Wilberth Rafael Gómez Casanova
Expediente 101/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Wilberth Rafael Gómez Casanova
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia de quince de abril de dos mil veintiuno dictada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de este juzgado, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA VIII. Mérida, Yucatán, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 82/2021 signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, con el que remite el juicio de amparo 101/2021, así como un anexo (tomo de pruebas) y solicita acuse de recibo de los mismos; en atención a lo anterior, agréguese a estos autos el oficio de mérito y se acusa recibo del juicio de amparo 101/2021 y un anexo, en el cuaderno auxiliar 108/2021 de la autoridad oficiante para los efectos legales que correspondan. Glósese a estos autos únicamente las constancias que en original obran en el cuadernillo que se formó con motivo de la remisión del expediente principal del juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
MESA VIII. Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vistos los presentes autos, así como el acuerdo dictado el día de hoy en el expediente administrativo formado con motivo del oficio STCCNO/STCC/158/2021, de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el correo electrónico remitido por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región con residencia en Acapulco, Guerrero, en el cual informó los egresos de los cuadernos auxiliares de su índice que están relacionados con los juicios de amparo que le fueron remitidos para el auxilio en el dictado de la sentencia correspondiente. Ahora bien, toda vez que según el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), entre los cuadernos auxiliares del índice del Juzgado Auxiliar que se relacionaron como resueltos, se encuentra el presente juicio de amparo glósese a estos autos y notifíquese personalmente dicha sentencia a las partes. Notifíquese personalmente. Que a la postre dice: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 101/2021, promovido por **********, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Mérida; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito recibido el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se indican: "AUTORIDADES RESPONSABLES.- C. JUEZ TERCERO DE ORALIDAD FAMILIAR DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad." "ACTOS RECLAMADOS.- 1.- La resolución dictada en auto de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil veinte, en que la autoridad responsable decreta no admitir el recurso de revocación interpuesto por mi Asesor jurídico patrono contra el auto de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte en el expediente marcado con el número 779/2018 relativo al Procedimiento Especial de Divorcio Sin Causales promovido por el suscrito en contra de la ciudadana **********************.". La parte quejosa citó como garantías violadas las contenidas en los artículos 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; precisó los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. La demanda fue turnada el día hábil siguiente de su presentación al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, quien en auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, admitió la demanda y la registró con el número 101/2021, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Distrito auxiliado, la intervención que legalmente le compete, quien no formuló el pedimento correspondiente; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo el treinta de marzo de dos mil veintiuno, al tenor del acta correspondiente. TERCERO. Remisión de autos para el dictado de sentencia. Por oficio 7/2021-III, de ocho de abril del año en curso, suscrito por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, remitió físicamente los autos que integran el juicio de amparo indirecto 101/2021, directamente a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, con base en la Circular CAR 04/CCNO/2021, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México y en términos del oficio SECNO/STCCNO/158/2021, de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, para efectos del dictado de la resolución correspondiente, del cual, se ordenó la formación del cuaderno auxiliar 108/2021; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Federal; 1º y 17, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, publicados en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y cinco de marzo de dos mil quince, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como con el Acuerdo General sin número publicado el quince de abril de dos mil dieciséis, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos Jurisdiccionales Auxiliares, todos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en relación con el punto primero, del diverso acuerdo 54/2008, así como su modificación por los acuerdos 27/2011, 53/2011 y 35/2018, todos del mismo órgano colegiado, relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, por el que se determina además la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de este juzgado; punto primero del acuerdo 67/2008, emitido por el mismo Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional; así como de la Circular CAR 04/CCNO/2021, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México y el oficio SECNO/STCCNO/158/2021, de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el cual se comunicó que se apoyaría en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; en atención a que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con domicilio dentro del ámbito de competencia de ese órgano de control constitucional y se está apoyando en el dictado de la sentencia a un Juzgado de Distrito ubicado en dicha Entidad Federativa. Previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control de la constitucionalidad se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, ya que fue creado exclusivamente para ello; de ahí que, el presente asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente y conforme lo integró el Juzgado de Distrito auxiliado. