Wilelmo Alejandro Rojas Ramírez

Expediente 616/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
616/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Wilelmo Alejandro Rojas Ramírez
  • Wilelmo Alejandro Rojas Ramírez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    PRAL 616/2023 MESA 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintitrés. 1° Autoridad informa. Agréguense los oficios de cuenta suscritos por el magistrado Presidente de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar con sede en la ciudad de Toluca; mediante los cuales informa, en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este expediente, los trámites y acciones realizadas tendentes a su cumplimiento. 2° Se toma conocimiento. Aspectos de los cuales este Juzgado toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. 3° Requerimiento. Ahora, del estado de autos se advierte que, en la sentencia dictada en este juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal también respecto de la diversa autoridad subdelegado de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin que dicha responsable hubiere informado el cumplimiento otorgado a esa resolución; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la aludida responsable, para que, dentro del plazo de tres días, siguiente al de su notificación, cumpla con la sentencia de amparo o, en su caso, informe el impedimento que tenga para ello. 4° Apercibimiento. Apercibida que, de no acatar lo ordenado, se le impondrá multa por la cantidad de cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, equivalente a $10,374.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.); atendiendo a que el valor diario de dicha unidad es de $103.74 (CIENTO TRES PESOS 74/100 M.N.), de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 258 y 238 de la Ley de Amparo; y, desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este Décimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    P 616/2023, mesa 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. 1° Plazo para la interposición de recurso. Vistos los autos, en términos de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de treinta de agosto de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; sin que lo hubieren hecho. 2° Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales ********************56, fracción II, y, en lo conducente, ********************57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. ********************° Requerimiento de cumplimiento de la sentencia. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que, dentro del plazo de tres días, procedan a cumplir con la sentencia dictada en este juicio; cuyos efectos son los siguientes: ".OCTAVO. Efectos de la protección constitucional. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables deberán realizar lo siguiente: La Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México: Emita las determinaciones conducentes en el juicio ********************/********************-PC-********************, en términos del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que la autoridad demandada cumpla plenamente con la sentencia de catorce de febrero de dos mil veinte e interlocutoria -de queja- de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés; lo cual significa que deberá ser diligente en el trámite de la ejecución de la sentencia, a efecto de que el procedimiento no quede paralizado. El subdelegado de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: Acate los efectos de la sentencia firme de catorce de febrero de dos mil veinte e interlocutoria -de queja- de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dictadas en el juicio ********************/********************-PC-********************, en relación con el requerimiento de cumplimiento que se le formuló en dicho expediente. Con la precisión que la autoridad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberá exhibir, en su momento, la determinación que emita la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México, en la que determine el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio ********************/********************-PC-********************.". ********************.1° Apercibimiento. Se hace de su conocimiento que, de incumplir sin causa justificada, se le impondrá, a la omisa, multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización que es de $10********************.74 (CIENTO TRES PESOS 74/100 M.N.); por tanto, la medida que, en su caso, se imponga, ascenderá a $10,********************74.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.); con independencia de ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución. La medida de apremio con la que se les apercibe se sustenta en los artículos 2********************8 y 258 de la Ley de Amparo, en tanto que la aplicación de la unidad de medida tiene su base en el numeral 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    P 616/2023, mesa 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. 1° Autoridad informa. Agréguese el oficio de cuenta, signado por el magistrado presidente de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, con sede en la ciudad de Toluca; con el que informa, en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este expediente, los trámites y acciones realizadas tendentes a su cumplimiento. 2° Se toma conocimiento. Aspectos de los cuales este Juzgado toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. 