Wilfrido Corona Romero

Expediente 392/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
392/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
24/05/2017

Partes del expediente

  • Wilfrido Corona Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la comparecencia que antecede del quejoso Wilfrido Corona Romero, con que se da cuenta y por la cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en autos, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, del examen de la demanda de amparo y del escrito por el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en autos, se advierte que el quejoso sustancialmente señala como acto reclamado: "la indebida orden para la tramitación indebida e inscripción al padrón catastral del inmueble denominado "PANCHO REY", a la Directora del Impuesto Predial y Catastro del Municipio de Papalotla, Tlaxcala; la indebida orden para la expedición de la constancia de posesión hacia el Juez Municipal de dicho municipio y la indebida orden para la ejecución de la mediación y/o mensura del inmueble mencionado a favor del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Papalotla, Tlaxcala, actos que dieron origen a la escritura número (3985) tres mil novecientos ochenta y cinco, del libro (84) ochenta y cuatro, folio (8741) ocho mil setecientos cuarenta y uno, pasada ante la fe del Ciudadano Notario Público número seis, de Tizayuca, Hidalgo, Licenciado OCTAVIO EDUARDO SOTO HERNANDEZ, inscrita en la Dirección de notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, en el documento electrónico RP98AV-52BT71-YJ40G6, folio real TL71- R8Y2-WN35-5F4D, de fecha veintisiete de agosto del año dos mil quince, relativa a la cesión de derechos de posesión otorgada por el señor CRISPIN HERNANDEZ HERRERA, a favor del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Papalotla, Tlaxcala. ..". Actos que concatenados todos y cada uno de ellos, manifiesta dieron resultado que el Notario Público Número Seis de Tizayuza, Hidalgo, autorizo y tiraje de la escritura número (3985) tres mil novecientos ochenta y cinco, del libro (84) ochenta y cuatro, folio (8741) ocho mil setecientos cuarenta y uno, pasada ante la fe del Ciudadano Notario Público número seis, de Tizayuca, Hidalgo, Licenciado OCTAVIO EDUARDO SOTO HERNANDEZ, inscrita en la Dirección de notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, en el documento electrónico RP98AV-52BT71-YJ40G6, folio real TL71- R8Y2-WN35-5F4D, de fecha veintisiete de agosto del año dos mil quince, relativa a la cesión de derechos de posesión otorgada por el señor CRISPIN HERNANDEZ HERRERA, a favor del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Papalotla, Tlaxcala. En el caso, resulta improcedente la demanda de amparo, ya que como el quejoso lo manifiesta quien emitió el acto que reclama fue el Notario Público Número Seis de Tizayuza, Hidalgo, toda vez que a éste no le reviste el carácter de autoridad responsable, respecto de los actos aquí reclamados, consistentes en la autorización y tiraje de la escritura número (3985) tres mil novecientos ochenta y cinco, del libro (84) ochenta y cuatro, folio (8741) ocho mil setecientos cuarenta y uno, pasada ante la fe del Ciudadano Notario Público número seis, de Tizayuca, Hidalgo, Licenciado OCTAVIO EDUARDO SOTO HERNANDEZ, inscrita en la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, en el documento electrónico RP98AV-52BT71-YJ40G6, folio real TL71- R8Y2-WN35-5F4D, de fecha veintisiete de agosto del año dos mil quince, relativa a la cesión de derechos de posesión otorgada por el señor CRISPIN HERNANDEZ HERRERA, a favor del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Papalotla, Tlaxcala, respecto del bien inmueble denominado "PANCHO REY". Como se anunció, del examen de la demanda de derechos fundamentales, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Al respecto el artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En tales condiciones este Órgano Jurisdiccional está en aptitud de analizar la procedencia del presente juicio de garantías. En el presente caso, resulta legalmente configurada la causal de improcedencia del presente juicio de amparo, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con la fracción II del numeral 5º, de la invocada ley, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.]. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.- Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De la interpretación sistemática de los preceptos legales en mención, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley, y que es autoridad responsable, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por su parte, los artículos 1º, 2º y 3o de la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala, establecen: "Artículo 1.- La fe pública es un atributo del Estado y su ejercicio se puede realizar, entre otras maneras, por actos concretos de delegación, a través de profesionales del Derecho, mediante la expedición de las patentes respectivas como Notarios Públicos." "Artículo 2.- El Notariado es una función de orden público. El Titular del Ejecutivo, a través de sus dependencias coordinará, regulará, vigilará y controlará el ejercicio de las funciones notariales. La fe pública notarial es la facultad que originalmente corresponde a los órganos del Estado, quien la puede delegar transitoriamente y, en todo caso, conservará la potestad sobre la misma y podrá imponer las modalidades sobre el ejercicio que dicte el interés general.". "Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: I.- Notario: Al Notario Público como persona profesional del derecho, investida de fe pública por delegación del Estado, para que de manera personal oriente, autentique y dé forma a los actos y hechos jurídicos en que intervenga de acuerdo con la Ley. II.- Dirección: A la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado, como órgano encargado de estudiar y regular lo relacionado a las cuestiones inherentes a la fe pública notarial y a la materia registral que recaiga directamente sobre el derecho privado. III.- Instrumento Público: El instrumento otorgado con las formalidades que la ley establece, en presencia de un Notario Público a quien la Ley confiere la facultad de autorizarlo. IV.- Escritura: Instrumento original que el Notario Público asienta en el protocolo para hacer constar un acto jurídico y que contiene la firma y el sello del mismo. V.