William Alberto Trejo Rangel

Expediente 1232/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1232/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • William Alberto Trejo Rangel

Actuaciones

  1. Principal

    POR MEDIO DE LA PRESENTE LISTA, SIENDO LA PRIMERA HORA HÁBIL DEL DÍA DE HOY, DE CONFORMIDAD CON EL INCISO B, FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE PASADO QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. I. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo del expediente. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. I. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo del expediente. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****** por propio derecho, contra actos del Juzgado Tercero Familiar de Querétaro. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1232/2022, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que, si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. III. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, en virtud de que en la especie, se actualiza causa manifiesta e indudable de improcedencia, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Registro Núm. 186605., es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Por tanto, se hace patente la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. IV. Acto reclamado. En ese tenor, de una lectura integral de la demanda de amparo que nos ocupa se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "**********" Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de control constitucional que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el presente sumario, que supone agotar o ejercitar en contra del acto reclamado y previamente a esta instancia constitucional, el juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2ª./J.115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En el citado precepto, se encuentra inmerso el principio de definitividad del juicio de amparo, atento al cual se impone al quejoso la carga procesal de agotar previamente a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, atendiendo a que el juicio de amparo se trata de un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. En el caso, la parte promovente incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer, previamente a la promoción del juicio de amparo. En efecto, en contra del acto del que se duele la parte quejosa es procedente el recurso de apelación previsto en los artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, que a continuación se transcriben: "Artículo 728. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revise las resoluciones dictadas por el inferior, pudiendo tener como resultado, la confirmación, revocación o modificación de ellas. Artículo 729. Pueden apelar: el litigante, si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio; y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también. Artículo 736. Las sentencias definitivas son apelables cuando recaigan en negocios cuyo valor exceda de trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de calcularse en dinero. En estos casos la apelación se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sea solo en efecto devolutivo. Las sentencias interlocutorias y los autos, sólo son apelables cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio, debiendo los segundos tener fuerza de definitivos o disponerlo este Código. La apelación contra estas resoluciones procede sólo en el efecto devolutivo, salvo que exista en contrario disposición expresa de la ley." De los preceptos legales antes transcritos, podemos concluir que el objetivo del recurso de apelación consiste en modificar, revocar o bien confirmar una resolución que cause agravio al litigante. Asimismo, que el recurso de apelación procede contra las sentencias definitivas en aquellos casos que la cuantía no sea susceptible de calcularse en dinero; y para el caso de que se trate de un auto, será apelable cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio y además tenga la fuerza de definitivo o bien así lo disponga el código. Los anteriores supuestos normativos se estiman actualizados para concluir que el quejoso estaba obligado agotar el citado medio de impugnación, previamente a la instauración del juicio de amparo, al tener como efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado consistente en el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente *****, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, en el cual se ordena al quejoso salir del domicilio donde cotidianamente habitaba con la actora en el juicio ordinario civil, , pues se encuentra comprendido en el supuesto hipotético que prevé el numeral 736 del Código Adjetivo Civil del Estado, toda vez que al admitir apelación la sentencia definitiva que se llegue a dictar en el juicio de origen que sobre reconocimiento de paternidad, domicilio de depósito y pago de gastos y costas, el interés en el asunto no es susceptible de calcularse en dinero y, al tener el carácter de definitivo el acto reclamado, en razón de que no puede ser reparado en la sentencia definitiva, si se toma en consideración que la resolución de fondo de tal procedimiento, no será objeto de estudio la salida del domicilio del aquí quejoso. Por ende al ser un auto no reparable como violación procesal de ser estudiada la sentencia definitiva, entonces era necesario que previo a acudir al presente juicio constitucional agotara el medio de defensa recurso de apelación que es que la legislación en consulta contempla, porque lo decidido en el auto reclamado de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictado por la autoridad responsable, pues se insiste, ya no sería susceptible de analizarse o repararse en la sentencia que llegue a dictarse en dicho juicio; ello es así, porque a través de dicho medio de ordinario de defensa, es dable lograr la modificación, revocación o anulación del acto reclamado, máxime que al ser parte formal en el procedimiento de donde deriva la materia de reclamo, estaba en la aptitud legal de hacerlo. Tampoco obsta para exigir el cumplimiento a ese requisito de procedencia del amparo, el que se combata transgresión a derechos sustantivos, porque aún bajo ese supuesto, quedan obligados a acatar el principio de definitividad. Además, se puntualiza que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza la procedencia del juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez federal suplantaría las facultades de aquél. Asimismo, precisa destacar que si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante el recurso de que se ha hablado, no pueden ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Sin que importe en contrario la naturaleza del acto combatido, porque al tenor de las últimas decisiones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso tratándose de un auto de imposible reparación, ello no constituye una excepción a la observancia del principio de definitividad. Robustece a lo explicado, la Jurisprudencia 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8 del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2017117, de rubro y contenido siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." De