William Alzaga Chabolla
Expediente 840/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- William Alzaga Chabolla
- William Alzaga Chabolla y Otros.
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente de la cual se desprende, que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la determinación de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por William Alzaga Chabolla Edgar Alzaga Chabolla, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) OSCAR DURAN VALDES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.38.cb 09/10/23 14:39:05 II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En mérito de lo anterior, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del Acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. Notifíquese personalmente a la quejosa por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, signada por los quejosos William Alzaga Chabolla y Edgar Alzaga Chabolla, por medio de la cual, desahoga la prevención formulada en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, manifestando bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que en el juicio de origen se ejercitó la acción de rendición de cuentas en contra de los aquí quejosos en la vía ordinaria civil. Señalan que el uno de octubre de dos mil catorce, se dictó sentencia definitiva, condenado a los aquí quejosos a rendir cuentas de la administración que tienen de los inmuebles motivo de la litis, a los señores Oscar Alzaga Pastrana, María Sandra y/o Sandra Alzaga Chabolla, a partir de enero de dos mil nueve y agosto de dos mil diez, absolviéndolos del daño de pagos y perjuicios que les reclamaron los actores en el juicio natural. Precisaron que la sentencia definitiva se encuentra firme. Especificaron el objeto de la rendición de cuentas y su relación con la sentencia definitiva. Asimismo, señalaron las fechas relativas al auto en que se admitió el incidente de rendición de cuentas que refieren (uno de octubre de dos mil veinte), el acuerdo en el que se tuvo por desahogado el requerimiento de rendición de cuentas (tres de mayo de dos mil veintiuno), y proveído en que se tuvo por extemporánea la objeción presentada por el tercero interesado Óscar Alzaga Pastrana (catorce de junio de dos mil veintiuno). Atento a lo anterior, téngase a la parte quejosa desahogando en los términos precisados y provéase lo conducente. En ese orden, vista de nueva cuenta el escrito de demanda y escrito aclaratorio suscritos por los quejosos William Alzaga Chabolla y Edgar Alzaga Chabolla, contra actos del Juez Sexto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; considerando que lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que existen motivos manifiestos e indudables de improcedencia por lo siguiente: Del escrito inicial de demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama en lo conducente: El auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio ordinario civil 93/2013, del índice del Juzgado Sexto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; en el que el Juez responsable requirió a los aquí quejosos realicen la rendición de cuentas a la que fueron sentenciados de forma correcta, completa y debidamente justificada, exhibiendo los comprobantes fiscales para justificar dicha circunstancia, con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondría una multa de veinte unidades de medida y actualización vigente. En virtud de lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia este juzgador también advierte que se actualiza la causal prevista el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el segundo párrafo de la fracción IV del ordinal 107 de la Ley de Amparo, los cuales, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (. . .)" En términos de los artículos citados, el juicio de amparo es improcedente, cuando en el procedimiento de ejecución de sentencia se reclama un acto que no constituye la última resolución de ese procedimiento. La finalidad del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, es evitar que se abuse del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva. Por última resolución, acorde con la norma legal en comento, se entiende como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiere dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, al no oponerse a lo que dispone la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de dos mil uno, página treinta y uno, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." A efecto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia referida, es necesario tener en cuenta los antecedentes que dieron lugar al acto reclamado, manifestados por los quejosos bajo protesta de decir verdad, y que son los siguientes: 1.- Por escrito cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, y que ahora es Juzgado Sexto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, Oscar Alzaga Pastrana y María Sandra y/o Sandra Alzaga Chabolla, en la vía ordinaria civil, demandaron de William Alzaga Chabolla y Edgar Alzaga Chabolla, entre otras cosas, ejercitó la acción de rendición de cuentas, en relación con los inmuebles ubicado en los locales 8 y 9, manzana uno, sección A, del fraccionamiento "Centro Comercial" de Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México. 2.