Wilfredo Antonio Urquiza Torres
Expediente 1189/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1189/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Wilfredo Antonio Urquiza Torres
Actuaciones
- Principal
...Agréguense los oficios del Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, residente en la Ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, por medio de los cuales, acusa recibo del diverso, con el que se remitió el juicio de amparo 1189/2022 del índice de este órgano jurisdiccional; de igual forma, comunica que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del mismo, el cual registró bajo el número 1524/2022-I de su índice. En mérito de lo anterior, toda vez que el presente expediente físico coincide con el electrónico, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido,(...) NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
MESA IV A "... Vista la demanda de amparo promovida por ********, a favor de **********, contra actos del Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Torren Coahuila....Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1189/2022. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente Gabriel Domínguez Bobadilla, señala como actos reclamados la incomunicación, privación de la libertad, y deportación, en contra de ********. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo y demás relativos, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano y de oficio respecto de los actos de incomunicación o cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que estos CESEN DE INMEDIATO. Por otra parte respecto de los actos que hace consistir en la orden deportación y privación de la libertad fuera de procedimiento se decreta la suspensión de plano y de oficio respecto de los actos reclamados, para lo siguiente: a) Para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentra y no se ejecute la deportación del país en contra del quejoso, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo. b) Sea puesto en libertad de inmediato. c) Para el caso que el directo agraviado se encuentre detenido por la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención y se ponga a disposición del Agente del Ministerio Público. d) Que la autoridad responsable dicte las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), en términos del artículo 102 de la Ley de Migración, a fin de asegurar que los directos agraviados no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante ella cuantas veces les sean exigidas. En el entendido de que el agraviado deberá permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria o municipio conurbado, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio correspondiente, por lo que, de no hacerlo así, la presente medida cautelar quedará sin efectos. La medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a la situación migratoria narrados por el promovente, como podría ser la comisión de un delito o, provienen de autoridades diversas a las designadas como responsables en la demanda de amparo, o que se trate del resultado de un procedimiento en el que se hubiere definido la situación migratoria del quejoso. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Lo anterior, toda vez que, el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano a fin de que gocen del libre tránsito en territorio nacional, puesto que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; así, también que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. En el entendido, que la autoridad responsable deberá informar dentro del plazo de veinticuatro horas el cumplimiento dado a dicha medida y remitir las constancias que lo acrediten, apercibidas que de no hacerlo, en términos del artículo 237 fracción I5, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, a cada una se le impondrá, multa de cien unidades de medida y de actualización (UMA), que asciende a un monto de NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL ($9,622.00 M. N.) Además, se procederá en los términos previstos en el artículo 262, fracción III7, en relación con el diverso 1588 de la Ley de la materia. Cabe destacar que, sobre el tema, similares efectos fueron decretados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 53/2021, en sesión de nueve de febrero de dos mil veintiuno. Por lo anterior, conviene indicar que en la especie resulta improcedente tramitar el incidente la suspensión de los actos reclamados. Incompetencia En el caso, una vez analizado el contenido íntegro de la demanda de amparo, este Órgano Jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, determina que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por el quejoso, pues ello es un presupuesto procesal de orden público y estudio preferente. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla general de que la competencia se determina conforme al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo que se infiere la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues solo de esa manera puede obtenerse una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son materia de suspensión conforme a las prevenciones de la ley de la materia... Por tal motivo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, es que se actualiza la primera de las hipótesis que prevé el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, esto es, en el lugar donde deba tener ejecución la afectación del acto combatido. En el caso, el promovente señala como acto reclamado la incomunicación, privación de la libertad, y deportación de ********, manifestando que se encuentra en la Estación Local del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Torren Coahuila. De ahí, que debe atenderse al lugar en que se ejecutan las consecuencias fácticas de los actos impugnados conforme al criterio definido por el Máximo Tribunal del país al resolver la contradicción de tesis 478/2018, a saber, el de la autoridad responsable: Juez de Distrito en la Laguna, Torreón, Coahuila, el cual se ubica en la circunscripción territorial de la ciudad de Torreón Coahuila; por lo que, en el presente caso, la competencia para conocer de la demanda se surte a favor del Juzgado de Distrito en la Laguna, Torreón, Coahuila, en turno. Por ello, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; corresponde a los Juzgados de Distrito en la Laguna, Torreón, Coahuila, conocer de los juicios de amparo, en que se reclamen actos que tengan ejecución en dicho Estado. Por tal motivo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, resulta legalmente incompetente para conocer de este juicio de amparo; en consecuencia, se declina competencia, por razón de territorio, al Juzgado de Distrito en la Laguna, Torreón, Coahuila, en turno. En ese sentido, remítase la presente demanda y su anexos; a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, Torreón, Coahuila; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito en la Laguna, Torreón, Coahuila, en turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Se solicita acuse de recibo. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copias certificadas del juicio en mención, para debida constancia. Domicilio y autorizados. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizado para tal efecto a la persona que designa. Ahora, conforme lo establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado mediante el similar 21/2022 del propio órgano colegiado, con relación al periodo de vigencia, se tiene como formas de contacto de la parte quejosa el correo electrónico Gabriel.luminis@hotmail.com, para cualquier comunicación procesal... desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición..."
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