Wilberth de Jesus May Cime

Expediente 101/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
101/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Wilberth de Jesus May Cime
  • Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo negado, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió tanto la suspensión provisional como definitiva solicitadas, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo expuesto, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo número 101/2021-II-B, promovido por ***alias ***; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ***alias ****, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama al Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado y Director del Centro de Reinserción Social del Estado, ambas con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó emplazar a los terceros interesados; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables: El auto de formal prisión dictado en su contra el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en la causa penal 377/2015, como probable responsable del delito de violación equiparada en agravio de la menor S.G.M.P. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado y Director del Centro de Reinserción Social del Estado, ambas con sede en esta ciudad, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado, el primero por conducto del Secretario de Acuerdos Interino encargado del Despacho del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado. CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan infundados los conceptos de violación que hizo valer el quejoso, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En los conceptos de violación se aduce, medularmente, que la resolución impugnada es ilegal porque la resolución transgrede en su perjuicio las prerrogativas reconocidas en los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que la autoridad responsable realizó una incorrecta valoración de las pruebas que obran en el sumario para tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, violando así los requisitos de fundamentación y motivación exigibles a los actos de autoridad. Es infundado que la autoridad responsable haya transgredido los principios reconocidos en el artículo 14 constitucional, puesto que el acto reclamado fue emitido con base en leyes expedidas con anterioridad al hecho. Actuar de la responsable que se considera acorde a las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que no se dejó en estado de indefensión al inculpado, al haberle dado intervención en el procedimiento penal correspondiente. De igual forma, se aprecia de las actuaciones que envió la responsable que no se aplicó alguna ley en forma análoga, ni se restringieron alguno de los derechos fundamentales reconocidos en el 20 constitucional. Lo anterior se estima de esa manera, habida cuenta que fue emitido por autoridad judicial competente, esto es, la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en esta ciudad. Además, de la lectura de la determinación combatida se advierte que está debidamente fundada y motivada, pues la autoridad responsable citó los preceptos legales que estimó aplicables al caso y señaló de qué medios probatorios se desprendieron los elementos del cuerpo del delito y con cuáles se acreditó la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, para lo cual destacó las circunstancias de tiempo y lugar de ejecución. Como ya se dijo, el acto reclamado consiste en el auto de formal procesamiento emitido contra el quejoso; por tanto, dicho acto se estudiará a la luz del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo primero, antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, establecía: "Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado". Del transcrito numeral se colige que los requisitos que se exigen para la emisión de un auto de formal prisión son los siguientes: A).- Que existan datos suficientes con los que se acredite el cuerpo del delito; B).- Que de tales elementos se demuestre la probable responsabilidad del inculpado. Por otro lado, el delito de violación equiparada, se encuentra previsto y sancionado por los artículos 315 y 316 del Código Penal del Estado, aplicado al caso, que establecen: "Artículo 315.- Se equipara a la violación y se sancionará con prisión de ocho a treinta años, y de tres mil a cinco mil días-multa, a quien sin violencia y con fines lascivos tenga cópula o introduzca por la vía vaginal o anal cualquier objeto o instrumento distinto del miembro viril, a una persona menor de doce años de edad o a persona privada de razón o sentido o cuando por enfermedad o cualquier otra causa no pudiera resistir. Si además se ejerciere violencia física o moral, y en su caso, resultare en embarazo y/o en contagio de enfermad de transmisión sexual, el mínimo y el máximo de la sanción se aumentarán en una mitad. Artículo 316.