Wiliam Joaquín Galvan Galindo y Otros.
Expediente 896/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 896/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Wiliam Joaquín Galvan Galindo y Otros.
- Wiliam Joaquín Galvan Galindo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, concretamente el informe justificado remitido por la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y anexos, consistentes en copia certificada del expediente 1333/2022 del índice de Juzgado Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, así como las constancias relativas al toca 326/2023 del índice de la autoridad responsable, a las que se le concede pleno valor probatorio en términos de Ley, de las que se advierte que el estado procesal que guarda el juicio de origen es el de concluido, en virtud de haberse confirmado la interlocutoria que declaró procedente la excepción de cosa juzgada. En efecto, en el presente juicio se reclama como acto de autoridad destacado el siguiente: "(.) sentencia que confirma resolución interlocutoria EMITIDA POR LA C. MAGISTRADA DE LA SALA FAMILIAR REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA en fecha 28 de agosto del 2023". Ahora bien, dado que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, se procede a abordar dicha figura, pues de no hacerlo contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal, situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 35 y 48 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218721, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Sobre esa base, se advierte que este juzgado federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por **********************, por propio derecho, por razón de vía. En el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;.". Por su parte, el artículo 47, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". Como se puntualizó, de la demanda de amparo, así como de análisis del informe justificado rendido por la magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, se desprende que se promovió contra una resolución que puso fin al juicio de origen, esto es, que sin decidirlo en lo principal lo dio por concluido. Así es, debido a que, como se dijo, los quejosos se duelen de la resolución de veintiocho de agosto del presente año, dictada en el toca de apelación 326/2023 por la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en la que se confirmó el recurso de apelación interpuesto contra la determinación adoptada por el juzgado de origen en la audiencia preliminar desahogada en el juicio 1333/2022, en la que declaró procedente la excepción de cosa juzgada y concluyó el citado juicio. Acto reclamado, cuyo conocimiento es competencia de un Tribunal Colegiado, debido a que, dada la naturaleza jurídica de la determinación que confirmó el recurso de apelación y los efectos que produce, esto es, dejar firme la decisión del juez de origen, es un acto que puso fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dio por terminado. Por tanto, este juzgado considera que el acto que se reclama es impugnable a través del juicio de amparo directo, puesto que consiste en la resolución que confirmó el recurso de apelación y, por ende, dejó firme la determinación de primera instancia que declaró procedente la excepción de cosa juzgada, lo que constituye una resolución que puso fin al juicio. En efecto, se afirma que la competencia del presente asunto es en la vía uni-instancial, dado que la resolución reclamada puso fin al procedimiento antes citado y acorde a lo establecido en el primero de los numerales antes transcritos, la resolución de esa naturaleza es impugnable en amparo directo. De ahí que, se estime que la resolución reclamada encuadra en lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al advertir que el acto reclamado es materia de amparo directo, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado declara carecer de competencia legal, para continuar conociendo de la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo en que se actúa; por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, se ordena de inmediato remitir el presente expediente, junto con el cuaderno incidental correspondiente, así como el Tomo de pruebas relativo al juicio de amparo que nos ocupa, formado con las documentales que adjuntó la autoridad responsable Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir el informe justificado solicitado, al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, por conducto de la Oficialía Común de los Tribunales Colegiados de Circuito, a fin de que determine lo conducente, solicitándole acuse de recibo correspondiente. En el entendido de que el expediente se encuentra formado únicamente por las constancias que fueron presentadas de forma física por las partes, por lo que se autoriza el acceso al expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con lo dispuesto en el numeral 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo de la Judicatura; por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A" a efecto de que lleve a cabo la autorización correspondiente. Realícense las anotaciones convenientes en el libro de electrónico de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO Y TERCERO INTERESADO EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, concretamente el informe justificado remitido por la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y anexos, consistentes en copia certificada del expediente 1333/2022 del índice de Juzgado Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, así como las constancias relativas al toca 326/2023 del índice de la autoridad responsable, a las que se le concede pleno valor probatorio en términos de Ley, de las que se advierte que el estado procesal que guarda el juicio de origen es el de concluido, en virtud de haberse confirmado la interlocutoria que declaró procedente la excepción de cosa juzgada. En efecto, en el presente juicio se reclama como acto de autoridad destacado el siguiente: "(.) sentencia que confirma resolución interlocutoria EMITIDA POR LA C. MAGISTRADA DE LA SALA FAMILIAR REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA en fecha 28 de agosto del 2023". Ahora bien, dado que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, se procede a abordar