Wilfrido Gustavo Bautista Concha
Expediente 756/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 756/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 12/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Wilfrido Gustavo Bautista Concha
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada) haya recurrido la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso WILFRIDO GUSTAVO BAUTISTA OCHOA; por lo tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al Secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c) (incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incide de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al Secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 756/2022; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. ********************, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgado de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno le correspondió conocer a este juzgado de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al juez Octavo de lo Familiar y Conclusión del Séptimo Civil del Centro, Oaxaca, Agente del Ministerio Público de su adscripción, y Primera Secretaría de dicho juzgado, que más adelante se precisaran, los cuales estima violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintiocho de junio de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito desechó la demanda de amparo por cuanto hace a la Primera Secretaría del Juzgado Octavo de lo Familiar y Conclusión del Séptimo Civil del Centro, Oaxaca, y Agente del Ministerio Público de su adscripción; por otra parte, admitió la demanda de amparo en cuanto hace al Juez Octavo de lo Familiar y Conclusión del Séptimo Civil del Centro, Oaxaca, le solicitó su informe justificado, dio la intervención que legalmente le corresponde a la representación social de la federación adscrita, posteriormente emplazó a la parte tercera interesada, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La determinación dictada en audiencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en el expediente familiar ********************, en la cual se le fija por concepto de pensión alimenticia a favor de su menor hijo un salario mínimo diario de forma quincenal. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La jueza Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias remitidas al efecto, consistentes en copias certificadas del expediente familiar ********************, a las cuales, desde este momento se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su precepto 2. CUARTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa resultan infundados, sin que se advierta suplencia de la queja que hacer valer, conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Para arribar a lo anterior, se toman en consideración los antecedentes del acto reclamado: Mediante comparecencia ante la juez responsable de catorce de junio de dos mil veintidós, ********************, entre otras cosas, solicitó la guarda y custodia de su menor hijo de iniciales ********************., y medidas de protección en contra de ********************. Con motivo de lo anterior, la juez responsable señaló las trece horas del dieciséis de junio de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia de carácter familiar, radicándose al efecto el expediente ********************. En la fecha y hora señaladas, comparecieron ******************** y ********************, una vez que manifestaron lo que a sus intereses convino en relación a la misma, la juez Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, otorgó la guarda y custodia del menor de edad de iniciales ********************., a favor de su progenitora; por otra parte, y en atención a lo manifestado por la representación adscrita a dicho juzgado, tomando en consideración que dicho menor cuenta con la edad de doce años y seis meses, por lo que tiene la necesidad de que se le proporcionen los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de comida, vestido, habitación, así como atención médica. De ahí que, al ser los alimentos de orden público y de urgente necesidad, cuyo fin es asegurar la subsistencia de quien lo demande hasta la sentencia definitiva, con fundamento en los artículos 148, 150, 155, 158, 162, 163 y 165 del Código Familiar, y 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, al haber manifestado el demando que es de ocupación chofer de taxista, le fijó por concepto de pensión alimenticia a favor de su menor hijo un salario mínimo diario de forma quincenal, pues hasta ese momento no se encuentra acreditada su capacidad económica. Constituyendo tal determinación el acto reclamado en la presente instancia constitucional, y contra la cual, la parte quejosa formuló los siguientes conceptos de violación: Que la determinación es violatoria de sus derechos fundamentales, pues se le obliga a pagar una pensión alimenticia en forma provisional de un salario mínimo, del cual tiene que subsistir, ya que paga luz, agua, ropa, zapatos, etc.; que se desempeña como chofer de taxi, aunado a que en ocasiones no trabaja cuando el taxi se descompone. Que la señora ********************, es solvente económicamente, pues trabaja en el ********************, con un ingreso neto mensual de nueve mil trescientos veinte pesos, por tanto se transgreden los artículos 324 y 325 del Código Civil del Estado, pues el salario mínimo fijado es desproporcional. Por último, refiere que la determinación no está debidamente fundada y motivada, ya que la responsable no señala las razones y motivos que consideró para fijar la pensión alimenticia. Luego, como se dijo al inicio del presente considerando, tales conceptos de violación devienen infundados, mismos que se estudiaran en su conjunto, por encontrarse relacionados entre sí. Ahora, de lo expuesto se tiene que el acto reclamado deriva de una controversia familiar en la que se encentra involucrado un menor de edad, por lo que el mismo tendrá que analizarse a la luz de su interés superior como niño. Así, convine tener presente lo que dispone el artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del siguiente tenor: "Artículo 4. