Wilians de la Sancha Ocampo
Expediente 479/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 479/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Wilians de la Sancha Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 479/2019-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el cinco de julio de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, en caso de que las autoridades responsables se encuentren gozando de su periodo vacacional, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanuden labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 479/2019-II, promovido por WILIANS DE LA SANCHA OCAMPO. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por demanda presentada el ocho de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada al día siguiente a este Juzgado, WILIANS DE LA SANCHA OCAMPO, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de 1) Dirección General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 2) Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, 3) Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, 4) Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos y 5) Congreso del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de diez de abril de dos mil diecinueve se admitió la demanda, por lo que se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Luego, por auto de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se fijaron las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de junio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional, que inició en términos del acta de esa fecha. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, siendo en el caso el siguiente: Del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, la expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 18, apartado B), fracción II, subinciso f) de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. De la Dirección General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, por el que se dio inicio al procedimiento administrativo DGAI/PA/023/2019-03. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, consistente en la expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 18, apartado B), fracción II, subinciso f) de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el respectivo ámbito de sus funciones, en virtud de que así lo expresaron al momento de rendir su informe justificado. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, y por extensión las locales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2 de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad jurídica, se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. De igual forma, es cierto el acto de aplicación que se reclama a la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, consistente en el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, por el que se dio inicio al procedimiento administrativo DGAI/PA/023/2019-03, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado; lo que se corrobora con la copia certificada del procedimiento antes referido, el cual, al reunir las características de un documento público al haber sido expedidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser las causales de improcedencia de estudio preferente, se procede al análisis de lo que se estima se actualiza en lo especifico. Para abordar el análisis respectivo, resulta relevante precisar que la procedencia del amparo contra normas generales impugnadas con motivo de su aplicación -como acontece en la especie- está condicionada a la procedencia del referido juicio en contra de éste, por lo que el juzgador de amparo podrá pronunciarse válidamente sobre la constitucionalidad de las normas generales impugnadas, siempre y cuando no se actualice una causa que afecte la procedencia del juicio respectivo contra el acto de aplicación de aquéllas. En efecto, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una norma general con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación; pues -se determinó que- el juzgador de amparo debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de la protección constitucional, la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Asimismo, en la citada tesis jurisprudencial se determinó que de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Tales consideraciones además de sustentarse en el criterio jurisprudencial antes mencionado, tienen apoyo en la tesis jurisprudencial 2a./J. 71/2000, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, Segunda Sala, Novena Época, con número de registro 191311, de rubro siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." En ese orden de ideas, cuando se impugnan en amparo normas generales con motivo de un acto concreto de aplicación (heteroaplicativa), el primer aspecto que debe abordarse por orden lógico es el relativo a la procedencia del juicio de amparo contra el acto que se señala como aquel en el que se concretaron las normas generales cuya constitucionalidad se impugna, pues aun cuando en el referido acto sí se concrete en perjuicio del quejoso lo previsto en las normas impugnadas e, incluso, se trate del primer acto de aplicación, si la demanda respectiva es improcedente respecto de éste, también lo será, en relación con las normas concretadas por primera vez en dicho acto. En atención a lo expuesto, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de la materia, se analizará en forma primigenia, si procede o no el juicio de amparo respecto del acto de aplicación que refirió el quejoso de la norma que impugna, en el entendido que, de ser improcedente respecto de éste, lo será de igual forma respecto de aquélla. Este Juzgado Federal, de oficio, advierte que el presente juicio es improcedente respecto del indicado acto señalado como de aplicación de las normas combatidas, en términos del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." El quejoso WILIANS DE LA SANCHA OCAMPO, al presentar su demanda manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, al señalar que fue citado a comparecer al inicio al procedimiento administrativo número DGAI/PA/023/2019-03 (foja 4). Sin embargo, tal manifestación quedó desvirtuada con