3° Requerimiento. Sin perjuicio de lo informado, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la citada responsable, para que, a la brevedad, cumpla conforme a la sentencia concesoria de amparo, debiendo remitir copia certificada de las constancias relativas que acrediten ese cumplimiento. Se le apercibe que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en relación con lo dispuesto por los preceptos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis I.13º.T. 3 K (10ª), del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1767, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con el rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEAMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADO DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). 4° Procedimiento de inejecución de sentencia. Y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    P 616/2023, mesa 8 Visto para resolver el juicio de amparo 616/2023; y, RESULTANDOS: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo recibida el veintitrés de junio de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, y turnada a este Juzgado el veintiséis de junio siguiente, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del subdelegado de Prestaciones, de la Oficina de Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca y de otra autoridad; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derecho fundamental vulnerado el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de veintisiete de junio de este año se ordenó formar el expediente relativo, se registró con el número 616/2023, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables. TERCERO. Audiencia constitucional. Previo trámite del procedimiento se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta, y, en el caso, se trata de un asunto de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, la parte quejosa reclama: 1° De la autoridad responsable Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca: La omisión de verificar el cumplimiento de la sentencia definitiva y de la resolución de queja - de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés- emitidas en el juicio ***. 2° De la diversa responsable b) subdelegado de Prestaciones, de la Oficina de Representación Estatal, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca: La omisión de cumplir la sentencia definitiva y la resolución de queja -de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés- emitidas en el juicio ***. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado la Sala responsable, por conducto de su magistrado presidente, negó la existencia de los actos reclamados. No obstante, se tienen por ciertos los actos reclamados a dicha autoridad, pues de las propias manifestaciones vertidas en su informe se evidencia la existencia de los actos que se le atribuyen. Resulta ilustrativa, por las razones que la integran y en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, página 391, registro 211004, del texto que sigue: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Además, la existencia del acto reclamado se acredita con la constancia que, en copia certificada, exhibió la sala responsable anexa a su informe justificado, consistente en los autos del expediente 3998/18-PC3-3, de su control; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. En tanto que la diversa responsable b) subdelegado de Prestaciones, de la Oficina de Representación Estatal, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, no rindió su informe justificado, a pesar de haber quedado notificada de su petición el tres de julio de este año, como se advierte de las constancias que obran en autos; por lo que, en términos del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume la certeza del acto reclamado. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieren hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Concepto de violación. La parte quejosa expresó conceptos de violación que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Y únicamente para efectos de claridad en la sentencia, se precisa que la parte quejosa alega, en esencia, que la omisión a) del subdelegado de Prestaciones, de la Oficina de Representación Estatal, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, de cumplir la sentencia dictada en el juicio ***, no encuentra justificación alguna ni fundamento, porque es una sentencia firme y se emitió una resolución interlocutoria que declaró fundada la queja por omisión; en tanto que la omisión de la Sala de vigilar que se acaten esas resoluciones, es violatoria de su derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. SEXTO. Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la Sala responsable que, como se anticipó, tienen valor probatorio pleno, se aprecia que: 1) El catorce de febrero de dos mil veinte se dictó sentencia en el expediente ***, en la que la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México, declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio *** de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, para el efecto de que el subdelegado de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo máximo de cuatro meses, procediera en los términos precisados en esa resolución. 2) El siete de noviembre de dos mil veintidós la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México, tuvo por recibido el oficio en el cual el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito desechó el veintitrés de junio de dos mil veintidós, por improcedente, el recurso de revisión fiscal intentado por la autoridad demandada y le informó -a la autoridad demandada- que el plazo para cumplir con la sentencia empezaría a correr a partir de que surtiera efectos la notificación a las partes de ese acuerdo. 3. El veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, la Sala responsable declaró procedente y fundada la queja interpuesta por la parte actora -aquí quejosa- y con fundamento en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, requirió a la demandada, en el término de tres días hábiles, informe el cumplimiento otorgado a la sentencia de catorce de febrero de dos mil veinte. 