- Patente: Es el certificado que otorga el Estado a un profesional del derecho, quien habiendo cumplido con los requisitos que la Ley establece, le confiere la fe pública de explotación temporal.". De los artículos 1º, 2º y 3o de la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala, establece que el notario es la persona investida por el Estado, para que de manera personal oriente, autentique y dé forma a los actos y hechos jurídicos en que intervenga de acuerdo con la Ley. Esto es, resulta cierto que el fedatario lleva a cabo una función administrativa, pero ella sólo se concreta a autentificar los hechos o actos que se le sometan, sin que mediante ese ejercicio pueda constituir, desconocer o restringir derechos a los particulares. De esta manera, las escrituras públicas que expida adolecen de las características que debe revestir un acto de autoridad, que se traduce, en un imperio u orden derivada de alguna resolución unilateral; pues, se enfatiza, entre sus funciones no está la de emitir algún tipo de decisión, sino exclusivamente dar fe de los hechos y actos jurídicos que se sometan a su conocimiento. Entonces, si el notario público está dotado de fe pública exclusivamente para autentificar actos y hechos, ya por disposición de la ley o atendiendo a su naturaleza, es inconcuso que no actúa con imperio y facultad de decisión, ni realiza motu proprio actos de molestia que puedan ser reclamados en el juicio de amparo; por consiguiente, no realiza funciones que encuadren en las previstas por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo tanto, su actuación está desprovista de imperio y decisión, excluyéndolo así del carácter de autoridad responsable, al carecer de la facultad de dictar, promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o trate de ejecutar la ley o el acto reclamado. Es aplicable al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CCIV/2001, visible en la página 39, Tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". En otras palabras, la protocolización de una escritura que se le atribuye el Notario Público Número Seis de Tizayuza, Hidalgo, no le da la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, dado que su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad, por ser un fedatario de los hechos u actos jurídicos que se sometan a su conocimiento. Para ilustrar las anteriores precisiones es oportuno citar la tesis P. XXVII/97, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página ciento dieciocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". En consecuencia, es improcedente el juicio de amparo por lo que respecta el Notario Público Número Seis de Tizayuza, Hidalgo, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por lo que resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la invocada ley. En mérito de lo anterior, dicho desechamiento se hace extensivo a las autoridades que señala como responsables en virtud de que el acto que les reclama consistentes en la inscripción al registro público, al padrón catastral y la constancia de posesión, derivados respecto de la escritura número (3985) tres mil novecientos ochenta y cinco, del libro (84) ochenta y cuatro, folio (8741) ocho mil setecientos cuarenta y uno, pasada ante la fe del Ciudadano Notario Público número seis, de Tizayuca, Hidalgo, Licenciado OCTAVIO EDUARDO SOTO HERNANDEZ, inscrita en la Dirección de notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala a favor del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Papalotla, Tlaxcala; en virtud de que son consecuencia directa de los que reclama al Notario Público Número Seis de Tizayuza, Hidalgo y al no tener éste el carácter de autoridad, el Ayuntamiento, Presidente, Director de Obras, todos del municipio de Papalotla, Tlaxcala, Presidente de Comunidad de San Marcos Contla, perteneciente a dicho municipio, Director de Notarias y Registro Público del Estado, Directora de Impuesto Predial y Catastro del municipio de Papalotla, Tlaxcala y Juez Municipal del mismo municipio, corren la misma suerte. Finalmente, es de establecerse que al hacerse pública la presente resolución de conformidad con los artículos 8 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no deberán suprimirse los datos personales de las partes, ya que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT 1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito al parecer signado por WILFRIDO CORONA ROMERO; toda vez que se aprecia que la firma que calza dicho ocurso referido, difiere de la estampada en su escrito de demanda de amparo; en tales circunstancias, requiérasele para que dentro del término de tres días, siguientes a su legal notificación, comparezca ante este Juzgado, en horas hábiles y con documento oficial con fotografía, a ratificar su escrito de mérito, y una vez hecho lo anterior, se acordará lo que en derecho proceda; en caso de no cumplir, se tendrá por no presentado. Consideración que encuentra su apoyo además en la Jurisprudencia por contradicción de tesis 7/89, publicada en la página novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Tercera Sala, Segunda Parte, bajo el rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, por el que remite los autos originales del juicio de amparo 389/2017 MESA III del índice de ese juzgado, en razón de que no acepta el conocimiento de la demanda promovida por Wilfrido Corona Romero, por su propio derecho; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase al promovente del amparo para que dentro del término de cinco días contados a partir del en que sea legalmente notificada de éste proveído por escrito y con las copias necesarias del mismo por ser parte integral de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la propia ley, bajo protesta de decir verdad manifieste: Qué acto le reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables. Manifieste qué autoridad emitió el acto consistente el tiraje de la escritura número 3985 del libro 84, con folio 8741 pasada ante la fe del Notario Público número tres de Tizayuca, Hidalgo, que refiere en su demanda. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado dentro del término fijado, se tendrá por no presentada, conforme al artículo 114, fracción V, párrafo segundo, de la ley de la materia. Notifíquese por lista de acuerdos.

