Wilberth Humberto Domínguez Decelis

Expediente 1669/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1669/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/12/2022

Partes del expediente

  • Wilberth Humberto Domínguez Decelis

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Se nofica por lista a la parte quejosa: I. REGISTRO. Vista; la demanda de amparo promovida por ********************por conducto de su apoderada legal********************, personalidad que la acredita con las castas poder de cuatro de abril y catorce de noviembre del año en curso, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, contra actos del 1. Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 1669/2022-V. II. Improcedencia de la demanda. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, que impone a este juzgador, la obligación de examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Partiendo de esta premisa, tenemos que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: El proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ********************, dictado en la etapa de ejecución de laudo por el cual le requirió a la parte demandada para efecto de que en el plazo de tres días, realice las aclaraciones correspondientes respecto del embargo realizado a la cuenta bancaria; asimismo, tuvo por recibido el oficio de la institución bancaria ********************, al que le anexó la ficha de depósito de la cuenta de ********************, por la cantidad de ********************, a favor de la parte actora -aquí quejosa-, con el cual se le hizo del conocimiento, el referido depósito. A criterio de la suscrita Juzgadora, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo es improcedente por una parte cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo; y por otra, que el aludido juicio constitucional procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; y, que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida ésta como la que: Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o Que ordena el archivo definitivo del expediente. Sin embargo, tratándose de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia excepcionalmente pueden reclamarse sin necesidad de esperarse hasta la última resolución, aquellos que afectan de manera directa bienes sustantivos, aplicando por analogía la fracción V del referido artículo 107 de la Ley de Amparo. Empero, para que prospere el amparo tratándose de actos en ejecución de sentencia de imposible reparación, es necesario también que dichos actos sean ajenos a la cosa juzgada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que dice: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. El criterio anterior, es de carácter obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, y sigue teniendo vigencia dado el contenido del transitorio Sexto del ordenamiento legal citado, al no oponerse el texto vigente, pues los apartados que se interpretan en la referida jurisprudencia, se encuentran contenidos en las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, de ahí que persiste la aplicación del precitado criterio jurídico. De acuerdo con lo anterior, este juzgado considera que el acto que reclaman los quejosos en esta instancia constitucional no es susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo; es así porque, tal acto se emitió dentro de un procedimiento laboral que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y no es susceptible de dañar de manera inmediata y directa los derechos de los quejosos. En ese sentido, se advierte que del proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, en la etapa de ejecución de laudo por el cual le requirió a la parte demandada para efecto de que en el plazo de tres días, realice las aclaraciones correspondientes respecto del embargo realizado a la cuenta bancaria; asimismo, tuvo por recibido el oficio de la institución bancaria ********************, al que le anexó la ficha de depósito de la cuenta de ********************, por la cantidad de ********************, a favor de la parte actora -aquí quejosa-, con el cual se le hizo del conocimiento, el referido depósito; no se aprecia que se cause un perjuicio irreparable a la solicitante del amparo. Es así, pues si bien en el acuerdo que constituye el acto reclamado se le dio vista a la parte demandada para que en el plazo de tres días hiciera las aclaraciones pertinentes al embargo de la cuenta bancaria, lo cierto es que hasta el momento, esa determinación no causa una afectación de manera irreparable a la parte actora -aquí quejosa-, en virtud de que está sujeto que con motivo del desahogo de la vista, la responsable emita una nueva postura en relación al embargo del numerario y en todo caso, será hasta que emita una medida en que se pronuncie sobre el destino del depósito realizado a favor de los actores, en que estos podrán reclamarlo, en caso de ser desfavorable, ya sea porque se le niegue la entrega del cheque de caja o por cualquier determinación que afecte el numerario asegurado a su favor. III. Desechamiento de la demanda. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107 fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. IV. Domicilio, y autorizados. En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta. Asimismo, se tiene como autorizada en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a la persona que menciona, toda vez que así lo solicitó. Téngase a la parte quejosa proporcionando el número telefónico que al efecto señala, para que a través del mismo se pueda entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VII. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado por el (1) Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente sumario; además, remite constancia en apoyo a lo anterior. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta y anexo. En atención a su contenido, con apoyo en el artículo 196, de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de referencia y constancia, córrase traslado y dése vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que de no desahogar la misma, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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