actuaciones suscitadas posteriormente al catorce de julio del año en curso, pues los efectos decretados no se extienden más allá de los acontecimientos que se lleguen a actualizar por las injerencias de las partes, es decir, el fallo protector obliga a la juez de la causa a proveer respecto de cada una de ellas, como lo son, imponer medidas de apremio a las partes por incumplimiento, decretar una modificación de tiempo, modo, lugar, ordenar la asistencia de un perito o fedatario, así como cada una de las medidas necesarias para que se lleve a cabo el cumplimiento, las cuales se advierten de las actuaciones que se allegaron a este juicio. Lo expuesto, porque no se puede llegar al absurdo de tener por cumplido el fallo o no, atendiendo a cada uno de los acontecimientos ocasionados por las partes en cada diligencia de convivencia, debido a que los efectos de la protección únicamente conllevan a otorgar medidas y herramientas necesarias para que las referidas convivencias se lleven a cabo y de ser el caso que éstas no se verifiquen, el promovente de amparo tiene expedito su derecho para hacerlo valer en la forma en que estime pertinente y ante los medios de impugnación correspondientes. Por tales motivos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196, párrafo cuarto y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la sentencia, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado, que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2.Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo y en su momento se ordena depurar el cuaderno original, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3.Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 4.Devuélvase al Juzgado Segundo del Ramo Familiar del Distritito Judicial Tuxtla, con domicilio en esta ciudad, las constancias consistentes en copias certificadas del juicio de controversias del orden familiar (alimentos) *****(dos tomos), tomando en consideración que éstas ya no son necesarias, en virtud de que este juicio se encuentra concluido. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Hágase entrega de la comunicación dirigida a la Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, el primer día hábil en que la citada autoridad reanude sus labores, toda vez que mediante oficio circular *****, de dos de julio de dos mil diecinueve, la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, informó que durante el período que comprende del dieciséis de julio al dos de agosto de dos mil diecinueve, no correrán los términos procesales en materia Civil, Familiar, Mercantil y Administrativa, así también en el Centro Estatal de Justicia Alternativa y demás áreas administrativas del Consejo de la Judicatura, quedando guardias en los Juzgados Penales (Juzgados de Ejecución de Sentencias, Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes, Juzgados de Paz y Conciliación, Juzgados de Paz y Conciliación Indígena y Juzgados Municipales) Mixtos y de Control y Tribunales de Enjuiciamiento para atender asuntos urgentes y de término constitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis P./J. 16/94, sustentado por el Segundo, Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1994, Página 14, que dice: "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO. El periodo vacacional de la autoridad jurisdiccional responsable constituye un hecho notorio, en virtud de que forma parte del bagaje cultural que es propio del círculo o grupo de los juzgadores de amparo, sobre todo si se toma en cuenta que en la actualidad las reformas constitucionales y legales en vigor a partir de 1988, han permitido la activación y aceleramiento de la desconcentración de los órganos judiciales federales, de modo que su multiplicación y mayor distribución geográfica favorecen su cercanía a las autoridades responsables localizadas dentro de su jurisdicción y, en consecuencia, propician su inmediatez, que les permite enterarse de un hecho tan relevante para su función, como lo es el periodo vacacional de las autoridades responsables cuyos actos juzgan cotidianamente; por ello, el periodo vacacional de la autoridad responsable, que debe ser descartado del término dentro del cual debe presentarse la demanda de garantías, no necesita ser alegado ni probado por el quejoso, puesto que al ser un hecho notorio puede ser invocado de oficio por los juzgadores de amparo, con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo". Notifíquese; personalmente a las partes quejosa, tercera interesada y por oficio a la autoridad responsable. *******************