- Las sanciones previstas para los delitos de abuso sexual, acoso sexual, violación, violación equiparada y estupro, establecidas en este Título, se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando el delito fuere cometido: ... II.- Por un ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo o por el padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro. Además de la sanción de prisión, al culpable se le privará de los derechos de familia que tuviere con relación a la víctima;..." Con base en ello, los elementos que integran el indicado antijurídico en estudio, son los siguientes: a) Que el sujeto activo sostenga cópula con el agente pasivo o introduzca vía anal o vaginal cualquier objeto distinto al miembro viril; y, b) Que la sujeto pasivo sea menor de doce años de edad o se encuentre privada de razón o sentido o cuando por enfermedad o cualquier otra causa no pudiera resistir. Ahora bien, conviene relacionar las constancias que integran la causa penal 377/2015, remitidas por la Juez responsable, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, de las cuales se advierten las siguientes: 1. Querella interpuesta ante la autoridad ministerial, por Carmen Yahaira Palma Torres, en fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, en la que manifestó: "Mantuve una relación sentimental con el ciudadano WILBERTH DE JESÚS MAY CIME, siendo que desde hace seis años que nos separamos debido a que WILBERTH dijo que se quería ir de la casa, siendo que de nuestra relación procreamos a 3 tres hijos a quienes les impusimos los nombres de SHIRLEY GUADALUPE, JESÚS NESARET Y JOSÉ MANUEL, todos de apellido MAY PALMA, y quienes tienen las edades de 8 ocho, 7 siete y 6 seis años respectivamente; es el caso que el sábado 25 veinticinco de abril del presente año a las 10:00 diez horas me encontraba en mi domicilio cuando llegó la señora TERESA DE JESÚS CIME POOT, quien es la mamá de WILBERTH y me dijo que había ido por los niños para llevarlos a su casa, misma que se ubica en la calle 24 veinticuatro, sin número de predio, por 5 cinco y 7 siete, de la localidad de Dzilam Gonzáles, Yucatán, siendo que al no percatarme nada raro ya que en ocasiones anteriores ella había ido por los niños por lo que permití que los niños se fueran con ella; posteriormente a las 16:00 dieciséis horas la señora TERESA es quien regresa a los niños a mi domicilio, seguidamente le dije a mi hija menor SHIRLEY GUADALUPE que se metiera a bañar, por lo que entré al baño con ella para ayudarla y le pedí que se quitara su ropita, pero no quería, siendo que después de insistirle es que se quitó la ropa y es que me percaté que tenía muy roja su parte íntima (refiriéndose a la vagina), por lo que comencé a preguntar a SHIRLEY que era lo que le había pasado pero ella solo se puso a llorar y no me dijo nada, siendo que la terminé de bañar y por más que le insistí que me dijera que le pasó SHIRLEY no quiso decirme pero me di cuenta que durante el resto del día y la noche mi hija estaba muy callada y muy distraída, no quería hablar con nadie, se sienta sola en un rincón y al preguntarle que le pasaba solo me dice "nada"; posteriormente el día domingo veintiséis del presente mes y año a las 18:30 dieciocho horas con treinta minutos mi hijo JESÚS de 7 siete años es quien se acerca y me dice: Mamá, yo vi que le pasó a mi hermana, cuando yo entré vi que mi papá le tenía bajado el short con su pantaletita a mi hermanita y la estaba tocando, él no me vio y salí corriendo"; después de esto me acerqué SHIRLEY y le pregunté si era verdad y se puso a llorar y me respondió que "sí", y le pregunté porque dejaste que te agarre, y SHIRLEY me respondió "es que mi papá dijo que me va a acusar", a lo que le dije y de qué te va acusar pero SHIRLEY solo me decía "no sé mamá no sé" y continuaba llorando por lo que no quise preguntarle más; posteriormente el día 28 veintiocho a las 08:00 ocho horas acudí al médico junto con mi hija SHIRLEY para que la revisaran siendo que el médico revisó a mi hija en mi presencia y me mostró como la vagina de mi hija estaba roja, por lo que me dijo que la habían lastimado, motivo por el cual es que acudo a dar parte a las autoridades de lo sucedido. Seguidamente en este acto presento a mi hija menor de edad SHIRLEY GUADALUPE MAY PALMA, a fin de que emita su declaración ministerial y le sean practicados los exámenes médicos correspondientes. 