Wilbert Jesús Sandoval Ramos
Expediente 1793/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1793/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Wilbert Jesús Sandoval Ramos
Actuaciones
- Principal
MESA 5.-ILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. DESIGNACIÓN DE TITULAR se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por ********************; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022 del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Ahora, de la certificación de cuenta se observa que el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional en este asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Amparo, el cual indica que las partes podrán recusar al juzgador que resolverá el expediente, en caso de que exista causa fundada para ello (contenida en el diverso numeral 51 de la citada normatividad), para que aquéllas conozcan la existencia de la causal, deben igualmente tener conocimiento que la citada juzgadora resolverá en definitiva este juicio de amparo; hágase del conocimiento de las partes, la designación de la nueva titular, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten si tienen algún impedimento en que la citada Juzgadora continúe teniendo conocimiento de este juicio, en el entendido de que en caso de no hacer manifestación alguna, se continuará con el trámite de este asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, novena época, materia común, registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello, si es necesario realizar actuaciones proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, de cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y apoderada legal del Colegio de Bachilleres de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en el informe justificado y copia certificada de diversas constancias que obran en la investigación laboral 059/2019 de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexó, la instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana; probanzas que se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de veinte de octubre del presente año, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa, en su libelo de amparo, consistente en la instrumental de actuaciones que integran el expediente administrativo que remitiera la autoridad responsable y, en virtud de lo acordado previamente, dicha probanza se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Directora de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual promueve incidente innominado en contra del auto de seis de octubre de dos mil veintidós, mismo que le fue notificado a través de los oficios 35359 al 35364, recibidos el diez del citado mes y año, a fin que se este órgano jurisdiccional sea explícito y señale con claridad los términos en que se deberá cumplir la sentencia relativa al expediente 470/2017 del cual deriva el presente juicio de amparo, en el que se concedió el amparo protección de la Justicia Federal en favor de CECILIO SILVÁN OLÁN, y hace manifestaciones diversas en atención a su solicitud. De lo que se toma conocimiento, y se le hace saber a la autoridad oficiante que no ha lugar a tramitar el incidente que solicita por ser notoriamente improcedente por no encontrarse previsto en Ley de Amparo y además porque no se encuentra dentro del supuesto que prevé el artículo 193 de la referida Ley. No obstante a lo anterior, se reitera a la autoridad oficiante que con anterioridad se les hizo de su conocimiento los lineamientos a seguir para dar cumplimiento a la sentencia de amparo concedida a través de las diversas actuaciones: a) Sentencia definitiva de siete de marzo de dos mil diecisiete, pronunciada en autos el expediente auxiliar 1/2017, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, como órgano auxiliar a este Juzgado, y quien determinó como efectos del acto reclamado los siguientes: ".EFECTOS DEL AMPARO De conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, procede fijar los efectos o medidas en que se traduce la concesión de la tutela constitucional. Las responsables en el ámbito de su competencia realicen lo siguiente: a. Deje insubsistente el Decreto 189 publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. b. Notifique el inicio del procedimiento de ratificación y continúe con el mismo hasta la emisión del dictamen correspondiente.". b) Ejecutoria de diez de junio del citado año, pronunciado en los autos del amparo en revisión 470/2017, el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, concediéndose el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Cecilio Silván Olán, misma que fue recibida por diverso auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, y por ello, se le requirió a las autoridades responsables el cumplimiento del fallo protector. c) Por auto de quince de agosto de dos mil veintidós, se realizó el análisis de las constancias que habrían remitido las autoridades responsables y se determinó por no cumplida la ejecutoria de amparo, y por ello se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable Congreso del Estado de Tabasco, para que en un plazo de diez días hábiles, diera cumplimiento a cabalidad de los efectos de la sentencia de amparo concedida al quejoso de mérito, y textualmente se le indicó en forma clara y precisa lo siguiente: ". con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y 2 fracción IX del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19; reformado por el diverso Acuerdo General 9/2022, requiérase al Congreso del Estado de Tabasco, autoridad responsable