Wilfredo Rafael Hernández Domínguez
Expediente 156/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 156/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Wilfredo Rafael Hernández Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Uruapan, Michoacán, quince de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de catorce de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda que dio origen al expediente que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio 4332/2022, signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al que adjunta mediante el cual remite ejecutoria y evidencia criptográfica número 24 de uno de julio del año en curso, dictado dentro del recurso de queja 97/2022, de su índice. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, la Superioridad en lo conducente resolvió: "ÚNICO. Es FUNDADO el presente recurso de queja, interpuesto contra el auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, emitido por el juez Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, en el juicio de amparo indirecto 156/2022." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora, bien en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo se provee respecto de la admisión o no de la demanda de amparo, presentada por Wilfredo Rafael Hernández Domínguez, por su propio derecho, en los términos siguientes: Vista la demanda de amparo presentada, así como la constancia de notificación levantada por el actuario de la adscripción, del auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, practicada al quejoso Wilfredo Rafael Hernández Domínguez, el veinticinco del mismo mes y año, en la que en atención a la prevención formulada en dicho acuerdo refirió: ". señala que tuvo conocimiento del acto el diez de enero de 2022"; manifestación que se tiene por hecha para los efectos legales consiguientes. Análisis de procedencia del juicio de amparo. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En principio, es conveniente precisar que el quejoso reclama en el presente juicio de amparo lo siguiente: Del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, el acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 87/99, que carece de motivación y fundamentación. Del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 Cps Michoacán, la negativa derivada de la sentencia condenatoria, donde se le impuso pena privativa de libertad de dos años tres meses, dentro de la causa penal 87/99. Luego, en el acto de la notificación del auto preventivo de dieciséis de marzo de este año, practicada el veinticinco del mismo mes y año, el quejoso manifestó: el escrito registrado con el consecutivo 16542, la parte quejosa expresa su antecedente tercero, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ". señala que tuvo conocimiento del acto el diez de enero de 2022"; En tales condiciones de todo lo expuesto, se pone de manifiesto que, desde el diez de enero de dos mil veintidós, el quejoso tuvo total conocimiento de los actos reclamados. Por tal motivo, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; lo cual conlleva a desechar de plano la demanda de amparo como se expondrá a continuación. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: *** XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. **** De conformidad con el artículo y fracción transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueve la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, es decir, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento o se ostenta sabedor del acto reclamado. Para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Del precepto legal transcrito se advierte que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, regla general. Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición. Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días [regla general]. Plazo que se computará acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de la entrada en vigor de la norma reclamada. Pues la Ley de Amparo además de la notificación en términos de la Ley ordinaria de la cual provenga el acto reclamado, también establece la posibilidad de que el quejoso conozca del acto de manera informal, sin exigir formalismo para ello, y esté en condiciones de combatirlo, esto es, simplemente que no lo desconozca. Así, se tiene que la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado el diez de enero de dos mil veintidós, fecha en la que es ineludible que la demanda de amparo que nos ocupa se encuentra presentada fuera del término legal de quince días hábiles posteriores a que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado. Ello es así toda vez que en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, los plazos para la presentación de la demanda de amparo indirecto se computarán a partir del día siguiente a aquél en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado, en el caso, el diez de enero de dos mil veintidós, fue la fecha en la que el quejoso supo la existencia del acto reclamado, acorde con lo narrado en párrafos precedentes. De tal modo, el plazo para presentar la demanda de amparo contra los actos reclamados, transcurrió del once al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, ello es así, en virtud de que, en dicho plazo no se computaron los días que mediaron previstos en el numeral 19 de la Ley de Amparo, lo que se ilustra a continuación:********** Por ende, si la demanda de amparo fue presentada el catorce de marzo de dos mil veintidós, en la oficina de correspondencia común, y turnada al día siguiente, es evidente que ello ocurrió fuera del término legal de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los términos generales ya precisados. Esto es, aun excluyendo de dicho cómputo los días no laborables, la presentación de la demanda de amparo sigue estando fuera del plazo que la ley exige para estudiar los actos reclamados; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito de los actos reclamados, que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Cuarto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. **** Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. Ahora bien, toda vez que se desprende que dicho solicitante del amparo se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", ubicado en el municipio de Buena Vista, Tomatlán, Michoacán; con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado para que realicen lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán" y notifique el contenido del presente auto al quejoso Wilfredo Rafael Hernández Domínguez. Con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para el cumplimiento de la diligencia aquí ordenada. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente al defensor público federal y al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
Uruapan, Michoacán, quince de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio 3581/2022, firmado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual transcribe el acuerdo de diez de junio del año en curso, dictado por el Magistrado Presidente de ese Tribunal, dentro del recurso de queja 97/2022, interpuesto por Wilfredo Rafael Hernández Domínguez; por el que acusa recibo del comunicado 9970 por el que este órgano jurisdiccional le remitió copias certificadas de las constancias que integran el juicio de amparo 156/2022; y hace del conocimiento de este juzgado que se admitió el recurso de queja hecho valer por el quejoso; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se solicita a este juzgado que ponga disponible el expediente relativo al juicio de amparo subyacente para efecto de que ese tribunal vincularlo al expediente en que actúa; o de lo contrario, informe el impedimento que tenga para ello. En relación con dicha petición, se ordena a la funcionaria encargada del SISE que otorgue los permisos correspondientes en el sistema. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dos de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que por auto de tres de mayo del año en curso, se reservó remitir la totalidad de las constancias que integran el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, en atención al requerimiento que realizara dicho órgano colegiado mediante oficio 2520/2022, derivado de su acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós, dictado dentro de la queja 97/2022, interpuesto por********************; a través del cual solicitó a este juzgado que le remita copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo 156/2022, en que se actúa; hasta en tanto obrara designación de defensor público y notificación a éste de los autos que conforman el presente asunto, lo que en la especie ya aconteció, como se advierte de autos. Por tanto, remítase copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por el quejoso********************, registrado con el número 97/2022, de su índice. Notifíquese.
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