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado, que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar del acto reclamado. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE TEINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE :...************************Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración las constancias que obran en autos y las manifestaciones de la parte quejosa. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez qué cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, el Juez responsable, deberá realizar lo siguiente: Dictar las medidas adicionales que resulten conducentes y eficaces para hacer efectivas plenamente sus determinaciones y lograr la convivencia decretada del menor, con su progenitor actuando de oficio, como se lo exige el ordenamiento legal, constitucional y convencional correspondiente, entre las cuales puede decretar apercibimientos y sobre todo hacerlos efectivos de darse algún incumplimiento; es decir, estar sensible, presto y expedito para decretar esos apercibimientos en el momento necesario para que cese, ipso facto, cualquier situación irregular que esté ocurriendo en perjuicio de los intereses del menor de edad. Por lo que una vez que se hayan hecho efectivas las medidas de apremio impuestas por el juez responsable o, en su caso, se demuestre que se están llevando las convivencias decretadas del menor con su progenitor, se tendrá por cumplido el fallo. En el entendido que el Juez responsable deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el cumplimiento del ejercicio del derecho de convivencia entre el menor y su progenitor, el cual incluso puede desarrollarse de forma supervisada, pero solo en el caso previsto por la ley (que exista algún peligro para los infantes); además, de imponer el arresto a la progenitora, deberá dictar las medidas necesarias para la protección física y psicológica del infante". Ahora, mediante auto de seis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 180 a 183), causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con domicilio en esta ciudad. Posteriormente, mediante proveído de dieciocho de julio del año en curso (foja 300), se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, en relación a las constancias remitidas por la responsable, en las que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, respecto al cumplimiento de las ejecutorias, el normativo 196 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley". De lo anterior se desprende que, a fin de determinar si en este caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, se estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias y autos se advierte lo siguiente: En acuerdo de nueve de mayo de dos mil diecinueve, la juez responsable ordenó girar oficio a la Dirección General de la Policía Especializada para que por su conducto, se hiciera efectiva a la parte actora la medida de apremio consistente en el arresto por dos horas, debido a que no justificó r su inasistencia a la diligencia que estaba señalada para las doce horas con treinta minutos del siete de mayo del actual,. A través del proveído de catorce de mayo de dos mil diecinueve (fojas 212-213), se tuvo por recibida la comunicación del Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, y anexos, de los cuales se observó, entre otras cosas, que en acuerdo de ocho de mayo del año en curso, se fijaron las nueve horas con treinta minutos del trece de mayo de este año a efecto de que la parte actora y demandada comparecieran ante el juzgado responsable a efecto de establecer las condiciones en que deberán llevarse a cabo las convivencias del menor con su progenitor, con el apercibimiento a la madre del citado menor que, en caso de no comparecer a dicha diligencia, se procedería a modificar la guarda y custodia del referido menor. Luego, la autoridad responsable en diverso acuerdo de nueve de mayo siguiente, determinó que, al no haber justificado la madre del menor su inasistencia a la diligencia que estaba señalada para las doce horas con treinta minutos del siete de mayo del actual, y a petición de la mandataria judicial del demandado, ordenó girar oficio a la Dirección General de la Policía Especializada para que por su conducto, se hiciera efectiva a la parte actora la medida de apremio consistente en el arresto por dos horas. En esa diligencia de trece de mayo del actual, ante la comparecencia de la parte actora y demandada, se modificó el régimen de convivencia a efecto de que ésta se lleve a cabo los días domingo de cada semana, en el horario comprendido de diez a dieciocho horas a partir del diecinueve de mayo de este año, lo cual debería realizarse en compañía del actuario de su adscripción para que levantara acta circunstanciada de lo acontecido. En razón actuarial de diecinueve de mayo de dos mil diecinueve, se asentó que no se llevó a cabo la convivencia del menor con su progenitor toda vez que, al