Wilberth Hernández Pérez
Expediente 889/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 889/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 20/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Wilberth Hernández Pérez
- Wilberth Hernández Pérez y Otros.
- Juez tercero de primera instancia de lo civil del quinto distrito judicial en el estado, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado actual que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con el oficio 264/2018, signado por la autoridad responsable Jueza Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunicó el cumplimiento dado a la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto no obstante haber quedado legalmente notificadas del aludido acuerdo, tal como se advierte en autos del presente juicio. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, consideración que se estima congruente con la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Procedimiento de cumplimiento En efecto, el artículo 196 de la ley de la materia, establece que transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; y que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Bajo esa premisa normativa, el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional dictó sentencia constitucional en el presente juicio, la cual negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, misma que fue revocada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, mediante resolución pronunciada en sesión de uno de febrero de dos mil dieciocho, concediendo el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, que tuvo como trascendencia jurídica que el Jueza Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad-única autoridad vinculada al cumplimiento-, realizara lo siguiente: "..Deje sin efecto todo lo actuado en el juicio hipotecario civil de origen a partir de las diligencias de cita de espera y emplazamiento, incluyendo la sentencia, los actos de ejecución." Bajo los lineamientos de la ejecutoria mencionada, la autoridad responsable mediante oficio 264/2018, remitió copias certificadas relativas al cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 249 a la 255). De las copias certificadas a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, a las que se otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable hizo lo siguiente: El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, dictó una resolución en la cual dejó sin efectos las diligencias efectuadas el veinticuatro y veintiséis de junio de dos mil dieciséis, relativas al emplazamiento del quejoso al juicio hipotecario 318/2016, y como consecuencia todo lo actuado con posterioridad a las diligencias de trato, incluyendo la sentencia y los actos de ejecución, ordenando reponer el procedimiento, así como el llamado a juicio del quejoso. Por lo antes expuesto, es claro que la responsable de mérito ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin exceso ni defecto, restituyéndola en el goce de las garantías violadas. Retardo en el cumplimiento. De acuerdo al artículo 192 de la ley de la materia, las sentencias concesoras del amparo deben quedar puntualmente cumplidas; mientras que conforme al diverso numeral 193 de la propia ley, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Al interpretar el dispositivo citado en último término del párrafo que antecede, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que habrá lugar a imponer las multas correspondientes, y a la vez dará inicio el procedimiento de inejecución, siempre y cuando se acredite que el retraso atendió a evasivas, o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Así, el Alto Tribunal señaló que el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; mientras que retraso del cumplimiento por medio de procedimientos ilegales, será cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Bajo esa premisa, en el presente asunto la autoridad vinculada al cumplimiento no incurrió en retraso en el cumplimiento de la sentencia de amparo, tomando en consideración que quedó notificada del auto de ejecutoria, el jueves veintidós de febrero de dos mil dieciocho (foja 245), y dio cumplimiento el lunes veintiséis de febrero del año en curso, es decir dentro del plazo de tres días que se concedió para tal efecto; de ahí que no se actualice alguno de los supuestos de responsabilidad para la imposición de la multa conminada. Archivo y destino del expediente judicial. En esas condiciones, háganse las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, agréguense a estos autos el original del incidente de suspensión y archívese el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; al igual que el incidente de suspensión que deriva del presente juicio, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto con el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Por otra parte, del cuaderno incidental que en esta propia fecha se ordenó glosar al juicio principal, se advierte que mediante auto de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo al quejoso Wilberto Hernández Pérez, exhibiendo el billete de depósito N 810426, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida mediante interlocutoria de once de septiembre de dos mil diecisiete; en tal virtud, tomando en consideración que el juicio que nos ocupa, se archivó como asunto concluido, resulta innecesario la retención del aludido título de crédito, en esas condiciones, se deja a disposición del quejoso para su devolución y endoso; en la inteligencia que de no recogerlo dentro del plazo de dos años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, se hará efectivo a favor del Fisco Federal; lo anterior, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, publicada en el Diario oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil quince.
- Principal
...Téngase por recibido el oficio 264/2018, enviado por la autoridad responsable Jueza Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, y anexo que acompaña, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; por consiguiente, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes la constancia remitida por la autoridad de referencia, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, para que manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no desahogar la vista otorgada, este tribunal de amparo se pronunciará al respecto. Notifíquese personalmente...
- Principal
Por tanto, téngase por recibido el oficio 967/2018, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 889/2017-IV, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de uno de febrero de dos mil dieciocho, dentro del amparo en revisión 503/2017, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a WILBERT HERNÁNDEZ PÉREZ, contra el acto y autoridades señaladas en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos indicados en la última parte del considerando quinto."
- Principal
...Téngase por recibido el oficio 7515/2017, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, por medio del cual informa la admisión del recurso de revisión interpuesto por el quejoso WILBERTH HERNÁNDEZ PÉREZ, a través de su autorizado, licenciado Víctor Ventura González Ríos, en contra de la sentencia constitucional de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo 889/2017, el cual quedó registrado como amparo en revisión 503/2017; en tal virtud, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes.
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