- Por auto de trece de febrero de dos mil trece, el entonces Juzgado Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, ahora Juzgado Sexto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, la registró con el número 93/2013, y la admitió a trámite. 3.- El veintidós de marzo de dos mil trece, los aquí quejosos William Alzaga Chabolla y Edgar Alzaga Chabolla, dieron contestación a la demanda instaurada en su contra. 4.- Tramitado el juicio en sus etapas, el uno de octubre de dos mil catorce, el Juez Sexto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México dictó sentencia, en la que en lo conducente condenado a los aquí quejosos a rendir cuentas de la administración que tienen de los inmuebles motivo de la litis, a los señores Oscar Alzaga Pastrana, María Sandra y/o Sandra Alzaga Chabolla, a partir de enero de dos mil nueve y agosto de dos mil diez, absolviéndolos del daño de pagos y perjuicios que les reclamaron los actores en el juicio natural. 5.- Por auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, Oscar Alzaga Pastrana, por vía incidental promovió la rendición de cuentas, asimismo, el uno de octubre de dos mil veinte, los aquí quejosos hicieron la rendición de cuentas, a lo cual fueron prevenidos, prevención que fue desahogada el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, y el treinta de abril de dos mil veintiuno, exhibieron mediante escrito la rendición de cuentas, con dicho escrito el tres de mayo de dos mil veintiuno se le dio vista a la parte actora, a lo cual el once de mayo de dos mil veintiuno, los aquí quejosos acusaron rebeldía a la vista otorgada a la parte actora en el juicio de origen, la cual no se acordó favorable, por lo que inconforme con dicho auto, promovieron recurso de revocación. 6.- El catorce de junio de dos mil veintiuno, se resolvió dicho recurso el cual resulto fundado y revocó la parte combatida 7. No obstante lo anterior el actor en el juicio de origen, promovió incidente de objeción de partidas no consentidas en la rendición de cuentas, el cual el trece de mayo de dos mil veintiuno, se le dio trámite, por lo que los aquí quejosos interpusieron incidente de nulidad de actuaciones en contra del aludido incidente de nulidad de partidas, a lo que el catorce de junio se dictó resolución incidental, la cual no fue recurrida por lo que quedó firme. 8. El dos de agosto de dos mil veintiuno, el juez de origen dicto un auto en el que en lo conducente, requirió a los aquí quejosos a efecto de que rindieran la información peticionada respecto a la rendición de cuentas, de forma correcta, completa y justificada, exhibiendo los comprobantes fiscales que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondría una multa de veinte unidades de medida y actualización vigente. El último de los actos mencionados es el que reclaman los aquí quejosos, sin embargo, el mismo fue emitido durante la etapa de ejecución de sentencia, sin que constituya la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente atento lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Máxime que el amparo sólo procede si los actos reclamados son ajenos a la cosa juzgada en el procedimiento natural, lo que no ocurre en el particular, dado que el acto de ejecución reclamado, acorde a los antecedentes previamente relatados, está relacionado directa e inmediatamente con la cosa juzgada, al ser materia de la condena impuesta en la sentencia definitiva, razón de más para resultar improcedente el juicio de amparo respecto del acto reclamado aquí analizado. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de dos mil once, página seis, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Asimismo, orienta sobre el particular, el criterio sustentado en la tesis aislada I.3o.C.51 K (10a.) por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro nueve, agosto de dos mil catorce, tomo III, página mil quinientos ochenta y ocho, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN CUANDO AFECTEN DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA. El artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, dispone los supuestos de procedencia del amparo en la vía indirecta que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, así como después de concluido, en ejecución de una sentencia. En la Ley de Amparo abrogada, esa regulación con alguna diferencia, estaba en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el concepto de ejecución de imposible reparación entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Así, deriva de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 5, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.". Ese criterio, en cuanto a la aplicación del concepto de ejecución de imposible reparación con la definición que hace la actual fracción V del artículo 107, es aplicable al caso de la nueva Ley de Amparo. Por tanto, procede el juicio de amparo indirecto contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada." Así, la resolución reclamada no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia referida, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto; por lo que, dicho acto no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo emitido en el juicio ordinario civil 93/2013, de donde deriva el acto reclamado. A mayor abundamiento, los mencionados párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, se apoyan en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución y posterior a este; esto es, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento o con posterioridad al mismo, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. En las condiciones anotadas, ante la actualización de la causal de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción IV del artículo 107, interpretadaen sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por William Alzaga Chabolla y Edgar Alzaga Chabolla. