Wilberth Teodoro Cruz Cime
Expediente 1688/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1688/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Wilberth Teodoro Cruz Cime
- Wilberth Efrain Cruz Aguilar
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, en cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión, y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser depurable, toda vez que en el mismo se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. Asimismo, como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y el auto admisorio del presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que hasta la presente fecha la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no ha realizado manifestación alguna en relación a la vista que se le dio en proveído de tres de diciembre del año en curso. En consecuencia, requiérase a la citada Agente para que en el término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe las gestiones que ha realizado en relación a la vista que se le dió en el proveído citado con anterioridad. Con el apercibimiento que de no informar lo solicitado o en su caso manifieste la imposibilidad que tenga para ello, en el término otorgado se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: Agréguese el escrito de Ángela Carolina Maldonado Cachón, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa Juan Bautista Ek Aké, Demetrio Pech Estrella y Armando Ángel Gorocica Pech, Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Ejido de Yaxkukul, Municipio de Mérida, mediante el cual interponen el recurso de inconformidad, contra el auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se declaró cumplida la ejecutoria federal dictada en los presentes autos. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 201, fracción I, y 203, ambos de la Ley de Amparo, así como en el Punto Cuarto, fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, modificada mediante instrumento normativo de nueve de septiembre del mismo año, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; notifíquese a las partes que se tuvo por interpuesta la referida inconformidad; hecho lo cual, remítase el presente expediente y la promoción de referencia al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Decimocuarto Circuito, para lo que dicha superioridad estime acordar. En el entendido de que previo a la remisión de estos autos, al Tribunal Colegiado que deba conocer del recurso de inconformidad interpuesto, se deberá extraer copias de las constancias conducentes, a fin de formar el cuadernillo correspondiente. Finalmente, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga.
- Principal
Vistas las constancias realizadas por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, el treinta de noviembre de dos mil diecinueve, mediante las cuales informa que los directos quejosos, María Elena Cimé Pech y Wilberth Teodoro Cruz Cimé, manifestaron ante su presencia, su deseo de no ratificar la demanda de amparo interpuesta a su favor por Pablo Humberto Escalante Molina; en consecuencia, con fundamento en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida a favor de los quejosos María Elena Cimé Pech y Wilberth Teodoro Cruz Cimé, para los efectos legales correspondientes; por ende, déjense sin efectos las medidas suspensionales decretadas en los presentes autos a su favor. Por otra parte, en la diversa constancia actuarial de treinta de noviembre del año en curso, el fedatario hizo constar que el directo quejoso Wilberth Efraín Cruz Aguilar, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Pablo Humberto Escalante Molina; por lo que se tiene por ratificada, para los efectos legales conducentes. De igual forma, agréguense a estos autos los oficios signados por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narco Menudeo, del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado y anexos que acompañó; así como del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; con los que rinden sus informes respecto al cumplimiento de la suspensión de plano concedida a la parte aquí quejosa; en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que del oficio FGE/DJ/AMP/DIAT/3510/2019, de dos de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narco Menudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, así como de los anexos que acompañó, se advierte que el directo quejoso WILBERTH EFRAÍN CRUZ AGUILAR, fue puesto a disposición del Juez de Control, en turno, del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, el dos de diciembre del presente año, por los hechos posiblemente delictuosos contenidos en la carpeta de investigación N1-N1/000346/2019, particularmente, el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de suministro aun gratuito del narcótico denominado cannabis, así como en la variante de posesión simple del narcótico denominado cannabis, delitos previstos y sancionados en los numerales 475 y 477, en relación con los numerales 473 fracciones V,VI,VII y VIII; así como el 479, todos de la Ley General de Salud reformada. Por tanto, quien esto resuelve estima que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En efecto, mediante demanda presentada el treinta de noviembre del año en curso, PABLO HUMBERTO ESCALANTE MOLINA, solicitó a favor de MARÍA ELENA CIMÉ PECH, WILBERTH TEODORO CRUZ CIMÉ, y WILBERTH EFRAÍN CRUZ AGUILAR, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado, entre otros, que hizo consistir en la incomunicación y detención fuera de procedimiento de los directos quejosos. Sin embargo, de la lectura integral de las constancias que obran glosadas al presente juicio, las cuales, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, merecen eficacia probatoria; se advierte que WILBERTH EFRAÍN CRUZ AGUILAR fue puesto a disposición del Juez de Control, en turno, del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, por su probable autoría en los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de suministro aun gratuitamente del narcótico denominado cannabis, así como en la variante de posesión simple del narcótico denominado cannabis, delitos previstos y sancionados en los numerales 475 y 477, en relación con los numerales 473 fracciones V,VI,VII y VIII; así como el 479, todos de la Ley General de Salud reformada. De ahí que se estima que, al respecto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente" Respecto de esta causal, conviene acotar que un cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución, dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En tal virtud, se estima que en el presente caso ha operado el cambio de situación jurídica aludido, toda vez que de las constancias de cuenta se advierte que con motivo de los hechos investigados en la carpeta de investigación N1/346/2019, el quejoso WILBERTH EFRAÍN CRUZ AGUILAR, el dos de noviembre del presente año, fue puesto a disposición del Juez de Control en Turno del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. De ahí que deba decirse que la consecuencias jurídicas de la detención reclamada del quejoso WILBERTH EFRAÍN CRUZ AGUILAR, quedaron sustituidas por su nueva situación jurídica y, por tanto, aquélla no puede ser analizada en el presente juicio de amparo, por tratarse de un estadio procesal diferente; además, no es factible decidir la situación jurídica anterior, precisamente al quedar legalmente substituida; por lo que cabe considerar que, en el caso, se han consumado irreparablemente las posibles violaciones materia de la reclamación. Es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia número VI.1°.J/57, visible en la página ciento treinta y nueve, del Tomo VIII- agosto, Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, octava época, materia penal, que a la letra dice: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de la causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley." Así como, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia I.7º.P.25P, cuyo rubro es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas; respecto del quejoso WILBERTH EFRAÍN CRUZ AGUILAR; por tanto, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DOS MIL VEINTE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, vista la fe de lesiones levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, el treinta de noviembre del año en curso, de la que se advierte que el quejoso Wilberth Efraín Cruz Aguilar manifestó haber sido objeto de tortura y expresa haber recibido golpes y algunas palabras de intimidación durante el tiempo que duró su detención. En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal; dése vista al Ministerio Público Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, inicie la investigación de la probable transgresión de los derechos humanos del quejoso Wilberth Efraín Cruz Aguilar, entregándosele para tal efecto, mediante atento oficio, copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1107, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito." Una vez hecho lo anterior, requiérase a la representante social informe a este órgano jurisdiccional las acciones tomadas para tal efecto.
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