Wilfrano Bedolla Cornejo
Expediente 1150/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Wilfrano Bedolla Cornejo
- WILFRANO BEDOLLA CORNEJO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de diez de diciembre del dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción -una vez que transcurran tres años- al haberse sobreseído fuera de audiencia constitucional y carecer de relevancia documental.
- Principal
Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega:Oficio signado por el Juez de Sanciones Penales.Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquella, se tiene por rendido su informe con justificación.Ahora, a juicio de este juzgador en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación al diverso numeral 77 de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] El análisis gramatical del citado artículo 61, fracción XXI, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada "Lecciones de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, páginas cuatrocientos noventa y siete y cuatrocientos noventa y ocho, opina que de acuerdo con el texto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de amparo abrogada, que contenía la causal de improcedencia en estudio, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga (...)." Luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a los quejosos en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente (...)." Concluye que "(.) únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." A su vez, Ignacio Burgoa Orihuela, en su libro "El juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, México, mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos sesenta y siete, expresa en relación con dicha causa de improcedencia lo siguiente: "(.) El acto reclamado tiene como consecuencia inmediata la causación de una violación en los términos del artículo 103 constitucional. La violación o las violaciones son, pues, los efectos del acto reclamado. Entonces, cuando ha cesado la violación, cuando ha desaparecido la contravención, por haberlas reparado, por ejemplo, las propias autoridades responsables, el amparo deja de tener razón de ser, ya que perseguiría algo que ya está logrado: la reparación de la infracción. (.)." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a los quejosos en el goce del derecho humano violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de los quejosos, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de éste, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido, la improcedencia de referencia está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicho derecho le exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación armónica de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se llega a la convicción que para la actualización de la causal de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de que se trata no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Así como, la Jurisprudencia III.2o. CJ/22, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1579, de rubro: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Establecida la premisa y sus alcances, dicha causal de improcedencia se advierte de las copias certificadas de la carpeta de ejecución número 103/2021/JES/E, remitidas por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales Puebla, documentales a las que por ser documentos públicos, se les da valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, porque el acto reclamado en el presente asunto consiste en la omisión de contestar el escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, relativo a señalar nuevo defensor particular del aquí quejoso, relativo a la carpeta de ejecución 103/2021/JES/E derivada del proceso 302/1991 del índice del Juzgado de Ejecución de sentencias penales en el Estado de Puebla. Luego de las constancias remitidas por la autoridad responsable oficiante, se advierte que el veintitrés de noviembre del año en curso, se acordó el mencionado ocurso presentado por el quejoso el veintinueve de octubre, notificado el veintiséis de noviembre del presente año. De lo que se sigue que si la demanda que originó este juicio de amparo fue presentada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, y la autoridad responsable, como se dijo, notificó el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, el acuerdo de veintitrés de noviembre del mismo año, que proveyó respecto al ocurso presentado por el quejoso el veintinueve de octubre pasado, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, es inconcuso que con la emisión del acuerdo dictado en la carpeta de ejecución número 103/2021/JES/E, del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales Puebla, desapareció la omisión que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable; y por ello es que este juzgado de distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, ya que el acto del cual se dolía el impetrante de garantías, desapareció del mundo fáctico y jurídico al haberse ordenado la devolución al quejoso del vehículo referido. En tal virtud, la afectación de que se dolía el amparista desapareció, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos violados. Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, de rubro: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En consecuencia, al advertirse la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 en relación al diverso numeral 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo respecto al acto reclamado a la responsable; lo anterior, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, lo cual hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes; asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo no fue recurrida por alguna de las partes la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; entonces, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para que de inmediato proceda a cumplimentar la sentencia, y dentro del término de tres días remita las constancias que así lo acredite, o bien, comunique a este Juzgado de Distrito la determinación que tomó para ello, con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de ocho de enero de dos mil veintiuno, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su respectivo puesto y consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad judicial responsable, dado que el hecho de que en el aspecto jurisdiccional, los Jueces al dictar sus sentencias, quedan sujetos a las decisiones y criterios de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, ello no implica que haya subordinación, dado que tanto los Jueces como los Magistrados gozan de plena autonomía e independencia para dictar sus fallos, en términos del artículo 17, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, devuélvase al Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y al Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución Región Judicial Sur Oriente, con residencia en Tehuacán, Puebla, las constancias y discos que remitieron durante la integración del presente asunto, solicitando el acuse de recibo.
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