2. Declaración de la menor SHIRLEY GUADALUPE MAY PALMA, en la que manifestó: "Mi abuela Teresa me fue a buscar a casa de mi mamá y me llevó a casa de mi papá, y mi papá me llevó a comprar y me compró mi granizado y nos regresamos de nuevo a la casa de mi papá, no había nadie más en la casa, solo estaba yo y mi papá, ya que mis hermanitos estaban a dos casas de donde yo estaba, pero es en el mismo terreno; yo estaba acostada en la hamaca y mi papá me dijo que me iba acusar con mi mamá pero no sabía por qué lo decía hasta que de pronto mi papá me empezó a agarrar en mi partecita "mi cuquita" (refiriéndose a su vagina) y me dolió que me agarrara y me empezó a pasar su dedo y sentí que metió su dedo, pero no le dije nada a mi papá porque me dijo que me acusará; él no se quitó la ropa ni me enseñó nada ni me dijo que lo besara, solo me tocó a mí y no sé por qué me agarraba; entonces como mi papá me había dejado de tocarme, me puse mi calzón y mi short, después mi papá se fue a casa de mi tía, pero abuela ya llegó y me llevó a mi casa con mi mamá en la tarde, luego mi mamá me iba a bañar y vio que me pasó algo pero no le dije nada hasta el domingo que mi hermanito le dijo a mi mamá lo que mi papá me hizo, y mi mamá empezó a preguntar porque no se lo dije el sábado, pero dije que porque mi papa me iba a acusar, además de que le tenía miedo y que no me dijo porque; después el lunes mi mamá me llevó al doctor y él le dijo que sí me agarraron. Asimismo mi papá nunca me había tocado en mi partecita (refiriéndose a su vagina). 3. Examen ginecológico de veintinueve de abril de dos mil catorce, sobre la menor S.G.M.P., en el que la médico adscrita al centro de Justicia para las Mujeres, concluyó que la menor presentaba datos de penetración reciente. 4. Declaración del menor J.N.M.P., de fecha dos de julio de dos mil catorce, en la que asistido de una psicóloga clínica del Centro de Justicia para las Mujeres, señaló: "Un día sábado (el menor ignora la fecha) era la tarde, porque estaba jugando pesca pesca con mi hermanita Shirley, en casa de mi papá WILLI, pero me fui con mi hermanito Manuel a casa de mi abuelita TERESA que vive al lado de la casa de mi papá, y mi hermanita se quedó en casa de mi papá, pero luego regresé en casa de mi papá para buscar un juguete y al entrar vi que mi papá y Shirley estaban juntos en la sala, los 02 dos de pie, y SHIRLEY tenía su short de color blanco bajado, pero solo ella, porque mi papá tenía puesta su ropa, y entonces vi que mi papá estaba agarrando su "cuquita" de Shirley, haciéndose contar que al manifestar esto, el menor delante de la psicóloga y a través de un muñeco, señala a este autoridad la parte donde se encuentra la vagina de dicho muñeco, entonces al verlo salí corriendo a casa de mi abuelita porque tenía miedo que me pegara mi papá, pero cuando vi a mi mamá se lo conté y a partir de eso no he vuelto a ver a mi papá, y es la única vez en que vi a mi papito le hiciera eso a Shirley. 5. Declaraciones testimoniales de AIDA ROSA TORRES Y MAY y JUAN DE LA CRUZ PALMA TORRES, emitidas ante la autoridad ministerial en fecha dieciocho de julio de dos mil catorce, en la que de manera coincidente señalaron que el domingo veintisiete de abril de dos mil catorce, se encontraban en casa de CARMEN YAHAIRA, cuando se acercó JESÚS NESARET y le dijo a su mamá lo que había pasado a su hermanita, ya que vio cuando su papá le estaba bajando el short con su pantaletita a su hermana, pero que salió corriendo ya que tuvo miedo; que por tal motivo Carmen Yahaira le preguntó a Shirley que si era cierto lo que había dicho su hermanito, a lo que la menor respondió que sí y se puso a llorar. 6. Dictamen en materia de psicología practicado a la menor S.G.M.P., en el que la Psicóloga del Centro de Justicia para la Mujeres, concluyó: PRIMERA: La menor S.G.M.P., se encuentra ubicada en las tres esferas, es decir, en tiempo, persona y espacio. SEGUNDA: La menor S.G.M.P., presenta afectaciones psicológicas tales como depresión, ansiedad, impulsividad, alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, alteraciones en el rendimiento escolar, cambio de conductas agresivas y somatizaciones tales como dolor de cabeza continuos. TERCERA: Cuanto a los instrumentos psicológicos la menor S.G.M.P., se encontraron indicadores relacionados tales como la ansiedad, agresividad, sentimientos de culpa, aislamiento, rumiación acerca del pasado, necesidad de sentirse apoyada, impulsividad, inseguridad y depresión. CUARTA: En cuanto al ciudadano WILBERTH DE JESÚS MAY CIME, refiere sentimientos de hostilidad, rechazo y temor, que lo considera como una persona que puede volver a dañarla. 6. Comparecencia de WILBERTH DE JESÚS MAY CIMÉ, de fecha diecisiete de enero de dos mil quince, en la que manifestó que se reservaba su derecho a declarar. 7. Informe de investigación de uno de febrero de dos mil quince, rendido por el Agente de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Unidad de Investigaciones del sistema Antiguo. 