Wilbert Morales Miramón

Expediente 817/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
817/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
12/12/2018

Partes del expediente

  • Wilbert Morales Miramón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad de México, a doce de diciembre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la justicia de la unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, ya que no es necesaria la retención del anexo enviado por la autoridad judicial responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que será suficiente el sello de la autoridad de referencia, el cual hará las veces de acuse.

  2. Principal

    V i s t o s, para resolver los autos del juicio de amparo 817/2018, promovido por Wilbert Morales Miramón, contra acto de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior Militar (denominación correcta); y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el trece de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El promovente de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que se transgredieron en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El día de su recepción, se registró el asunto con el orden 817/2017 y se previno al quejoso. IV. Después de que desahogó el requerimiento relativo, por auto veinticinco del mes y año referidos, se admitió a trámite la demanda; se requirió a la autoridad señalada como responsable rindiera informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional. V. En su oportunidad se emplazó a los terceros interesados. VI. Por último, se realizó la audiencia de ley, en sus dos primeras etapas, de pruebas y alegatos, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido), que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se precisa que el acto reclamado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior Militar es el siguiente: * La resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, pronunciada en el toca TSU2-090/2018, por la que confirmó la diversa de veintidós de marzo del año en curso, dictada en la causa 368/2017, del registro del Primer Juzgado Militar de Control de la Primera Región Militar, en que se negó al quejoso la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo aceptó la autoridad judicial responsable al rendir informe justificado, lo que se corrobora con la copia autenticada del toca de referencia, entre cuyas constancias se encuentra la determinación controvertida; documental que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Esto último encuentra apoyo en la jurisprudencia identificable con el número 1340 impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. El concepto de violación hecho valer es inoperante, en una parte, e infundado, en la restante, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, por lo que es procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal. En efecto, el artículo 16, párrafo primero, de la Ley Fundamental establece, en lo conducente, que todo acto de molestia debe ser emitido por escrito, procedente de autoridad competente que funde y motive su forma de proceder. Así, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que bajo el número 266 aparece publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ahora, para mejor comprensión del asunto, es necesario destacar algunos antecedentes del acto reclamado, como a continuación se precisa. 1. El cinco de febrero del año en curso, la Primera Sala Unitaria del Tribunal Superior Militar, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el juicio 668/2017, del registro de este juzgado de Distrito, confirmó el auto de vinculación a proceso decretado contra el quejoso, en la causa de origen, seguida por el delito de abuso sexual, previsto y sancionado en el artículo 260 del Código Penal Federal. 2. Mediante escrito presentado el veinte de marzo del año en curso, el justiciable solicitó al juez de la causa le permitiera "debatir" con la víctima, a fin de llegar a un acuerdo reparatorio, pues, desde su perspectiva reúne los requisitos que prevé el artículo 185 del Código Militar de Procedimientos Penales, dado que el delito por el que se le vinculó a proceso es perseguible por querella. 3. El veintidós de marzo de la presente anualidad, el juzgador de origen en respuesta a esa solicitud estimó improcedente la posibilidad de un acuerdo reparatorio, medularmente porque el delito por el que se le vinculó a proceso no es perseguible por querella, pues el tipo penal de abuso sexual no prevé que sea a petición de parte ofendida, por lo que por exclusión es perseguible de oficio; y 4. Inconforme, el justiciable interpuso recurso de apelación, cuya resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio. Establecido lo anterior, se estima que el acto reclamado está adecuadamente fundado y motivado, pues la sala responsable citó los preceptos legales que estimó aplicables al caso concreto y expuso las razones o causas particulares por las que resolvió confirmar la resolución recurrida vía apelación, en que se negó al quejoso la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima, además, indicó la adecuación entre los motivos señalados y las normas aplicadas. En efecto, la sala responsable actuó acorde con el artículo 422 del Código Militar de Procedimientos Penales, ya que sólo se pronunció sobre los agravios expresados por el recurrente, sin que extendiera el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, sin