Wilfrido Chanes Ayala

Expediente 623/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
623/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
15/10/2020

Partes del expediente

  • Wilfrido Chanes Ayala

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto de desechamiento de demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos documentos; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa, el proveído de quince de octubre de dos mil veinte, mismo que en síntesis establece: ".Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto de desechamiento de demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos documentos; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos."

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa, el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, mismo que en síntesis establece: ".ANOTACIÓN Vista la demanda promovida por.por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 623/2020-IV. DESECHAMIENTO Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: "EL AVISO DE COBRO POR AJUSTE A LA FACTURACIÓN, bajo el oficio No.-1973/2019, llevada a cabo por la Responsable Comercial de zona Atizapán CFE Suministrador de Servicios Básicos, LIC. REYNA I. ABUSTO TORRES, mismo que derivó en el CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII1, de la ley de la materia, en relación al ordinal 5°, ambos de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de actos de autoridad. En efecto, el aviso de cobro por ajuste a la facturación y el corte del suministro de energía eléctrica, deriva de un acto comercial en el que la emisora no funge como autoridad, sino más bien se trata de cuestiones inherentes al campo de derechos y obligaciones que derivan del suministro de energía eléctrica y respecto de las cuales la vía idónea para combatirlas es acudir ante los tribunales ordinarios. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 198/2017, determinó que la Comisión Federal de Electricidad opera como una empresa privada que, entre otros, presta el servicio público y universal de suministro básico de energía eléctrica bajo un régimen especial. Apuntó que dicho régimen especial -de derecho privado- permite que sus relaciones con los particulares con los que celebra contratos de suministro de energía eléctrica sean entendidas como mercantiles, es decir, están sujetas a reglas especiales que varían de acuerdo a las necesidades del servicio público y de conciliar los derechos de la empresa productiva del Estado con los derechos de los particulares. Asimismo, señaló que la Comisión Federal de Electricidad, tratándose de relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra-subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Ello, tomando en consideración que, en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo a virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión. Por tanto, se trata de una relación de coordinación en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. El criterio a que se ha hecho referencia está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), que indica: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Por tal motivo, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en el suministro de energía eléctrica - como el que nos ocupa, relacionado con el aviso de cobro por ajuste a la facturación y el corte del suministro de energía eléctrica -, no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Es así, precisamente porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica, tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación derivada del contrato que celebra la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Bajo esa óptica, los actos inherentes al aviso de cobro por ajuste a la facturación y el corte del suministro de energía eléctrica, no actualizan los supuestos establecidos para estimar que se está en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad, porque la Comisión Federal de Electricidad no los ejerce en forma unilateral y obligatoria, como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual celebrada entre dicha empresa y un particular. Por lo que la controversia que se plantea no puede dilucidarse por esta vía (amparo), toda vez que constituye una cuestión de carácter mercantil que es susceptible de analizarse por diversa vía y no mediante el control de constitucionalidad que implica esta instancia. Así, como se adelantó, está demostrado que el acto que aquí se reclama se atribuye a una empresa productiva del Estado, la cual, jurisprudencialmente, se ha establecido que no tiene carácter de autoridad cuando actúa en un plano de coordinación con el particular, como en el caso que nos ocupa. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.43/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 888, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de la Décima Época, cuyo rubro y texto es: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la determinación y el cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, pues: 1) el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular; 2) la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y, 3) el corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sino sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos, para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Esto es, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad o son equiparables a éste para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular. Así, el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad, inclusive cuando contenga una advertencia de corte del servicio, no constituye ni es equivalente a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." Por ello, al quedar demostrada la notoria y manifiesta actualización de la causa de improcedencia a que se hizo referencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que el domicilio que señala se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito (Naucalpan de Juárez); hasta en tanto se señale algún domicilio dentro del municipio anterior; todas las notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen por autorizados a las personas que se mencionan en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales en este juicio. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; así como a los Secretarios y Actuarios, a supervisar y dar fe de que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, asimismo en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente."

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