constituirse en el domicilio de la parte demandada y al percatarse el menor de la presencia de su padre y del actuario, se abrazó de la abuelita y comenzó a llorar, por lo que, ante la negativa del menor de convivir con su progenitor, el fedatario judicial dio por terminada la diligencia. En atención a esa diligencia, en proveído de veinticuatro de mayo de esta anualidad, el juez de la causa, ante la negativa del menor de convivir con su progenitor y advirtiendo lo relatado por la psicóloga de su adscripción en el informe correspondiente, ordenó llevar a cabo un proyecto de integración entre el progenitor y su menor hijo, para lo cual dio vista a la referida psicóloga a efecto de que proporcionara un plan estratégico y así pueda tener verificativo el régimen de convivencia establecido entre las partes. Por proveído de tres de junio del año en curso, la autoridad responsable ordenó dar vista a las partes con el contenido del informe rendido por la psicóloga de su adscripción, para que dentro del término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera, apercibidos que de no hacerlo, se tendría por prelucido su derecho; aunado a ello, la citada juez dio cuenta con el oficio signado por el Director Jurídico de la Policía Especializada y anexo, de los cuales se desprende que se llevó a cabo el arresto de la actora ordenado en proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve (fojas 206-207). Mediante acuerdo de cuatro de junio de esta anualidad y en atención a lo señalado por la referida psicóloga, la responsable señaló las nueve horas del siete y catorce de junio del actual para que compareciera la actora a las sesiones propuestas y fijó las quince horas del siete y catorce de junio de este año, para que el demandado se presente a dichas sesiones, previniendo al demandado que de no acatar lo ordenado, se le impondría multa de cincuenta unidades de actualización y, a la actora, ante la contumacia con la que se había conducido, en caso de no comparecer, se procedería a modificar la guarda y custodia del menor. En la comparecencia llevada a cabo el trece de mayo de este año, se modificó el régimen de convivencia establecido en el juicio de origen, en los siguientes términos ". PRIMERA.- DETERMINAN ***** Y *****, QUE EL SEÑOR *****, PODRÁ CONVIVIR CON SU MENOR HIJO DE INICIALES *****. LOS DÍAS DOMINGOS DE CADA SEMANA, EN UN HORARIO DE DIEZ DE LA MAÑANA A DIECIOCHO HORAS. REGIMEN QUE EMPEZARÁ A SUSTIR SUS EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 19 DIECNUEVE DE MAYO DEL 2019 DOS MIL DIECINUEVE.". En diligencia de cuatro de julio de dos mil diecinueve, no se pudo llevar a cabo la convivencia ordenada debido a que el que el menor no quiso ir con su progenitor, por lo que la juez ordenó a la psicóloga un plan estratégico para trabajar con el menor y sus padres, a efecto de que dicha convivencia se efectuara, igualmente, la juez responsable determinó que las convivencias debían modificarse únicamente por el lugar en que se llevaría a cabo la entrega del referido menor, el cual correspondería a las instalaciones del aula lúdica perteneciente al Instituto de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, al ser un lugar neutral, en la inteligencia que el mismo empezaría a surtir efectos a partir del domingo siete de julio de esta anualidad, en el horario establecido de diez a dieciocho horas, siendo esa autoridad jurisdiccional por única ocasión quien monitoreara el resultado de la misma y determinara el comportamiento y adaptación entre el menor y su padre, con el fin de proteger el interés superior de aquél, con la asistencia además, de la psicóloga de la adscripción; asimismo apercibió al demandado que de no comparecer se le impondría multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, y respecto de la actora, se le apercibió que en caso de llegar a la diligencia, se procedería a modificar la guarda y custodia del menor. En la diligencia de siete de julio siguiente, se asentó que la convivencia no se pudo celebrar ante la inasistencia del demandado, no obstante de estar notificado para ello, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento decretado. En consecuencia, la referida juez determinó, por única ocasión, monitorear la convivencia que debía efectuarse el catorce de julio de esta anualidad, apercibiendo, de nueva cuenta al demandado que, de no comparecer a tal diligencia, se le impondría nuevamente multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, y a la actora en los mismos términos del acuerdo de cuatro de julio de este año. En diligencia de esa fecha, comparecieron el menor, sus progenitores, la psicóloga, la juez responsable y secretario adscrito, la cual se desarrolló, en primer término, con dificultades en virtud