Wilberth Efrain Martin Uc

Expediente 515/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
515/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
15/04/2021

Partes del expediente

  • Wilberth Efrain Martin Uc

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veintinueve de marzo del presente año, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó de plano la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra el acto que reclama de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de actos reclamados, se advierte que la parte quejosa impugna de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de nombrar un perito en materia de caligrafía, grafoscopía y grafométrica, a fin de desahogar la prueba pericial ofrecida en el juicio laboral 754/2018, del índice del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. A ese respecto, esta Juzgadora Federal estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo que disponen los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, debido a que la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, a quien el quejoso le atribuye el acto omiso de que se duele, no es autoridad para los efectos de este amparo. Con el objeto de demostrar esa conclusión, es necesario conocer el texto de los artículos mencionados, cuenta habida que en ellos se prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De los preceptos que anteceden, se aprecia que la Ley de Amparo, en sus artículos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De igual manera, que la autoridad responsable, tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; a su vez, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página ciento dieciocho, del Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 199459, de rubro y texto siguientes:"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así como la tesis 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y nueve, tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 161133 que literalmente establece: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a los criterios citados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, que es autoridad para efectos del amparo, aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin que para ello requiera de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De tal manera que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que, para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, se está frente a actos de autoridad cuando existe una relación de supra a subordinación con un particular; cuando se establezca en la ley; o cuando a través de ella emita actos unilaterales, con los que cree, modifique o extinga situaciones que afecten a la esfera jurídica del gobernado y para emitirlos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que cuando se imputa un acto de autoridad lesivo a los derechos fundamentales, debe analizarse si se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, donde el promovente debe tener el carácter de gobernado o si la vinculación de que se trata deriva de una relación de coordinación, que excluiría la concepción de autoridad y de resultar esto último, el litigio que se suscite ha de ventilarse conforme al procedimiento establecido en el derecho privado. Puede suceder también que las normas constitucionales coloquen al Estado en una situación jurídica parecida a la de un particular. Por ello, con base en los criterios transcritos, conviene distinguir las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas (tales como los del derecho civil, mercantil y laboral, entre otros). Su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio, están regulados por el derecho público. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro; por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; en tanto que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Precisado lo anterior, en el caso, el quejoso señala como acto reclamado, la omisión de nombrar un perito en materias caligráfica, grafoscópica y grafométrica, a fin de desahogar la prueba pericial ofrecida por el aquí quejoso dentro del juicio laboral 754/2018 del índice del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán; con sede en esta ciudad. En ese orden de ideas y de lo relatado párrafos arriba, se colige que, en todo caso, estamos ante omisiones del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y no de la Fiscalía General del Estado, puesto que, como se indicó líneas previas, la prosecución y resolución del juicio laboral 754/2018, corresponde a la autoridad jurisdiccional, quien, auxiliándose de los instrumentos legales y medios de apremio que la ley le confiere, se allega de los datos de prueba necesarios, así como de los medios de convicción que amerite el caso, para resolver juicio natural que tiene a su cargo. Cabe resaltar que, se reitera, dicho Tribunal cuenta con los medios de apremio que la ley de la materia le confiere para asegurarse de que esa institución auxiliar, en el caso en concreto, la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, ante omisiones y negligencias propias de ésta, cumpla con el requerimiento de nombrar perito en las materias de que se trata para el desahogo de la prueba pericial ofrecida en el citado juicio reclamatorio requerido por el funcionario jurisdiccional o de otra índole. En ese sentido, tal como relató el promovente en su escrito de demanda, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán, únicamente ha enviado el oficio TTSEM/MO/AUD:82/2020 a la Fiscalía General del Estado, para que designe perito en las materias caligráfica, grafoscópica y grafométrica, y posteriormente pueda emitir su respectivo dictamen, respecto a la probanza 2 ofrecida por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, para la integración del juicio natural, tal y como se puntualizó en líneas previas. En consecuencia, una vez establecido el acto que en concreto le perjudica al aquí quejoso, es menester señalar que, en todo caso, sería el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, a quien le recaería el carácter de autoridad responsable, ya que ésta es la autoridad facultada legalmente para combatir las omisiones y negligencias suscitadas en las dependencias auxiliares, haciendo valer los medios que la ley le otorga, en el afán de conseguir los medios de prueba que ameriten sus procesos judiciales. Dicho esto, el presente juicio de amparo no es la vía para impugnar las omisiones en que ha incurrido el Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad. Así las cosas, las abstenciones o negligencias de dicha autoridad para designar un perito y posteriormente rendir el dictamen correspondiente, deberán ser hechos valer directamente ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, quien cuenta con los medios coercitivos que la ley le otorga. En atención a lo anterior, ha quedado sentado sin duda que el promovente del amparo tiene que acudir ante el Tribunal del conocimiento, a requerirle que haga valer los medios de apremio que tiene a su alcance, conferidos por la ley de la materia; hecho lo anterior, y ante una omisión de aquélla para realizar lo referido líneas previas, entonces la parte quejosa estará en la posibilidad de ejercitar el medio de impugnación correspondiente. Por tanto, en contra de la omisión reclamada por el quejoso al Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, es improcedente el juicio de amparo, por las razones ya asentadas. Al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo que disponen los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, procede desechar de plano la presente demanda de amparo promovida. Apoya lo antes considerado la tesis con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio."2 Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en la demanda de amparo; asimismo, téngase como sus autorizados con las limitaciones que establece el último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los señalados en su demanda. Por otra parte, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa el presente acuerdo y las subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, de forma electrónica, al correo electrónico ncastillo@meridalegal.com, que proporcionó al presentar su demanda, para asegurar el pleno conocimiento de los autos que se dicten en este asunto; lo anterior, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y del propio promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía y en el entendido de que de no ser factible contactar a la parte quejosa mediante el correo electrónico antes indicado, las notificaciones personales se realizarán en el domicilio señalado para tal efecto. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.

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