Wilian Cruz Hernández

Expediente 235/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
235/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
19/03/2019

Partes del expediente

  • Wilian Cruz Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Estado procesal. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de garantías; en consecuencia, con apoyo en el citado precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Remisión al archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Destrucción expediente. De

  2. Principal

    1. Promoción. Se tiene por recibido el escrito de demanda promovido por Wilian Cruz Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez de Control de la Región Tres de los Distritos Judiciales de Ocosingo y Yajalón, con residencia en Ocosingo, Chiapas y otra autoridad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 235/2019, en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo . De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4 . Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, del análisis del libelo de cuenta, se advierte que la parte quejosa se duele de los actos reclamados consistentes en el control de la detención hecha por el Juez de Control de la Región Tres de los Distritos Judiciales de Ocosingo y Yajalón, dentro de la causa penal 42/2018 y el auto de vinculación a proceso que se le dictó en esa misma instancia. En vista de ello, operan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XVII del artículo 61 , en relación con el diverso 17 , de la Ley de Amparo. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción XVII del citado ordenamiento legal, queda evidenciado que el juicio de amparo es improcedente cuando se trate de actos emanados de un procedimiento judicial en que por virtud del cambio de situación jurídica en el procedimiento respectivo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el mismo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, lo que en la especie aconteció, debido a que el estadio procedimental del control de detención que se tilda de inconstitucional (entendido como el acto procesal en que el juez de control analiza en audiencia si hubo flagrancia o caso urgente como razones legítimas de la detención, previamente a la audiencia de formulación de imputación y, evidentemente, a la vinculación a proceso), quedó ampliamente superado con el estado procesal alcanzado con el auto de vinculación que le fue dictado en esa causa. En efecto, si el control de la detención es uno de los actos primarios con que puede iniciar un proceso penal de corte adversarial y acusatorio, es por demás notorio que la vinculación a proceso (comprendida como uno de los actos procesales con que concluye dicha etapa inicial) implica un mayor recorrido procesal en el trámite del juicio, de tal suerte que no podría decidirse en esta instancia de amparo la constitucionalidad o no de ese acto de inicio (control de la detención) sin afectar la nueva situación legal generada con motivo del dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste ha producido sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía que pudiere resultar violada, al quedar consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo. Ahora por lo que respecta a la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador consideró como causal de improcedencia del juicio, el consentimiento del acto reclamado, expreso o tácito; en este último caso, estableció como presunción legal cuando los actos no se impugnen dentro de los términos previstos en el dispositivo 17 de la indicada ley reglamentaria. Conforme a lo expuesto, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo , a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior, el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Del análisis del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa manifiesta que tuvo conocimiento del acto el doce de noviembre de dos mil dieciocho; por lo tanto, si la demanda respectiva se promueve fuera del plazo señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional, dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con él. En ese sentido, el acto reclamado por la parte quejosa no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; pues, no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Se dice lo anterior, toda vez que del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el accionante del amparo refiere que el doce de noviembre de dos mil dieciocho, el actuario y notificador del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo y Yajalón, le notificó el auto de esa misma data, en el que se señaló las doce horas para la celebración de la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso; por ello, es irrefutable, que de acuerdo con los alcances y contenido de dicho precepto 17, la demanda promovida debió presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes, al en que tuvo conocimiento del acto que reclama. Por tanto, es inconcuso que el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del catorce de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82, fracción III párrafo segundo, de la Código Nacional de Procedimientos Penales, las notificaciones personales surtirán sus efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y los plazos empezaran a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación. Esto es así, porque tomando en consideración que la parte quejosa presentó la demanda hasta el uno de marzo del presente año, según consta el sello de recibo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa, esto es fuera del plazo de quince días que establece en el numeral 17 de la Ley de Amparo. La tesis que se invoca da refuerzo a la argumentación contenida en este proveído. 3.1. Desechamiento. Las razones expuestas, motivan la actualización de las causales de improcedencia advertidas, por ello, no puede analizarse la constitucionalidad de los actos reclamados, ante el acto consumado de un modo irreparable y la presentación en forma extemporánea de la demanda de amparo consintiendo tácitamente el diverso acto reclamado, por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, de conformidad con los arábigos 61, fracciones XIV y XVI, 17 y 18, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el numeral 113 de la ley en cita. 4. Domicilio y autorizados para notificaciones. En virtud de que el promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, y como tal figura no está prevista en la ley de la materia, téngase la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso a), de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Orienta esta determinación por analogía, la tesis XXII.1o.22 K. Asimismo, designa como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica en su escrito de demanda. Por otra parte, respecto a la solicitud planteada por el accionante del amparo en el sentido de que se le designe como su defensor al público adscrito, dígasele que no ha lugar acordar favorable su petición; toda vez que la ley de amparo no contempla tal figura, sin embargo, se le hace de su conocimiento si es su deseo, que tiene a salvo su derecho para designar al defensor público adscrito de la causa de origen. 4.2 Habilitación actuarial. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al citado Juez, para que habilite días y horas inhábiles al funcionario para que lleve a cabo la diligencia encomendada cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. 5. Reproducción electrónica. Con fundamento en la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la obtención de copias en el presente juicio. 6. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 7. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Notifíquese en términos de ley. 8. Protección de datos personales.

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