con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES siguientes al en que sea notificado del presente proveído, deje insubsistente el Decreto 067, publicado el veintiocho de mayo de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial de la aludida entidad federativa. En su lugar, emita un nuevo Decreto en el que cumpla con los lineamientos establecidos en el fallo protector, esto es: "a) Realice un estudio en conjunto de forma objetiva, razonable, fundada y motivada, de todos los aspectos que se desprendan del expediente del evaluado incluidas las constancias que allegó al juicio de amparo, con el fin de que, conforme a lo razonado en esta ejecutoria, se pronuncie sobre cada uno de los criterios relacionados con la eficiencia, capacidad, competencia y antecedentes, analizando las constancias del cuadro transcrito de documentales que justifican que durante el ejercicio de sus funciones, realizó múltiples estudios de actualización jurisdiccional, todo respetando el derecho fundamental consagrado en el artículo 16 de la Carta Magna, refiriéndose a la actuación en el desempeño del cargo del quejoso. b) Conforme a lo expuesto en esta ejecutoria, omita en el dictamen la referencia expresa toda la información negativa ajena a las cuestiones inherentes al encargo que desarrolló el quejoso, que se encuentren fuera del período de su designación". Para ese efecto, deberá tener en cuenta que, respecto del Decreto 189, en la ejecutoria de amparo dictada por el Tribunal Colegiado, se estableció que: Para cumplir con una calificación que atienda a criterios objetivos, es necesario el examen minucioso del desempeño que haya tenido el Magistrado, de acuerdo con las constancias que obren en el expediente que se haya abierto con motivo de su designación y que se encuentre apoyado con pruebas que permitan constatar la correcta evaluación de su desempeño en la carrera judicial; y, que para dar cumplimiento a los parámetros de motivación que ha establecido el Alto Tribunal, el órgano que corresponda deberá allegarse de todos los elementos que sirvan para dar sustento al dictamen que se encuentra obligado a emitir, por lo que consecuentemente tiene atribuciones para realizar las indagaciones que sean necesarias para tal efecto, que en el caso constituye tomar en consideración las documentales que el quejoso allegó al presente juicio de amparo, sin que implique que la responsable deba reponer el procedimiento. En relación con la evaluación del desempeño del servidor público, sólo deben considerarse aquellas constancias relativas al desarrollo de su función como magistrado numerario, como son, el desempeño, antigüedad en el Poder Judicial, los resultados de las visitas de inspección ordenadas por el Pleno, el grado académico, los cursos de actualización y especialización judicial, entre otros, y no haber sido sancionado por falta grave, tal y como se dispone en el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, sin tomar en cuenta cuestiones ajenas al desempeño y actuación. Se tomaron en cuenta únicamente los resultados cuantitativos desfavorables sobre las concesiones de amparo y los tocas analizados; empero, no se hizo el contraste congruente con los resultados favorables del total de la actuación del evaluado, en donde excluyendo el porcentaje de las concesiones de amparo, se analizara el porcentaje de las resoluciones emitidas por el evaluado que quedaron incólumes. No se destacó la trascendencia de los resultados de los tocas de apelación y de las concesiones de amparo, en relación con el universo total de los asuntos conocidos por el evaluado, para determinar los porcentajes de actuación incorrectas en comparación con los positivos a fin de establecer, de forma congruente con los resultados, a cuál de ellos debía atenderse y por qué, ya que sólo se consideró que de cada cien juicios de amparo promovidos, fueron procedentes más de catorce casos, concluyéndose que ello constituye "un alto porcentaje de sentencias de amparo en contra"; con lo cual no se reflejó la totalidad de asuntos resueltos por el juzgador y que quedaron intocados, por cualquier razón jurídica. No se analizó y justificó que todos los amparos que refieren como concedidos, hayan sido turnados a la ponencia del evaluado y que las concesiones obedezcan a causas ajenas al magistrado en cuestión y pudieran ser por violaciones cometidas en el procedimiento de origen. No se precisó y explicó qué método usaría y sobre qué parámetros evaluaría la calidad, solidez y efectividad de las resoluciones emitidas por el ahora quejoso, para poder sentar las bases objetivas de dicha evaluación. La autoridad debió razonar y señalar por qué sólo tomó en cuenta el dato cuantitativo -el número de concesiones de amparo- y no cualitativo, así como diversos aspectos que revelan la eficiencia o ineficiencia del evaluado en el ejercicio de su cargo en el periodo analizado, para llegar a la conclusión de que su desempeño no fue satisfactorio. En lo atinente a los resultados de las visitas de inspección, en la ejecutoria se dijo que dicho aspecto resultaba importante para la ratificación del quejoso como magistrado, pues el hecho de que no se haya ordenado visita alguna al órgano donde laboraba, es indicio de que no detectaron irregularidades y es un factor que le beneficiaba. La responsable realizó argumentaciones subjetivas basadas en presunciones de culpabilidad por procedimientos administrativos iniciados, pues no justificó con documento alguno la existencia de sentencia firme de los hechos imputados y menos que existiera alguna sanción impuesta por falta grave con motivo de