4. El uno de agosto del año en curso -fecha posterior a la presentación de la demanda-, la Sala responsable requirió a la demandada, para que dentro del término de tres días, comunicara el cumplimiento otorgado a la sentencia firme dictada e interlocutoria dictadas en el juicio ***; apercibiéndole que, de no hacerlo, se le impondría una multa. Siendo ésta la última actuación que obra en autos, según la etapa de ejecución del juicio natural de que se trata. SÉPTIMO. Análisis del concepto de violación. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, tal precepto fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos, a saber: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte. II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. En esta última etapa se acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, por lo que las leyes locales y federales deben establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio el mismo. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 151, registro 2015591, de rubro: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN". Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por el Estado Mexicano el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, relativo a la protección judicial, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Convención. Así también, establece el compromiso de los Estados Parte a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida, entre otros, a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; de lo que se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Sin embargo, para que se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, debe manifestarse en sus dos aspectos complementarios: uno, formal y, otro, material. El aspecto material se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. De ahí que no sea posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se notifiquen y cumplan cabalmente, pues, de estimar lo contrario, la prerrogativa constitucional y convencional de acceso a la justicia tendría sólo carácter adjetivo o procesal. Es aplicable al respecto la tesis 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 284, registro 2018637, de rubro: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA". En el caso concreto, el artículo 58, fracciones I y II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: . 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. . (.) Además,. al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo." Como se ve, conforme a la porción normativa transcrita, la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, debe actuar de oficio o a petición de parte para asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, pero ello una vez que ha quedado firme, ya sea porque hubiere vencido el plazo previsto por el artículo 52 de la referida ley, esto es, de cuatro meses, a partir de la fecha en que la sentencia quede firme; o por haberse interpuesto el recurso respectivo y aquél hubiera confirmado la sentencia impugnada o, como en el caso, haberse desechado el medio de inconformidad hecho valer. Entonces, una vez que la sentencia se encuentre firme, debe requerir a la autoridad demandada que informe, dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento que hubiere dado a la sentencia; de no hacerlo, decidirá si hubo incumplimiento injustificado y, en tal caso, le impondrá una multa como medida de apremio, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada, para que la obligue a cumplir, apercibiéndola con multa también. De lo anterior, se observa que el Tribunal cuenta con diversas normas jurídicas a efecto de conseguir el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada una vez que ha transcurrido el plazo para que la autoridad demandada cumpla voluntariamente con ésta, por lo que tiene la obligación de dictar todas las medidas necesarias a fin de asegurar su pleno cumplimiento. En ese tenor, de las constancias de autos sólo se aprecia que la Sala responsable dictó sentencia en el expediente ***, para el efecto de que el subdelegado de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo máximo de cuatro meses, emitiera una nueva resolución ajustándose a los lineamientos precisados en aquélla; posteriormente, hasta el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, con apoyo en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y con motivo de la queja interpuesta por el aquí quejoso, requirió a la demandada que, en el plazo de tres días, informara el cumplimiento de la aludida sentencia -sin apercibirle de forma alguna-. De lo anterior se pone de manifiesto que el proceder de la Sala responsable vulnera en perjuicio de la parte quejosa su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita establecido en el artículo 17 constitucional, ya que desde que la sentencia adquirió firmeza -una vez que las partes quedaran notificada del auto dictado el siete de noviembre de dos mil veintidós-, al veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, -en que declaró procedente y fundada la queja interpuesta por el aquí quejoso- transcurrieron, aproximadamente seis meses, sin que de modo alguno se requiriera el acatamiento de la sentencia y menos aún que se hiciera uso de los medios de apremio previstos en la ley para su cumplimiento; de ahí que no se ha logrado su cumplimiento, de conformidad con la legislación ordinaria, con lo cual la referida Sala responsable deja al libre arbitrio de la autoridad demandada el plazo para dar cumplimiento a la precitada sentencia. Sin que obste que el uno de agosto del año en curso la Sala responsable hubiera requerido, nuevamente, el cumplimiento de la sentencia firme y resolución de queja emitidas en el juicio de origen; pues ello evidencia, aún más, que la Sala responsable no verificó que se acataran en sus términos dichas resoluciones, pese a que el veintiséis de mayo del año en curso concedió tres días a la demandada para cumplir con dichas