Wilberth González Castro

Expediente 518/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
518/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Wilberth González Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general.

  2. Principal

    : En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para verificar la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 518/2022-II, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias de autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por las autoridades responsables; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa ofreció prueba documental, sin que las demás partes ofrecieran medio de convicción alguno; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecida y admitida la prueba aludida, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por cerrada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado formuló manifestaciones en vía de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula el fiscal de la adscripción; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. Visto para resolver el juicio de amparo 518/2022-II, promovido por Wilberth González Castro, por conducto de su apoderado Javier Cal López, contra omisiones de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, Quintana Roo, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido el veintitrés siguiente por razón de turno a este juzgado de distrito, Wilberth González Castro, por conducto de su apoderado Javier Cal López, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra omisiones de la 1) Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, Quintana Roo y del 2) Actuario de su adscripción, por considerarlas violatorias de los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV.- Acto reclamado. - - - De la primera, la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 60/2017 llevado ante las responsables; y de la segunda, una vez emitida la resolución laboral, notificarla a las partes." SEGUNDO. Radicación y admisión de demanda. Recibida la demanda de amparo el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito, por auto de veinticuatro siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 518/2022-II; se admitió a trámite; se dio al Agente de Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento en el sentido de conceder el amparo solicitado; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de un tribunal en materia de trabajo que carecen de ejecución material y la demanda se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, consiste en: De la 1] Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, Quintana Roo. a) La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 60/2017 de su índice. Del 2] Actuario adscrito a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, Quintana Roo. b) La omisión de notificar el laudo precisado en el inciso a) que antecede. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1) Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, Quintana Roo, por conducto de su Presidente y 2) Actuario de su adscripción, al rendir informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Al respecto, en esencia, la junta responsable informó que el juicio laboral de origen no se encuentra en estado procesal de dictar laudo, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintidós de mayo de dos mil veintidós), no se ha cerrado la instrucción del juicio laboral de origen y tampoco se ha concedido el término para presentar alegatos (etapa procesal previa a dictado del laudo). Por su parte, el actuario responsable refiere que no existe la omisión que se le atribuye (notificar laudo), toda vez que la junta de su adscripción no ha dictado laudo en el juicio laboral de origen; por tanto, no existe resolución alguna que notificar; de ahí que la omisión que se le atribuye resulta inexistente. Lo anterior, evidencia que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintidós de mayo de dos mil veintidós), no había iniciado el plazo con el que cuenta la junta responsable para dictar el laudo cuya omisión se duele la parte quejosa, toda vez que no se ha decretado el cierre de instrucción, en términos de lo previsto por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, y por ende, el actuario responsable no se encuentra en condiciones de notificar una determinación que no se había emitido. Al respecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia. Luego, en esta instancia constitucional no se probó la i) omisión de dictar el laudo, en autos del juicio laboral de origen, y la ii) omisión de notificar dicho laudo, previo a la presentación de la demanda de amparo; ergo, no se acreditó la existencia de los actos reclamados en estudio. Sustenta lo anterior, la tesis con datos de localización, rubro y texto, siguientes: "Época: Octava Época Registro: 207528 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 273 ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." Sin que obste a lo anterior el hecho que la parte quejosa ofreció como prueba documental imagen digitalizada de la audiencia de demanda y excepciones de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, verificada en autos del juicio laboral de origen, a la que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto en los artículos 197, 203 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia; sin embargo, dicha documental únicamente fue exhibida para acreditar la personalidad de Javier Cal López, como apoderado del quejoso Wilberth González Castro, sin que de aquélla se advierta la existencia de las omisiones reclamadas. En ese orden de ideas, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea que acredite la existencia de los actos atribuidos a la aludidas autoridades señaladas como responsables, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de las omisiones reclamadas a la 1) Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, Quintana Roo y al 2) Actuario de su adscripción, precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: "Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Finalmente, se precisa que no es el caso analizar los alegatos formulados por Agente de Ministerio Público de la Federación de la adscripción, toda vez no forman parte de la litis en el juicio de amparo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "No. Registro: 205,449 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Pleno Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994 Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 43, página 27. ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Wilberth González Castro, por conducto de su apoderado Javier Cal López, contra las omisiones reclamadas de la 1) Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, Quintana Roo y del 2) Actuario de su adscripción, precisadas en el considerando tercero, en términos de lo expuesto en el cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    : Agréguese a los autos el pedimento de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado federal; visto su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones ahí vertidas y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo al momento de desahogar la audiencia constitucional. Asimismo, en cuanto a la solicitud de expedir copia certificada de la resolución que se pronuncie en este juicio, dígasele que con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que sea pronunciada la resolución respectiva, se le expedirá copia certificada de la misma.

  4. Principal

    :Agréguense a los autos las promociones de cuenta, mediante las cuales las autoridades responsables i) Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Solidaridad, Quintana Roo, por conducto de su presidente, y ii) Actuario de su adscripción, rinden informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Además, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican y con apoyo en el artículo 9°, párrafo primero, de la ley de la materia, como sus delegados a las personas que refieren.

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