de que el menor se reusaba a convivir con su padre, luego, la citada juez exhortó a la progenitora a retirarse del lugar de forma voluntaria, a lo que no accedió; en consecuencia, procedió a llamar al vigilante adscrito a dicho edificio, a efecto de que acompañara a la madre del menor a la salida del recinto. Posteriormente, con la intervención de la psicóloga y de la juzgadora, se logró tranquilizar al menor, quien cooperó de forma voluntaria al desahogo de la diligencia, pues hubo adaptación del referido menor en la convivencia con su progenitor, en la realización de diversos juegos y disfrutando de la estancia con su padre, sin que en algún momento preguntara por su madre. De igual forma, el menor manifestó que sí quería salir con su papá, ir al cine y que le diría a su mamá para que su padre pudiera recogerlo con posterioridad para tal efecto. Derivado de ello, se le hizo del conocimiento a la progenitora que la convivencia del padre con el menor es libre y que sólo se modificó la entrega y recepción del citado menor, pero que, en caso de llevarse a cabo la convivencia fuera del aula lúdica, la psicóloga acompañaría al menor y al padre del mismo, motivo por el cual, se solicitó a la mamá su número telefónico para cualquier emergencia, el que fue proporcionado directamente a la psicóloga mencionada. Finalmente, en dicha diligencia se conminó a la parte actora y demandada para que siguieran dando cumplimiento al régimen de convivencia establecido en el sumario, apercibidos que en caso de no hacerlo así, se harán efectivos los apercibimientos decretados en el acuerdo de cuatro de julio del año en curso, firmando el acta correspondiente, quienes en ella intervinieron (fojas 296-298). De la narrativa expuesta, este ordenador jurídico estima que la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Lo anterior es así, pues se advierte que la juez responsable, en atención a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, aplicó las medidas de apremio que estimó pertinentes y emitió las determinaciones respectivas, como lo son un arresto, la designación de un perito en psicología, la asistencia de un fedatario, la modificación del lugar de entrega del menor, así como la imposición de una multa, a efecto de llevar a cabo la convivencia del padre con el menor, la cual, finalmente, tuvo verificativo el catorce de julio de dos mil diecinueve. Sin que se advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector o haberla omitido. No pasa inadvertido para ese juzgador que el quejoso, mediante escrito presentando en la oficialía de partes de este juzgado el veinticinco de julio de esta anualidad, manifestó que no está conforme con el cumplimiento toda vez que a partir del catorce de julio del año en curso, la madre del menor no ha dado cumplimiento al régimen de convivencia, y al efecto, solicita que se requiera a la autoridad responsable para que informe las actuaciones subsecuentes a esa fecha. En atención a su contenido, dígase al quejoso, que no le asiste razón, toda vez que como se explicó en párrafos precedentes, la juez responsable, ha sido diligente en aplicar las medidas de apremio conducentes y las determinaciones correspondientes para que se lleven a cabo las convivencias con su menor hijo, tomando en cuenta los efectos del fallo protector y los acontecimientos suscitados en las diligencias de diecinueve de mayo, cuatro, siete y catorce de julio, todos del dos mil diecinueve. Efectivamente, como se indicó, los efectos del fallo protector fueron en el sentido de que la juez de la causa dictara las medidas adicionales que resulten conducentes y eficaces para hacer efectivas plenamente sus determinaciones a fin de lograr la convivencia del quejoso con el menor, entre las cuales puede decretar apercibimientos y sobre todo hacerlos efectivos en caso de actualizarse algún incumplimiento; es decir, estar sensible, presto y expedito para decretar esos apercibimientos en el momento necesario para que cese, ipso facto, cualquier situación irregular que esté ocurriendo en perjuicio de los intereses del menor de edad. Lo cual, una vez que se hagan efectivas las medidas de apremio impuestas por el juez responsable o, en su caso, se demuestre que se están llevando las convivencias decretadas del menor con su progenitor, se tendría por cumplido el fallo. Luego, si de las actuaciones remitidas por la juez responsable se advierte que decretó las medidas de apremio que estimó pertinentes, así como las determinaciones respectivas, tales como, un arresto, la designación de un perito en psicología, la asistencia de un fedatario, la modificación del lugar de entrega del menor, así como la imposición de una multa, a efecto de que se llevara a cabo la convivencia del padre con el menor, es