la copia certificada del aludido procedimiento administrativo DGAI/PA/023/2019-03 (fojas 111 a 244) de la cual se desprende lo siguiente: Cédula de notificación levantada a las catorce horas con cincuenta minutos del siete de marzo de dos mil diecinueve, que se dejó en poder del directo quejoso WILIANS DE LA SANCHA OCAMPO, cerciorándose de estar en el domicilio señalado; además, dijo ser la persona buscada y que en ese momento no contaba con alguna identificación, manifestando que él era la persona buscada, agregando que todos lo conocían, en tanto que el notificador asentó que entregó en sus manos la cédula de notificación que contiene el acuerdo dictado por la Dirección General de Asuntos Internos de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, solicitándole firmara de recibido, negándose hacerlo diciendo que únicamente lo recibiría pero no firmaría ningún documento, dejando en su poder la cédula de notificación al ser la persona buscada, asentando que recibía, pero no firmaba (foja 169 a 175). Documental que, al margen de constituir una impresión certificada por servidor público, en el intrínseco constituye la actuación de un funcionario público (notificador) en ejercicio de sus funciones con valor probatorio pleno, salvo prueba en contra o declaratoria de nulidad, que en el particular no existe y por ende, produce de manera plena los efectos jurídicos conducentes; además, la notificación es un acto procesal a cargo de una autoridad que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario, lo que tampoco ocurrió en este asunto. Es aplicable por analogía la tesis jurisprudencial número IV.2o. J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 265, Tomo I, mayo de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario". Ahora bien, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo prevén que existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A aquél en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Entonces, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Siendo así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario; como acontece en el presente asunto, en el que se acreditó una fecha distinta a la manifestada bajo protesta de decir verdad por el quejoso, como de conocimiento por notificación del acto reclamado. En ese orden de ideas, se advierte que tuvo pleno conocimiento de la existencia de los actos reclamados en el expediente administrativo DGAI/PA/023/2019-03, desde el siete de marzo de dos mil diecinueve, dado que fue directamente el quejoso WILIANS DE LA SANCHA OCAMPO, quien recibió la notificación de la resolución de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo mencionado, por el que se dio inicio al procedimiento administrativo en su contra, como elemento policial adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Luego, conforme al artículo 27, último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos (aplicable supletoriamente al procedimiento administrativo) por disposición del artículo 171 fracción VII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, las notificaciones personales surten sus efectos al día siguiente en que se practican. Así, la aludida notificación efectuada el siete de marzo de dos mil diecinueve, surtió efectos el día (ocho) siguiente, de ahí que el término de quince días hábiles para la interposición de la demanda, comenzó a partir del día once de marzo de dos mil diecinueve (día hábil siguiente de aquél en que surtió efectos la notificación) y feneció el dos de abril de dos mil diecinueve, sin contar dentro de ese plazo los días inhábiles nueve, diez, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintiuno, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, es indudable que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, en razón de que el quejoso consintió tácitamente los actos reclamados al no haber presentado la demanda dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues conforme al sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, WILIANS DE LA SANCHA OCAMPO presentó su demanda hasta el ocho de abril de dos mil diecinueve, es decir, fuera de ese término legal. Es aplicable por similitud jurídica la tesis número 216152, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: Tomo XXXI, Enero de 2010 "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia. Así, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito del acto impugnado, prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V de la ley en comento, en relación al mencionado acto de aplicación reclamado. Consecuentemente, al reclamarse la inconstitucionalidad del artículo 18, apartado B), fracción II, subinciso f) de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, como una norma heteroaplicativa, atendiendo a la vinculación estrecha que existe entre el ordenamiento y el acto de aplicación, se impide examinar al primero prescindiendo del otro, por tanto, al ser improcedente la demanda de amparo respecto del acto de aplicación, se debe decretar el SOBRESEIMIENTO también respecto del ordenamiento que se tilda de inconstitucional. En el mismo sentido, la jurisprudencia número 2a./J. 71/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y cinco, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.- Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTO, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por WILIANS DE LA SANCHA OCAMPO, respecto a los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy cinco de julio de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Vistos los autos del juicio de amparo 479/2019-II, promovido por WILIANS DE LA SANCHA OCAMPO. R E S U L T A N D O: PRIMERO. ***** C O N S I D E R A N D O: *** Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por WILIANS DE LA SANCHA OCAMPO, respecto a los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy cinco de julio de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de catorce de mayo de dos mil diecinueve, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; motivo por el cual, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
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