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." Dicho precepto, al señalar que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, está delineando los elementos esenciales del derecho de alimentos que, además, tiene como objetivo central su desarrollo integral. Sin menoscabo de lo anterior, el contenido último de la obligación alimentaria es económico, pues consiste en un pago en dinero o en la incorporación a la familia, pero la finalidad a que se atiende es personal, pues aunque es patrimonial el objeto de la prestación, la obligación se encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad; esto es, tiene un contenido económico que permite al ser humano obtener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera. Así, el objeto de la obligación alimentaria está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, como por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos del acreedor alimentista. Todo lo anterior, teniendo como base el interés superior del niño, el cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones en esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas, esto es, la función social ahora es de orden público e interés social. En ese orden de ideas, se tiene que toda contienda judicial en la que se encuentren involucrados los derechos humanos de los menores, deberá resolverse atendiendo al interés superior del menor. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el número de registro digital 159897, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Precisado lo anterior, se tiene que la determinación adoptada por la juez responsable, no es violatoria de los derechos fundamentales del quejoso, ya que la obligación de pagar alimentos al menor de edad tiende a satisfacer sus necesidades más apremiantes, aunado a que los mismos son de carácter provisional y urgentes dada la necesidad de recibirlos, obligación que resulta ser de orden público e interés social, sin soslayarse que los mismos son susceptibles de modificarse en el transcurso del juicio, o al resolverse en definitiva. Sustenta lo anterior, la tesis de la Primera Sala del máximo tribunal del país, con el registro digital 2006163, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. La procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Así, el Estado tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia." Ahora, conviene transcribir lo que disponen los artículos 150, 155 primer párrafo, y 158 primer párrafo, del Código Familiar para esta Entidad Federativa, "Artículo 150. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas, que estuvieren más próximos en grado." "Artículo 155. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, los gastos de embarazo y parto. Respecto de las niñas, niños o adolescentes los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación del alimentario y para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales. (.)." "Artículo 158. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a las necesidades del que deba recibirlos. Para el caso de ascendientes, además de lo anterior, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad el derecho a la reciprocidad alimentaria. (.)" De los referidos preceptos de obtiene que es obligación de los padres proporcionar alimentos a sus hijos, los cuales serán proporcionados a las posibilidades de quien deba darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos; así también, que los alimentos comprenden comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, entre otras cosas. En ese sentido, no asiste razón al quejoso cuando refiere que la fijación de un salario mínimo diario es desproporcional, cuando refiere que su cónyuge percibe ingresos superiores a los de él, de igual forma, cuando dice que dicha decisión no está fundada ni motivada. Es así, pues la obligación que le impuso la juez responsable de pagar un salario mínimo diario quincenalmente, en favor de su menor hijo, en modo alguno transgrede sus derechos fundamentales. En efecto, pues si bien es cierto, de las constancias integrantes del juicio familiar, no se advierte la progenitora del menor hubiera ofrecido constancia alguna por la cual se acreditara la capacidad económica del deudor, cierto es también, que ello no lo exime de la obligación de otorgarle alimentos de manera provisional, aunado a que la juez -contrario a lo alegado por el quejoso- motivó la fijación de un salario mínimo diario, en razón de que los alimentos son de orden público y urgente necesidad, cuyo fin es asegurar la subsistencia de quien los demande hasta el dictado de la sentencia definitiva, además de que el deudor alimentario es de ocupación chofer de taxi, sin soslayarse que la pensión decretada, apenas es suficiente para la subsistencia de su menor hijo. En otras palabras, la finalidad de la pensión alimenticia provisional es resolver momentáneamente un problema urgente, como es el de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria del menor, lo que debía resolverse atendiendo al interés superior del niño, tal y como como correctamente lo fundamentó y motivó la juez responsable al fijar la pensión alimenticia provisional aquí reclamada; por lo tanto, resulta apegado a derecho la determinación de un salario mínimo diario quincenal por concepto de pensión alimenticia. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, bajo el número de registro digital 174804, que dice: "ALIMENTOS. CUANDO NO EXISTE MEDIO DE CONVICCIÓN QUE EVIDENCIE A CUÁNTO ASCIENDEN LOS INGRESOS DEL OBLIGADO A PROPORCIONARLOS, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE FIJAR DISCRECIONALMENTE EL MONTO DE LA PENSIÓN TOMANDO COMO BASE, POR LO MENOS, UN SALARIO MÍNIMO DIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). La circunstancia de que en autos del juicio natural, no haya quedado demostrada la capacidad económica del deudor alimentista, ante la falta de justificación por parte de la acreedora alimentaria de que aquél es propietario de un negocio, si bien es verdad que no constituye motivo suficiente para relevarlo de su obligación alimentaria, no menos lo es que, de conformidad con el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz que prevé que los alimentos han de ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, para que esta medida resulte justa y equitativa, al no existir en el sumario medio de convicción alguno que evidencie a cuánto ascienden los ingresos del obligado a proporcionar alimentos, la autoridad responsable, actuando dentro de los límites de la lógica y la razón, debe fijar discrecionalmente el monto de la