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, asistido de Germán Jaén León, Secretario que da fe.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. VISTA la demanda de amparo promovida por William Alzaga Chabolla y Edgar Alzaga Chabolla, ambos por propio derecho, contra actos del Juez Sexto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 840/2021-V. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2. Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, Los conceptos de violación." 3. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4. No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114 fracción I, en relación con el 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a William Alzaga Chabolla y Edgar Alzaga Chabolla, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realicen lo siguiente: 1. Bajo protesta de decir verdad, narre los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, en relación al expediente 93/2013, lo que deberá realizar de manera clara, precisa y cronológica, en la que mínimamente deberá señalar lo siguiente: Qué tipo de acción o acciones se ejercitaron en el juicio de origen. Cuándo se dictó sentencia, y en qué consistió la misma, es decir, deberá especificar las prestaciones a los que fueron condenados, en su caso, los puntos respecto de los que fueron absueltos. Precisar si la sentencia definitiva se encuentra firme. Cuál es el objeto de la rendición de cuentas que refieren, y cuál es su relación con la sentencia definitiva. Deberá señalar las fechas relativas al auto en que se admitió el incidente de rendición de cuentas que refieren, acuerdo en el que se tuvo por desahogado el requerimiento de rendición de cuentas, y proveído en que se tuvo por extemporánea la objeción presentada por el tercero interesado Óscar Alzaga Pastrana. Lo anterior, toda vez que los que narran resultan insuficientes para advertir de manera precisa la materia del juicio de origen, el sentido de la sentencia dictada en el mismo, si ésta se encuentra firme, la condena impuesta a los quejosos, así como los principales antecedentes ocurridos en el incidente que refieren, siendo que se estima necesaria dicha información. Lo anterior es así, ya que precisamente dichos antecedentes constituyen la base para analizar la acción constitucional en cuestión; entendiéndose por estos, la relación concisa de las actuaciones previas al acto reclamado; así como, las condiciones de hecho que generaron la actividad judicial; ello, a fin de fijar correctamente la litis y requerir los informes respectivos a las autoridades correspondientes. 2. Deberá exhibir tres copias de su escrito de desahogo, con el fin de correr traslado a cada una de las partes. Ello, puesto que son necesarias las copias mencionadas, a fin de correr traslado a las partes, esto es, una para la autoridad responsable, una para el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y una para el tercero interesado. La exhibición de las copias del desahogo, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba a los promoventes y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer, que acto se reclama, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde a la propia quejosa. 3. Deberá exhibir dos copias de su escrito de desahogo para la apertura por duplicado el incidente de suspensión. En ese sentido, se apercibe a los promoventes, que de no desahogar los puntos primero y segundo de prevención, dentro del plazo señalado, se procederá en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada la demanda que nos ocupa. Finalmente, de no desahogarse el tercer punto se postergará la apertura del incidente de suspensión, en términos del último párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, con fundamento en el primer párrafo del artículo 13 de la Ley de Amparo, por solicitud expresa de los promoventes, se tiene como representante común al quejoso Edgar Alzaga Chabolla. Por otro lado, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado únicamente para recibir documentos, así como para oír y recibir notificaciones, a Eleuterio Reynol Galicia Ventura, por así pedirlo expresamente. Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, por así solicitarlo la parte quejosa. En términos del último párrafo del numeral 21 de la ley de la materia, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice las diligencias de este sumario, en días y horas inhábiles. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a los quejosos, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales3, además, proporcione un número de teléfono móvil para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17 constitucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Germán Jaén León, a saber 5553870500, extensión 1384, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1, 3, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.
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