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 440, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 163998, del rubro y texto siguientes: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA. Conforme a la facultad derivada del artículo 94, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos generales mediante los cuales creó órganos jurisdiccionales auxiliares, encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de sentencias en los lugares con alta carga de trabajo. De lo anterior se concluye que los órganos jurisdiccionales auxiliares tienen una competencia restringida, es decir, no abierta al turno ordinario de los asuntos, por lo que no pueden declararse incompetentes y negarse a conocer de los remitidos para su resolución, dado que su actuar se rige por el acuerdo general correspondiente y, por ende, su competencia está circunscrita a dictar sentencia en los expedientes remitidos por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, como expresión pura de la facultad que a este órgano le confiere la Constitución General de la República; de ahí que sea inaplicable el Acuerdo General 48/2008, relativo al turno de los asuntos mediante el sistema de relación, en atención al principio jurídico de que la norma especial se aplica sobre la general.". SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías, atendiendo a la Jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 192097, que al tenor literal expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Al respecto, de la lectura integral de la demanda de garantías, constancias, atendiendo además a lo señalado por el Juzgado auxiliado y, a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que el acto que se reclama en esta instancia constitucional, se trata de: El proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, emitida en el juicio de divorcio incausado 779/2018, por la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, por medio del cual no admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso contra el auto de veinticinco de septiembre de ese año, por improcedente, en cuanto a la modificación de la pensión alimenticia provisional decretada que el propio promovente solicitó, por no ser de carácter definitiva y que puede ser modificada, revocada o nulificada, atendiendo a las circunstancias que se presenten en el procedimiento. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, del Núm. 76, Abril de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el número de registro 212775, que al rubro y texto dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Hecha esta precisión, procede ahora analizar el contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable. En esa tesitura, se tiene que al rendir su informe justificado, la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, aceptó la existencia del acto reclamado. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia de la resolución reclamada. Es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, del apéndice dos mil, página doscientos treinta y uno, cuyos título y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las constancias del expediente 779/2018, del índice de la responsable, a las que se otorga plena eficacia demostrativa en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, donde se advierte la determinación impugnada (fojas 564 y 565 del tomo de pruebas). Resulta ilustrativa, por las razones que contiene, la jurisprudencia 226 del Pleno del Alto Tribunal del País, visible en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del Apéndice de 1995, cuyos rubro y texto señalan: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Causales de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice de 1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Este órgano jurisdiccional estima, que con las constancias aportadas por la responsable, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". Conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales en los que México sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En efecto, el dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Es criterio reiterado de los tribunales federales que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" deberá atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. En el caso la parte quejosa reclama el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, emitido en el juicio de divorcio incausado 779/2018, por la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, por medio del cual no admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso contra el auto de veinticinco de septiembre de ese año, por improcedente, en cuanto a la modificación de la pensión alimenticia provisional decretada que el propio promovente solicitó, por no ser de carácter definitiva y que puede ser modificada, revocada o nulificada, atendiendo a las circunstancias que se presenten en el procedimiento. Sin embargo, el juicio de amparo indirecto es improcedente, ya que el hecho de no acordar favorable o desechar su recurso de revocación sobre la reducción de pensión alimenticia que el propio quejoso promovió dentro de la controversia familiar, no es de imposible reparación ya que tiene que hacerla valer hasta que se dicte la resolución que concluya lo que el mismo instó, en el caso, de que tal determinación sea adversa a los intereses de la parte quejosa, agotando los recursos que prevé la ley para ello. Lo anterior evidencia que el acto reclamado se trata de un acto dictado dentro de un juicio familiar, que emana a su vez dentro de un procedimiento incidental provisional de pensión, por lo que el amparo indirecto deberá promoverse contra la resolución que decida dicho incidente de reducción de pensión alimenticia, que es susceptible de combatirse por esa vía biinstancial, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento y que hubiere dejado sin defensas al aquí quejoso, entre ellas, el recurso desechado planteado en el que no se acordó favorable a sus intereses. Además, lo cierto es que contempla hipótesis normativas de las cuales puede afirmarse que existe el elemento "controversia" necesario para considerar que se está en presencia de un juicio y que concluye con el dictado de una sentencia que lo decide en lo principal, pues el accionante tendrá que acreditar el derecho que dice no tener el pago de alimentos, la capacidad económica del deudor y la necesidad de sus acreedores, e incluso si el demandado se apersonare a la contienda tendrá oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos, además de estar legitimado para interponer el recurso de apelación contra la sentencia que concede en definitiva los alimentos, pudiendo combatir en dicha instancia el derecho a percibirlos, así como el monto de la pensión fijada y solicitar su cancelación. Es decir, las determinaciones judiciales emitidas en negocios de alimentos pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias; en ese orden, si la finalidad de los alimentos es proveer la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, obvio es que la obligación y el derecho correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor alimentista y en las necesidades de los propios acreedores. Así, cuando se ejerce la acción de reducción de la pensión alimenticia provisional, debe acreditarse la existencia de causas posteriores a la fecha en que se fijó, que determinen un cambio en las posibilidades económicas del deudor alimentario o en las necesidades del acreedor y que esos eventos hagan necesaria una nueva fijación de su monto, sin que resulte jurídicamente válida su reducción, sustentada en las idénticas circunstancias que prevalecían cuando se estableció la pensión aludida. A lo anterior, cabe agregar que ha sido criterio reiterado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por regla general, que dichos actos no se considera como una violación que cause perjuicios irreparables, ya que es susceptible de subsanarse en la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, si es que se emite favorablemente a los intereses de la parte que instó