pensión tomando como base, por lo menos, un salario mínimo diario, ya que en esas condiciones es el que se considera suficiente para sufragar los gastos elementales que comprende el concepto de alimentos." Además, al tratarse de una medida precautoria y de carácter urgente, únicamente deben aportarse elementos que presuman la necesidad y urgencia de quien deberá percibir los alimentos, por lo que resulta incuestionable que su fijación no requiere de una valoración profunda de las pruebas ofrecidas en el momento de decretarse, pues en el transcurso del juicio, el deudor alimentario tendrá la oportunidad de ofrecer los medios de convicción que estime convenientes para contradecir el derecho del acreedor a percibir alimentos, o en su caso, reclamar su reducción. Ahora, si bien el quejoso refiere que hay ocasiones en los cuales no trabaja cuando el taxi se descompone, por lo que no es proporcional la pensión decretada, cierto es también, que ello no lo exime de la obligación de otorgar alimentos a su menor hijo, aunado que no existe en el presente asunto, ni en el de origen, medio de convicción que acredite tenga imposibilidad para trabajar en cualquier otro oficio o profesión que mejor le acomode, máxime que como ya se mencionó, el monto fijado por concepto de alimentos, apenas es suficiente para sufragar los gastos más elementales que comprenden dicha prestación. Por último, el hecho de que su cónyuge tenga ingresos superiores a los de él, como ya se ha dicho, no lo exime de la obligación de otorgar alimentos a su menor hijo, los cuales, como quedó evidenciado, se fijaron de manera proporcional atendiendo a su capacidad económica, y sobre todo, anteponiendo el interés superior del niño, conforme al artículo 4 de la Constitución Federal. En ese orden de ideas, y al ser infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta suplencia de la queja que hacer valer, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ********************, contra el acto reclamado a la juez Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la determinación dictada en audiencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en el expediente familiar ********************, en la cual se le fija por concepto de pensión alimenticia a favor de su menor hijo un salario mínimo diario de forma quincenal. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado a la juez Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la determinación dictada en audiencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en el expediente familiar ********************, en la cual se le fija por concepto de pensión alimenticia a favor de su menor hijo un salario mínimo diario de forma quincenal, por las razones expuestas en la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 756/2022. R E S U L T A N D O : ÚNICO. En proveído de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se mandó tramitar el presente incidente de suspensión promovido por Wilfrido Gustavo Bautista Concha, contra los actos reclamados al Juez Octavo de lo Familiar y Conclusión del Séptimo Civil del Centro, que más adelante se precisaran, y que estimó violatorios de los artículos 14 y 16, Constitucionales. Por consiguiente, se pidió a la autoridad responsable su informe previo, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados en el presente incidente de suspensión son: La determinación dictada en la audiencia de carácter familiar de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente familiar 237/2022, en la que se fijó un salario mínimo vigente en forma quincenal, a favor del menor de iniciales A.N.B.C. por concepto de alimentos. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La Jueza Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, conviene en la existencia de los actos reclamados. TERCERO. Suspensión definitiva. Respecto de la suspensión de los actos reclamados, se precisa que la misma se proveerá únicamente con relación a los efectos para los cuales lo solicitó la parte quejosa, de conformidad con lo previsto en el artículo 125 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencial sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2019200, que dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Así, se tiene que el quejoso Wilfrido Gustavo Bautista Concha, solicita la suspensión del acto reclamado para los siguientes efectos: ".para que se me otorgue la suspensión provisional de los actos reclamados y en su oportunidad la definitiva..." Conforme a lo anterior, se tiene que la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa del acto reclamado, deriva de un asunto del orden familiar relativo al pago de alimentos, en el que se encuentra involucrado un menor de edad, por lo que, de concederse se impediría el pago de los mismos, de ahí que, con fundamento en los artículos 128 y 129 fracción IX, de la Ley de Amparo, interpretado el primero en sentido contrario, no ha lugar a su otorgamiento. En efecto, pues tales preceptos disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.". "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: [.] IX. Se impida el pago de alimentos; [.]". De dichos numerales se colige que, para la procedencia y concesión de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, bastará que la solicite la parte quejosa y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. También se establece expresamente que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión, se impida el pago de alimentos. En ese contexto, si la suspensión que solicita el quejoso tiende a que no se ejecute el acto reclamado y por tanto, no se le requiera el pago de la pensión provisional fijada en la contienda de origen a favor de su menor hijo, debido a que se encuentra imposibilitado para realizar dicho pago, es claro que, de concederse la medida cautelar, se impediría el pago de alimentos, pues el efecto pretendido con la misma es que no se le requiera el mismo, de manera que la medida cautelar indefectiblemente tendría como consecuencia impedir que se hagan efectivos los alimentos decretados, lo que contravendría disposiciones de orden público y causaría perjuicio al interés social en términos del numeral 129, fracción IX, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Wilfrido Gustavo Bautista Concha. NOTIFÍQUESE.
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