  4. Principal

    Con la demanda de amparo promovida por Wilfrido Corona Romero, por su propio derecho, contra actos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala y otras autoridades, al que adjunta un anexo; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 392/2017-1. Del estudio integral de la demanda, se estima que este juzgado federal es legalmente incompetente para conocer de la misma, atento a las siguientes consideraciones. Del escrito demanda y anexo que acompaña el quejoso, se desprende que en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, se tramita el diverso juicio 105/2017-III, de lo que se colige que la demanda que instó el presente sumario tiene relación directa con dicho juicio de su índice. Ahora bien, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, en el artículo 45, fracción II, señala sobre el turno por conocimiento previo lo siguiente: ".II. Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registro con anterioridad ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o especifico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél ... ' Por su parte, del artículo 46 del mismo Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, se obtienen las hipótesis para establecer si un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir un antecedente que haga procedente su vinculación, siendo que en el caso este órgano jurisdiccional considera actualizada las siguientes: "Articulo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos: De los preceptos transcritos se obtiene que en el caso este Juzgador no resulta competente para conocer del presente sumario, en virtud de que por razón de turno, atendiendo a la forma relacionada que prevé el artículo 45 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, debió de remitirse al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en virtud de que el presente juicio de amparo indirecto tiene relación con el diverso 105/2017-III. En razón de lo anteriormente expuesto, se advierte que, el conocimiento del presente Juicio constitucional corresponde al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ya que se reitera, todo juicio de amparo indirecto promovido contra actos vinculados, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra los actos derivados de ese mismo asunto. Lo anterior es así, toda vez que el citado Acuerdo General, faculta al titular de cada órgano jurisdiccional para que cuando se le turne un asunto y estime que otro juzgado de distrito debe conocer de dicho juicio de amparo, deberá remitirlo con sus anexos al juzgado de distrito que considere que debe conocer del asunto. En consecuencia, como se adelantó, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado mediante similar publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, por encontrarnos en las hipótesis previstas en la fracción II, del artículo 46 del mismo acuerdo. Por tanto, con fundamento en el artículo 46 del citado Acuerdo General, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el presente expediente, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, para que se pronuncie respecto a si acepta o no el conocimiento del mismo, solicitando a la brevedad posible remita el acuse de recibo respectivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes. Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa por medio de lista, en razón de haber señalado los estrados de este juzgado, el cual no se le puede tener como su domicilio, por tratarse de una institución pública; asimismo, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia a Pablo Cadena Romero, por tener cédula registrada ante el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes Acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y únicamente por autorizado en términos de la última parte del segundo párrafo del numeral en mención, a María Elena Tecocoatzi Juárez, por no contar con cédula registrada ante el mencionado Registro y Consulta de Cédulas Profesionales. Notifíquese por lista de acuerdos.

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