la ampliación, pero de no ser así, podrá hacer valer esa violación al momento de reclamar la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que pone fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo Lo anterior es así, ya que si bien es cierto, el acto reclamado habla sobre el otorgamiento de pensión alimenticia provisional en el juico de origen, también lo es que todavía no hay al pronunciamiento en definitiva; lo que no deja en estado de indefensión al acreedor alimentista aquí quejoso toda vez que puede instar nuevamente la modificación de la pensión otorgada si procediera o en su caso, combatirla en otra instancia esa cuantía fijada que desea aumentarla o disminuirla -aparte de la obligación de otorgarlos- en la vía y términos que la propia ley establece para tal efecto, es decir, el juicio de controversia familiar que inste en contra de esa determinación ahí establecida. Así, de acuerdo a la similitud existente entre el procedimiento del juicio y el procedimiento de un incidente, el momento para reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y otro, debe ser el mismo, es decir, en el momento en que se combate la resolución respectiva que pone fin al proceso o al incidente (sentencia definitiva o resolución interlocutoria), a través del juicio de amparo. De modo que en el amparo indirecto se deben reclamar las violaciones procesales ocurridas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido, al impugnarse la resolución que lo decida. De forma tal que es inconcuso, que son derechos adjetivos los que conforman los que pretenden que sean tutelados en este juicio de amparo indirecto. Luego, dicho acto reclamado no es considerado como aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos, sino que se trata de una cuestión intraprocesal. En ese sentido, se concluye, que la determinación reclamada, no constituye un acto de imposible reparación, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues sus consecuencias no afectan los derechos sustantivos del aquí quejoso, pues se trata de un acto de índole procesal, que en modo alguno, deba estimarse como grave o que impida en forma actual el ejercicio de un derecho. Por tanto, el juicio de amparo indirecto en que se reclama una resolución de las características citadas, es improcedente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." También la tesis IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la página 1539, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, cuyos rubro y texto que en lo que interesa señalan: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera.". Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional. En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, es innecesario analizar si en la especie se surte o no diversa causal de improcedencia, pues de cualquier forma el sentido de la sentencia sería el mismo, atento a la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la página 414, del Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe y contenido son: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Al decretarse el sobreseimiento en esta controversia constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, tampoco los alegatos, ni las pruebas ofrecidas, sin que lo anterior, represente un desacato por este juzgador, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo, atento al criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Núm. 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". Tampoco hay motivo para suplir la deficiencia de la queja, si el juicio de garantías resulta improcedente, ya que no es posible ignorar que incluso en los asuntos que intervienen menores de edad es indispensable verificar previamente la procedencia del juicio de amparo, para dar cumplimiento exacto a las normas que regulan el procedimiento del amparo, ya que la suplencia de la queja no puede llegar al extremo de generar una procedencia del juicio que conforme a la ley no se actualiza, pues las reglas de procedencia no pueden alterarse con motivo de tal suplencia, ya que ésta no tiene el alcance de hacer viable lo que conforme a la propia ley es improcedente. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. QUINTO. Se hace la precisión que esta sentencia se emite con fundamento en lo establecido en el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, dictado en sesión ordinaria el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, firmado criptográficamente, visible en la página de intranet e internet del Consejo de la Judicatura Federal y, en términos del punto 11, inciso k), de la Circular CAR 04/CCNO/2021, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el veinticuatro de marzo del año en curso, se ordena remitir en su oportunidad, el presente juicio de amparo 101/2021, así como un anexo (tomo de pruebas), al Juzgado de origen. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracción V y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 101/2021, promovido por ****************, por propio derecho, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el resultando primero de esta sentencia, en términos de lo establecido en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Cúmplase con lo relativo a lo señalado en el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, dictado en sesión ordinaria el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, firmado criptográficamente, visible en la página de intranet e internet del Consejo de la Judicatura Federal y, en términos del punto 11, inciso k), de la Circular CAR 04/CCNO/2021, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el veinticuatro de marzo del año en curso, se ordena remitir en su oportunidad, el presente juicio de amparo 101/2021, así como un anexo (tomo de pruebas), al Juzgado de origen.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de abril de dos mil veintiuno. Vistos los presentes autos, así como los acuerdos dictados el seis y siete de abril de dos mil veintiuno en el expediente administrativo formado con motivo del oficio STCCNO/STCC/158/2021, de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en donde se tuvieron por recibidos los correos electrónicos enviados automáticamente al generarse dos remesas de auxilio a través del Programa de Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, y se turnaron veintisiete expedientes de juicios de amparo de este Juzgado Primero de Distrito, al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, para que auxilie en el dictado de sentencias, con base en la determinación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, establecida en el mencionado oficio y que entre los veintisiete expedientes, se encuentra el presente juicio de amparo. En tal virtud, comuníquese a las partes en el presente juicio, que el presente expediente fue seleccionado para su remisión al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, para la emisión de la correspondiente sentencia definitiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado Yucatán, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.
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