8. Declaración preparatoria de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, a cargo de WILBERTH DE JESÚS MAY CIMÉ, en la que manifestó que se reservaba su derecho a declarar. Ahora bien, la lectura, análisis y valoración hecha por el suscrito Juzgador a los elementos de convicción que obran en la indagatoria permiten llegar a la conclusión de que la resolución combatida se encuentra ajustada a derecho, pues los datos arrojados en la averiguación previa resultan aptos y suficientes para concluir que se encuentran comprobados los elementos del cuerpo del delito imputado al aquí quejoso, así como su probable responsabilidad en la comisión del mismo. En efecto, los elementos del antijurídico que se atribuye al inculpado, aquí quejoso, se encuentran suficientemente acreditados con todos los medios de prueba antes señalados, y con los cuales se pone de manifiesto que un sujeto activo, en el caso el inculpado, aquí quejoso Wilberth de Jesús May Cimé, introdujo sus dedos vía vaginal a la menor S.G.M.P., aprovechándose que la menor no podía comprender el significado o resistir la conducta delictuosa que desplegaba debido a su corta edad. Para arribar a dicha conclusión, debe considerarse la querella interpuesta por Carmen Yahaira Palma Torres, en fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, en la que manifestó lo que la menor S.G.M.P., le señaló en relación a la conducta que el inculpado desplegó sobre aquella. Lo que se corrobora con el dicho de la menor S.G.M.P., en las que en esencia, narró los actos ejercidos por el inculpado en su contra, señalando con precisión que el día de los hechos estaba acostada en la hamaca y que su papá le dijo que la acusaría con su mamá, pero que no sabía el motivo, y que luego de pronto su papá le empezó a agarrar en su partecita (refiriéndose a su vagina) y que le dolió que la tocara y que sintió que su papá metió su dedo. A lo que se suma lo manifestado por el menor J.N.M.P., en fecha dos de julio de dos mil catorce, en la que asistido de una psicóloga clínica del Centro de Justicia para las Mujeres, señaló que pudo percatarse cuando su papá estaba tocando a su hermanita en la vagina. Agregándose a lo anterior el dicho de los testigos de cargo Aida Rosa Torres Y May y Juan De La Cruz Palma Torres, quienes de manera coincidente señalaron que estaban presentes cuando el menor J.N.M.P., le señaló a su mamá que había presenciado cuando su papá estaba tocando a su hermanita en su vagina. Declaraciones tanto de la víctima y de los testigos, a las cuales la autoridad responsable les confirió valor probatorio pleno, lo que es apegado a derecho, porque dichos testimonios satisfacen los requisitos del numeral 218 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Yucatán, atento a que de los datos de la causa se colige que tienen capacidad, instrucción y criterio necesario para juzgar los hechos, su versión es clara y precisa, sin dudas ni reticencias, no se advierte hayan sido obligados a declarar por fuerza o por miedo, ni impulsados por error, engaño o mala fe; aunado a que describe claramente la forma en que presenciaron los hechos. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACIÓN. Es inatendible el argumento que niega valor probatorio a la declaración del paciente del delito, pues tanto equivaldría a sostener que era innecesario en la investigación judicial, el examen de la víctima de la infracción. En estas condiciones, la prueba de responsabilidad de determinados delitos que, por su naturaleza, se verifican casi siempre en la ausencia de testigos, se dificultaría sobremanera, pues de nada serviría que la víctima mencionara el atropello, si no se le concediera crédito alguno a sus palabras. La declaración de un ofendido tiene determinado valor, en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario; por sí sola podrá tener valor secundario, quedando reducido al simple indicio, pero cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción, adquiere validez preponderante.". Además, resulta aplicable el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que dice: "OFENDIDO. VALOR DE SU DECLARACIÓN PARA ESTABLECER LA CULPABILIDAD DEL INCULPADO. Para hacer probable la responsabilidad del inculpado, es bastante la presunción que se derive de la declaración del ofendido que lo señale como autor del delito, porque es difícil que una persona impute la comisión de un delito a quien no es el delincuente, cuando el móvil natural de la querella, es que se persiga al culpable; pues es lógico que ésta se dirija contra quien ha causado el daño, a menos que haya pruebas de que el ofendido ha formado un plan de atacar a otra persona; de no aceptarse este criterio, en la mayoría de los casos quedarían impunes los delitos en que no hubiere más indicios en contra del acusado, que la declaración del ofendido.". También obra en autos de la causa penal de origen, el Dictamen en materia de psicología, en el que la Psicóloga del Centro de Justicia para