que advirtiera algún acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. Esto es así, pues el agravio expuesto por el quejoso, en esencia, fue el siguiente: que el juez de origen transgredió en su perjuicio el derecho fundamental previsto en el artículo 17 constitucional, al negarle la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima, ya que la comisión del delito que se le atribuye es perseguible por querella y el mismo es a petición de parte ofendida, dado que al momento en que presenta la "denuncia y/o querella" de manera "personalísima" ante el Ministerio Público, "por lo que al activar la maquinaria jurisdiccional, es menester que el ofendido o la víctima en esta naturaleza del delito, por sí mismo interponga una denuncia a la autoridad que persigue delitos", lo cual es acorde con el artículo 222 del código procesal penal militar, aunado a que dicho ilícito permite el perdón de la víctima u ofendido. Agravio con el cual se corrió traslado al Ministerio Público militar y a la víctima, sin que contestaran el mismo. Al respecto, la sala responsable determinó que ese motivo de disenso era infundado, por ende, ineficaz para revocar la resolución recurrida, dado que no expuso argumentos lógico-jurídicos tendentes a combatir de manera directa e inmediata "los fundamentos" del fallo recurrido, al no poner de manifiesto la ilegalidad de las consideraciones esenciales de la citada resolución, ello en razón de que estimó que el Código Penal Federal establece claramente aquellos delitos que se persiguen por querella y, por exclusión, los restantes son perseguibles de oficio, concluyendo que el delito de abuso sexual que se imputó al quejoso es perseguible de oficio, que es la regla general, pues no establece que sea por querella, que es la excepción, razón por la que no reúne los requisitos que prevé el artículo 184 del Código Militar de Procedimientos Penales, relativo a la procedencia de los acuerdos reparatorios. Apoyando su determinación en la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: "ABUSO SEXUAL. PREVISTO EN EL ARTÍCULO 177 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NO REQUIERE DE QUERELLA". Bajo ese panorama, este órgano de control constitucional estima que la resolución controvertida es legal, pues la sala responsable acertadamente estableció que el delito de abuso sexual, previsto en el artículo 260 del Código Penal Federal, por el que se vinculó a proceso al quejoso, no establece que sea perseguible por querella, por ende, atendiendo a la regla general, es perseguible de oficio; razón por la cual no satisface los requisitos que prevé el artículo 184 (fracción I) del Código Militar de Procedimientos Penales, inherente a la procedencia de los acuerdos reparatorios, como una salida alterna del procedimiento penal seguido en su contra. Bajo ese contexto, es inoperante el concepto de violación hecho valer, en la parte relativa en que el quejoso afirmó que se encontraba "franco" acorde con las circunstancias de tiempo de ejecución del hecho que la ley señala como delito de abuso sexual que se le imputó; lo anterior es así, porque ese aspecto no fue considerado por la sala responsable para resolver en el sentido en que lo hizo. Es infundado tal motivo de disenso, en lo conducente a que la sala responsable omitió "valorar" el agravio que expuso, pasando por alto que el delito que se le imputó se persigue por querella, dado que "se persigue de manera individualizada por su posible víctima", impidiéndole el acceso a un acuerdo reparatorio al que tiene derecho de conformidad con el artículo 17 constitucional. En efecto, no asiste razón al justiciable porque como se indicó, la sala responsable contestó íntegramente el agravio que hizo valer, vía apelación, al señalarle que no satisface los requisitos que prevé el artículo 184 del Código Militar de Procedimientos Penales, para obtener la posibilidad de un acuerdo reparatorio, ya que el delito por el que se le vinculó a proceso no es perseguible por querella, pues el numeral 260 del Código Penal Federal, que prevé el delito de abuso sexual, no establece tal requisito de procedibilidad, por ende, por exclusión, su persecución es de oficio. En las relatadas circunstancias, lo procedente es negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Wilbert Morales Miramón contra el acto reclamado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior Militar, consistente en: * La resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, pronunciada en el toca TSU2-090/2018, por la que confirmó la diversa de veintidós de marzo del año en curso, dictada en la causa 368/2017, del registro del Primer Juzgado Militar de Control de la Primera Región Militar, en que se negó al quejoso la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima.

  3. Incidental

    Ciudad de México, a dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por la autorizada del quejoso, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia que solicita previa toma de razón que por su recibo conste en autos, en el entendido que el horario establecido para la entrega es de diez a doce horas.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento de cuenta, signado por el representante social de la Federación adscrito, en atención a su contenido, permítase la consulta vía electrónica del presente expediente, ya que proporcionó usuario autenticado.

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