determinaciones, empero, no fue, sino hasta tres meses después -el uno de agosto de dos mil veintitrés-, que requirió nuevamente su cumplimiento. En razón de lo anterior, la dilación para que se administre justicia a la parte quejosa, se traduce en la omisión de dictar las medidas conducentes en los términos y formas descritas en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de evitar la actualización de violaciones de carácter negativo o abstenciones, en tanto que las actuaciones deben apegarse a los plazos y términos legalmente establecidos, a fin de no retardar injustificadamente el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada. En efecto, de las constancias que integran el sumario constitucional no se aprecia que al día de la presentación de la demanda de amparo (veintitrés de junio de dos mil veintitrés) o durante el trámite del juicio la demandada cumpliera con la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen el catorce de febrero de dos mil veinte en el juicio ***; lo que pone de manifiesto la dilación excesiva para acatar esa resolución firme. De los artículos 1°, párrafos primero y tercero, y 17, párrafos segundo y séptimo, de la Constitución Federal se obtiene que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; además, las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, la garantía de impartición de justicia no se limita a establecer que la justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita, sino que vela por su oportuna materialización, esto es, por la ejecución de las resoluciones de los tribunales. Así, la garantía de acceso a la administración e impartición de justicia se haría nugatoria si las resoluciones definitivas no fueran acatadas de manera pronta y expedita por quien se encuentra obligada a ello, pues de ser así el objeto de la función jurisdiccional -el cual consiste en resolver las controversias entre los particulares o entre éstos y los órganos públicos- no tendría trascendencia y sería estéril, más cuando quien obtiene resolución favorable a sus intereses no puede obtener su cumplimiento por omisión o retardo, ya sea por parte de la autoridad jurisdiccional o de la parte obligada a ello. En tales condiciones, si las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son definitivas y poseen la fuerza de la cosa juzgada, como acontece en la especie; crean una obligación a cargo de un órgano administrativo, la cual es correlativa del derecho de un particular; de modo que cuando se desobedece, o se deja de cumplir ese fallo se priva a un individuo del derecho que surge de una sentencia firme, pronunciada por autoridad competente, y esta privación se realiza sin que el órgano administrativo actúe con arreglo a la ley, y sin que la negativa, la omisión o la resistencia estén, de alguna manera, legalmente fundadas y motivadas, o justificadas. Ahora, de los datos narrados en el considerando sexto de esta sentencia se aprecia que existe una sentencia ejecutoria, en la que se ordenó al demandado, subdelegado de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a que emitiera, dentro del plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quedara firme, una nueva resolución, ajustándose a los lineamientos precisados en aquélla. Sin que de autos se advierta que, previo o durante el trámite del juicio de amparo, el sudelegado demandado cumpliera con ese fallo. En esa medida, está probada la falta de cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio administrativo, y la falta de diligencia en el trámite de ejecución de sentencia por parte de la Sala instructora, lo que evidencia la transgresión al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal; en esa medida, resultan fundados los conceptos de violación, lo que impone conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso ***. OCTAVO. Efectos de la protección constitucional. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables deberán realizar lo siguiente: La Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México: Emita las determinaciones conducentes en el juicio ***, en términos del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que la autoridad demandada cumpla plenamente con la sentencia de catorce de febrero de dos mil veinte e interlocutoria -de queja- de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés; lo cual significa que deberá ser diligente en el trámite de la ejecución de la sentencia, a efecto de que el procedimiento no quede paralizado. El subdelegado de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: Acate los efectos de la sentencia firme de catorce de febrero de dos mil veinte e interlocutoria -de queja- de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dictadas en el juicio ***, en relación con el requerimiento de cumplimiento que se le formuló en dicho expediente. Con la precisión que la autoridad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberá exhibir, en su momento, la determinación que emita la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México, en la que determine el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio ***. NOVENO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a ***, contra la omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para hacer cumplir la sentencia de catorce de febrero de dos mil veinte e interlocutoria -de queja- de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dictadas en el juicio ***; atribuido a a) la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca y b) subdelegado de Prestaciones, de la Oficina de Representación Estatal, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia, para los efectos precisados en el diverso octavo de la misma. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones respectivas. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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