evidente que se ha cumplido con la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Lo anterior, sin que sea necesario requerir las actuaciones suscitadas posteriormente al catorce de julio del año en curso, pues los efectos decretados no se extienden más allá de los acontecimientos que se lleguen a actualizar por las injerencias de las partes, es decir, el fallo protector obliga a la juez de la causa a proveer respecto de cada una de ellas, como lo son, imponer medidas de apremio a las partes por incumplimiento, decretar una modificación de tiempo, modo, lugar, ordenar la asistencia de un perito o fedatario, así como cada una de las medidas necesarias para que se lleve a cabo el cumplimiento, las cuales se advierten de las actuaciones que se allegaron a este juicio. Lo expuesto, porque no se puede llegar al absurdo de tener por cumplido el fallo o no, atendiendo a cada uno de los acontecimientos ocasionados por las partes en cada diligencia de convivencia, debido a que los efectos de la protección únicamente conllevan a otorgar medidas y herramientas necesarias para que las referidas convivencias se lleven a cabo y de ser el caso que éstas no se verifiquen, el promovente de amparo tiene expedito su derecho para hacerlo valer en la forma en que estime pertinente y ante los medios de impugnación correspondientes. Por tales motivos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196, párrafo cuarto y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la sentencia, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado, que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2.Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo y en su momento se ordena depurar el cuaderno original, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3.Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 4.Devuélvase al Juzgado Segundo del Ramo Familiar del Distritito Judicial Tuxtla, con domicilio en esta ciudad, las constancias consistentes en copias certificadas del juicio de controversias del orden familiar (alimentos) *****(dos tomos), tomando en consideración que éstas ya no son necesarias, en virtud de que este juicio se encuentra concluido. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Hágase entrega de la comunicación dirigida a la Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, el primer día hábil en que la citada autoridad reanude sus labores, toda vez que mediante oficio circular *****, de dos de julio de dos mil diecinueve, la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, informó que durante el período que comprende del dieciséis de julio al dos de agosto de dos mil diecinueve, no correrán los términos procesales en materia Civil, Familiar, Mercantil y Administrativa, así también en el Centro Estatal de Justicia Alternativa y demás áreas administrativas del Consejo de la Judicatura, quedando guardias en los Juzgados Penales (Juzgados de Ejecución de Sentencias, Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes, Juzgados de Paz y Conciliación, Juzgados de Paz y Conciliación Indígena y Juzgados Municipales) Mixtos y de Control y Tribunales de Enjuiciamiento para atender asuntos urgentes y de término constitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis P./J. 16/94, sustentado por el Segundo, Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1994, Página 14, que dice: "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO. El periodo vacacional de la autoridad jurisdiccional responsable constituye un hecho notorio, en virtud de que forma parte del bagaje cultural que es propio del círculo o grupo de los juzgadores de amparo, sobre todo si se toma en cuenta que en la actualidad las reformas constitucionales y legales en vigor a partir de 1988, han permitido la activación y aceleramiento de la desconcentración de los órganos judiciales federales, de modo que su multiplicación y mayor distribución geográfica favorecen su cercanía a las autoridades responsables localizadas dentro de su jurisdicción y, en consecuencia, propician su inmediatez, que les permite enterarse de un hecho tan relevante para su función, como lo es el periodo vacacional de las autoridades responsables cuyos actos juzgan cotidianamente; por ello, el periodo vacacional de la autoridad responsable, que debe ser descartado del término dentro del cual debe presentarse la demanda de garantías, no necesita ser alegado ni probado por el quejoso, puesto que al ser un hecho notorio puede ser invocado de oficio por los juzgadores de amparo, con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo". Notifíquese; personalmente a las partes quejosa, tercera interesada y por oficio a la autoridad responsable. *******************
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