igual manera, por identidad de razones, es aplicable al respecto, la jurisprudencia 113/2013 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2005039, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". De esta suerte, si la parte promovente del amparo, instó el presente juicio constitucional no obstante encontrarse obligada a agotar el medio de defensa ordinario la legislación procesal civil del Estado le concede (recurso de apelación), es decir, le asistía la carga procesal de observar el principio de definitividad previamente al ejercicio de su acción constitucional, es inconcuso que al no haberlo hecho, deviene notoriamente improcedente el presente juicio constitucional. Ello es así, pues se insiste si bien el acto reclamado se considera que tenga ejecución de imposible reparación, puesto que lo constituye la salida del domicilio donde actualmente habitaba con su contraria además de que refiere es de su propiedad al encontrarse pagándola en la actualidad, dicha irreparabilidad en si misma no hace procedente el juicio biinstancial, no obstante ello, no exime a la parte quejosa que deba agotar el recurso previsto por la ley previamente a intentarse el juicio de derechos humanos, y así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, ya que el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, señala expresamente que el amparo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, a lo que se suma que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/2015, concluyó que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así como la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página setecientos cincuenta y dos, tomo LXXXIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. Si contra la resolución reclamada en amparo procedía un recurso ordinario, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, conforme a lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la ley orgánica respectiva, sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el quejoso haya hecho valer ese recurso y el mismo le haya sido desechado, porque el consentimiento tácito de esta repulsa, no puede revestirla de legalidad". Al respecto, tampoco resulta trascendente el hecho de que el recurso de apelación de que se ha hablado, como medio ordinario de defensa que la parte quejosa debió agotar antes de acudir a este juicio, no suspenda el procedimiento de origen, dado que esa sola circunstancia tampoco da lugar a que se exceptúe agotar tal medio ordinario de defensa, porque tal evento no se encuentra contemplado como una excepción al principio de definitividad en materia jurisdiccional. Tampoco puede estimarse que por el hecho de que la ley establezca un medio ordinario de defensa contra el acto reclamado, se deje en estado de indefensión a la parte quejosa y que se le prive de un derecho sustantivo durante el proceso, pues válidamente podría haber agotado tal medio de defensa haciendo valer los argumentos que estimara pertinentes y con posterioridad, de ser el caso, promover el juicio de amparo indirecto. Aunado a todo lo anterior, como mayor abundamiento se tiene que la autoridad responsable emitió el acto reclamado en reiteración a la medida cautelar previamente solicitada por su contraria, esto es, con motivo de la separación de cuerpos decretada que dio lugar a la determinación de salida del domicilio donde actualmente habitaba o habita con **** y tres menores de edad, pues en todo caso, lo que tuvo que combatir desde el momento en que le fue notificada dicha medida cautelar, fue esa determinación, la cual no lo hizo según la narrativa de antecedentes que realizó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, pues por el contrario, indicó que solicitó que ésta quedara sin efectos legales al estimar que ya había pasado tiempo considerable para su ejecución o instauración del juicio correspondiente en su contra. En ese sentido, se estima que además de lo antes dicho, la parte quejosa consintió el acto reclamado, pues es la reiteración del emitido el ocho de febrero de dos mil diecisiete, Sobre el tema de la causa de improcedencia que se invoca es de citar la Jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." En consecuencia, al haber sido parte del controvertido de origen, se hace inconcuso que tiene y tuvo los medios ordinarios de defensa a su alcance para hacerlos valer en tiempo y forma conforme a la legislación aplicable. Sin que por otro lado, el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que la misma deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de los mismos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Por tanto, al haberse omitido agotar dicho principio que rige en el juicio de amparo, consistente en hacer valer contra la materia de reclamo a través del recurso de apelación previsto en el artículo 736 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, previo a la promoción de esta instancia constitucional, lo que procede con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza las hipótesis de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. V Captura de proveído. Ahora, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. VI. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. VII. Atención presencial. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. VIII. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. XVI. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *******; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************, lo anterior ya que de la búsqueda dentro del Registro Nacional de Profesionistas, de la Secretaría de Educación Pública se advierte que cuentan con cédula profesional que la acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho. IX. Acceso al expediente electrónico (consulta). En atención a su solicitud y toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), en el "reporte de autorizados para consultar expediente electrónico", con el nombre proporcionado se encontró el usuario "***". En tal virtud, con fundamento en los artículos 9 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el nombre de usuario referido. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización únicamente de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. X. No correo ni número telefónico. Ahora, tomando en consideración que el promovente señala correos electrónicos y números telefónicos en su demanda para recibir notificaciones, sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad, tomando en consideración que dichos medios no se encuentran en los previstos por el artículo 27 de la Ley de Amparo, el cual establece que las notificaciones podrán realizarse en forma personal, por oficio, por lista o vía electrónica, en ésta última, obteniendo previamente la Firma Electrónica; sin embargo, se le tiene como medio de contacto para los efectos legales a que haya lugar. XI. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. XII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XIII. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. XIV. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XV. Transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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