las Mujeres, concluyó que la menor examinada presentaba afectaciones psicológicas tales como depresión, ansiedad, impulsividad, alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, alteraciones en el rendimiento escolar, cambio de conductas agresivas y somatizaciones tales como dolor de cabeza continuos; indicadores relacionados tales como la ansiedad, agresividad, sentimientos de culpa, aislamiento, rumiación acerca del pasado, necesidad de sentirse apoyada, impulsividad, inseguridad y depresión; y que respecto de su padre, la examinada manifestó hostilidad, rechazo y temor, ya que lo consideraba como una persona que podía volver a dañarla. Por lo que recomendaba que se mantuviera la menor en observación, así como tratamiento psicológico. Así como el diverso examen ginecológico de veintinueve de abril de dos mil catorce, sobre la menor S.G.M.P., en el que la médico adscrita al centro de Justicia para las Mujeres, concluyó que la menor presentaba datos de penetración reciente. Dictámenes que la responsables valoró en términos del artículo 217 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Yucatán, lo que resulta fundado y motivado, pues fueron elaborados por peritos en la materia, conforme a la técnica y elementos que tenía a su alcance y las operaciones que su ciencia le sugirió, expresando los hechos y circunstancias para sustentar su opinión, además de que son acordes con el material probatorio que integra la causa y tienen eficacia probatoria para corroborar la alteración psicoemocional de la menor ocasionada por su padre, así como los datos de penetración que éste ejerció sobre la infante. Al caso tiene aplicación, la tesis de jurisprudencia número 254, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "PERITOS. VALOR PROBATORIO EN SU DICTAMEN. Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros." En ese orden de ideas, las anteriores probanzas, adminiculadas entre sí y por su importancia y resultado de la apreciación en conjunto de las mismas, a criterio de la autoridad judicial responsable, constituyen indicios que concatenados en forma lógica y natural con los demás, llevan al conocimiento de la verdad que se busca y permiten establecer que un sujeto, en el caso el inculpado, aquí quejoso Wilberth de Jesús May Cimé, introdujo sus dedos vía vaginal a la menor S.G.M.P., aprovechándose que no podía comprender el significado o resistir la conducta delictuosa que desplegaba debido a su corta edad, surtiéndose de dicha manera la hipótesis normativa prevista en el artículo 315, del Código Penal del Estado, en relación con el numeral 316 del mismo ordenamiento, esto es, el delito de violación equiparada. Ahora bien, por lo que se refiere a la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del delito que se le atribuye, la autoridad responsable realizó una expresión detallada de los medios probatorios que ponderó para tal efecto, y expresó los razonamientos lógicos jurídicos que lo llevaron a la actualización de dicha responsabilidad, determinando que el inculpado, aquí quejoso Wilberth de Jesús May Cimé, era quien presumiblemente había realizado esos actos sobre la menor afectada. En ese orden de consideraciones, se aprecia que la Juez responsable no vulneró la esfera jurídica del quejoso al momento de dictar el auto de formal prisión, pues contrario a lo alegado por éste, el auto de formal prisión impugnado, no conculca los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, que consagran los artículos 14 y 16 Constitucionales, encontrándose satisfechos los requisitos de forma y fondo que exige el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el dictado de un auto de naturaleza como el que se reclama. Ya que de los elementos de prueba antes mencionados se advierte que aparecen datos suficientes que acreditan el cuerpo del delito de violación equiparada previsto en el artículo 315, del Código Penal del Estado, en relación con el numeral 316 del mismo ordenamiento legal, y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Máxime, que no es requisito indispensable en dicha resolución, tener pruebas plenas o contundentes para acreditar la probable responsabilidad del quejoso, sino sólo datos que permitan presumir la comisión del ilícito que se le atribuye. Ahora bien, en sus conceptos de violación el quejoso alega que no se encuentra acreditado el delito que se le atribuye, ya que no se demostró que hubiese existido penetración sobre la menor, ya que el otro menor que declaró sólo hizo referencia aun agarre y no a una introducción, siendo insuficientes las pruebas que obran en autos, pues de la declaración de la víctima no se advierte un señalamiento directo que asevere categóricamente que hubiese había introducción de los dedos en su parte vaginal. Lo anterior es infundado, ya que contrario a lo manifestado