dicha figura, pues de no hacerlo contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal, situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 35 y 48 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218721, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Sobre esa base, se advierte que este juzgado federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por **********************, por propio derecho, por razón de vía. En el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;.". Por su parte, el artículo 47, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". Como se puntualizó, de la demanda de amparo, así como de análisis del informe justificado rendido por la magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, se desprende que se promovió contra una resolución que puso fin al juicio de origen, esto es, que sin decidirlo en lo principal lo dio por concluido. Así es, debido a que, como se dijo, los quejosos se duelen de la resolución de veintiocho de agosto del presente año, dictada en el toca de apelación 326/2023 por la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en la que se confirmó el recurso de apelación interpuesto contra la determinación adoptada por el juzgado de origen en la audiencia preliminar desahogada en el juicio 1333/2022, en la que declaró procedente la excepción de cosa juzgada y concluyó el citado juicio. Acto reclamado, cuyo conocimiento es competencia de un Tribunal Colegiado, debido a que, dada la naturaleza jurídica de la determinación que confirmó el recurso de apelación y los efectos que produce, esto es, dejar firme la decisión del juez de origen, es un acto que puso fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dio por terminado. Por tanto, este juzgado considera que el acto que se reclama es impugnable a través del juicio de amparo directo, puesto que consiste en la resolución que confirmó el recurso de apelación y, por ende, dejó firme la determinación de primera instancia que declaró procedente la excepción de cosa juzgada, lo que constituye una resolución que puso fin al juicio. En efecto, se afirma que la competencia del presente asunto es en la vía uni-instancial, dado que la resolución reclamada puso fin al procedimiento antes citado y acorde a lo establecido en el primero de los numerales antes transcritos, la resolución de esa naturaleza es impugnable en amparo directo. De ahí que, se estime que la resolución reclamada encuadra en lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al advertir que el acto reclamado es materia de amparo directo, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado declara carecer de competencia legal, para continuar conociendo de la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo en que se actúa; por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, se ordena de inmediato remitir el presente expediente, junto con el cuaderno incidental correspondiente, así como el Tomo de pruebas relativo al juicio de amparo que nos ocupa, formado con las documentales que adjuntó la autoridad responsable Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir el informe justificado solicitado, al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, por conducto de la Oficialía Común de los Tribunales Colegiados de Circuito, a fin de que determine lo conducente, solicitándole acuse de recibo correspondiente. En el entendido de que el expediente se encuentra formado únicamente por las constancias que fueron presentadas de forma física por las partes, por lo que se autoriza el acceso al expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con lo dispuesto en el numeral 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo de la Judicatura; por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A" a efecto de que lleve a cabo la autorización correspondiente. Realícense las anotaciones convenientes en el libro de electrónico de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.
- Principal
se difiere la audiencia constitucional señalada para esa fecha y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Ello, tomando en consideración además que mediante proveído de trece de octubre del año actual, se le tuvo reconocido el carácter de tercero interesado a ********************y se comisionó al actuario judicial de la adscripción para que realizada la notificación correspondiente, a fin de dar oportunidad a que la parte tercero interesada indicada se imponga de los autos, sin que a la fecha se tenga información al respecto.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, se tiene por rendido el informe justificado solicitado, en términos de lo dispuesto en el numeral 117 de la ley en la materia; por lo que, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el precepto legal 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como prueba de su parte las documentales que en acompaña a la misiva de cuenta, consistentes en copia certificada del expediente ***** del índice de Juzgado Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, así como las constancias relativas al toca *** del índice de la autoridad responsable, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora bien, con las documentales adjuntas al informe indicado, a fin de evitar su deterioro y para un mejor manejo del expediente, se ordena formar tomo de pruebas por separado, respetando su folio y rúbrica. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que convino en la existencia de los actos reclamados, de las que se obtiene que en el juzgado indicado se encuentra radicado el juicio oral ordinario familiar 1333/2022, promovido por *****, en contra de *****, a quien, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado por ser la contraparte de los quejosos en la controversia familiar de origen. Por lo que, se ordena emplazar con las formalidades debidas, en términos del artículo 26, fracción I, inciso b), de la misma ley, a ****, en el domicilio ubicado en avenida ****** de esta ciudad, entregándole copia simple de la demanda de amparo, anexos, auto admisorio, informe justificado y notificándole la fecha de la audiencia constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la ley de la materia. Notifíquese, personalmente al tercero interesado.
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