tales procedimientos, violentando con su actuación el principio de inocencia. Las quejas administrativas atribuidas al evaluado dos de ellas estaban concluidas desde antes del periodo evaluado y la última aún no estaba resuelta en la fecha al momento que se determinó no ratificar al quejoso como magistrado numerario.. Aunado a ello, si bien se otorgó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, ello comprende la facultad que tiene para tomar la decisión que, fundada y motivadamente, corresponda en relación a la ratificación o no del nombramiento en cuestión; esto significa que la ejecutoria de amparo no la obligaba a resolver en determinado sentido. No obstante, no puede reiterar las deficiencias que fueron destacadas en el fallo protector y por las que se concedió el amparo al quejoso, ni sobrepasar los efectos contenidos en el mismo. Entonces, si no se ordenó la reposición del procedimiento de mérito, la responsable, como se dijo, únicamente debía dejar sin efecto el acto reclamado y emitir un nuevo Decreto en el que se subsanaran las deficiencias del anterior. Esto es, la ejecutoria de amparo no otorgó a la autoridad de mérito la oportunidad de implementar nuevos modelos de evaluación o recabar mayores pruebas a las que sirvieron de base para el Decreto impugnado, sino que, con apoyo en ellas, determinara lo que legalmente correspondiera, subsanando las deficiencias señaladas en el fallo protector. Por ende, se requiere al Congreso del Estado de Tabasco que en el nuevo Decreto que emita, reitere la relación de tocas y amparos que sirvieron de base para el Decreto 189, y siga los lineamientos de la ejecutoria de amparo, anteriormente reiterados, sin agregar o suprimir expediente alguno. Es importante que en el nuevo Decreto, destaque, a manera de título y en negritas, los apartados que contengan las consideraciones que atiendan los lineamientos del fallo protector. En el mismo plazo concedido, deberá remitir copia certificada de las constancias con las cuales acredite el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por tanto, resulta evidente que, tal como lo establece el artículo de la Ley de Amparo, la autoridad responsable Congreso del Estado de Tabasco, no ha cumplido con el fallo protector concedido, realizando actos tendentes al retraso en el procedimiento de ejecución a través de sus diversos oficios que resultan incongruentes y evasivos para dar cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, tal y como lo hace en su oficio de cuenta en el cual interpone el incidente innominado que no existe en la Ley de Amparo, para combatir el auto aludido, el cual resulta por demás improcedente. Además, se hace notar que atendiendo a los plazos establecidos en la Ley de la Materia para dar cumplimiento a la sentencia de amparo concedida, se toma en cuenta las constancias de autos, de las que se advierte que desde el trece de julio de dos mil veintiuno, fecha en que se recibió diverso oficio por el entonces Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Tabasco, en el que informó que la ejecutoria se encontraba en vías de cumplimiento, dado que conforme a los artículos 48 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento Interior de dicho congreso, sería sometida a consideración del Pleno de la Comisión Permanente en sesión de catorce de los actuales, para continuar con el trámite parlamentario correspondiente. Por ende, del trece de julio de dos mil veintiuno a la fecha, han transcurrido ya un año, tres meses, siete días, sin que dicha autoridad cumpla con los diversos requerimientos que hasta la fecha se le han realizado. Por tanto, se reitera a la referida autoridad la improcedencia para apertura el incidente innominado que plantea, y de conformidad con los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérasele por última ocasión al Congreso del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término improrrogable de tres días hábiles, de cumplimiento al fallo protector, siguiendo los lineamientos que se establecieron por en la sentencia definitiva correspondiente, así como el auto de quince de agosto de dos mil veintidós. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará efectiva la medida de apremio establecida en auto de quince de agosto de dos mil veintidós, consistente en multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós, al tenor de la parte conducente de los artículos 192, 193, 195, 197 y 258 de la Ley de Amparo, Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), Décima Época, con número de registro 2007911, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 5, cuyo rubro es el siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de inmediato y de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, remitiéndose los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Décimo Circuito, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 36/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I, página 359, Décima Época, de rubro siguiente: "MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. DE SER PROCEDENTE SU IMPOSICIÓN EN LOS CASOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEA UNA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, TAL SANCIÓN DEBE SER IMPUESTA AL PRESIDENTE DE LA MISMA, NO A LOS REPRESENTANTES DE LOS SECTORES OBRERO Y DEL CAPITAL QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Asimismo, la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, registro 2007918, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Notifíquese.
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