por el quejoso, de conformidad con lo expuesto a lo largo de la presente resolución y de las pruebas que obran en autos, tales como las declaraciones de la víctima, los testimonios rendidos por las testigos de cargo, así como con el dictamen pericial en materia de psicología, ponen de manifiesto que sí existió introducción de los dedos en la vagina de la menor, pues además de que así lo manifestó expresamente la menor, con el examen ginecológico se corroboró dicha circunstancia. En otro motivo de disconformidad, el promovente del amparo señala que no se acreditan los elementos del delito que se le imputa, ya que los testimonios vertidos por los testigos de cargo, son de escucha, ya que no presenciaron los supuestos hechos que se le atribuyen. Resulta infundado lo anterior, ya que si bien es cierto que los testigos no presenciaron los hechos, también lo es que estuvieron presentes cuando el hermano de la víctima señaló lo que había visto en relación a lo que su papá le estaba haciendo a su hermanita. De ahí que se estime correcto que la Juez responsable hubiese otorgado valor probatorio pleno al dicho de las testigos de referencia, ya que, junto con el restante caudal probatorio, son suficientes para acreditar los elementos del delito en estudio y la probable responsabilidad del inculpado en su comisión, tomando en cuenta que este tipo de ilícitos son de realización oculta y, por tanto, generalmente no hay testigos presenciales, de manera que los testimonios derivados de referencias directas de la victima tienen valor legal. En las relatadas consideraciones, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión impetrado por el quejoso. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***alias ***, en contra del acto que reclama a la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado y Director del Centro de Reinserción Social del Estado, ambas con sede en esta ciudad; por los motivos señalados en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio 0705/2021 signado por la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, con el que devuelve diligenciado el despacho con número de orden 16/2021 y número de origen 12/2021-D-II-B Amparo Penal y constancias relativas al emplazamiento a juicio de la tercera interesada ********************, como representante legal de la menor de edad ******************** Realícense las anotaciones relativas y dese de baja al despacho de mérito en el libro de gobierno respectivo. Al efecto, se tiene a dicha tercera interesada por emplazada al presente juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que de la constancia levantada por el actuario judicial adscrito al órgano jurisdiccional auxiliante, se advierte que a la presente fecha ha transcurrido el término de tres días concedido a la tercera interesada antes nombrada, mediante acuerdo de veintidós de enero de dos mil veintiuno, a fin de que señalara domicilio en esta ciudad, para oír y recibir la notificaciones derivadas de este juicio, sin que lo hiciera. En atención a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo, y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la tercera interesada antes nombrada el contenido del presente proveído y los subsecuentes, incluso los de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Notifíquese y cúmplase.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio 0706/2021 signado por la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, con el que devuelve diligenciado el despacho con número de orden 17/2021 y número de origen 13/2021-D-II-B Amparo Penal y constancias relativas a la notificación de la tercera interesada Carmen Yahaira Palma Torres como representante legal de la menor de edad S.G.M.P., del proveído de veintidós de enero del año en curso, en el que se concedió al quejoso en su oportunidad, la suspensión provisional de los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables. Realícense las anotaciones relativas y dese de baja al despacho de mérito en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, toda vez que de la constancia levantada por el actuario judicial adscrito al órgano jurisdiccional de referencia, se advierte que a la presente fecha ha transcurrido el término de tres días concedido a la tercera interesada antes nombrada, en el acuerdo de mérito, a fin de que señalara domicilio en esta ciudad, para oír y recibir la notificaciones derivadas de cuaderno incidental sin que lo hiciera. En atención a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo, y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la tercera interesada antes nombrada el contenido del presente proveído y los subsecuentes, incluso los de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Notifíquese y cúmplase.

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