Wilfredo de la Fuente Jiménez

Expediente 514/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
514/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Wilfredo de la Fuente Jiménez
  • Dienicia Lira Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta firmado por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, mediante el cual devuelve diligenciado por los motivos que expone, el despacho con número de orden 670/2022 (origen 421/2022). Acúsese recibo. En consecuencia, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este expediente es depurable, en virtud de haber concedido la suspensión de plano. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el citado numeral 18 del Acuerdo en mención. Notifíquese. ...

  2. Principal

    El cinco de septiembre de dos mil veintidós, se da cuenta con las promociones registradas con los folios 16257 y 16259. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a sus autos únicamente para que obren como corresponda las promociones de cuenta, signadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula III-1 Zacatecas; lo anterior en atención a que mediante proveído de veinticinco de agosto del presente año se acordó lo conducente respecto a su contenido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jaime Santillán Chávez, secretario que autoriza y da fe. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del seis de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  3. Principal

    El veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta con las promociones registradas con los folios 15492, 15534, 15535, 15536 y 15537, con anexos.- Conste Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obren como correspondan las promociones de cuenta signadas por el Delegado de la Fiscalía General de la República, Fiscal General de Justicia, Fiscal Especializado en Combate al Secuestro del Estado de Zacatecas, Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Director General de Servicios Periciales de k Fiscalía General de Justicia, todos del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; mediante las cuales, rinden la información que les fuera requerida en autos. Ahora, de los anexos que conforman las promociones antes señalas, se advierte esencialmente que los nombres correctos de los aquí quejosos lo es Gwilfer de la Fuente Jiménez y Dienica Lira Juárez; así como que una vez que se entrevistó a Nazario de la Fuente Longoria y Ma. Josefina Juárez Pérez, padre y madre de los referidos quejosos, respectivamente, éstos fueron coincidentes en señalar que tuvieron conocimiento que sus respectivos hijos fueron privados de su libertad hace aproximadamente dos años, al encontrarse laborando en un rancho ganadero ubicado en la comunidad de Opal, municipio de Mazapil, Zacatecas, pero que "al paso de un año tuvieron contacto" con los aludidos quejosos vía telefónica donde éstos les hicieron de su conocimiento que se encontraban bien; asimismo, solicitaron no seguir con ningún tipo de indagatoria por parte de la Fiscalía, negándose a proporcionar algún número telefónico o domicilio actual de los aludidos quejosos por su seguridad. Dada la voluminosidad de las documentales remitidas por las autoridades oficiantes, se ordena formar un cuaderno de pruebas, para un mejor manejo del presente sumario. En consecuencia, tomando en consideración que Nazario de la Fuente Longoria y Ma. Josefina Juárez Pérez, padre y madre de los quejosos Gwilfer de la Fuente Jiménez y Dienica Lira Juárez, registran su domicilio en calle Emiliano Zapata, número dieciocho y calle Reforma, número ochenta y ocho, de la comunidad Ignacio Zaragoza, Sombrerete, Zacatecas, respectivamente; con fundamento en lo previsto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2º, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente y 27, fracción II, de esta última legislación, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que se constituya en los referidos domicilios y requiera a los antes nombrados a efecto de que al momento de la notificación o dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo instada a nombre de sus respectivos hijos Gwilfer de la Fuente Jiménez y Dienica Lira Juárez (de la cual se adjunta copia); asimismo, los aperciba que de no ratificar la demanda en el término concedido se tendrá por no presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.P.161 P, visible a foja 4528, tomo IV, agosto de 2019, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, penal, con número de registro 2020366, de rubro y texto siguientes: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LOS PROGENITORES O FAMILIARES DEL DESAPARECIDO TAMBIÉN TIENEN LA CALIDAD DE QUEJOSOS EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ESOS ACTOS, AUNQUE LA DEMANDA LA HUBIESEN PRESENTADO A NOMBRE DEL DIRECTAMENTE AGRAVIADO. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 61 de la sentencia de 23 de noviembre de 2009, del Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos -al que se acude por reunir los requisitos de su aplicabilidad conforme a la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.), de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA."