Wiliam Issac Gómez Cuevas y Otros.

Expediente 72/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
72/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
05/04/2019

Partes del expediente

  • Wiliam Issac Gómez Cuevas y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a cinco de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio, el seis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 76 a 85), en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Francisco Ricardo Mendoza Urbina, apoderado legal de la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia y con apoyo en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-B

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a seis de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio 5530/2019, recibido vía interconexión, firmado por el Secretario adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que remite diligenciado el exhorto con números de orden 105/2019 y de origen 46/2019 (fojas 30 a 32), deducido de este juicio de amparo que se le giró para que notificara personalmente a la parte quejosa el acuerdo de prevención de catorce de febrero del actual (fojas 26 a 29); acúsese recibo vía interconexión; dése de baja en el libro de gobierno y háganse las anotaciones correspondientes. Por otra parte, agréguese el escrito de Francisco Ricardo Mendoza Urbina, apoderado legal de la parte actora dentro del juicio laboral número 57/2018, del índice de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, por el que cumple en tiempo, en atención a lo asentado en la certificación secretarial que antecede, con la prevención formulada en acuerdo de catorce de febrero del actual (fojas 26 a 29), acreditando su personalidad con la actuación original con firmas autógrafas del auto de calificación de pruebas de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el incidente de falta de personalidad dentro del expediente 57/2018, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca (foja 64). Ahora, toda vez que el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; y, dado que no se ha admitido a trámite la demanda de amparo, se procede analizar si la misma es procedente o no. Por tal motivo, resulta oportuno analizar la demanda de amparo, la que, por los motivos que más adelante se precisarán y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha por notoriamente improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Tomando en consideración que el apoderado de la parte quejosa dentro del juicio natural reclama, substancialmente, la resolución interlocutoria dictada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el incidente de falta de personalidad que promovió en nombre y representación de la parte actora en el juicio 57/2018, del índice de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca; se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la aludida causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso dispositivo legal 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado se trata de actos emitidos dentro de juicio (procedimiento laboral) que no son de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Dichos dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Como se puede observar, de la lectura de los preceptos legales antes transcritos, se advierte como requisito para la procedencia del amparo indirecto en contra de aquellos actos emitidos dentro de un juicio, conforme al artículo, fracción e inciso plasmado, que tales actos deben ser de imposible reparación. Pues bien, sobre dicho tema (actos de imposible reparación) nuestro Más Alto Tribunal ha tenido diversas interpretaciones a lo largo de la historia, en muchas veces contradictorias, mismas que ha plasmado en criterios jurisprudenciales de observancia obligatoria para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior ocurría así, en virtud de que el legislador no se ocupaba de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto, que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Sobre dicho tópico, el Pleno del Máximo Tribunal del País fijó un parámetro en la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Página 39, con número de registro 2006589, con el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En dicha ejecutoria, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación especificó que para ser calificados como actos de imposible reparación o irreparables, éstos necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior implica que una violación procesal o adjetiva, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos que no puedan ser reparables. Ahora, como ya se ha precisado anteriormente, la parte quejosa reclama substancialmente, la resolución interlocutoria dictada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el incidente de falta de personalidad que promovió en nombre y representación de la parte actora en el juicio 57/2018, del índice de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca. En la demanda de amparo (fojas 7 a 23), el promovente, bajo protesta de decir verdad, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo previsto en el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, manifestó que en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la que tuvo verificativo el tres de septiembre de dos mil dieciocho, específicamente en la etapa de demanda y excepciones, dicho promovente, en su carácter de apoderado de la parte actora en el juicio laboral 57/2018, promovió incidente de falta de personalidad de Rolando Espino Bustos y Hernán Reyes Larrea, el primero, como representante legal de las empresas demandadas "UNIÓN DE PERMISIONARIOS DE SERVICIO MIXTO DE RÍO GRANDE", Asociación Civil y "TRANSPORTES DE PASAJEROS UNIDOS DE RÍO GRANDE", Sociedad Anónima de Capital Variable, y el segundo, como apoderado de dichas empresas; por tal motivo, la autoridad responsable mandó abrir el incidente respectivo en la misma pieza de autos, con suspensión del juicio en lo principal, reservándose la autoridad laboral en dicha diligencia el derecho para calificar las pruebas ofrecidas por las partes. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, la junta responsable calificó las pruebas de las partes; y, por resolución de siete de diciembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable se pronunció respecto del incidente de falta de personalidad planteado (lo que constituye el acto reclamado), la cual no favoreció a la parte actora del juicio laboral. De lo expuesto, se aprecia que la determinación reclamada en la que se resolvió el incidente de falta de personalidad promovido por el apoderado de la parte actora en el juicio laboral 57/2018; se trata de actos meramente intraprocesales, y cuyas consecuencias, en su caso, se encuentran sub-judice al dictado del laudo. Por lo que es inconcuso que la resolución reclamada no tiene el carácter de ser de imposible reparación, pues no producen una afectación material a derechos sustantivos, ya que sus consecuencias, en su caso producirían una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, la cual será hasta el dictado del laudo en que se advierta si lo resuelto en el incidente de falta de personalidad de la parte demandada fue o no desfavorable a los quejosos. Además, si el laudo que se llegue a dictar en el expediente laboral fuera desfavorable a los quejosos, pueden reclamarlo en el juicio de amparo directo, donde podrán hacer valer las violaciones procesales que se sostiene. En consecuencia, al no ser el acto reclamado de imposible reparación, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la aludida causal de improcedencia, contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. En merito a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con la fracción V, del artículo 63 de la ley en comento, se desecha de plano la demanda de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 678, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección, Apéndice de 2011, Octava Época, con número de registro 1002679, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Se precisa que la invocada jurisprudencia no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que se aplica con sustento en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia anterior. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa dentro del término legal de tres días que se le concedió en acuerdo de prevención dictado el catorce de febrero del año en curso (fojas 26 a 29), no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, como se hizo constar en la certificación secretarial que antecede, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele este acuerdo, así como los subsecuentes, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista al quejoso en cumplimiento a lo ordenado en este acuerdo. III-B

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