-, sostuvo que en los casos que involucran la desaparición forzada de personas, la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa, precisamente, de ese fenómeno, pues se justifica por el severo sufrimiento que les causa el hecho mismo y la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido. Partiendo de esta premisa, si la demanda de amparo y sus ampliaciones se presentaron por los progenitores o familiares a nombre del adolescente que sufrió la desaparición forzada de personas, narrando los inconvenientes que se les presentaron para buscar la reparación por dicha violación, por ejemplo, en las gestiones para que les recibieran la denuncia penal, para que localizaran al desaparecido y lograran la atención médica que requería este último tras haber sido localizado; y si tales hechos también se comprenden como actos reclamados -como omisiones de investigar en las primeras horas el evento- o se atendieron en el juicio de amparo que instaron - mediante la suspensión lograron que se proporcionaran los servicios de salud requeridos-, este contexto evidencia que los citados padres o familiares también tienen la calidad de quejosos y, por tanto, pueden obtener una eventual reparación integral si en la sentencia respectiva se determina la existencia de aquellas ilegalidades." Aunado a lo anterior, las medidas decretadas, encaminadas a dar intervención a los progenitores o familiares de los directos quejosos encuentran sustento en la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla Pacheco VS. Estados Unidos Mexicanos, en la cual a párrafo 298, se precisó lo siguiente: 298. En consecuencia, en el presente caso el recurso de amparo no fue efectivo para permitir a la señora Tita Radilla Martínez impugnar el conocimiento de la detención y posterior desaparición forzada de su padre, el señor Rosendo Radilla Pacheco, por la jurisdicción militar, lo cual constituye una violación del artículo 25.1 de la Convención. Ilustra en cuanto al carácter vinculante de la sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación a todas las autoridades de este país, la tesis P. III/2013 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2003156, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 368, que se transcribe a continuación. "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN ASUNTOS DONDE EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE. PARA QUE SUS CRITERIOS TENGAN CARÁCTER VINCULANTE NO REQUIEREN SER REITERADOS. De los párrafos 339 y 347 de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los Jueces y tribunales internos, además de velar por el cumplimiento de las disposiciones de fuente internacional, deben tomar en cuenta la interpretación que de éstas ha realizado esa Corte, así como la obligación del Estado de garantizar que la conducta que motivó su responsabilidad no se repita. De lo anterior se sigue que la interpretación en materia de derechos humanos realizada por esa Corte Internacional, al resolver un caso en el que el Estado Mexicano fue parte, aun cuando se trate de una sentencia aislada por lo que hace a éste, adquiere el carácter y fuerza vinculante de precedente jurisprudencial, máxime que este Alto Tribunal, en la tesis aislada P. LXV/2011 (9a.), de rubro: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO.", derivada de la resolución del expediente varios 912/2010, sostuvo que las resoluciones pronunciadas por la Corte Interamericana son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial. Por tanto, para que los criterios de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos donde el Estado Mexicano fue parte adquieran el carácter de vinculantes, no requieren ser reiterados, máxime que respecto de estas sentencias no operan las reglas que para la conformación de la jurisprudencia prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo." Se reitera que tratándose de la desaparición forzada de personas, el cumplimiento de las acciones urgentes no suponen una solución de fondo, sino ordenes preventivas de ejecución inmediata que pueden y deben ser supervisadas judicialmente; y en ese sentido, este órgano de control constitucional considera que las acciones urgentes decretadas en el presente proveído, son de acatamiento obligatorio para las autoridades a quienes se les dirige, al tratarse de aquellas encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas, en el ámbito de sus respectivas esferas competenciales. Notifíquese personalmente a Nazario de la Fuente Longoria y Ma. Josefina Juárez Pérez, por despacho. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jaime Santillán Chávez, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, once de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta firmado por el Director General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de tres de los corrientes, informa que no encontró registro o información que sea de utilidad para la localización de los progenitores o familiares de los quejosos directos del presente juicio de amparo. Al respecto, el precitado requerimiento también se le realizó al Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Zacatecas, por lo que una vez que se cuente con el informe que rinda tan autoridad, se acordará lo que en derecho corresponda.

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